La recomendación de un grupo de trabajo de la ONU para liberar al expresidente peruano Pedro Castillo reavivó el debate político en Perú, a pocos días de la toma de posesión de Keiko Fujimori. El organismo concluyó que la detención del exmandatario fue arbitraria y pidió su liberación, aunque su dictamen no es vinculante. Castillo cumple una condena de 11 años, cinco meses y 15 días por conspiración tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022.
La defensa del exgobernante sostiene que, al momento de su arresto, aún ejercía la Presidencia y que su destitución no había concluido conforme al procedimiento constitucional. Tras conocerse el informe, Castillo solicitó nuevamente un indulto presidencial y promovió un recurso de hábeas corpus para obtener su excarcelación por la vía judicial.
El presidente interino José María Balcázar afirmó que el pronunciamiento de la ONU modifica el contexto jurídico del caso. Mientras tanto, aliados de Castillo mantienen movilizaciones para exigir su liberación, en tanto Keiko Fujimori aún no fija una postura pública sobre el tema antes de asumir la Presidencia.