La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que de octubre de 2024 a marzo de 2026 se han dado de baja 547 cuentas en redes sociales vinculadas a organizaciones delictivas. Estas eran utilizadas para contactar a jóvenes, mientras que otras 725 cuentas permanecen actualmente bajo investigación.

Asimismo, destacó que en ese mismo periodo se cumplimentaron 286 órdenes de aprehensión relacionadas con el delito de desaparición de personas. Las acciones forman parte de una estrategia integral para combatir este fenómeno y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades en todo el país.

Además, se anunció la creación de un Área de Análisis de Información con grupos multidisciplinarios para priorizar la búsqueda forense. Este esquema busca mejorar la coordinación institucional, optimizar el uso de datos y fortalecer los procesos de localización de personas desaparecidas mediante herramientas especializadas.

El Senado de la República aprobó con modificaciones la reforma electoral conocida como plan B, al excluir las disposiciones relacionadas con la revocación de mandato. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados tras obtener mayoría calificada, luego de más de seis horas de debate en el pleno.

La reforma fue avalada en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra. El respaldo del Partido del Trabajo resultó determinante, aunque condicionó su apoyo a eliminar los cambios al artículo 35 constitucional. Esta modificación evitó que se adelantara la consulta de revocación y que pudiera ser promovida por la persona titular del Ejecutivo.

El dictamen mantiene medidas de austeridad, como la reducción de presupuestos en congresos estatales y en el Senado, así como ajustes salariales a funcionarios electorales. Durante la discusión, legisladores de oposición criticaron la propuesta, mientras la mayoría sostuvo que la reforma fortalece el sistema democrático y reduce costos institucionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma a la Ley Minera de 2022 que establece al litio como patrimonio de la nación y reserva su explotación exclusivamente al Estado. El fallo desechó una acción promovida por legisladores que cuestionaban la validez de esta disposición.

Por unanimidad, el pleno determinó que la reforma no vulnera el marco constitucional vigente. La resolución consideró que los argumentos de la oposición quedaron sin sustento tras la modificación constitucional de 2024, que incorporó al litio como área estratégica y prohibió concesiones a particulares, reforzando la rectoría del Estado sobre este recurso.

Asimismo, el tribunal concluyó que no era necesaria una consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos, al tratarse de una norma general sin impacto directo. Indicó que este requisito se activa únicamente cuando existan proyectos específicos que puedan afectar a las comunidades en el territorio nacional.

El gobierno federal enviará al Congreso una iniciativa para expedir una Ley General en materia de feminicidio, con el objetivo de homologar su investigación y sanción en todo el país. La propuesta contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión y busca establecer un modelo único para reducir la impunidad.

Asimismo, el proyecto plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio. Incluye la incorporación de nueve razones de género para acreditar el delito, como violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia y relaciones de poder, además de protocolos obligatorios con perspectiva de género.

Además, la iniciativa prevé que el delito sea imprescriptible y se persiga de oficio. También contempla la certificación de fiscales especializados, la coordinación entre autoridades y la pérdida de derechos de los responsables, como la patria potestad, tutela y beneficios sobre bienes de las víctimas, con el fin de fortalecer la justicia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el aplazamiento de ataques contra la infraestructura eléctrica de Irán tras lo que calificó como conversaciones “muy buenas y productivas”. Sin embargo, autoridades iraníes desmintieron la existencia de contactos y rechazaron cualquier diálogo con Washington en el actual contexto de confrontación.

El mandatario señaló que las conversaciones buscan una resolución del conflicto en Medio Oriente y que, derivado de ello, ordenó posponer por cinco días cualquier acción militar contra instalaciones energéticas iraníes. La decisión se produce tras un fin de semana marcado por amenazas mutuas y un ultimátum sobre el estrecho de Ormuz.

Desde Teherán, medios estatales y la cancillería negaron negociaciones y consideraron que las declaraciones buscan ganar tiempo y reducir los precios de la energía. En paralelo, Irán reiteró advertencias de represalias, mientras la tensión persiste y los mercados reaccionan con alta volatilidad internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno ordenará ataques contra las centrales eléctricas de Irán si ese país no reabre completamente el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. La amenaza se produce en medio del conflicto armado que inició a finales de febrero.

El mandatario difundió el mensaje a través de su red social, donde aseguró que las fuerzas estadounidenses comenzarían con la mayor instalación energética iraní. La advertencia ocurre después de que Washington informara que ha debilitado la capacidad de Irán para afectar la navegación en esa vía estratégica tras recientes bombardeos.

El estrecho de Ormuz es una ruta clave para el tránsito de aproximadamente el 20 por ciento del petróleo mundial, por lo que su cierre ha impactado los mercados energéticos. La reducción del tráfico marítimo ha elevado los precios del crudo, mientras crece la preocupación internacional por posibles represalias y una escalada del conflicto.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para crear destinos turísticos comunitarios, al considerar esta actividad como una prioridad nacional y de interés público. La medida busca fortalecer la economía de pueblos originarios y preservar su patrimonio biocultural mediante el impulso de proyectos gestionados directamente por comunidades.

Durante un acto en Tihosuco, Quintana Roo, instruyó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo destinar recursos y promoción a estos destinos. Entre los proyectos destacan Maya Ka’an, en Quintana Roo; el Camino del Mayab, en Yucatán, y los pueblos mancomunados de Oaxaca, enfocados en desarrollo local.

Asimismo, autoridades señalaron que esta estrategia permitirá redistribuir los beneficios del turismo hacia las comunidades. El modelo contempla inversión en infraestructura, organización local y servicios sostenibles, con el objetivo de generar ingresos, conservar el entorno natural y fortalecer la identidad cultural en distintas regiones del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a trabajar de manera conjunta con el sector financiero en los temas en los que existe coincidencia, durante la inauguración de la 89 Convención Bancaria en Cancún. Señaló que, pese a las diferencias, es posible construir acuerdos para impulsar el desarrollo económico del país.

En su mensaje, destacó que México mantiene estabilidad política y avances en reducción de pobreza, además de un mercado interno fortalecido por los programas sociales y la recuperación salarial. Asimismo, subrayó que, aunque el contexto internacional es incierto por tensiones globales, es necesario mantener una visión optimista.

La mandataria anunció medidas para digitalizar la economía, como eliminar el uso de efectivo en pagos de gasolinas y casetas. También mencionó una nueva ley de inversiones en discusión, que contempla proyectos en infraestructura, energía y servicios, con el objetivo de fomentar crecimiento económico con bienestar social.

El Senado recibió la iniciativa de reforma electoral correspondiente al llamado plan B, la cual fue turnada de inmediato a comisiones para su análisis. Legisladores de la mayoría estiman que la propuesta podría ser aprobada antes del periodo de Semana Santa, con el objetivo de concretar los cambios constitucionales planteados.

El proyecto contempla modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre ellas, se incluyen ajustes a la revocación de mandato, que permitirían su realización en el tercer año de gobierno, además de facultar a la persona titular del Ejecutivo para promover el proceso sin recurrir a propaganda oficial.

Asimismo, la iniciativa plantea reducir el presupuesto de legislaturas estatales, modificar la integración de ayuntamientos y establecer topes salariales para funcionarios electorales. También prevé una disminución gradual del gasto en el Senado y nuevas reglas de difusión gubernamental durante procesos de participación ciudadana.

El gobierno federal anunció el envío al Senado del llamado plan B de reforma electoral, que plantea reducir privilegios en el sistema político y fortalecer mecanismos de participación ciudadana. La propuesta incluye modificaciones constitucionales y legales, así como ajustes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigentes.

Entre los principales cambios se contempla la reducción de regidurías en municipios y la limitación de una sindicatura por ayuntamiento. Asimismo, se establecen topes presupuestales para congresos locales y límites salariales para funcionarios electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores al titular del Ejecutivo federal en funciones.

Además, el proyecto plantea fortalecer la revocación de mandato, permitiendo su realización en el tercer o cuarto año del sexenio. También incorpora medidas de transparencia financiera para partidos políticos, como el uso obligatorio del sistema bancario, la prohibición de recursos en efectivo y restricciones a financiamiento extranjero.