El magnate Ricardo Salinas Pliego enfrenta su momento más crítico en tres décadas de poder empresarial. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha cerrado la llave de contratos y frenado las estrategias legales con las que el presidente de Grupo Salinas evitó durante años el pago de sus deudas fiscales, que hoy superan 74 mil millones de pesos. La confrontación, iniciada en 2024 tras su ruptura con López Obrador, ha escalado hasta aislarlo políticamente y debilitar sus negocios.
La 4T ha retirado a sus empresas —TV Azteca, Total Play y Seguros Azteca— de las listas de proveedores estratégicos del Estado. Pemex suspendió pagos por casi mil millones de dólares a Typhoon Offshore, su compañía petrolera, mientras el Poder Judicial revocó una suspensión clave que favorecía a TV Azteca en un litigio internacional. Paralelamente, la reforma a la Ley de Amparo busca impedir que sus compañías sigan postergando juicios fiscales.
Salinas Pliego, que durante cinco sexenios acumuló fortunas al amparo de concesiones públicas, ha respondido con una ofensiva política. Desde su nuevo Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, acusa persecución del gobierno y asegura que sus deudas son “fabricadas” para castigarlo por disentir. Cercano a Fox, Calderón y Peña Nieto, el empresario ahora intenta reinventarse como opositor, aunque sin los privilegios que lo protegieron por décadas.
La estrategia es riesgosa. Despojado del poder político que lo blindó y cercado por tribunales en México y Estados Unidos, Salinas Pliego se enfrenta al Estado sin aliados ni contratos, en un escenario que podría redefinir el vínculo entre el poder económico y el político en la era post-AMLO.
