El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país lanzará nuevos ataques contra Irán y aseguró que pretende tomar el control de instalaciones estratégicas para la exportación de petróleo. Entre los objetivos mencionó la isla de Jark, considerada el principal centro de salida del crudo iraní y pieza clave de su economía energética.

Trump afirmó que las capacidades militares iraníes han sido severamente debilitadas y señaló que Washington responderá con fuerza a las recientes acciones atribuidas a Teherán. Aunque expresó que preferiría evitar ataques contra infraestructura civil, sostuvo que Estados Unidos mantiene abiertas todas las opciones para aumentar la presión sobre el gobierno iraní.

La amenaza ocurre en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente. Irán ha respondido con ataques contra objetivos vinculados a Estados Unidos en la región, mientras continúan las tensiones sobre el estrecho de Ormuz y las negociaciones para intentar frenar el conflicto. La posibilidad de acciones sobre la isla de Jark mantiene la atención internacional por su impacto potencial en el mercado energético mundial.

Estados Unidos lanzó ataques contra instalaciones militares iraníes tras acusar a Teherán de provocar la caída de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz. El Pentágono calificó la operación como una acción de “legítima defensa” y aseguró que destruyó radares, sistemas antiaéreos y centros de control ubicados cerca de la estratégica ruta marítima.

Irán negó haber reivindicado el derribo de la aeronave, aunque advirtió que las fuerzas extranjeras desplegadas en la región enfrentan riesgos permanentes. Como respuesta a los bombardeos estadunidenses, la Guardia Revolucionaria informó ataques con drones y misiles contra instalaciones militares de Estados Unidos en Bahréin y Jordania, mientras varios países activaron sistemas de defensa aérea.

La nueva escalada ocurre en medio de una frágil tregua y de negociaciones para intentar poner fin al conflicto. La ONU expresó preocupación por el aumento de las hostilidades y llamó a respetar los altos al fuego vigentes. Analistas advierten que el enfrentamiento sigue afectando la estabilidad regional y mantiene presión sobre los mercados energéticos internacionales.

Un ataque con drones atribuido a Ucrania contra un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Moscú y Simferópol dejó un muerto y al menos un herido en Crimea. Las autoridades locales informaron que la víctima fue el asistente del maquinista, mientras que el conductor resultó lesionado. Los pasajeros no sufrieron daños durante el incidente registrado este lunes.

Tras el ataque, el servicio ferroviario fue suspendido temporalmente mientras las autoridades organizan alternativas de transporte terrestre para los viajeros afectados. El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, expresó condolencias a la familia de la víctima y aseguró que se brindará apoyo a los afectados. También pidió a la población consultar únicamente información procedente de fuentes oficiales.

Rusia calificó el hecho como un “crimen de guerra” al sostener que el tren no tenía ninguna función militar y era un objetivo exclusivamente civil. La portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, condenó la acción y afirmó que los responsables serán identificados y castigados. Hasta el momento, Ucrania no ha emitido una postura oficial sobre el incidente.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro incorporó a la abogada Anna Estevao a su equipo de defensa en Estados Unidos. La jurista ganó notoriedad recientemente por formar parte de la defensa del empresario Sean “Diddy” Combs y fue agregada formalmente al proceso judicial que enfrenta Maduro ante un tribunal federal de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.

Estevao trabaja en el bufete Harris Trzaskoma, al que recientemente se integró también el abogado principal de Maduro, Barry Pollack. La defensa busca impugnar la legalidad de la captura y traslado del exmandatario venezolano a territorio estadounidense, mientras prepara recursos previos a la audiencia programada para finales de junio en Manhattan.

Maduro enfrenta acusaciones federales por narcoterrorismo, conspiración, tráfico de drogas y lavado de dinero, cargos de los que se ha declarado inocente. En abril, autoridades estadounidenses autorizaron que recursos del Estado venezolano fueran utilizados para financiar parte de su defensa legal, aunque bajo condiciones específicas relacionadas con el origen y manejo de esos fondos.

El gobierno de Estados Unidos reforzó la vigilancia sobre operaciones bancarias vinculadas con inmigrantes tras una nueva directriz emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). La medida busca detectar posibles casos de fraude, robo de identidad, lavado de dinero y esquemas de contratación de trabajadores sin autorización migratoria mediante una supervisión más estricta del sistema financiero.

La acción surge después de una orden ejecutiva firmada por Donald Trump que instruye a bancos y reguladores a examinar con mayor atención la situación de sus clientes. Aunque finalmente no se obligó a las instituciones financieras a recopilar información sobre ciudadanía o estatus migratorio, sí se les pidió identificar señales que puedan indicar actividades irregulares relacionadas con inmigración.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración pretende evitar que personas sin autorización utilicen instituciones financieras para cometer delitos o evadir controles. La industria bancaria logró frenar medidas más severas, pero expertos consideran que las nuevas disposiciones podrían desalentar a miles de migrantes de utilizar servicios bancarios en Estados Unidos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos redujo de 211 a 31 las religiones y sistemas de creencias oficialmente reconocidos por las fuerzas armadas. La medida, impulsada mediante un memorando interno, busca simplificar la clasificación utilizada por los capellanes militares para planificar servicios espirituales y atender las necesidades religiosas del personal en activo.

Entre las creencias que seguirán reconocidas figuran diversas denominaciones cristianas, así como islam, judaísmo, budismo, hinduismo, sijismo y agnosticismo. Sin embargo, dejarán de aparecer categorías relacionadas con ateos, humanistas, deístas, druidas, unitarios universalistas y seguidores de corrientes espirituales contemporáneas o religiones paganas, lo que ha generado críticas dentro y fuera del ámbito militar.

Ex capellanes y defensores de la libertad religiosa cuestionaron la decisión al considerar que limita el reconocimiento de la diversidad de creencias existente en las fuerzas armadas. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la reforma al señalar que el sistema anterior se había vuelto demasiado complejo y poco práctico para su aplicación cotidiana dentro de las instituciones militares.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que busca limitar la participación militar del país en la guerra contra Irán sin autorización previa del Congreso. La iniciativa, impulsada por legisladores demócratas y respaldada por cuatro republicanos, fue avalada con 215 votos a favor y 208 en contra, reflejando crecientes preocupaciones sobre la escalada del conflicto.

Aunque la medida tiene un alcance principalmente simbólico debido al poder de veto presidencial y a que aún debe ser analizada por el Senado, representa un revés político para Donald Trump. El mandatario ha defendido su actuación como comandante en jefe y difícilmente aceptaría restricciones a sus facultades militares. La votación provocó celebraciones entre los legisladores que promueven una salida diplomática.

Paralelamente, Trump aseguró que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares y expresó confianza en lograr un acuerdo de paz próximamente. También afirmó que estaría dispuesto a reunirse con el líder supremo iraní, mientras reiteró que sólo consideraría una nueva escalada militar si fuerzas estadounidenses sufren bajas directas en el conflicto.

El gobierno de Donald Trump amplió su estrategia contra la inmigración al retirar acceso a programas de salud, vivienda, educación y asistencia social para millones de extranjeros, incluidos algunos residentes legales. La medida busca dificultar la permanencia de inmigrantes en Estados Unidos y fomentar su salida voluntaria, más allá de las redadas y procesos de deportación impulsados por las autoridades federales actualmente.

La política, impulsada por el asesor Stephen Miller, contempla restringir beneficios médicos, subsidios habitacionales, apoyos educativos y oportunidades laborales. Además, se analizan nuevas reglas para impedir que solicitantes de asilo trabajen mientras esperan resolución de sus casos. También se pretende limitar el acceso a programas federales para familias donde alguno de los integrantes carezca de estatus migratorio regular.

La administración sostiene que estas acciones ya provocaron la salida voluntaria de miles de inmigrantes. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas advierten que las medidas afectan principalmente a familias vulnerables y a millones de menores que viven en hogares de estatus migratorio mixto. Críticos consideran que la estrategia busca hacer insostenible la vida cotidiana de los migrantes dentro del país.

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó que su gobierno está “matando la idea de un Estado palestino” y defendió que Israel tome el control de todo el territorio palestino. El dirigente ultraderechista sostuvo que deben desaparecer las divisiones establecidas por los Acuerdos de Oslo y planteó desmantelar la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania ocupada.

Las declaraciones ocurren mientras continúa la ofensiva militar israelí en Gaza. De acuerdo con autoridades sanitarias palestinas, más de 930 palestinos han muerto y casi 2 mil 900 han resultado heridos desde el alto al fuego acordado en octubre de 2025. En las últimas horas, nuevos bombardeos israelíes provocaron víctimas en el campamento de refugiados de Bureij y otras zonas del enclave.

Además, expertos de Naciones Unidas denunciaron un aumento sin precedentes de la violencia ejercida por colonos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este. Los relatores advirtieron que estos ataques, presuntamente respaldados por el Estado israelí, favorecen el desplazamiento forzado de comunidades palestinas y representan un riesgo para su permanencia en los territorios ocupados.

La ofensiva israelí continuó en Gaza y Cisjordania con nuevos bombardeos y operaciones militares que dejaron al menos cuatro palestinos muertos. Entre las víctimas figuran dos personas fallecidas tras un ataque de helicópteros israelíes contra un café ubicado en un puerto pesquero de Gaza, donde decenas de civiles se encontraban reunidos durante los días festivos actualmente.

Además de los ataques, imágenes satelitales muestran una destrucción creciente de viviendas, zonas agrícolas y espacios públicos en el sur de la Franja de Gaza. Autoridades palestinas denunciaron la desaparición de un cementerio en Jan Yunis, mientras hospitales reportan una crisis eléctrica que amenaza servicios esenciales como quirófanos, terapia intensiva, diálisis y atención neonatal para miles de pacientes.

En Cisjordania también se registraron incidentes violentos. Fuerzas israelíes abatieron a dos palestinos en hechos separados, mientras colonos vandalizaron una escuela en construcción cerca de Ramala. Paralelamente, continúan demoliciones de instalaciones comerciales y otras propiedades palestinas, lo que incrementa la tensión humanitaria y política en los territorios ocupados.