La presidenta Claudia Sheinbaum informó que a mediados de enero el gobierno federal formalizará su propuesta de reforma electoral. Entre los ejes centrales están la revisión de las candidaturas plurinominales en el Congreso y la evaluación de la estructura del sistema electoral, incluido el papel de los Organismos Públicos Locales Electorales.

Durante su conferencia, señaló que la actual conformación de listas plurinominales responde, en general, a decisiones de las cúpulas partidistas, con escasa participación ciudadana. Subrayó que su visión de democracia parte de la idea de un gobierno “del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, y recalcó la importancia de ganar cargos por mayoría mediante el respaldo directo del electorado.

Sheinbaum también recordó que los nuevos partidos deben competir sin alianzas y alcanzar al menos 3 por ciento de la votación para conservar su registro. En otro tema, reiteró su rechazo a postular familiares directos en cargos de elección, una regla que será obligatoria en 2030, aunque Morena la aplicará desde 2027.

El presidente Donald Trump firmó un decreto que clasifica al fentanilo ilícito como un “arma de destrucción masiva”, al considerar que su impacto letal supera al de ataques convencionales. Durante un acto en la Casa Blanca, afirmó que esta droga causa entre 200 mil y 300 mil muertes anuales en Estados Unidos y representa una amenaza directa a la seguridad nacional.

La orden equipara al fentanilo con un arma química y ordena a la Fiscalía General iniciar investigaciones inmediatas contra su tráfico, con agravantes penales. Además, instruye a los departamentos de Estado y del Tesoro a sancionar activos e instituciones vinculadas a su producción y distribución, principalmente por redes criminales y cárteles.

El decreto también abre la puerta a una mayor participación del Departamento de Guerra en tareas de apoyo al combate antidrogas y actualiza protocolos militares ante incidentes químicos. Trump reiteró que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas y no descartó acciones directas fuera de territorio estadounidense.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que la entrega de propuestas de los 32 Oples a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral representa una defensa de su permanencia. Señaló que su labor es especializada y que la minuciosidad de los procesos locales sería imposible de replicar plenamente desde el ámbito federal.

Tras concluir las audiencias en 30 entidades, Taddei acompañó a representantes de los Oples para solicitar que se considere su papel en la instalación de casillas y conteo transparente de votos. Indicó que la propuesta colegiada del INE seguirá en discusión y destacó que habrá planteamientos consensuados y otros que se presentarán individualmente, conforme a la experiencia de cada consejería.

La consejera aclaró que el borrador filtrado la semana pasada era solo un insumo interno y que el documento final se trabajará en los próximos días. Consideró que aún están en tiempo, dado que la iniciativa podría discutirse en San Lázaro hasta febrero, pese a que el Ejecutivo prevé entregarla a mediados de enero.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que, sin importar cuándo se envíe la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo, el Congreso debe garantizar un proceso abierto en el que todas las voces sean escuchadas. Subrayó que el objetivo central debe ser fortalecer las instituciones democráticas y respetar el voto ciudadano.

Indicó que la discusión no debe realizarse en fast track, ya que se trata de un tema prioritario para la vida democrática del país. Señaló que es indispensable abrir espacios de análisis serio y ético donde participen organizaciones civiles, academia, expertos, autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanía, a fin de evaluar el impacto directo e indirecto de las modificaciones.

López Rabadán advirtió que excluir el debate legislativo o silenciar posturas debilitaría a las instituciones. Reiteró que, desde la presidencia de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente, se garantizará un diálogo franco, respetuoso e incluyente, para que la reforma electoral se construya con responsabilidad, legalidad y visión democrática.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz clausuró el primer periodo de sesiones de la nueva integración de la SCJN y afirmó que el desafío para 2026 será consolidar una Corte “distinta” y orientada a la justicia real. Advirtió que no deben repetirse prácticas del pasado y destacó avances en certeza jurídica y diálogo institucional.

Durante el cierre, Aguilar llamó a la unidad frente a los retos nacionales y resaltó que el Pleno resolvió más de dos mil quinientos expedientes entre septiembre y diciembre. Ministros anticiparon que en enero analizarán temas como prisión preventiva oficiosa, indemnizaciones y consulta previa a personas con discapacidad, además de fortalecer la agenda de transparencia judicial.

Otros integrantes del Pleno subrayaron que la Corte busca independencia, pluralidad y apertura al escrutinio público. Destacaron una orientación hacia justicia social, inclusión de grupos vulnerados y criterios novedosos en materia indígena y de discapacidad, con el objetivo de consolidar un tribunal responsable y cercano a la ciudadanía.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que la política educativa mantiene un rumbo definido con el Sistema Nacional de Bachillerato, la expansión de becas Rita Cetina y el aumento de espacios en media superior y superior, alineados a nuevas demandas laborales.

Indicó que en bachillerato se abrirán 130 mil nuevos lugares en septiembre, además de 14 carreras técnicas y una currícula actualizada. En educación superior, la meta es llegar a 55 por ciento de cobertura mediante universidades públicas y mayor participación estatal y privada.

Destacó avances de la Nueva Escuela Mexicana, la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz y la plataforma Saberes, que ofrece cursos gratuitos con validez curricular. Subrayó que el sistema debe adaptarse al cambio tecnológico sin perder su función formativa y social.

Citi concretó la venta del 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo, tras recibir las autorizaciones regulatorias. El inversionista asumió la presidencia del consejo del grupo, mientras Ignacio Deschamps continúa al frente del consejo del banco.

La firma explicó que la eventual oferta pública inicial dependerá de condiciones de mercado. Banamex afirmó que la inversión confirma confianza en su estrategia de crecimiento y transformación digital. Manuel Romo seguirá como director general del grupo y del banco.

Citi reiteró que la desinversión de Banamex es una prioridad estratégica. Su directora general, Jane Fraser, sostuvo que el acuerdo acerca al cierre del proceso y permitirá reforzar el negocio institucional en México con más inversión en plataformas y talento.

México y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo para enfrentar la crisis de aguas residuales del río Tijuana, anunció la Agencia de Protección Ambiental de EU. El pacto, impulsado por la CILA, contempla infraestructura, investigación, mayor monitoreo y planes de operación para atender el crecimiento poblacional de Tijuana.

La EPA subrayó que por décadas las descargas han afectado a comunidades en el sur de California, generando cierres de playas, malos olores, pérdidas económicas y problemas de salud en ambos lados de la frontera.

El acuerdo se firmó antes de la fecha límite del 31 de diciembre, fijada en el memorando entre el titular de la EPA, Lee Zeldin, y la secretaria mexicana de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

El debate sobre la ofensiva de la ultraderecha ha ganado protagonismo en sectores cercanos a la Cuarta Transformación, que ven en ella una amenaza organizada y creciente. Sin embargo, atribuir cualquier protesta o expresión de malestar a una conspiración conservadora puede nublar un hecho esencial: el desgaste social también emerge desde dentro. La historia reciente de América Latina muestra que los gobiernos progresistas suelen caer menos por ataques externos que por la pérdida de entusiasmo entre quienes antes los apoyaban.

En México, la aprobación mayoritaria hacia el gobierno convive con demandas persistentes: seguridad deficiente, incertidumbre económica, servicios públicos frágiles. Transportistas, vecinos que exigen justicia o agricultores que protestan por precios injustos no necesariamente actúan bajo una bandera partidista. Reducir todas estas expresiones al “juego de la derecha” implica el riesgo de desconocer agravios reales y desatender el descontento que se acumula en amplias zonas del país. Es, además, una forma de trasladar la responsabilidad a factores externos.

El riesgo político no está únicamente en las campañas de desprestigio diseñadas por empresarios o consultores opositores, sino en que la narrativa gubernamental derive hacia el victimismo. La experiencia de los partidos que gobernaron México por décadas muestra que la externalización de la culpa –atribuir todo a enemigos o conspiraciones– conduce a la parálisis. También impide corregir rumbos y atender las expectativas de quienes dieron su voto esperando transformaciones concretas.

La 4T tiene ante sí un desafío estructural: sostener apoyo popular mediante resultados tangibles. Ello implica ampliar políticas redistributivas, robustecer la economía formal y responder a la inseguridad que afecta al país. Enfocarse demasiado en el adversario puede distraer de ese objetivo central. Cuando la inconformidad crece, el peligro no viene solo de fuera; surge, sobre todo, de la distancia entre las promesas y la vida cotidiana de la mayoría.

El Museo del Louvre cerró este lunes por una huelga “prorrogable” aprobada por unos 400 trabajadores que denuncian el deterioro de las condiciones laborales, falta de personal y mala atención al público. Los sindicatos exigen mejores salarios y priorizar la seguridad y rehabilitación del edificio.

El paro ocurre en medio de la crisis provocada por el reciente robo de joyas valuadas en más de 100 millones de dólares, fallas de seguridad y daños por fugas de agua. El museo, con casi nueve millones de visitantes en 2024, también enfrenta cuestionamientos por el proyecto de renovación “Louvre-Nuevo Renacimiento”.

La dirección confirmó el cierre total del día, mientras visitantes expresaron su decepción. El gobierno pidió una reforma profunda, y esta semana continuarán en el Senado las comparecencias de ex directores para aclarar las fallas que permitieron el espectacular saqueo de octubre.