El Palacio de Versalles anunció que, a partir del 14 de enero, incrementará de 32 a 35 euros el costo de entrada para visitantes provenientes de fuera del Espacio Económico Europeo. La medida replica la adoptada recientemente por el museo del Louvre y busca generar ingresos adicionales ante el continuo aumento de afluencia internacional.

Según las proyecciones del recinto, este ajuste tarifario permitirá recaudar alrededor de 9.3 millones de euros anuales, tomando como referencia el flujo registrado en 2024. Solo el año pasado, Versalles recibió 8.4 millones de turistas, de los cuales el 83 por ciento procedía del extranjero, consolidando al palacio como uno de los sitios culturales más visitados de Francia.

Entre los países con mayor presencia destacan Estados Unidos, China, Italia, Brasil y México, que juntos representan una parte notable del público internacional. En paralelo, el Louvre también aplicará un incremento considerable para no europeos, elevando su tarifa de 22 a 32 euros.

En la Colonia Juárez, Candelaria Pinponería propone un espacio donde comer, beber y jugar conviven sin etiquetas. Su cocina combina la tradición mexicana del comal con la fuerza de la brasa patagónica dentro de un warehouse amplio y animado, donde el sonido de las mesas de ping pong marca el ritmo de una experiencia relajada.

La visita inicia con guisados bien ejecutados, como el taco de chicharrón prensado y el campechano con papa, seguidos por la hamburguesa de picaña y diezmillo, preparada con técnica smash y un balance preciso entre dulzor, grasa y brasa. Las costilitas de elote amarillo, tatemadas y servidas con salsa ligera, se han convertido en un acompañamiento emblemático del lugar.

La propuesta se completa con coctelería que acompaña sin robar protagonismo, desde cervezas sencillas hasta mezclas más complejas con vermut, toronja y probióticos. Entre fuego, sobremesa y partidas de backgammon, Candelaria Pinponería reafirma su esencia lúdica y generosa en Liverpool 46.

Las autoridades italianas y el Comité Olímpico Internacional implementarán un seguimiento estricto a patrones de apuestas y posibles intentos de manipulación rumbo a los Juegos de Invierno Milán-Cortina 2026. Con más de 3 mil atletas de 90 países, el evento exige un sistema robusto de protección, por lo que se creó una Unidad Conjunta de Integridad que operará del 30 de enero al 24 de febrero.

El COI explicó que esta unidad permitirá una comunicación rápida entre organismos deportivos y autoridades italianas para actuar ante conductas delictivas o violaciones éticas. Manipulación de competencias, sobornos y comportamientos indebidos estarán bajo vigilancia constante, con capacidad de compartir información con la policía y la justicia en tiempo real.

Una de sus tareas clave será prevenir amaños mediante un sistema de inteligencia que rastrea apuestas irregulares. Aunque ediciones previas no han sufrido grandes escándalos de apuestas, sí han enfrentado casos de dopaje, por lo que reforzar la integridad es prioridad para Milán-Cortina 2026.

La tensión en la frontera entre México y Guatemala volvió a escalar tras recientes enfrentamientos entre fuerzas guatemaltecas y grupos criminales mexicanos. El choque, que dejó un militar herido y un civil muerto, detonó la decisión de ambos Gobiernos de reforzar su coordinación operativa. México anunció “operaciones coincidentes” con Guatemala, una modalidad que implica despliegues paralelos en cada territorio para contener a los cárteles que dominan la región, particularmente facciones vinculadas al Cártel de Sinaloa y al llamado Cártel de Chiapas-Guatemala.

Aunque los dos países insisten en que estas acciones se realizarán sin intervención externa, el contexto regional complica la ecuación. Estados Unidos mantiene un despliegue militar creciente en el Caribe bajo el argumento de combatir al narcotráfico, y la narrativa de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha abierto la puerta a la expansión de sus facultades extraterritoriales. Para Washington, cualquier indicio de incapacidad estatal en Centroamérica adquiere valor estratégico: debilita resistencias diplomáticas y facilita negociaciones para extender su presencia militar.

La región ofrece precedentes. Países como Costa Rica, Ecuador, Guyana o Antigua y Barbuda han aceptado grados variables de cooperación militar estadounidense ante presiones internas y externas. En ese marco, la frontera sur de México aparece como un punto crítico, no solo por el trasiego de drogas, armas y migración irregular, sino porque históricamente nunca ha existido un acuerdo de seguridad bilateral sólido entre México y Guatemala. Esa ausencia deja espacio para interpretaciones y oportunidades para actores externos.

Los incidentes recientes —incluidos 12 ataques contra el Ejército guatemalteco en Agua Zarca y una incursión accidental de fuerzas mexicanas en junio— evidencian un deterioro que ambos Gobiernos buscan contener. Pero el riesgo mayor, advierten especialistas en seguridad regional, es que el escalamiento criminal termine alineando a países latinoamericanos con la agenda militar de Washington. Si eso ocurre, las “operaciones coincidentes” podrían convertirse en el primer eslabón de un reacomodo estratégico mucho más amplio en la región.

La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, incorporando una reserva de Morena para agregar aranceles específicos al sector textil. El dictamen avanzó con 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones del PT, PRI y PAN, y fue turnado al Senado.

La reforma incluye un cuarto transitorio que faculta a la Secretaría de Economía a aplicar mecanismos especiales para importar insumos desde países sin tratados comerciales. Asimismo, se incorporaron ocho nuevas fracciones arancelarias para tejidos, mezclas con algodón y productos teñidos o estampados, con tasas de hasta 35 por ciento.

Ricardo Monreal destacó que casi la mitad de los ajustes se concentran en la industria textil y buscan equilibrar la competencia frente a importaciones de bajo costo. La oposición advirtió riesgos comerciales, mientras Morena sostuvo que la medida fortalece la producción nacional sin afectar bienes esenciales.

Eileen Higgins fue elegida alcaldesa de Miami y se convirtió en la primera demócrata en ocupar el cargo en casi tres décadas. Con cerca de 60 por ciento de los votos en la segunda vuelta, derrotó al republicano Emilio T. González, respaldado por el presidente Donald Trump, en unos comicios de baja participación.

Además de romper la hegemonía republicana, Higgins, de 61 años, hizo historia al ser la primera mujer electa para gobernar la ciudad. Miami, marcada por una fuerte presencia latina y por el predominio político de figuras conservadoras de ascendencia cubana, vivió así un giro significativo en su escenario electoral tras años de estabilidad partidista.

En un comunicado, Higgins prometió inaugurar una etapa de liderazgo ético y responsable orientada a “resultados reales” para la población. Su triunfo se suma a otros avances recientes de los demócratas en elecciones estatales y locales, interpretados como una respuesta al regreso de Trump a la Casa Blanca.

Petróleos Mexicanos documentó que el grupo ligado a Raúl Rocha Cantú operaba mediante una estructura organizada dedicada al delito en materia de hidrocarburos, según registros incluidos en la orden de aprehensión emitida por un juez federal. La denuncia detalla redes de complicidad con servidores públicos y otras organizaciones criminales.

Los reportes judiciales indican que la FGR considera a Rocha Cantú partícipe de actividades que incluyen tráfico de armas y colaboración con cárteles como el CJNG, el cártel del Golfo y la Unión Tepito. Documentos asegurados refieren pagos quincenales a funcionarios involucrados y posibles afectaciones a operaciones en la planta Deer Park, en Texas.

La resolución judicial señala que el grupo mantenía un reparto jerárquico de funciones y buscaba expandir sus actividades a sectores como el inmobiliario. Además, se menciona la introducción de hidrocarburos desde Estados Unidos y la posible participación de personal de Pemex en prácticas vinculadas con corrupción sistemática.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas para sustituir la referencia “Fiscalía Especial” por “Fiscalía Especializada”, con el fin de homologar la denominación utilizada en las entidades. El dictamen, avalado por mayoría, fue remitido a la Mesa Directiva para su debido trámite legislativo.

Durante la discusión, legisladoras de diversos grupos parlamentarios destacaron que la actualización contribuye a mejorar la coordinación institucional y a garantizar justicia y dignidad para víctimas y familias. Coincidieron en que el trabajo cotidiano exige responsabilidad, sensibilidad y estándares elevados en materia de derechos humanos, además de fortalecer la labor del Sistema Nacional de Búsqueda en todo el país.

Las y los integrantes de la Comisión resaltaron la importancia de mantener esfuerzos conjuntos sin distinción partidista y anunciaron actividades por el Día Internacional de los Derechos Humanos. También se avalaron dictámenes en sentido negativo sobre desplazamiento forzado interno y sobre reformas vinculadas a fichas de búsqueda, priorizando consistencia normativa y respeto al marco jurídico vigente.

Una juez federal del penal del Altiplano ratificó la prisión preventiva justificada contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La fiscalía sostiene que ocultó el origen de más de setenta y tres millones de pesos mediante desvíos operados durante su administración entre 2010 y 2016.

El Ministerio Público argumentó que liberarlo representaría un riesgo procesal debido a su influencia política, mientras la defensa solicitó que enfrentara el proceso en libertad y pidió la duplicidad del plazo constitucional. La acusación se basa en ciento veinte pruebas que describen un esquema de transferencia de fondos a empresas vinculadas a Duarte y a su esposa.

Según la FGR, recursos públicos fueron canalizados a varias compañías donde ambos figuraban como socios, para después redistribuirlos y depositarlos en cuentas personales. Tras reservarse su derecho a declarar, Duarte deberá esperar hasta el sábado, cuando la juez determinará si es vinculado a proceso o exonerado.