La administración del presidente Donald Trump anunció que intensificará su estrategia para limitar la ciudadanía por nacimiento, luego de que la Suprema Corte rechazó la orden ejecutiva que buscaba eliminar ese derecho. El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que el gobierno mantendrá acciones contra el llamado “turismo de nacimiento” y buscará restringir el ingreso de mujeres extranjeras que viajen a Estados Unidos con el propósito de dar a luz.

Blanche señaló que existen mecanismos dentro de los procesos de visas y migración para reducir este tipo de prácticas. El funcionario aseguró que el “turismo de nacimiento” continúa creciendo y reiteró que la administración considera necesario reforzar los controles migratorios. La Casa Blanca ha utilizado especialmente los casos de mujeres procedentes de China para justificar su postura sobre la ciudadanía automática.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, criticó con dureza la resolución de la Suprema Corte y calificó el fallo como una de las decisiones más perjudiciales del tribunal. Afirmó que el gobierno continuará impulsando medidas para modificar el actual criterio sobre la ciudadanía por nacimiento y reforzar su política migratoria.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella generó preocupación en Colombia tras advertir que “el Tigre muerde duro y puede morder más fuerte”, horas después de proclamarse ganador de la elección presidencial. La declaración fue cuestionada por su rival, Iván Cepeda, quien pidió aclarar el significado de sus palabras. Analistas y sectores políticos recordaron episodios de violencia contra movimientos de izquierda y expresaron inquietud por el tono del mensaje emitido tras los comicios.

Cepeda respondió que no se dejará intimidar y llamó a construir un diálogo nacional para evitar nuevas confrontaciones políticas. Paralelamente, el Pacto Histórico mantiene impugnaciones sobre más de 57 mil mesas de votación y exige una revisión detallada del escrutinio. El candidato sostuvo que todavía deben analizarse las reclamaciones pendientes antes de declarar oficialmente concluido el proceso electoral y reconocer de forma definitiva los resultados.

La controversia también alcanzó al Congreso luego de que De la Espriella advirtiera a los legisladores sobre su responsabilidad frente al nuevo gobierno. Mientras tanto, líderes internacionales como Donald Trump y Javier Milei felicitaron al presidente electo y respaldaron públicamente su victoria, en medio de un ambiente político marcado por la polarización y la incertidumbre.

Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego que entró en vigor este viernes a las 16:00 horas locales, después de una fuerte escalada de violencia registrada durante la noche en territorio libanés. De acuerdo con un alto funcionario estadounidense, el pacto fue alcanzado mediante negociaciones encabezadas por Estados Unidos y Qatar, con apoyo de Irán, con el objetivo de frenar los enfrentamientos y evitar una mayor desestabilización regional.

Según la fuente, el entendimiento permitió detener el intercambio de ataques que amenazaba con poner en riesgo el acuerdo provisional firmado días antes entre Washington y Teherán para reducir las tensiones en Oriente Medio. Un legislador de Hezbollah reveló previamente que Irán condicionó la continuidad de las conversaciones con Estados Unidos a la aplicación de un cese al fuego general en los distintos frentes del conflicto.

Durante las últimas horas, bombardeos israelíes dejaron al menos 18 muertos en Líbano, mientras que cuatro soldados israelíes fallecieron en uno de los ataques más letales atribuidos a Hezbollah. Tras la entrada en vigor del acuerdo, ambas partes redujeron significativamente las operaciones militares, fortaleciendo las expectativas de estabilidad en la región.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que su gobierno se reserva el derecho de realizar acciones militares contra los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano si considera que existe una amenaza directa para la seguridad nacional. Sin embargo, enfatizó que la prioridad de Washington es mantener la cooperación con México para combatir a las organizaciones criminales y limitar su capacidad operativa.

Durante una entrevista con N+ Univisión, Vance evitó responder de forma directa si la administración de Donald Trump respetará la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de rechazar operaciones militares extranjeras en México. En su lugar, reiteró que Estados Unidos busca coordinar esfuerzos con las autoridades mexicanas para enfrentar a los grupos criminales y reducir el flujo de drogas hacia su territorio.

El funcionario señaló que Washington actuaría si detecta una amenaza inminente relacionada con armas o cargamentos de fentanilo destinados a cruzar la frontera. Como ejemplo, sostuvo que perseguiría a un cártel si fuera la única forma de impedir el ingreso de sustancias ilícitas, aunque insistió en que la cooperación bilateral sigue siendo la opción preferida.

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó parcialmente la aplicación de una ley de Idaho que restringe el uso de baños públicos a personas transgénero cuando no coincida con el sexo asignado al nacer. La resolución, emitida por Amanda Brailsford, suspende temporalmente parte de la normativa antes de su entrada en vigor prevista para el 1 de julio y representa un alivio para la comunidad trans del estado.

La magistrada concedió una orden judicial preliminar al considerar que la legislación probablemente es inconstitucional debido a su ambigüedad. Según explicó, la norma deja en manos de agentes del orden decisiones subjetivas sobre la determinación del sexo biológico de una persona. Además, advirtió que contempla sanciones penales severas, incluidas penas de hasta cinco años de prisión en casos de reincidencia.

La demanda fue presentada por seis residentes transgénero que argumentaron que la medida vulnera derechos constitucionales. El fallo permite utilizar baños individuales acordes con la identidad de género y espacios compartidos cuando no existan alternativas. Mientras continúa el proceso judicial, la legislación permanecerá parcialmente suspendida por orden federal.

Irán aseguró que las futuras negociaciones con Estados Unidos deberán abordar temas clave como su programa nuclear y el levantamiento de sanciones económicas. Aunque Washington anunció un acuerdo para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, Teherán sostuvo que aún será necesario desarrollar conversaciones técnicas durante los próximos sesenta días para alcanzar un pacto definitivo y resolver los puntos más sensibles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el acuerdo ya está firmado y destacó que el tránsito marítimo por Ormuz volverá a la normalidad. Sin embargo, autoridades iraníes indicaron que buscan que cualquier acuerdo final sea respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, señalaron que mantendrán su soberanía sobre la zona marítima y cobrarán tarifas por servicios relacionados con seguridad y protección ambiental.

Las discusiones también incluyen posibles mecanismos de verificación sobre el programa nuclear iraní y eventuales alivios a las sanciones. Mientras ambas partes celebran avances diplomáticos, funcionarios reconocen que todavía quedan asuntos pendientes antes de concretar un acuerdo integral y duradero entre ambos países.

Irán busca que un eventual acuerdo con Estados Unidos sea respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU. El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, informó que Teherán espera que el organismo apruebe una resolución sesenta días después de la firma del pacto. La propuesta incluiría compromisos relacionados con el programa nuclear iraní y mecanismos para fortalecer su cumplimiento.

Durante una conferencia de prensa, Baqai señaló que su país pretende aprender de experiencias previas y dotar al acuerdo de mayores garantías internacionales. La solicitud surge en medio de las negociaciones que mantienen Washington y Teherán para alcanzar un entendimiento definitivo. Las conversaciones buscan reducir tensiones y establecer nuevas bases para la cooperación en materia nuclear y de seguridad regional.

Además, Irán confirmó que garantizará la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz junto con Omán. Aunque descartó cobrar derechos de paso a las embarcaciones, aplicará tarifas por servicios como protección marítima, cuidado ambiental y cobertura de seguros. La medida forma parte de los compromisos establecidos en el memorando negociado con Estados Unidos.

Estados Unidos impuso sanciones a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), principal responsable del suministro y distribución de combustibles en la isla. La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que ordenó bloquear los bienes y activos de la compañía bajo jurisdicción estadunidense.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la acción forma parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para aumentar la presión sobre La Habana. Washington acusa a Cupet de sostener las operaciones del aparato estatal cubano y de beneficiarse de activos vinculados a antiguas expropiaciones realizadas tras la Revolución de 1959.

El gobierno cubano rechazó las sanciones y denunció un endurecimiento del cerco económico y energético. El canciller Bruno Rodríguez sostuvo que las restricciones dificultan la compra de combustible, tecnología y refacciones para el sistema eléctrico nacional, además de obstaculizar inversiones y operaciones financieras con empresas y bancos extranjeros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país lanzará nuevos ataques contra Irán y aseguró que pretende tomar el control de instalaciones estratégicas para la exportación de petróleo. Entre los objetivos mencionó la isla de Jark, considerada el principal centro de salida del crudo iraní y pieza clave de su economía energética.

Trump afirmó que las capacidades militares iraníes han sido severamente debilitadas y señaló que Washington responderá con fuerza a las recientes acciones atribuidas a Teherán. Aunque expresó que preferiría evitar ataques contra infraestructura civil, sostuvo que Estados Unidos mantiene abiertas todas las opciones para aumentar la presión sobre el gobierno iraní.

La amenaza ocurre en medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente. Irán ha respondido con ataques contra objetivos vinculados a Estados Unidos en la región, mientras continúan las tensiones sobre el estrecho de Ormuz y las negociaciones para intentar frenar el conflicto. La posibilidad de acciones sobre la isla de Jark mantiene la atención internacional por su impacto potencial en el mercado energético mundial.

Estados Unidos lanzó ataques contra instalaciones militares iraníes tras acusar a Teherán de provocar la caída de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz. El Pentágono calificó la operación como una acción de “legítima defensa” y aseguró que destruyó radares, sistemas antiaéreos y centros de control ubicados cerca de la estratégica ruta marítima.

Irán negó haber reivindicado el derribo de la aeronave, aunque advirtió que las fuerzas extranjeras desplegadas en la región enfrentan riesgos permanentes. Como respuesta a los bombardeos estadunidenses, la Guardia Revolucionaria informó ataques con drones y misiles contra instalaciones militares de Estados Unidos en Bahréin y Jordania, mientras varios países activaron sistemas de defensa aérea.

La nueva escalada ocurre en medio de una frágil tregua y de negociaciones para intentar poner fin al conflicto. La ONU expresó preocupación por el aumento de las hostilidades y llamó a respetar los altos al fuego vigentes. Analistas advierten que el enfrentamiento sigue afectando la estabilidad regional y mantiene presión sobre los mercados energéticos internacionales.