La promesa de Donald Trump de deportar a todos los migrantes indocumentados, ahora catalogados como criminales para acelerar su captura, se vuelve cada vez más difícil de ejecutar. El reto ya no es únicamente financiero o logístico. Se ha desatado una resistencia social creciente que cuestiona las redadas, las detenciones arbitrarias y la invasión de propiedades privadas que acompañan los operativos del ICE.
Los actos de solidaridad que antes parecían aislados se han transformado, en diversos puntos del país, en respuestas colectivas para frenar los abusos. Ese proceso alcanzó un punto crítico con el asesinato de Renee Good, madre de familia y reconocida por apoyar causas migrantes. Los videos de la escena la muestran conversando con los agentes, sin señales de confrontación ni riesgo. Aun así, un insulto del oficial antecede a tres disparos que la matan de inmediato. No hay evidencia visual que respalde la versión oficial que acusa a Renee de intento de atropellamiento.
La narración federal presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y reforzada por el vicepresidente J. D. Vance y el propio Trump, clasifica el hecho como terrorismo doméstico. En contraste, el alcalde de Mineápolis y el gobernador de Minesota sostienen que se trató de un asesinato injustificable. Estas posiciones enfrentadas revelan la profundidad de la polarización política en Estados Unidos, así como la creciente impunidad que cobija a los agentes migratorios bajo el argumento de la seguridad nacional.
También emergen historias que subrayan la fuerza de los lazos culturales y comunitarios. Muchas personas estadunidenses expresan su apoyo a los migrantes porque crecieron, convivieron o formaron familias en comunidades de origen latino. Esa cercanía ha forjado una solidaridad que se traduce en movilización cívica, especialmente en momentos en que la población migrante enfrenta un hostigamiento sin precedentes.
La realidad, sin embargo, no es uniforme. Numerosos agentes del ICE son de origen latino y muestran un rigor incluso mayor que sus colegas estadounidenses, como si necesitaran confirmar su lealtad institucional. A ello se suma una actitud arraigada en sectores de la sociedad que se sienten obligados a denunciar cualquier comportamiento considerado sospechoso, desde estacionarse en un barrio ajeno hasta simplemente hablar otro idioma.
La política antinmigrante de Trump aviva estos reflejos y alimenta una dinámica de miedo en ambos lados. En un país donde la racialización de la sospecha ha sido una constante, la figura del migrante ha sido incorporada al mismo imaginario que históricamente ha criminalizado a otras minorías. La solidaridad y la resistencia avanzan, pero se enfrentan a un aparato estatal y a una cultura social que legitiman la sospecha y normalizan la violencia.
