La ministra Lenia Batres volvió a impulsar ante la Suprema Corte un proyecto para que las indemnizaciones por muerte o incapacidad se calculen con la Unidad de Medida y Actualización. La propuesta, previamente retirada, reaparece sin modificaciones pese a cuestionamientos de especialistas y advierte que las reparaciones bajarían a alrededor de 565 mil pesos, frente a montos mayores cuando se usa el salario mínimo como referencia.

Asimismo, el proyecto busca resolver una contradicción entre criterios de las extintas salas del tribunal respecto a la desindexación salarial. Batres sostiene que su planteamiento responde al mandato constitucional de emplear la UMA para multas e indemnizaciones. Sin embargo, críticos señalan que esta interpretación reduciría la protección para víctimas de accidentes, negligencia médica o delitos, generando retrocesos en garantías ya consolidadas.

De aprobarse, el criterio podría convertirse en jurisprudencia obligatoria para tribunales federales y locales. Ello implicaría establecer montos de reparación uniformados a la baja en todo el país, con efectos directos para miles de familias afectadas. Especialistas advierten que el cambio favorecería estabilidad administrativa, pero limitaría el acceso a compensaciones proporcionales al daño sufrido.

Organismos afiliados a la Concanaco-Servytur respaldaron a Octavio de la Torre de Stéffano como candidato único para un nuevo periodo al frente del organismo. En la sesión del 23 de noviembre, obtuvo el apoyo de 63 de 66 consejeros con derecho a voto, equivalente a 95.4 por ciento.

Las cámaras destacaron que su liderazgo ha dado resultados verificables, como el fortalecimiento del Buen Fin y programas de consumo local. También resaltaron su impulso a las Mipymes y a la economía de barrio, así como acciones de integridad e inclusión dentro del sector.

El sector empresarial afirmó que su continuidad garantiza unidad y certidumbre, además de una interlocución efectiva con el gobierno federal y autoridades locales para mejorar el entorno de inversión y el empleo.

El presidente Gustavo Petro advirtió a Donald Trump que “atacar la soberanía de Colombia es declarar la guerra”, tras las amenazas del mandatario estadunidense de actuar contra países que trafiquen drogas a Estados Unidos. Petro lo invitó a visitar Colombia para constatar los miles de laboratorios destruidos durante su gobierno.

Trump había señalado que cualquier nación involucrada en el envío de cocaína podría ser “atacada”, en medio de tensiones crecientes entre Washington y Bogotá, que incluyen el retiro de certificación antidrogas y sanciones personales contra Petro.

En paralelo, el papa León XIV rechazó una escalada militar contra Venezuela, mientras Trump sostuvo una llamada con el presidente brasileño Lula da Silva para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado y discutir aranceles.

La Secretaría de Gobernación exhortó a productores agrícolas de Puebla, Veracruz y Tlaxcala a evitar bloqueos y permitir el libre tránsito, luego de que manifestantes cerraron la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza pese a que habían anunciado protestas sin interrupciones.

La dependencia señaló que, aunque ha buscado establecer diálogo institucional junto con autoridades estatales, los grupos inconformes se han negado a participar. Las caravanas buscan llegar a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.

Gobernación afirmó que respeta el derecho a la manifestación, pero pidió que no se afecten a terceros ni servicios esenciales. Reiteró que el gobierno federal está dispuesto a atender las demandas mediante el diálogo.

La advertencia del presidente Donald Trump de iniciar operaciones terrestres contra supuestos narcotraficantes en América Latina marca una escalada inédita en su política de seguridad. Hasta ahora, la campaña letal de Washington se había concentrado en ataques marítimos que han dejado más de 80 muertos. Con su anuncio de que “cualquier país donde se produzcan drogas está sujeto a ataques”, el presidente abrió la posibilidad de incursiones en múltiples territorios, mencionando expresamente a Colombia y Venezuela.

El mensaje llega en un momento de fuerte presión interna para la Casa Blanca. En Washington crece el escrutinio sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, luego de revelaciones periodísticas que lo vinculan con órdenes para rematar sobrevivientes tras un ataque naval en el Caribe. Aunque Hegseth lo niega, calificando los reportes como “historias falsas”, legisladores demócratas han solicitado una supervisión estricta de las operaciones militares y han denunciado posibles violaciones graves al derecho internacional.

La reunión convocada por Trump con figuras de línea dura como Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, sugiere que la Administración busca cohesionar su narrativa y medir los costos de profundizar la militarización regional. Una intervención más agresiva podría imponer un enorme desgaste político en Estados Unidos, donde el rechazo ciudadano a una guerra con Venezuela supera el 70%, y donde republicanos y demócratas temen las implicaciones económicas y humanitarias de un conflicto de gran escala.

Mientras la Casa Blanca ensaya mensajes y evalúa escenarios, el resto del continente observa con inquietud la posibilidad de que la lucha antidrogas se utilice como pretexto para operaciones más amplias. Si ataques terrestres se normalizan como acciones “técnicas” o de “seguridad”, advierten especialistas, la región podría entrar en una etapa de inestabilidad sostenida con consecuencias profundas para su soberanía y su equilibrio político.

Diciembre reúne propuestas que exploran disidencias, estética y pensamiento crítico desde múltiples frentes. Destaca la presentación del libro Miradas desde el margen, de Claudia Cabrera Sánchez, que articula performance, filosofía política y estudios decoloniales en un diálogo con especialistas en el CENART. El análisis está disponible para descarga gratuita.

El mes también incluye la inauguración de Hecho Forma en el Museo Amparo, espacio dedicado al diseño contemporáneo mexicano donde creadorxs presentan piezas que vinculan tradición, funcionalidad e innovación. A la par, Elsa-Louise Manceaux acompaña un recorrido íntimo por su exposición Notas de voz en el Museo Jumex, profundizando en humor, historia y corporeidades pictóricas diversas.

Asimismo, Pie de imprenta reúne proyectos editoriales de arte en El Eco con charlas y presentaciones, mientras Sinfonía a un perfume de memoria olor cielo llega a Lolita Pank como cierre curatorial del año. En Cromática, Xenoruinas de Alejandro Núñez Ferrara propone atmósferas caóticas y paisajes paganos que dialogan con la decadencia urbana contemporánea.

Dom Pérignon introduce en México su esperada colaboración con Takashi Murakami mediante una pop-up inmersiva en El Palacio de Hierro Polanco. Las emblemáticas flores del artista japonés intervienen etiquetas y espacio, creando un entorno multisensorial que fusiona arte pop, alta estética y el carácter enigmático propio de la prestigiosa maison francesa.

La intervención abarca Dom Pérignon Vintage 2015 y Rosé Vintage 2010, reinterpretadas visualmente como piezas de culto para coleccionistas, entusiastas del arte y amantes del champagne. Esta edición limitada refuerza el vínculo estratégico entre la marca y México, consolidando al país como destino prioritario para lanzamientos globales de alto valor dentro del universo del lujo contemporáneo.

Vintage 2015 destaca por su origen en un año de contrastes que generó un champagne táctil, profundo y luminoso. Su estructura precisa combina austeridad elegante y amplitud vibrante, con sabores lineales y final persistente. La colección estará disponible exclusivamente en la pop-up hasta agotar existencias esta temporada.

Michael Jordan compareció en Carolina del Norte para el inicio del juicio por la demanda antimonopolio que interpuso contra NASCAR. El copropietario de 23XI Racing acusa a la organización y a su director ejecutivo, Jim France, de prácticas que limitan la competencia y afectan a equipos, pilotos y aficionados.

Jordan y Front Row Motorsports se negaron a firmar los nuevos estatutos de la serie, alegando que NASCAR controla circuitos, impone exclusividades y obliga a usar proveedores únicos. Para ambos equipos, estas medidas perjudican la autonomía de las escuderías y consolidan un dominio injusto dentro del campeonato.

El seis veces campeón de la NBA afirmó que busca proteger la integridad del deporte y denunciar inequidades que, asegura, frenan el crecimiento de los equipos independientes. Solo 23XI y Front Row rechazaron los estatutos, gesto que detonó el conflicto legal que ahora avanza en los tribunales.

La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados planteó 50 modificaciones a la nueva Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales, con el fin de acotar sanciones y precisar definiciones penales. Entre los ajustes, se establece que sólo se castigará la extracción ilegal del líquido, sin penalizar el desvío de cauces para uso doméstico o agropecuario familiar. También se introduce el dolo como criterio para determinar el robo de agua y se fija la proporcionalidad de las penas según el volumen sustraído.

El dictamen detalla sanciones que van de tres meses a cinco años de prisión según la gravedad del daño hidráulico y la cantidad involucrada. Para volúmenes menores de 50 mil litros, se prevén penas más bajas y multas de hasta 200 UMA, mientras que volúmenes superiores implicarán castigos mayores. La comisión explicó que los cambios buscan mayor precisión jurídica y evitar ambigüedades en la aplicación de la ley.

En paralelo, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, recibió a representantes agrícolas, ganaderos y de servicios hídricos, quienes entregaron nuevas propuestas de ajuste. La legisladora llamó a las bancadas a mantener sensibilidad durante la discusión, que se llevará al pleno esta semana. Diputados de Morena señalaron que las reformas responden a la necesidad de sancionar casos graves sin criminalizar prácticas de subsistencia.

El presidente Donald Trump reunió a su gabinete de seguridad para discutir los próximos movimientos de su campaña para propiciar un cambio de régimen en Venezuela, mientras aliados conservadores expresan inquietud por la legalidad y alcance de las operaciones militares en el Caribe. La Casa Blanca insistió en que el despliegue busca frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, crecieron las dudas tras revelarse un segundo ataque ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra sobrevivientes de una embarcación interceptada en septiembre, hecho que legisladores calificaron como posible crimen de guerra. La portavoz Karoline Leavitt negó violaciones al derecho internacional y sostuvo que la acción fue legal. Críticas adicionales emergieron luego del reciente indulto de Trump al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández.

El debate también se intensifica en torno al futuro de Nicolás Maduro. Mientras sectores conservadores presionan por acciones más firmes, otros advierten sobre los riesgos de una intervención directa. Las deliberaciones del gabinete no se hicieron públicas y persiste la incertidumbre sobre la estrategia final que adoptará la administración.