La más reciente obra de Banksy en Londres, pintada en la fachada de los Tribunales Reales de Justicia, duró apenas unos días antes de ser eliminada por las autoridades. El mural mostraba a un juez golpeando a un manifestante ensangrentado, una imagen poderosa frente a un contexto político cargado de tensión tras la prohibición de Palestine Action y la detención de casi 900 personas.

La justificación oficial fue que el muro pertenece a un edificio protegido y debía mantener su carácter original. Sin embargo, la rapidez con que fue cubierta y posteriormente borrada refleja el nerviosismo institucional ante una pieza que señalaba, sin palabras, la violencia desde el poder. La obra no desapareció del todo: su silueta aún se distingue y circula ampliamente en redes sociales.

Banksy ha construido su relevancia en la incomodidad que provoca. No es la primera vez que su trabajo enfrenta censura, pero en este caso la intervención en un sitio icónico de la justicia británica multiplicó su carga simbólica. En un país donde el arte callejero suele dialogar con la protesta, la decisión de borrarlo reaviva la discusión sobre los límites entre patrimonio histórico y libertad de expresión.

La pregunta que queda abierta es qué pesa más: ¿la preservación de un edificio o la preservación del mensaje social? En el caso Banksy, la respuesta nunca es simple. Lo cierto es que, al borrar su obra, Londres la convirtió en una metáfora de lo que buscaba denunciar: el intento de callar la protesta.

La Secretaría de Hacienda propuso un incremento de casi 15 mil millones de pesos para el Poder Judicial en el presupuesto 2026. El gasto pasaría de 70,983 a 85,960 millones, con mayores recursos para el órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina. La Suprema Corte también recibirá un aumento de más de 600 millones de pesos, equivalente a un 12.6%.

En contraste, el proyecto contempla recortes para dependencias clave como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que perdería más de 10 mil millones, y el Instituto Nacional Electoral, con una reducción de cuatro mil millones. También se ajustarán a la baja los recursos de Cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Agrario.

La decisión de fortalecer presupuestalmente al Poder Judicial mientras se debilitan otras áreas sensibles despierta cuestionamientos sobre prioridades en la política pública. El debate se centra en si estos aumentos responden a una estrategia de fortalecimiento institucional o a una negociación política que erosiona la lógica de austeridad.

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, murió en Katmandú tras sufrir quemaduras provocadas por manifestantes que incendiaron su vivienda. A pesar de recibir atención médica en el Hospital de Quemados de Kirtipur, no logró sobrevivir a la gravedad de sus lesiones. El hecho se suma a la ola de violencia que ha dejado ya 25 muertos desde el inicio de las protestas.

Durante la misma jornada, la residencia del ex primer ministro K. P. Sharma Oli también fue incendiada y otros líderes, como Sher Bahadur Deuba y su esposa, la canciller Arzu Rana Deuba, fueron agredidos. Asimismo, edificios oficiales, como el Parlamento y la sede del Tribunal Supremo, resultaron atacados, junto con medios de comunicación.

La violencia continúa pese a la renuncia de Oli y parte de su gabinete, exigida por el movimiento “Generación Z”. El Ejército y las autoridades locales llamaron a la calma, pero la crisis refleja la fragilidad institucional de Nepal y la creciente frustración social que amenaza con desbordarse.

Los gobernadores de Durango y Coahuila, ambos del PRI, sorprendieron al respaldar públicamente a Claudia Sheinbaum durante sus recientes visitas a los estados. A ellos se sumó Samuel García, de Nuevo León, con un discurso favorable hacia la presidenta y su política exterior. Las declaraciones contrastan con la postura de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del tricolor, quien mantiene una estrategia de confrontación con la mandataria.

Analistas señalan que el respaldo estatal responde a intereses prácticos: mantener buena relación con la federación para asegurar recursos y apoyo en materia de seguridad. Los mandatarios también buscan capitalizar la popularidad de Sheinbaum, cuya aceptación supera incluso la de López Obrador en su momento. Para ellos, el cálculo político es inmediato y estratégico.

El distanciamiento de los gobernadores exhibe la fragilidad del PRI como fuerza cohesionada. Mientras Alito insiste en el choque político, sus propios cuadros locales priorizan sobrevivir en un escenario donde el poder presidencial dicta las reglas. La incógnita es si esta división anticipa un debilitamiento irreversible de la oposición rumbo a 2027.

Más de mil 400 figuras del cine mundial, entre ellas Gael García Bernal, Javier Bardem, Tilda Swinton y Mark Ruffalo, anunciaron que no colaborarán con instituciones o empresas israelíes que consideren implicadas en “genocidio y apartheid” contra el pueblo palestino. El compromiso fue difundido por Film Workers for Palestine y recuerda la postura de cineastas que rechazaron el apartheid en Sudáfrica.

El texto subraya que la Corte Internacional de Justicia ha señalado un “riesgo plausible de genocidio” en Gaza, y pide a la industria cinematográfica asumir un rol activo frente a la crisis humanitaria. Entre los firmantes también figuran Olivia Colman, Ava DuVernay y Yorgos Lanthimos, quienes remarcan que el boicot es contra instituciones, no contra individuos israelíes.

La iniciativa refleja un punto de quiebre cultural: ¿puede el arte mantenerse neutral frente a violaciones de derechos humanos? Los firmantes sostienen que el cine es un vehículo de memoria y conciencia, y que callar equivale a normalizar la violencia. En tiempos de polarización, esta acción plantea una incómoda pregunta sobre hasta dónde llega la responsabilidad ética del creador frente a las tragedias colectivas.

Guardar el vino en el refrigerador genera debate. La respuesta breve es que sí puede refrigerarse, pero no de manera indefinida. Una botella sin abrir solo debe permanecer allí pocas horas para alcanzar la temperatura de servicio; el frío y la sequedad del electrodoméstico terminan dañando el corcho y alterando el sabor si se deja demasiado tiempo.

En el caso de botellas abiertas, la refrigeración se vuelve necesaria. Al mantenerlas frías se retrasa la oxidación y se preservan mejor sus notas. Sin embargo, cada tipo de vino tiene una vida útil limitada incluso dentro del refrigerador: los blancos y rosados aguantan de tres a cinco días, los tintos hasta seis, mientras que los espumosos apenas uno o dos.

El vino, como producto vivo, requiere cuidado y moderación. La obsesión por alargar su conservación puede transformarlo en vinagre y arruinar la experiencia. Más que prolongar lo inevitable, el reto es disfrutarlo en su mejor momento y con el respeto que merece su fragilidad.

Pierre Gasly confirmó su continuidad con Alpine hasta 2028, aunque reconoció que la decisión no fue inmediata. El francés admitió haber considerado opciones en otros equipos debido al bajo rendimiento mostrado por la escudería en el inicio de la temporada 2025, antes de comprometerse a largo plazo.

El piloto de 29 años destacó que la influencia de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, fue determinante para convencerlo de renovar. Gasly valoró además la estrategia del equipo de detener pronto el desarrollo del monoplaza actual con el objetivo de enfocarse en los cambios reglamentarios que llegarán en 2026, decisión que calificó como dolorosa pero necesaria.

Con la salida de Esteban Ocon y la llegada de Franco Colapinto, Gasly asume el liderazgo de Alpine. Asegura que el equipo atraviesa su mejor momento organizativo y confía en que los ajustes realizados se traduzcan en competitividad futura. La apuesta revela la tensión entre presente incierto y la esperanza de un proyecto sólido a mediano plazo.

La red de huachicol fiscal que involucra al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna mostró con crudeza que la estrategia de militarizar puertos y aduanas no erradicó la corrupción. Aunque la medida del expresidente buscaba cerrar espacios al crimen organizado, cuatro años después emergen pruebas de complicidad entre mandos navales y redes de contrabando. La promesa de “cero impunidad” se revela como insuficiente.

El hallazgo de más de treinta buques con combustible ingresado con documentos falsos revela que los mismos espacios denominados “enclaves de corrupción” siguieron operando bajo esquemas de colusión. Empresas privadas, agencias aduanales y funcionarios fueron parte de un engranaje que debilitó la reputación de la Marina, hasta entonces la institución de seguridad con mayor confianza ciudadana. El golpe institucional es profundo.

Los casos recientes de violencia agravan el panorama: el asesinato del contralmirante Guerrero Alcántar y la muerte del capitán Jeremías Pérez exhiben que quienes denunciaban irregularidades o estaban inmersos en estas redes terminaron silenciados. Las investigaciones apuntan a un sistema robusto, sostenido por amenazas, sobornos y pactos de impunidad. Plata o plomo, como diría el cliché, sigue marcando las decisiones.

El reconocimiento público al temple del actual almirante secretario de Marina, que decidió entregar a mandos y personal involucrado, busca reconstruir confianza. Sin embargo, persiste la pregunta central: ¿puede una institución militar depurar su interior mientras administra áreas tan vulnerables al crimen? La ciudadanía espera señales de limpieza real, no discursos, en un país que ya no tolera más traiciones a su confianza.

En Palacio Nacional, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reportó que en once meses de la administración de Claudia Sheinbaum se han detenido más de 32 mil 400 personas por delitos de alto impacto. Además, se aseguraron 16 mil armas de fuego y 245 toneladas de droga, incluidas millones de pastillas de fentanilo.

El funcionario detalló que en coordinación con Ejército y Marina se desmantelaron mil 400 laboratorios clandestinos de metanfetamina en 22 estados. Con ello, el Gobierno sostiene que la violencia ha disminuido, destacando un descenso del 32 por ciento en los homicidios dolosos, con agosto de 2025 como el mes más bajo desde 2015.

Aunque los indicadores apuntan a una tendencia positiva, la verdadera prueba estará en si estas estadísticas se traducen en una percepción ciudadana distinta y en un entorno cotidiano más seguro para millones de personas.

Las Fuerzas Armadas de Polonia denunciaron la violación de su espacio aéreo por drones rusos durante ataques masivos contra Ucrania. Según el mando operacional, algunos de estos aparatos fueron derribados tras ser identificados como amenazas. El país se encuentra en “nivel máximo de alerta” y mantiene aviones y sistemas de defensa desplegados.

Las zonas más afectadas por las incursiones fueron Podlaquia, Mazovia y Lublin, donde se pidió a la población permanecer en casa mientras se desarrollaban operaciones militares preventivas. Como miembro de la OTAN, Polonia activó todos los protocolos necesarios para proteger a su ciudadanía y garantizar la seguridad en las regiones fronterizas.

Este episodio evidencia el riesgo de escalada regional en la guerra. La repetida violación de fronteras aéreas no solo tensiona la seguridad de Europa del Este, también desafía la estabilidad de la alianza atlántica y sus compromisos defensivos.