El gobierno chino reaccionó con firmeza a la propuesta de México de imponer un arancel de hasta 50% a los automóviles ligeros importados desde ese país. Pekín calificó la medida como un acto de “coerción” y advirtió que afecta directamente sus intereses legítimos en el comercio internacional.

La Secretaría de Economía mexicana presentó la iniciativa al Congreso, argumentando la necesidad de proteger sectores estratégicos y atender presiones comerciales de Estados Unidos. Actualmente, los aranceles a los autos chinos oscilan entre 15% y 20%, por lo que el incremento supondría un golpe considerable al sector automotriz de ese país.

Con México consolidado como principal proveedor de vehículos para el mercado estadounidense, la medida abre un nuevo frente en las tensiones comerciales globales. La pregunta clave es si esta estrategia fortalece la industria nacional o si terminará por desatar represalias que afecten a los consumidores mexicanos.

El activista conservador Charlie Kirk, de 31 años, murió tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah. El ataque, calificado como “selectivo” por el FBI, ha provocado una amplia condena política. El expresidente Donald Trump señaló que la violencia responde a la “retórica de la izquierda radical”.

Las autoridades recuperaron el arma presuntamente utilizada, junto con huellas de calzado y de la mano del sospechoso, a quien describen como un hombre con apariencia universitaria. La investigación continúa con más de 130 denuncias recibidas y un despliegue coordinado entre agencias estatales y federales.

El gobierno de Utah aseguró que la comunidad no está en riesgo inmediato, aunque mantiene la alerta máxima mientras avanza la búsqueda. Este atentado expone de nuevo la fragilidad del debate político en Estados Unidos, donde la confrontación retórica parece escalar hacia escenarios cada vez más violentos.

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que en 2026 Pemex enfrentará vencimientos de deuda por 250 mil millones de pesos, equivalentes a más de tres veces el costo del AIFA. Señaló que 46% de los pasivos heredados vencen entre 2025 y 2026, lo que presiona el presupuesto federal y obliga a destinar recursos al rescate de la petrolera.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que 43% del saldo histórico de la deuda de Pemex se concentra en esta administración, por lo que el plan busca estabilizar a la empresa hacia 2027. Sheinbaum atribuyó la crisis a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, que elevaron los pasivos hasta 113 mil millones de dólares, mientras caía la producción de crudo y petroquímica.

Aunque el Ejecutivo resalta el carácter social del paquete presupuestal, el peso de Pemex sigue marcando la agenda financiera nacional. El reto será equilibrar el rescate energético con la promesa de mantener programas sociales, inversión pública y disciplina fiscal.

En conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su apoyo total a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, tras el accidente ocurrido en Iztapalapa. La mandataria afirmó que el Gobierno Federal se mantiene atento y dispuesto a respaldar todas las acciones necesarias para atender a las víctimas y sus familias.

Sheinbaum detalló que en las labores de seguimiento participan titulares del sistema de salud, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Señaló que la prioridad es garantizar atención médica, acompañamiento y recursos inmediatos para los afectados.

El gesto de solidaridad presidencial busca enviar un mensaje de respaldo institucional en medio de la tragedia. Sin embargo, el reto real será que estas expresiones se conviertan en acciones eficaces que refuercen la confianza ciudadana frente a la recurrente vulnerabilidad de la infraestructura urbana.

Un total de 290 jueces y magistrados federales denunciaron que el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha liberado los recursos destinados a sus indemnizaciones tras salir del Poder Judicial. Aunque los fondos fueron transferidos desde abril a la Tesorería de la Federación, calculan que más de 880 juzgadores permanecen sin recibir compensación, lo que podría representar hasta 2,500 millones de pesos retenidos.

Los impartidores de justicia recordaron que la reforma constitucional garantizó el pago de tres meses de salario íntegro más veinte días por cada año de servicio, con cargo a los fideicomisos del Poder Judicial. Además, señalaron que, por mandato de la misma reforma, se les prohibió ejercer su profesión durante los próximos dos años, lo que agrava su situación económica.

El reclamo coloca al gobierno frente a un dilema político y financiero: cumplir de inmediato con la obligación establecida en la Constitución o mantener retenidos los recursos y con ello abrir un flanco de desconfianza hacia la reforma judicial recién aprobada.

La más reciente obra de Banksy en Londres, pintada en la fachada de los Tribunales Reales de Justicia, duró apenas unos días antes de ser eliminada por las autoridades. El mural mostraba a un juez golpeando a un manifestante ensangrentado, una imagen poderosa frente a un contexto político cargado de tensión tras la prohibición de Palestine Action y la detención de casi 900 personas.

La justificación oficial fue que el muro pertenece a un edificio protegido y debía mantener su carácter original. Sin embargo, la rapidez con que fue cubierta y posteriormente borrada refleja el nerviosismo institucional ante una pieza que señalaba, sin palabras, la violencia desde el poder. La obra no desapareció del todo: su silueta aún se distingue y circula ampliamente en redes sociales.

Banksy ha construido su relevancia en la incomodidad que provoca. No es la primera vez que su trabajo enfrenta censura, pero en este caso la intervención en un sitio icónico de la justicia británica multiplicó su carga simbólica. En un país donde el arte callejero suele dialogar con la protesta, la decisión de borrarlo reaviva la discusión sobre los límites entre patrimonio histórico y libertad de expresión.

La pregunta que queda abierta es qué pesa más: ¿la preservación de un edificio o la preservación del mensaje social? En el caso Banksy, la respuesta nunca es simple. Lo cierto es que, al borrar su obra, Londres la convirtió en una metáfora de lo que buscaba denunciar: el intento de callar la protesta.

La Secretaría de Hacienda propuso un incremento de casi 15 mil millones de pesos para el Poder Judicial en el presupuesto 2026. El gasto pasaría de 70,983 a 85,960 millones, con mayores recursos para el órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina. La Suprema Corte también recibirá un aumento de más de 600 millones de pesos, equivalente a un 12.6%.

En contraste, el proyecto contempla recortes para dependencias clave como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que perdería más de 10 mil millones, y el Instituto Nacional Electoral, con una reducción de cuatro mil millones. También se ajustarán a la baja los recursos de Cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Agrario.

La decisión de fortalecer presupuestalmente al Poder Judicial mientras se debilitan otras áreas sensibles despierta cuestionamientos sobre prioridades en la política pública. El debate se centra en si estos aumentos responden a una estrategia de fortalecimiento institucional o a una negociación política que erosiona la lógica de austeridad.

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, murió en Katmandú tras sufrir quemaduras provocadas por manifestantes que incendiaron su vivienda. A pesar de recibir atención médica en el Hospital de Quemados de Kirtipur, no logró sobrevivir a la gravedad de sus lesiones. El hecho se suma a la ola de violencia que ha dejado ya 25 muertos desde el inicio de las protestas.

Durante la misma jornada, la residencia del ex primer ministro K. P. Sharma Oli también fue incendiada y otros líderes, como Sher Bahadur Deuba y su esposa, la canciller Arzu Rana Deuba, fueron agredidos. Asimismo, edificios oficiales, como el Parlamento y la sede del Tribunal Supremo, resultaron atacados, junto con medios de comunicación.

La violencia continúa pese a la renuncia de Oli y parte de su gabinete, exigida por el movimiento “Generación Z”. El Ejército y las autoridades locales llamaron a la calma, pero la crisis refleja la fragilidad institucional de Nepal y la creciente frustración social que amenaza con desbordarse.

Los gobernadores de Durango y Coahuila, ambos del PRI, sorprendieron al respaldar públicamente a Claudia Sheinbaum durante sus recientes visitas a los estados. A ellos se sumó Samuel García, de Nuevo León, con un discurso favorable hacia la presidenta y su política exterior. Las declaraciones contrastan con la postura de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del tricolor, quien mantiene una estrategia de confrontación con la mandataria.

Analistas señalan que el respaldo estatal responde a intereses prácticos: mantener buena relación con la federación para asegurar recursos y apoyo en materia de seguridad. Los mandatarios también buscan capitalizar la popularidad de Sheinbaum, cuya aceptación supera incluso la de López Obrador en su momento. Para ellos, el cálculo político es inmediato y estratégico.

El distanciamiento de los gobernadores exhibe la fragilidad del PRI como fuerza cohesionada. Mientras Alito insiste en el choque político, sus propios cuadros locales priorizan sobrevivir en un escenario donde el poder presidencial dicta las reglas. La incógnita es si esta división anticipa un debilitamiento irreversible de la oposición rumbo a 2027.

Más de mil 400 figuras del cine mundial, entre ellas Gael García Bernal, Javier Bardem, Tilda Swinton y Mark Ruffalo, anunciaron que no colaborarán con instituciones o empresas israelíes que consideren implicadas en “genocidio y apartheid” contra el pueblo palestino. El compromiso fue difundido por Film Workers for Palestine y recuerda la postura de cineastas que rechazaron el apartheid en Sudáfrica.

El texto subraya que la Corte Internacional de Justicia ha señalado un “riesgo plausible de genocidio” en Gaza, y pide a la industria cinematográfica asumir un rol activo frente a la crisis humanitaria. Entre los firmantes también figuran Olivia Colman, Ava DuVernay y Yorgos Lanthimos, quienes remarcan que el boicot es contra instituciones, no contra individuos israelíes.

La iniciativa refleja un punto de quiebre cultural: ¿puede el arte mantenerse neutral frente a violaciones de derechos humanos? Los firmantes sostienen que el cine es un vehículo de memoria y conciencia, y que callar equivale a normalizar la violencia. En tiempos de polarización, esta acción plantea una incómoda pregunta sobre hasta dónde llega la responsabilidad ética del creador frente a las tragedias colectivas.