La posible apertura al fracking en México no sólo reaviva preocupaciones ambientales, sino que también plantea riesgos en materia de soberanía jurídica, en particular por la exposición a litigios internacionales. Bajo el marco del T-MEC, el país enfrenta ya más de una veintena de demandas en el sector energético, y la incorporación de nuevos proyectos con participación extranjera podría ampliar esa presión legal mediante mecanismos de arbitraje inversionista-Estado.
El sector de hidrocarburos es uno de los principales usuarios de estos mecanismos a nivel global. Datos de organismos internacionales muestran que empresas de petróleo y gas concentran decenas de disputas ante tribunales supranacionales, lo que refleja un patrón en el que regulaciones ambientales o cambios de política pueden derivar en reclamaciones millonarias por afectaciones a expectativas de inversión.
A ello se suman cuestionamientos sobre la efectividad de las llamadas “nuevas tecnologías” para mitigar impactos del fracking. Diversos estudios académicos y organizaciones ambientalistas advierten que los riesgos para la salud y el medio ambiente persisten, incluyendo posibles afectaciones en comunidades cercanas y fenómenos como actividad sísmica inducida.
En este contexto, la discusión sobre el fracking trasciende el ámbito energético y se inserta en un dilema más amplio entre seguridad de suministro, protección ambiental y capacidad regulatoria del Estado. La eventual expansión de esta técnica podría limitar márgenes de acción gubernamental frente a futuras regulaciones, en un entorno donde la transición energética y la soberanía nacional siguen en debate.