La resolución de la Suprema Corte dejó a Ricardo Salinas Pliego sin vías efectivas para frenar el cobro de unos 50 mil millones de pesos en créditos fiscales. La reforma al amparo, diseñada para limitar estrategias dilatorias de grandes deudores, eliminó la posibilidad de impugnar actos administrativos que exigen pagos firmes y restringió el uso de recursos intermedios. Con ello, el margen legal del magnate quedó prácticamente agotado.
La nueva legislación ordena que todos los argumentos se concentren en un único amparo antes del remate de bienes, lo que implica un proceso acelerado con plazos estrictos de resolución. Especialistas consultados advierten que el empresario ya se encuentra en la fase final: Hacienda puede evaluar activos y avanzar hacia embargos si no existe pago inmediato. La prescripción del crédito, antes un recurso clásico para alargar litigios, también fue descartada por la reforma.
Aunque Salinas Pliego anunció que acudirá al sistema interamericano, expertos consideran que esta vía no detendrá la ejecución del SAT. La Corte Interamericana rara vez admite disputas fiscales y, aun en un escenario favorable, cualquier resolución tardaría años y no tendría efecto para frenar el cobro. La ley mexicana obliga a continuar el procedimiento sin atender fallos supranacionales en materia tributaria.
Con los tres poderes del Estado cerrando filas —el Ejecutivo presionando por el pago, el Congreso reformando el marco legal y el Poder Judicial resolviendo litigios pendientes—, el grupo empresarial enfrenta un riesgo patrimonial severo. A ello se suma el procedimiento en Nueva York por una deuda de 580 millones de dólares, que agrava un panorama financiero que podría redefinir el futuro del consorcio.
