El futuro del TMEC se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Washington, Ottawa y Ciudad de México. Mientras Donald Trump mantiene su retórica de desdén hacia el acuerdo y amenaza con dinamitarlo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en su continuidad, consciente de que la integración económica de América del Norte es uno de los pilares de la estabilidad regional. En medio de este choque político, un actor inesperado emerge como aliado de México: las empresas estadounidenses instaladas en su territorio.
Sheinbaum subrayó esta semana que los mayores defensores del TMEC no son únicamente los sectores productivos mexicanos, sino las firmas norteamericanas con operaciones en la región. Desde plantas automotrices hasta farmacéuticas, la posición de la iniciativa privada quedó clara durante las audiencias celebradas por la Oficina del Representante Comercial de EE UU en diciembre, donde abogaron por la vigencia del acuerdo que respalda 13 millones de empleos estadounidenses y sostiene a más de 100.000 pequeñas y medianas empresas exportadoras.
Las empresas reconocen, sin embargo, que los tres países han incumplido partes del tratado. Críticos con México en áreas como energía, agricultura o comercio digital, coinciden en que cualquier revisión debe ofrecer certidumbre regulatoria y un proceso ordenado. Para ellas, el riesgo mayor no es el diferendo técnico, sino la incertidumbre generada por la retórica del propio Trump. Como explica Pedro Casas Alatriste, director de AmCham México, las voces empresariales estadounidenses se han convertido en una fuente clave de influencia para el presidente, especialmente bajo la lógica de America First.
En este contexto, México busca preservar los beneficios arancelarios del tratado y revertir los gravámenes sectoriales que afectan a las cadenas productivas regionales. Expertos como Luis de la Calle insisten en que los aranceles al acero, aluminio y cobre lastiman directamente al propio mercado estadounidense. La revisión del TMEC, programada para julio, pondrá a prueba la capacidad de los tres países para sostener más de tres décadas de integración. Y, en esta negociación, el peso del empresariado estadounidense podría ser decisivo para contener los impulsos disruptivos de Trump y asegurar la continuidad del acuerdo.