Irán reanudó la producción de misiles balísticos utilizando componentes almacenados antes del conflicto, según funcionarios de Estados Unidos y Medio Oriente citados por The Wall Street Journal. Teherán estaría ensamblando proyectiles de propulsión líquida y sólida en cantidades menores a las anteriores, mientras trabaja para recuperar y ampliar su infraestructura subterránea.

La actividad habría sido detectada en distintos complejos, incluida la instalación de Khojir. Un funcionario estadounidense estimó que Irán conserva suficientes componentes para ensamblar al menos un par de cientos de misiles. Imágenes satelitales y evaluaciones de inteligencia también muestran trabajos de reconstrucción y la reapertura de accesos a túneles utilizados por el programa misilístico.

Los reportes contrastan con las declaraciones del gobierno estadounidense sobre los daños causados a la capacidad militar iraní. El Pentágono aseguró haber destruido hasta 90% de su base industrial vinculada con misiles, drones y construcción naval. La reanudación ocurre mientras Teherán mantiene ataques contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente.

Donald Trump encabeza una inusual convención nacional del Partido Republicano en Dallas con el objetivo de impulsar a sus candidatos rumbo a las elecciones legislativas de noviembre. El mandatario será el principal orador durante las dos jornadas, mientras los republicanos buscan conservar el control de la Cámara de Representantes y el Senado ante un escenario electoral cada vez más complicado.

Las encuestas y análisis citados apuntan a que el partido podría perder su mayoría en la Cámara baja, mientras tampoco se descarta una derrota en el Senado. El descenso en la aprobación de Trump también representa un problema para algunos candidatos republicanos vulnerables, que buscan evitar una identificación demasiado estrecha con el presidente sin confrontarlo públicamente.

En paralelo, Trump mantiene una intensa estrategia de comunicación mediante publicaciones, videos creados con inteligencia artificial y declaraciones provocadoras. Sus críticos sostienen que esta dinámica desplaza la atención de asuntos como la economía, la guerra con Irán y otros temas que podrían afectar a los republicanos en las elecciones intermedias.

El gobierno de José Antonio Kast no realizará una ceremonia oficial por el 53 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al presidente Salvador Allende. Será la primera vez desde el regreso de Chile a la democracia en 1990 que el Ejecutivo no organice un acto para recordar el golpe y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Kast confirmó que continuará con su agenda en distintas regiones y descartó cualquier ceremonia gubernamental. El presidente chileno, quien ha expresado anteriormente su respaldo a Pinochet, señaló que reconoce la importancia histórica de la fecha, pero afirmó que su administración está enfocada en el presente y futuro del país.

La decisión generó críticas entre sectores de centroizquierda, que exigen mantener las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación. También reclaman continuidad para iniciativas como el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y la recuperación de antiguos centros de detención y tortura.

Reino Unido prepara la prohibición del comercio de bienes y algunos servicios procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania. El canciller Ed Miliband tiene previsto presentar la medida ante la Cámara de los Comunes como parte de un endurecimiento de la postura británica frente a la expansión de asentamientos y en respaldo a una solución de dos Estados.

La decisión responde, entre otros factores, al proyecto israelí E1, que contempla la construcción de mil 200 viviendas en Cisjordania. Miliband calificó esos planes como “inaceptables y destructivos” y adelantó un paquete de medidas para sancionar a quienes participen en la expansión de asentamientos y proteger la viabilidad de un futuro Estado palestino.

Israel advirtió que responderá si Londres aplica sanciones, mientras se espera que la medida también provoque críticas desde Washington. El gobierno británico sostiene que el crecimiento de los asentamientos y la violencia de colonos contra comunidades palestinas amenazan las posibilidades de alcanzar un acuerdo de paz.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, reconoció que Washington podría no alcanzar un acuerdo nuclear con Irán. En entrevista con ABC News, señaló que las negociaciones podrían incluso quedar pendientes hasta una próxima administración iraní, en medio del conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel con la República Islámica.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento y jefe negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que cualquier nueva ofensiva estadounidense tendrá una respuesta “más rápida, más fuerte y más dolorosa”. El funcionario sostuvo que terminaron las represalias proporcionales y afirmó que los recientes ataques iraníes contra bases estadounidenses fueron apenas el comienzo.

La tensión también continúa alrededor del estrecho de Ormuz. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní, Mohsen Rezaei, aseguró que el paso marítimo se encuentra completamente cerrado y rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre su apertura. Estados Unidos, por su parte, negó que Irán haya atacado una embarcación militar no tripulada estadounidense en la zona.

Reino Unido reafirmó que las Islas Malvinas son británicas después de que el presidente argentino Javier Milei anunciara medidas contra las petroleras que operen en aguas cercanas al archipiélago. El canciller británico Ed Miliband calificó la postura de Londres como “inquebrantable” y sostuvo que defenderá el derecho de los habitantes de las islas a la autodeterminación.

Milei anunció que enviará al Congreso argentino un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra empresas que realicen operaciones sin autorización de Buenos Aires alrededor de las Malvinas. La iniciativa también alcanzaría a proveedores y otras actividades relacionadas con recursos naturales. El giro ocurre ante la previsión de nuevas perforaciones petroleras en la zona.

La disputa se concentra ahora en el yacimiento Sea Lion, ubicado unos 220 kilómetros al norte de las islas y con reservas estimadas en 1.7 mil millones de barriles. Argentina considera ilegales esas operaciones, mientras las empresas involucradas sostienen que cuentan con licencias válidas.

Un dron ruso impactó la sede central del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en Kiev, confirmó el presidente Volodímir Zelensky. Según el mandatario, el aparato estaba dirigido hacia la oficina del jefe de la agencia, Oleksander Poklad. El ataque provocó un incendio y movilizó a numerosos equipos de emergencia en el centro histórico de la capital.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que siete personas resultaron heridas en el distrito de Chevchenkivski y seis fueron hospitalizadas. Hasta el momento no está claro si entre los lesionados hay integrantes del SBU. Una cafetería cercana al edificio también sufrió daños durante el ataque, ocurrido en el décimo día consecutivo de ofensivas aéreas rusas.

Zelensky prometió una respuesta “adecuada y tangible” contra Rusia una vez que Ucrania esté preparada. El canciller Andrii Sibiga calificó el ataque como una escalada grave, especialmente porque ocurre mientras Estados Unidos impulsa nuevos esfuerzos diplomáticos para buscar una salida al conflicto.

Fuerzas de Estados Unidos y Ecuador interceptaron y hundieron una segunda embarcación en aguas internacionales del Pacífico oriental, señalada por el Comando Sur de estar vinculada con Los Choneros. Según Washington, la nave funcionaba como punto flotante de reabastecimiento para actividades relacionadas con el narcotráfico, aunque no presentó públicamente pruebas del vínculo.

Integrantes de la Fuerza de Combate Litoral 24, desplegados desde el buque de asalto anfibio USS San Antonio, abordaron y registraron la embarcación antes de desalojarla. Las personas encontradas a bordo serían entregadas a las autoridades ecuatorianas, aunque Estados Unidos no informó cuántas fueron detenidas durante el operativo.

Después del procedimiento, las fuerzas estadounidenses hundieron la embarcación. El Comando Sur aseguró que la acción permitió desarticular un punto de la cadena logística del narcotráfico. La operación ocurrió un día después de que fuerzas estadounidenses y ecuatorianas interceptaran y destruyeran otra nave también señalada de tener vínculos con Los Choneros.

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba limitar el acceso a la ciudadanía por nacimiento. Deborah Boardman emitió una orden judicial preliminar después de que organizaciones defensoras de derechos humanos impugnaran la medida presidencial presentada el pasado 6 de agosto.

La orden de Trump estaba dirigida a personas que, según el mandatario, ingresan a Estados Unidos como turistas con la intención de dar a luz en el país. Boardman sostuvo que la Suprema Corte ya determinó que los menores incluidos en el caso son ciudadanos por nacimiento y consideró que la nueva medida presidencial es casi con toda seguridad inconstitucional.

Se trata de otro revés judicial para Trump en este tema. Su primer intento también fue bloqueado por tribunales y posteriormente rechazado por la Suprema Corte. La Enmienda 14 establece que prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense adquieren automáticamente la ciudadanía del país.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, llegó a Venezuela para reunirse con la presidenta Delcy Rodríguez y abordar el nuevo acuerdo petrolero entre ambos gobiernos. El convenio contempla operaciones privadas en 17 campos petroleros, mientras Washington busca incrementar las inversiones estadounidenses y prepara nuevos anuncios relacionados con las actividades de Chevron.

Según la Casa Blanca, la empresa North American Blue Energy Partners tendrá amplios derechos dentro del acuerdo y otorgó una participación accionaria de 35 por ciento a una oficina del Departamento de Guerra. Además, el Departamento de Estado tendría derecho a comprar a costo de producción 20 por ciento de la producción de los yacimientos operados por la compañía.

El convenio también generó diferencias sobre su duración: Washington menciona concesiones de 100 años, mientras Rodríguez ha hablado de contratos por 25 años. La Asamblea Nacional venezolana respaldó políticamente el acuerdo, aunque su aprobación formal deberá realizarse después de que sea suscrito y presentado ante el Legislativo.