La presidenta Claudia Sheinbaum propuso elevar a rango constitucional la obligación de incrementar de manera permanente el presupuesto destinado a los pueblos indígenas y afromexicanos. Durante el seguimiento al Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, en Cherán, Michoacán, destacó que por primera vez estas comunidades reciben recursos federales de forma directa.

La mandataria explicó que este año se asignaron 13 mil 500 millones de pesos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Señaló que el objetivo es garantizar que cualquier administración futura mantenga e incremente esos recursos a través de un mandato establecido en la Constitución.

Además, Sheinbaum se comprometió a reforzar la seguridad en Cherán con una mesa de trabajo en la Ciudad de México, fortalecer los mecanismos comunitarios de vigilancia e instalar un Centro de Comando y Control (C2). También reiteró que los planes de justicia se construyen junto con las comunidades para atender sus principales necesidades mediante decisiones tomadas en asambleas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que continúan nuevas investigaciones contra personas presuntamente involucradas en redes de huachicol fiscal. Señaló que, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal general de la República, se revisan expedientes y órdenes de aprehensión que serán ejecutadas en los próximos días.

La presidenta explicó que uno de los casos corresponde al aseguramiento de un buque en Tampico que pretendía ingresar diésel de manera ilegal. Indicó que las investigaciones derivaron en diversas detenciones y en solicitudes de extradición contra empresarios con doble nacionalidad que actualmente residen en Estados Unidos.

Sheinbaum agregó que la Fiscalía General de la República también amplía las indagatorias sobre otro caso detectado en la frontera norte, donde fueron asegurados tanques que transportaban combustible de procedencia ilegal. Afirmó que ambos expedientes permanecen abiertos y forman parte de la estrategia federal para combatir el tráfico ilícito de hidrocarburos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la continuidad del T-MEC hasta 2036 brinda certeza a las empresas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación para mantener e impulsar nuevas inversiones en México. Tras reunirse con representantes del sector, destacó que el Plan México busca fortalecer el crecimiento económico y generar más empleos.

Después del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá para mantener vigente el tratado por diez años más, la mandataria afirmó que el país conserva un entorno favorable para la inversión. Además, llamó al sector industrial a aprovechar las herramientas del Plan México y la ventanilla única de comercio exterior para fortalecer la competitividad.

El presidente de la Concamin, Alejandro Malagón, respaldó la postura del gobierno federal y consideró que la permanencia del T-MEC ofrece estabilidad al sector productivo. Reconoció que, aunque no se logró la prórroga automática por 16 años, el acuerdo mantiene certidumbre para las inversiones y permite que México conserve su posición estratégica en Norteamérica.

México, Estados Unidos y Canadá acordaron mantener vigente el T-MEC hasta 2036, luego de que Washington rechazó extender automáticamente el tratado por otros 16 años. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que este escenario ya era esperado por los mercados y aseguró que el esquema de revisiones anuales no representa una nueva incertidumbre para la inversión.

El funcionario explicó que ninguna de las tres naciones manifestó su intención de abandonar el acuerdo comercial, por lo que el tratado continúa en vigor conforme a lo establecido. Añadió que las preocupaciones de Estados Unidos se centran en el déficit comercial, la pérdida de empleos manufactureros y la dependencia de insumos estratégicos provenientes de otros países.

Ebrard informó que la siguiente ronda de negociaciones bilaterales con Estados Unidos se realizará durante la semana del 20 de julio en la Ciudad de México. Entre los temas pendientes figuran los aranceles al acero y la industria automotriz, las reglas de origen y un nuevo capítulo sobre seguridad económica y cadenas de suministro.

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) concluyeron el primer día de registros de aspirantes a las coordinaciones estatales de defensa de la Cuarta Transformación, posiciones que suelen convertirse en candidaturas a las gubernaturas rumbo a las elecciones de 2027. En total, 20 perfiles de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche acudieron al proceso presencial realizado en la Ciudad de México.

La jornada estuvo marcada por la participación de senadores, diputados, alcaldes con licencia y exfuncionarios, algunos acompañados por nutridas porras, mariachis y batucadas. Baja California concentró el mayor número de registros, con diez aspirantes, entre ellos Armando Ayala, Julieta Ramírez, Ismael Burgueño y Montserrat Caballero, respaldada por el PT y por el exgobernador Jaime Bonilla.

Durante el proceso también surgieron llamados a garantizar piso parejo entre los participantes. Dirigentes del PT y PVEM insistieron en mantener la unidad de la coalición, aunque dejaron abierta la posibilidad de competir por separado en algunos estados. El registro continuará durante la semana con aspirantes de otras entidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de Donald Trump, quien la acusó de actuar con temor frente a los cárteles del narcotráfico. La mandataria evitó confrontar directamente al presidente estadounidense y aseguró que sus comentarios responden a una forma particular de comunicar. “No está bien informado. Se lo he dicho personalmente: el Estado mexicano existe”, afirmó durante su conferencia matutina.

Sheinbaum sostuvo que México cuenta con instituciones sólidas y funcionarios comprometidos en el combate a la delincuencia organizada. Señaló que tanto al propio Trump como al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, les ha explicado el trabajo realizado por el gabinete de seguridad, destacando la labor de Omar García Harfuch y del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

Sobre las declaraciones de Trump respecto al T-MEC y al tráfico de drogas, la presidenta llamó a no reaccionar ante cada comentario del mandatario estadounidense. Además, subrayó que la cooperación bilateral debe mantenerse con respeto mutuo y recordó que Estados Unidos también debe reforzar el combate al tráfico ilegal de armas que ingresan a territorio mexicano.

Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente y abrir una nueva etapa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El memorándum de entendimiento establece compromisos por ambas partes y busca reducir las tensiones que escalaron durante los últimos meses en la región.

El presidente Donald Trump firmó personalmente el documento durante una reunión con el mandatario francés Emmanuel Macron, celebrada en el Palacio de Versalles tras la cumbre del G-7. Por su parte, el gobierno iraní confirmó que ya había suscrito el acuerdo de manera electrónica, por lo que consideró innecesaria una ceremonia adicional prevista para realizarse en Suiza.

Entre los puntos centrales del pacto destaca el compromiso de Teherán de diluir parte de su uranio enriquecido como parte de futuras negociaciones nucleares. Las autoridades iraníes señalaron que el texto quedó concluido con la firma de los presidentes y que ahora corresponde avanzar hacia la implementación de los acuerdos. El entendimiento abre la puerta a una nueva fase diplomática entre ambos países.

El gobierno federal y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) acordaron un incremento de 9 por ciento entre salario y prestaciones para los servidores públicos. El ajuste será retroactivo al 1 de enero de 2026 y beneficiará a alrededor de 800 mil trabajadores administrativos y de servicios generales de distintas dependencias federales.

El dirigente de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala, informó que el acuerdo fue alcanzado con la Secretaría de Hacienda y contempla también mejoras en prestaciones de fin de año, como vales de despensa y aguinaldo. Destacó además que ningún trabajador de base percibirá un sueldo inferior al salario mínimo vigente tras la aplicación de este incremento.

La organización sindical subrayó la importancia de fortalecer al Pensionissste como la única Afore pública del país y garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del Estado. Asimismo, adelantó que en los próximos días se dará a conocer el resultado de las negociaciones salariales para personal médico, paramédico y áreas afines del sector público.

La incidencia de homicidios dolosos en México registró una reducción de 46 por ciento durante la actual administración federal, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De acuerdo con el reporte presentado con corte al 31 de mayo de 2026, la disminución se refleja en el promedio diario de asesinatos registrados desde septiembre de 2024.

La funcionaria explicó que mayo cerró con un promedio de 47.3 homicidios dolosos por día, la cifra más baja del periodo analizado. Destacó que la tendencia descendente se ha mantenido durante los últimos meses como resultado de las acciones implementadas dentro de la estrategia nacional de seguridad impulsada por el gobierno federal.

Figueroa subrayó que mayo de 2026 se convirtió en el mes con menos homicidios registrados para ese periodo en los últimos 12 años. Los datos forman parte del informe mensual de incidencia delictiva presentado durante la conferencia presidencial, donde se evaluaron los avances en materia de seguridad pública y combate a la violencia en el país.

El Programa de Justicia Social impulsado por el Gobierno de México, en coordinación con el ISSSTE y el FOVISSSTE, ha beneficiado a 284 mil personas mediante la solución de créditos deteriorados o considerados impagables. La estrategia busca brindar mayor estabilidad financiera a los trabajadores y avanzar hacia una meta de 400 mil acreditados atendidos en todo el país.

Las dos primeras etapas del programa registraron un avance del 100 por ciento. Actualmente se desarrolla una tercera fase enfocada en la conversión de créditos calculados en Unidades de Medida y Actualización (UMA) a pesos, con el propósito de eliminar incrementos anuales que afectan el monto de las deudas y ofrecer mayor certidumbre a los beneficiarios.

Las autoridades informaron que los créditos reestructurados tendrán pagos fijos en pesos durante el plazo restante, una tasa de interés fija de 9 por ciento y el congelamiento de actualizaciones vinculadas a la UMA. Además, quienes requieran descuentos o quitas para regularizar su situación financiera podrán acceder a este beneficio sin importar el monto necesario para sanear su crédito.