Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no existen avances en la negociación con la CNTE, luego de que el magisterio disidente bloqueara los accesos a Palacio Nacional. Señaló que, pese al intento de impedir la mañanera, esta se llevó a cabo de forma virtual.

Además, Sheinbaum condenó la agresión cometida por manifestantes contra un youtuber que asiste regularmente a sus conferencias, calificando el acto como inaceptable y ajeno a los principios de una protesta legítima. Subrayó que corresponde a la CNTE deslindarse de esas acciones.

Aunque el diálogo permanece abierto, la falta de resultados concretos refleja un desgaste que pone en duda la voluntad política para atender demandas históricas del sector. El gobierno insiste en mostrarse dispuesto a escuchar, pero sin medidas claras ni soluciones efectivas, las protestas seguirán marcando la relación entre el magisterio y el Estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano no fue notificado por Estados Unidos sobre la deportación de Jesús Muñoz Gutiérrez a Sudán del Sur. Según la mandataria, no se activó ningún protocolo de repatriación, a pesar de tratarse de un ciudadano mexicano acusado de homicidio en EE.UU.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense argumentó que “ningún país quería aceptarlos por sus crímenes monstruosos”, por lo que recurrieron a un tercer país dispuesto a recibirlo. Ante esto, México anunció que buscará a Muñoz Gutiérrez para saber si desea ser repatriado, en cuyo caso Estados Unidos deberá facilitar su regreso.

Este episodio no solo tensa la relación diplomática, sino que deja preguntas sobre la legalidad y la ética de los procesos migratorios con antecedentes penales. Cuando el Estado mexicano no es parte activa en decisiones que afectan a sus ciudadanos, se debilita la noción misma de soberanía y protección consular.

Un tribunal civil en Miami condenó este martes a Genaro García Luna y a su esposa, Linda Pereyra, por participar en un esquema de corrupción vinculado a contratos de seguridad durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto. Deberán pagar más de 2 mil 500 millones de dólares por malversación de fondos públicos.

La demanda fue presentada por el gobierno mexicano en 2021, alegando que ambos utilizaron empresas fachada para desviar recursos federales y adquirir propiedades en Florida. La jueza Lisa Walsh aplicó la Ley Rico, que castiga el lavado de dinero y estructuras criminales en Estados Unidos.

Si bien se trata de un juicio civil, la magnitud de la sentencia refuerza las investigaciones penales que García Luna ya enfrenta por narcotráfico. El caso expone la profundidad de los desvíos institucionales y abre una discusión sobre los mecanismos reales de vigilancia financiera y responsabilidad pública en México.

Durante dos décadas, al menos 834 empresas fantasma obtuvieron contratos públicos por más de 11 mil millones de pesos, muchas de ellas registradas en domicilios falsos y con prestanombres de escasos recursos. Aunque fueron detectadas por el SAT como EFOS, la mayoría ya había sido contratada por el gobierno antes de ser inhabilitada.

Una investigación de Quinto Elemento Lab reveló que 486 dependencias firmaron convenios con estas compañías, incluidas Hacienda y el propio SAT. Los procedimientos de contratación no exigen verificar domicilios fiscales ni cruzar datos con listas de empresas inexistentes. Así, miles de prestanombres enfrentan juicios, mientras funcionarios y beneficiarios reales evaden cualquier responsabilidad.

Además, el SAT canceló más de 7 mil millones en créditos fiscales a estas empresas por “incosteabilidad” o falta de activos, aún cuando muchas habían recibido dinero del erario. El sistema legal trata estos casos solo como delitos fiscales, sin sancionar la corrupción que los hace posibles.

Este caso muestra cómo la falta de controles, voluntad política y justicia efectiva mantiene intacto un modelo de simulación institucional. Urge una reforma que penalice contratar EFOS, identifique a los beneficiarios reales y deje de castigar únicamente a quienes prestaron su nombre por necesidad o engaño.

La Cancillería mexicana solicitó formalmente aclaraciones a Israel por los disparos que sus fuerzas realizaron durante una visita diplomática a Yenín, en Cisjordania. Entre los asistentes se encontraban dos representantes de México, quienes formaban parte de una delegación internacional que recorrió la zona en medio de tensiones crecientes.

El ejército israelí aseguró que se trató de “disparos de advertencia” debido a una supuesta desviación de la ruta aprobada. No obstante, la SRE negó que se hubiera cruzado una zona no autorizada o que se emitiera una advertencia previa. Afirmó que el hecho viola el artículo 29 de la Convención de Viena.

Este incidente ocurre en un contexto geopolítico complejo y refleja la fragilidad de las garantías diplomáticas en regiones en conflicto. Más allá de las aclaraciones, el caso plantea preguntas urgentes sobre los límites del uso de la fuerza, la protección de misiones internacionales y el papel que México debe asumir en escenarios de alta tensión internacional.

En un hecho sin precedentes, Estados Unidos deportó al mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, condenado por asesinato, a Sudán del Sur, luego de que México se negara a recibirlo. La decisión formó parte de un operativo que incluyó a otros siete extranjeros con antecedentes penales graves.

La administración de Donald Trump justificó el traslado argumentando que ningún país aceptaba a los deportados por la gravedad de sus delitos. Aunque un juez federal había solicitado detener el procedimiento, el gobierno estadounidense ejecutó la expulsión antes de que se realizara la audiencia de emergencia.

Este episodio abre un fuerte debate sobre las implicaciones éticas y legales de deportar personas a países con los que no tienen vínculos; la falta de coordinación bilateral y el uso político del sistema migratorio plantean cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso y los derechos humanos en las políticas de deportación.

La Suprema Corte determinó que Lenia Batres deberá abstenerse de participar en la votación del recurso promovido por Grupo Elektra contra un adeudo fiscal de mil 431 millones de pesos. El impedimento fue solicitado por otro ministro del Pleno y aprobado por mayoría.

Batres ha manifestado previamente posturas públicas que podrían comprometer su imparcialidad en temas fiscales vinculados a grandes corporativos. Este antecedente motivó la decisión del máximo tribunal, que busca asegurar neutralidad en un caso que involucra a una de las empresas más influyentes del país.

El pronunciamiento refuerza la necesidad de proteger la autonomía judicial ante posibles conflictos de interés; en un contexto político cargado, el papel de los ministros exige un escrutinio riguroso, sobre todo cuando se trata de decisiones que impactan directamente a actores económicos con poder y visibilidad mediática.

La Sala Superior del TEPJF confirmó que Samuel García vulneró los principios de imparcialidad y equidad al difundir un video que favorecía al excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. La publicación se consideró uso indebido de recursos públicos.

El Tribunal descartó que haya caducado la facultad para sancionar, como alegaron los implicados. Además, validó que la Sala Regional actuó con exhaustividad al valorar el contexto electoral del video difundido por el Gobernador de Nuevo León en redes sociales.

Se resolvió dar vista al Congreso local, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que podría derivar en nuevas medidas legislativas. Samuel García acumula ya más de 20 expedientes por intromisiones en procesos electorales.

Tras las protestas que impidieron su conferencia matutina presencial, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el diálogo con la CNTE continúa abierto, aunque reconoció que el presupuesto no alcanza para atender todas sus peticiones. La reunión prevista para el viernes sigue sin horario confirmado.

Sheinbaum subrayó que las Secretarías de Gobernación y Educación mantienen contacto directo con el magisterio disidente y criticó que se cierren las puertas de Palacio Nacional cuando las mesas de diálogo están activas. Aclaró que no todo debe resolverse directamente con ella, pues para eso está su Gabinete.

La mandataria reiteró su negativa a reprimir las protestas, afirmando que la salida debe ser pacífica y a través del diálogo. Afirmó que la mayoría del magisterio continúa dando clases, y que sólo un grupo minoritario mantiene los bloqueos en la capital.

La casa Balenciaga inicia una nueva etapa con el nombramiento de Pierpaolo Piccioli como su director creativo. El diseñador italiano, reconocido por revitalizar Valentino, debutará con su primera colección en octubre durante la Semana de la Moda de París, para la temporada Primavera-Verano 2026.

Piccioli sucede a Demna, quien dejó Balenciaga tras una década para unirse a Gucci. En una carta abierta, el nuevo director expresó su admiración por el legado de Cristóbal Balenciaga y afirmó que buscará renovar la firma sin perder su esencia histórica y creativa.

Este cambio marca un giro importante en la visión estética de la maison. Mientras Demna apostó por el streetwear disruptivo, Piccioli representa un regreso a la sofisticación y la alta costura. La industria observa con atención si esta apuesta por el clasicismo contemporáneo logrará reconectar a Balenciaga con su herencia.