La Unión Europea evalúa declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, tras la presión de políticos conservadores en Alemania. La propuesta surgió luego de decomisos históricos de cocaína en puertos europeos clave como Amberes y Hamburgo, lo que encendió alertas sobre la creciente influencia del crimen organizado en la región. Aunque no hay resolución oficial, el tema ya llegó al Parlamento Europeo.

México ha expresado preocupación por esta posible clasificación, recordando que en 2019 una propuesta similar en Estados Unidos generó tensiones diplomáticas. Señala que tal medida podría tener consecuencias graves para la cooperación bilateral y la imagen de México en el exterior. Además, advierte que criminalizar de forma tan amplia podría afectar a comunidades migrantes.

Comparar cárteles con grupos terroristas puede parecer una solución contundente, pero abre la puerta a una lógica de persecución sin atender las causas del fenómeno. ¿Es esto seguridad o narrativa política para consumo interno europeo?

Desde mayo, Transparencia para el Pueblo —creado para suplir al Inai— ha desechado 455 de los 457 recursos ciudadanos que ha resuelto, siendo el 99.6%. Las solicitudes buscaban datos públicos de la Presidencia, Sedena, IMSS o CFE, pero fueron rechazadas por supuestos errores de forma o por no acreditar “interés legítimo”.

La nueva autoridad sostiene que opera bajo los plazos de ley y promete una plataforma de datos abiertos, aunque todavía sin resultados visibles. Expertos como Jacqueline Peschard advierten que no se cumple con orientar al ciudadano ni suplir su queja, como lo ordenaba la legislación anterior.

En vez de fortalecer el derecho a saber, este modelo de transparencia formalista y opaca cancela el acceso a la información pública. Sin garantías reales, la rendición de cuentas se convierte en simulación. ¿Quién vigila ahora al poder?

La Presidencia de la República ha implementado un sistema de monitoreo a medios que clasifica a periodistas y comunicadores como “adversarios”. A través de fichas informativas elaboradas por Comunicación Social, el gobierno da seguimiento a opiniones críticas, columnas incómodas y contenidos que cuestionan su narrativa pública.

Especialistas en libertad de expresión consideran que esta práctica viola el artículo 6° constitucional, pues genera un efecto inhibidor entre periodistas y medios. Organizaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas han condenado el mecanismo, exigiendo su inmediata cancelación por atentar contra el ejercicio informativo.

En vez de garantizar un entorno democrático para la prensa, el gobierno adopta tácticas de vigilancia que recuerdan a regímenes autoritarios. Clasificar la crítica como amenaza erosiona los fundamentos del debate público y normaliza la censura institucional desde el poder.

Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Pemex de “B+” a “BB-”, tras recibir un nuevo respaldo financiero del gobierno federal. La medida incluye la amortización anticipada de deuda por 94 mil millones de pesos, así como una capitalización adicional que permitió aliviar temporalmente la presión sobre sus pasivos. El ajuste mejora ligeramente su reputación ante inversionistas.

Sin embargo, la agencia advirtió que la petrolera sigue siendo altamente vulnerable por su bajo flujo operativo y su elevada carga fiscal. A pesar del impulso, Pemex mantiene una perspectiva negativa, y el riesgo de impago sigue latente si no se concretan cambios estructurales. La sostenibilidad de la empresa depende aún más del presupuesto público.

Mientras tanto, el gobierno insiste en rescatar un modelo energético que acumula pérdidas y compromete recursos públicos. ¿Hasta cuándo costará sostener una empresa que no logra autosuficiencia ni rentabilidad?

Tras 19 años en prisión preventiva y sin sentencia, Israel Vallarta fue liberado este jueves por orden de un juez federal. Acusado de secuestro y vinculado al caso Florence Cassez, su detención en 2005 fue transmitida en televisión nacional como un montaje armado por autoridades y medios. Desde entonces, su proceso estuvo plagado de irregularidades.

El juez resolvió que Vallarta fue víctima de tortura y que las pruebas obtenidas bajo ese contexto no podían sostener su reclusión. La Fiscalía General de la República confirmó su liberación, aunque subrayó que el proceso penal continúa en curso. La defensa y organismos de derechos humanos llevan años exigiendo su liberación por violaciones al debido proceso.

Aunque el fallo no lo declara inocente, sí reconoce que mantenerlo en prisión violaba derechos fundamentales. La decisión ocurre más de una década después de que la Suprema Corte liberara a Florence Cassez por motivos similares, mientras Vallarta permanecía encarcelado sin sentencia ni juicio justo.

Este caso revive las críticas contra el uso de la prisión preventiva como castigo anticipado y la fabricación de culpables como herramienta del poder. A casi veinte años de su detención, la liberación de Vallarta obliga a cuestionar cuántas otras personas siguen atrapadas en procesos viciados por tortura, montaje y desinformación.

Al día siguiente de que la Cámara de Diputados rechazara retirarle el fuero por enriquecimiento ilícito, Alejandro “Alito” Moreno fue captado cenando en un restaurante exclusivo de Las Vegas. La denuncia presentada por la Fiscalía General de la República quedó congelada, luego de que PRI, PAN y PRD votaran en bloque para evitar el juicio político.

En redes sociales, la imagen del líder priista relajado y sonriente causó molestia. Su defensa insistió en que se trata de una “persecución política”, aunque evitó abordar el tema central: el origen de su fortuna, valuada en más de 100 millones de pesos, según la acusación.

Mientras tanto, el caso se suma a una larga lista de carpetas detenidas por razones políticas. La justicia parece supeditarse al cálculo partidista, lo que refuerza la idea de que en México, ser parte del poder sigue siendo la mejor forma de no rendir cuentas.

Con solo presentar su credencial del INAPAM, las personas adultas mayores pueden acceder a descuentos y beneficios que van más allá del transporte o la salud: ahora también incluyen apoyos como aguinaldo, vacaciones y hasta utilidades en algunas empresas. Estos incentivos dependen de convenios con el sector privado y programas locales que buscan dignificar la vejez.

Entre los beneficios más destacados están las vacaciones subsidiadas, servicios profesionales con tarifa preferencial y productos de consumo con precios rebajados. Además, algunas compañías ofrecen incentivos laborales a quienes emplean a personas mayores, fomentando así su inclusión económica.

Aunque estos apoyos no son universales ni obligatorios, representan un avance hacia una política de envejecimiento digno. La pregunta que queda es por qué estos beneficios aún dependen de convenios voluntarios, en lugar de convertirse en derechos garantizados para toda la población adulta mayor.

Un bebé estadounidense nació en 2024 a partir de un embrión que llevaba 31 años congelado, lo que marca un nuevo récord en la historia de la medicina reproductiva. El embrión fue donado en 1992 por una pareja anónima y fue adoptado por un matrimonio de Oregon a través de un programa de donación.

El nacimiento fue posible gracias a la tecnología de criopreservación, que permite conservar embriones en nitrógeno líquido. Según los médicos, no hay diferencia genética o médica entre un embrión congelado y uno fresco, lo cual abre debates sobre los límites del tiempo en la reproducción asistida.

Aunque se trata de un avance científico notable, también plantea dilemas éticos sobre el destino de los embriones almacenados por décadas. ¿Hasta qué punto puede el pasado irrumpir en la vida familiar del presente? La ciencia avanza, pero la reflexión ética aún va atrás.

En “No nos moverán”, el director Pierre Saint-Martin convierte una historia real en un canto colectivo contra el despojo. La película narra cómo un pueblo de Veracruz se organiza para evitar un desalojo, y lo hace con música, humor y la fuerza del cine comunitario. Basada en hechos verídicos, la cinta se construye desde la colaboración y la identidad colectiva.

Durante siete años se filmó esta obra que mezcla actores naturales, músicos locales y figuras como Silverio Palacios. El resultado es una narrativa auténtica y cercana, donde la comunidad no sólo actúa, sino que también escribe su propia versión de la resistencia. El estreno está previsto para el 1 de agosto en cines nacionales.

En un país donde las luchas territoriales se vuelven invisibles, este filme irrumpe como testimonio y herramienta. Más allá del entretenimiento, nos recuerda que la cultura también es trinchera y que las voces unidas resisten más fuerte

Modelos como el Rolls-Royce Droptail, el Bugatti Mistral o el Pagani Huayra Codalunga encabezan la lista de los automóviles más caros de 2025. Con precios que superan los 30 millones de euros, estas piezas combinan ingeniería de alto nivel, diseños exclusivos y producciones limitadas que elevan su valor como obras de colección.

Entre los diez primeros destacan ediciones únicas hechas a pedido, carrocerías artesanales y motores V12 o híbridos con más de mil caballos de fuerza. En la mayoría de los casos, estos autos no están pensados para circular, sino para exhibirse en museos privados o subastas millonarias.

Más que medios de transporte, estos vehículos representan un símbolo de estatus, poder y sofisticación. La distancia entre sus cifras y la vida común no hace más que reafirmar cómo el lujo automotriz sigue siendo una esfera ajena, diseñada para unos cuantos con acceso a otro tipo de mundo.