El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al gobierno de Venezuela como “organización terrorista extranjera” y anunció un bloqueo total a los petroleros que entren o salgan del país. Acusó al régimen de Nicolás Maduro de financiar actividades criminales con petróleo “robado” y advirtió que la medida se mantendrá hasta que, dijo, se devuelvan a Estados Unidos activos supuestamente sustraídos.

El mandatario no precisó cómo se aplicará el bloqueo ni a qué activos concretos se refiere, aunque funcionarios de su administración defendieron la ofensiva como parte de una campaña antidrogas en el Caribe. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificaron la estrategia como exitosa, sin presentar pruebas públicas de sus resultados.

En respuesta, el gobierno venezolano rechazó las acusaciones y denunció ante la ONU una amenaza a su soberanía. La cancillería afirmó que Washington busca apropiarse de recursos energéticos y reiteró que las sanciones han provocado graves pérdidas económicas. Caracas aseguró que mantendrá la defensa de su territorio y de sus activos frente a lo que calificó como una escalada de presión externa.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Nicolás Maduro es un dictador por la concentración de poderes en Venezuela, pero negó que exista evidencia de que sea un narcotraficante. Sostuvo que esa acusación forma parte de una narrativa impulsada por Estados Unidos y no cuenta con sustento en información de las autoridades colombianas.

Petro respondió así a cuestionamientos sobre su postura frente al mandatario venezolano, luego de que Washington señalara a Maduro como líder del llamado Cártel de los Soles. El gobierno venezolano ha rechazado de manera reiterada esa acusación, mientras Estados Unidos la utiliza como base para sanciones y presiones diplomáticas.

El mandatario colombiano reiteró su oposición a una intervención extranjera en Venezuela y defendió una salida política negociada a la crisis. Sus declaraciones contrastan con la política de la administración de Donald Trump, que ha intensificado medidas contra Caracas bajo el argumento del combate al narcotráfico.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la postura histórica de México de no intervención ante el incremento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump calificara al gobierno de Nicolás Maduro como “organización terrorista extranjera”, lo que elevó el riesgo de un conflicto regional.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que, más allá de cualquier valoración sobre el régimen venezolano, la política exterior mexicana debe regirse por la Constitución, privilegiando la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía y la solución pacífica de las controversias internacionales.

Asimismo, cuestionó la falta de una actuación visible de la Organización de las Naciones Unidas frente a este escenario y llamó al organismo a asumir un papel activo para evitar una intervención extranjera y un posible derramamiento de sangre, insistiendo en que el diálogo debe ser siempre la vía.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó que la mayoría legislativa respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la salida de un funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Señaló que la mandataria tiene autoridad moral y legal para no permitir ningún tipo de ilícito en el gobierno federal.

En conferencia de prensa, Monreal sostuvo que Sheinbaum es una mujer íntegra y firme, que no solapará conductas indebidas, aun cuando se trate de personas cercanas o con méritos políticos previos. Recalcó que la decisión envía un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción y aseguró que no habrá “carpetazo”, pues las investigaciones deberán continuar conforme a la ley y con apego a la Constitución.

Sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos respecto al fentanilo, el legislador consideró que no representan una amenaza para México. Destacó que la presidenta ha actuado con determinación en la defensa de la soberanía nacional y subrayó que cuenta con el respaldo del Congreso de la Unión y de la mayoría del pueblo mexicano.

El gobierno de México reconoció su responsabilidad en la violación de derechos fundamentales de Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl agredida por militares en 2007 en Zongolica, Veracruz, hechos que derivaron en su muerte. La Corte Interamericana resolvió que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna e investigar con debida diligencia.

La sentencia señala vulneraciones a los derechos a la vida, salud, integridad, no discriminación, acceso a la justicia y a la verdad. Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación anunciaron que analizarán el fallo para cumplir con sus obligaciones bajo perspectiva de género e interseccionalidad, reconociendo que tanto la víctima como su familia fueron desprotegidos durante años.

El caso, negado en su momento por autoridades federales que atribuyeron el fallecimiento a causas ajenas a la agresión, fue llevado a instancias internacionales ante la falta de justicia. El gobierno reafirmó su compromiso con la reparación, la no repetición y la protección de los derechos de mujeres e indígenas.

El triunfo de José Antonio Kast en Chile reabre el debate sobre el giro conservador en América Latina, pero sus implicaciones para México son más limitadas de lo que sugieren algunas lecturas apresuradas. A diferencia del escenario chileno, donde el progresismo llegó fracturado a la contienda, el oficialismo mexicano conserva cohesión relativa y un respaldo social que no muestra signos de colapso inmediato. La derrota chilena genera reflexión, sí, pero no un espejo automático.

En México, la derecha radical carece de una estructura orgánica semejante a la de sus pares sudamericanos. Sus expresiones quedan encapsuladas en figuras aisladas, sin capacidad de articulación territorial ni arraigo electoral masivo. Además, las fronteras ideológicas locales son más difusas: incluso proyectos que se autodefinen de derecha suelen operar con fuerte presencia estatal, lo que neutraliza la emergencia de un discurso disruptivo comparable al de Kast o Milei. El terreno político mexicano, por ahora, no es propicio para un salto similar.

El verdadero desafío para el oficialismo no proviene de la insurgencia conservadora externa, sino de sus tensiones internas. Las pugnas entre corrientes, la dependencia persistente de liderazgos carismáticos y la ausencia de una identidad partidaria bien delimitada configuran vulnerabilidades propias. En un contexto en el que el apoyo popular es la principal fuente de estabilidad, la fragmentación puede desgastar más rápido que cualquier avance de la oposición.

Las lecciones para México no apuntan al miedo, sino a la prevención. Cuando los gobiernos progresistas caen, suele deberse menos al empuje externo que al agotamiento interno y al desencanto social. La izquierda mexicana no enfrenta hoy un Kast propio, pero sí un reto estructural: sostener resultados tangibles que mantengan viva la adhesión ciudadana. Ignorar ese punto, y no un supuesto efecto dominó regional, sería la verdadera alarma.

La presidenta hondureña Xiomara Castro denunció que se “gesta un golpe” tras la liberación en Estados Unidos del ex mandatario Juan Orlando Hernández, aliado del candidato opositor Nasry Asfura. El Ministerio Público difundió audios donde Hernández pide aceptar resultados preliminares y rechazar el conteo voto por voto en medio de denuncias de fraude.

Castro señaló que, según inteligencia oficial, Hernández busca influir en la proclamación del ganador y alertó sobre una posible ruptura constitucional. Llamó a una concentración “urgente y pacífica” en Tegucigalpa para defender el mandato popular mientras continúa el escrutinio especial de actas con inconsistencias.

Hernández negó querer regresar por seguridad, aunque mantiene una orden de captura. En este contexto, ocho personas resultaron heridas cuando la policía desalojó a simpatizantes del partido Libre que protestaban frente al resguardo electoral.

El gobierno federal presentó nuevos lineamientos para prevenir la violencia sexual y el maltrato en escuelas, así como una declaratoria de cero tolerancia en educación media superior. Rosa Icela Rodríguez destacó la coordinación entre órdenes de gobierno para garantizar paz y erradicar conductas discriminatorias.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, reportó avances en compromisos para impulsar igualdad sustantiva, incluido el reparto de 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres. También se promovió la homologación del delito de abuso sexual con legisladores federales y estatales.

La subsecretaria Ingrid Gómez señaló que, junto con la SEP, se fortalecen acciones preventivas en espacios educativos. Afirmó que las escuelas deben ser lugares de bienestar y respeto, esenciales para combatir la violencia de género desde las primeras etapas de la vida.

El Parlamento francés aprobó suspender hasta 2028 la reforma de pensiones de Emmanuel Macron, que elevaba la edad de jubilación a 64 años. La medida, avalada por 247 votos, respondió a una exigencia socialista y permitió al gobierno evitar una nueva caída.

La presidenta parlamentaria celebró que la decisión se lograra sin recurrir a facultades extraordinarias del Ejecutivo. Los diputados también eliminaron medidas de ajuste propuestas, como la congelación de pensiones y ayudas sociales, en medio de tensiones por las finanzas públicas.

Ahora continúan las negociaciones sobre el presupuesto del Estado para 2026. El gobierno busca reducir el déficit a 5 por ciento del PIB, mientras la oposición reclama mayor justicia fiscal, incluido el establecimiento de impuestos a los ultrarricos.

La sección histórica de Jiangjunguan, un punto estratégico de la Gran Muralla en el distrito de Pinggu, abrirá al público a finales de 2026, anunciaron autoridades de Pekín. El tramo, parte esencial de la muralla Ming, ha sido objeto de trabajos de restauración, refuerzo estructural y mejoras ambientales para su próxima habilitación turística.

Jiangjunguan fue durante siglos una puerta clave en el extremo este de la muralla dentro de la capital, disputada por fuerzas militares y utilizada como vía fundamental en momentos de conflicto. Los preparativos recientes incluyen la limpieza de maleza, adecuación de senderos y preservación fiel de sus características originales, según autoridades locales encargadas del proyecto.

La apertura de nuevos segmentos visitables forma parte de una estrategia para fortalecer la transmisión del patrimonio cultural y potenciar el turismo histórico. En años recientes, otras secciones restauradas en Pekín han integrado recorridos nocturnos y actividades educativas, convirtiendo estos recursos en motores de desarrollo cultural y económico.