Entre 3 mil y 5 mil migrantes permanecen en Ceuta después del ingreso masivo de más de 50 mil personas desde Marruecos la semana pasada. De acuerdo con las autoridades locales, la ciudad enfrenta una fuerte presión sobre sus servicios de atención, mientras continúan los operativos para facilitar el retorno voluntario de quienes cruzaron la frontera o llegaron a nado.

La crisis también afecta a los menores de edad. Ceuta habilitó espacios temporales para alojar a 860 niños y adolescentes migrantes, aunque su capacidad habitual es de apenas 29 lugares. Además, el Centro de Estancia Temporal de Migrantes opera con más del doble de su capacidad, por lo que el gobierno español prevé trasladar tanto a menores como a solicitantes de asilo hacia otras comunidades autónomas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, agradeció la colaboración de Marruecos para facilitar los retornos y aseguró que casi 48 mil 300 personas ya regresaron voluntariamente. También criticó a algunos gobiernos europeos por difundir, dijo, información falsa sobre la crisis migratoria.

El gobierno de Israel rechazó retirar a sus tropas de la Franja de Gaza antes del desarme total de Hamas, pese a la propuesta impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Integrantes del gabinete de seguridad aseguraron que la postura israelí no ha cambiado y advirtieron que un repliegue anticipado permitiría al grupo islamista reorganizarse, reconstruir su infraestructura militar y representar nuevamente una amenaza para la seguridad del país.

Mientras continúan las diferencias sobre el futuro del conflicto, ataques israelíes en distintos puntos de Gaza dejaron al menos 18 palestinos muertos, entre ellos un comandante de Hamas y su esposa, según fuentes locales. El ejército israelí confirmó que el objetivo era una instalación donde presuntamente operaban integrantes de la fuerza de élite Nukhba. Autoridades gazatíes reportaron que el número de fallecidos desde octubre de 2023 supera los 73 mil.

En paralelo, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, propuso establecer tres nuevos asentamientos cerca de Gaza. Además, organizaciones palestinas denunciaron abusos contra menores detenidos en cárceles israelíes y un video difundido por el ministro Itamar Ben Gvir generó críticas por mostrar a una mujer palestina detenida en condiciones precarias.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que su hijo mayor, Fábio Luís Lula da Silva, no recibirá ningún privilegio durante la investigación por presunto tráfico de influencias autorizada por la Corte Suprema. El mandatario afirmó que, si se comprueba su responsabilidad, deberá enfrentar las consecuencias como cualquier ciudadano y responder ante la justicia sin excepciones.

La Policía Federal investiga a Fábio Luís, conocido como Lulinha, por supuestamente intervenir a favor de personas cercanas ante el Ministerio de Salud y el gabinete de la Presidencia para obtener permisos relacionados con la comercialización de cannabis medicinal. Lula expresó confianza en la inocencia de su hijo, pero insistió en que deberá demostrarla si el caso llega a juicio.

El mandatario también confirmó que, si es procesado, su hijo regresará desde España para comparecer ante las autoridades brasileñas. La investigación ocurre antes del inicio oficial de la campaña presidencial de octubre, en la que Lula buscará un cuarto mandato y parte como favorito en las encuestas.

El Tribunal Constitucional de Perú anuló la sentencia de 15 años de prisión impuesta al expresidente Ollanta Humala por lavado de activos relacionado con presuntos aportes ilegales de Odebrecht y del gobierno de Venezuela. La resolución declaró nulo todo el proceso penal al considerar que durante el juicio se vulneraron principios de legalidad y el derecho al debido proceso, por lo que también ordenó su liberación.

La decisión respondió a un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del exmandatario, quien permanece recluido en una prisión especial para expresidentes. Su abogado, Wilfredo Pedraza, informó que entregará el fallo a la sala judicial encargada de la apelación para que cumpla la resolución y autorice la salida de Humala.

El expresidente había sido condenado en 2025 por recibir presuntos recursos ilícitos para sus campañas de 2006 y 2011. El caso forma parte del escándalo de corrupción de Odebrecht, que involucró a varios exmandatarios peruanos. Su esposa, Nadine Heredia, también fue condenada, aunque actualmente permanece asilada en Brasil.

Las autoridades españolas recuperaron los cuerpos de 34 migrantes que murieron ahogados frente a las costas de Ceuta tras una entrada masiva de personas desde Marruecos. El gobierno de la ciudad autónoma estima que unas 50 mil personas cruzaron la frontera en una sola jornada, lo que desató la mayor crisis migratoria registrada en la región y provocó el cierre temporal del paso fronterizo.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió sus vacaciones y viajó a Ceuta para coordinar la respuesta. El mandatario calificó lo ocurrido como una violación de la integridad territorial de España y anunció el despliegue de más recursos de seguridad, además de reforzar la cooperación con Marruecos para acelerar las repatriaciones y contener nuevos ingresos irregulares.

La crisis también generó fuertes reacciones en Europa. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y otros líderes cuestionaron la gestión española, mientras la Comisión Europea ofreció apoyo y pidió frenar las entradas irregulares, combatir las redes de tráfico de personas y agilizar las devoluciones conforme a la legislación comunitaria.

La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que revise si durante el proceso de la llamada Causa Vialidad fueron respetadas las garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ex mandataria busca que el organismo evalúe la legalidad del juicio que derivó en una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Fernández sostiene que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, persecución política y violaciones a sus derechos fundamentales. En una carta abierta difundida en medios internacionales, afirmó que su caso trasciende el ámbito personal y representa un intento de excluir un proyecto político mediante decisiones judiciales. También denunció que existió un componente de violencia de género por su condición de mujer y lideresa política.

La ex presidenta reiteró su inocencia, advirtió sobre el uso del sistema judicial para eliminar adversarios políticos y recordó el atentado que sufrió en 2022 como parte del clima de hostilidad en su contra. Con esta acción ante la ONU, busca que una instancia internacional determine si el Estado argentino respetó las garantías del debido proceso y los derechos políticos reconocidos por el derecho internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el T-MEC tiene mayor importancia para México y Canadá que para su país, al afirmar que preferiría no renovar el acuerdo comercial. En una entrevista con Fox News, sostuvo que sus vecinos necesitan más del mercado estadounidense y afirmó que Washington puede operar de manera independiente, en medio de las negociaciones para revisar el tratado.

Las declaraciones ocurren después de que Estados Unidos rechazó extender el acuerdo por 16 años y optó por revisiones anuales durante una década. Además, ambos gobiernos realizaron recientemente una nueva ronda de negociaciones sobre temas como acero, aluminio, industria automotriz, agricultura, servicios digitales, seguridad económica y asuntos laborales.

El gobierno mexicano busca que las futuras revisiones funcionen como mecanismos de verificación y no como renegociaciones permanentes. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha señalado que Washington pretende endurecer las reglas de origen y aumentar el contenido estadounidense en los productos regionales, mientras México insiste en proteger su economía durante el proceso de revisión del tratado.

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu, provocando daños en carreteras, puentes, edificios y dejando decenas de personas heridas. Las autoridades emitieron una alerta de tsunami que fue cancelada dos horas después. La primera ministra, Sanae Takaichi, informó que el gobierno activó un grupo de trabajo para evaluar los daños y coordinar posibles labores de rescate.

El sismo provocó la suspensión de los trenes bala Shinkansen y del servicio ferroviario regional, además del cierre del Aeropuerto Aso Kumamoto. También se reportó el descarrilamiento de un tren en Yatsushiro y afectaciones en el castillo de Kumamoto. La Autoridad de Regulación Nuclear confirmó que las centrales cercanas no registraron anomalías tras el movimiento telúrico.

Horas después del terremoto, una explosión dañó el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, donde parte del segundo piso colapsó y varias personas quedaron atrapadas. Equipos de bomberos y cuerpos de emergencia desplegaron un amplio operativo de rescate, mientras hospitales comenzaron a recibir a los lesionados y continuaban las labores para localizar a posibles víctimas.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de haber declarado una “guerra mundial” contra los movimientos de izquierda y de intentar asfixiar económicamente a la isla para provocar un cambio de gobierno. Durante la conmemoración del 73 aniversario del asalto al cuartel Moncada, afirmó que el bloqueo constituye “un arma de guerra” y responsabilizó a Washington de profundizar la crisis económica y energética que enfrenta el país.

El mandatario sostuvo que las recientes sanciones y el bloqueo petrolero buscan generar un estallido social y rechazó un informe del Departamento de Estado que acusa a Cuba de respaldar actividades extremistas. También llamó a fortalecer la unidad nacional, impulsar las reformas económicas aprobadas por el Parlamento y agradeció la ayuda humanitaria enviada por organizaciones internacionales para aliviar la situación de la población.

El discurso evidenció el deterioro de la relación entre La Habana y Washington en medio del endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Además, llamó la atención la ausencia del exmandatario Raúl Castro en la ceremonia oficial, mientras el gobierno cubano reiteró su compromiso de mantener el sistema político y enfrentar la crisis económica que atraviesa la isla.

El pueblo indígena ashaninka pidió al gobierno de Brasil reforzar la seguridad en su territorio ante la creciente incursión de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en la Amazonia. Sus líderes denunciaron amenazas recientes, incluida la irrupción de hombres armados que buscaban a dirigentes comunitarios, y advirtieron que la presencia temporal de las fuerzas de seguridad resulta insuficiente para enfrentar el avance de estos grupos.

Los ashaninkas sostienen que las redes delictivas utilizan los ríos amazónicos para el tráfico de drogas y han intentado establecer operaciones dentro de territorios indígenas. Expertos señalan que estas comunidades son especialmente vulnerables por el aislamiento geográfico y la limitada presencia del Estado. Además, alertan que las organizaciones criminales recurren al reclutamiento de jóvenes indígenas y, cuando encuentran resistencia, emplean la violencia.

Tras las denuncias, autoridades brasileñas desplegaron elementos de seguridad y anunciaron una reunión con líderes indígenas para evaluar nuevas acciones junto con Perú. La comunidad insiste en que proteger sus territorios no solo es clave para su supervivencia, sino también para frenar el crimen organizado y preservar la Amazonia.