El bloqueo de más de 30 carreteras por productores agrícolas encendió una alarma que lleva años sonando en silencio. El maíz, base alimentaria y cultural de México, enfrenta un deterioro profundo: caída en la producción, aumento de importaciones y precios que ya no cubren los costos de siembra. Los agricultores no sólo protestan por el dinero, sino por un sistema que los deja fuera del futuro rural.
Desde 2015, la producción nacional de maíz se redujo 3.7%, mientras las importaciones crecieron 78%. En 2025, México comprará más maíz que nunca: 16.8 millones de toneladas, casi todo proveniente de Estados Unidos y en su mayoría transgénico. El precio al productor cayó de 7,000 a 5,200 pesos por tonelada, mientras los costos subieron 50%. La ecuación es insostenible y el campo lo está gritando en las carreteras.
El Gobierno ofreció un apoyo de 850 pesos por tonelada; los productores exigen al menos 1,000 más. No es solo una disputa económica: el conflicto expone el desajuste entre un mercado global que dicta precios desde Chicago y una economía rural que se ahoga entre deudas, sequías e inseguridad. La protesta es el síntoma de un modelo agotado.
Detener las importaciones de maíz estadounidense sería un error comercial, pero mantener la dependencia actual también lo es. En el fondo, el país enfrenta una pregunta incómoda: ¿quién va a sembrar nuestro futuro cuando el campo deje de ser viable? El bloqueo terminó, pero el problema apenas comienza.
