La campaña de Donald Trump ha iniciado un nuevo frente contra TikTok. La fiscal de Florida, Pam Bondi, ahora lidera la cruzada legal que podría obligar a la red social a venderse o ser vetada en EE.UU., bajo el argumento de que representa un riesgo para la seguridad nacional. Esta ofensiva ocurre mientras Trump propone extender su poder presidencial para intervenir directamente sobre empresas consideradas una amenaza.

La narrativa de la campaña gira en torno a recuperar la “soberanía digital” del país, planteando que compañías como TikTok podrían ser instrumentos del Partido Comunista Chino. Sin embargo, críticos y expertos advierten que este enfoque también busca sentar un precedente de poder ejecutivo sin límites, sobre todo si Trump regresa a la presidencia en 2025.

El plan de Bondi incluye demandar a TikTok en varios estados, coordinando esfuerzos con fiscales generales aliados de Trump. La estrategia no es nueva, pero ahora tiene un impulso presidencial y electoral.

En las costas de Huanchaco, Perú, un grupo de niñas desafía las olas y las desigualdades. La escuela de surf Wiñay Wayna no solo enseña a montar tablas, sino también a conservar el océano y defender sus derechos. Fundada por un colectivo de mujeres, esta iniciativa busca empoderar a niñas en situación de vulnerabilidad mediante el deporte y la educación ambiental.

Las clases incluyen talleres de liderazgo, reciclaje y cuidado marino, creando una comunidad donde las niñas aprenden a tomar decisiones y cuidar su entorno. “Si el mar nos da vida, hay que protegerlo”, dice una de las alumnas. En un país con altos índices de violencia de género, el surf se convierte en refugio y herramienta de transformación.

Esta experiencia ha sido reconocida por organizaciones internacionales y podría replicarse en otras regiones costeras. El proyecto demuestra que cuidar del mar también significa cuidar de las infancias más desprotegidas.

La exposición World Press Photo 2025 abrirá sus puertas en la Ciudad de México. Será en el Museo Franz Mayer del 31 de julio al 28 de septiembre. Esta muestra reúne las fotografías ganadoras del certamen más importante de fotoperiodismo mundial. Cada imagen busca impactar al público.

La edición de 2025 aborda temas críticos como el conflicto en Gaza y la migración forzada. También destaca la violencia de género y las secuelas de la guerra. Un ejemplo es la Foto del Año de Samar Abu Elouf, una imagen potente sobre la supervivencia. Así mismo, hay obras sobre la sequía extrema.

En consecuencia, esta exposición es un llamado a la conciencia global. Más allá de la mera observación, nos obliga a confrontar realidades dolorosas. Es crucial que estas imágenes inspiren una reflexión profunda sobre las crisis humanitarias, evitando la indiferencia ante el dolor ajeno.

Tras la detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos, el legendario exboxeador Julio César Chávez emitió un comunicado expresando su “amor incondicional” por su hijo. El arresto, llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se dio por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, aunque los detalles oficiales aún son limitados.

Chávez padre pidió respeto por el proceso legal y agradeció las muestras de solidaridad. Aseguró que su familia enfrentará esta crisis con dignidad y confianza en las instituciones. “Estamos atravesando un momento muy difícil”, reconoció, subrayando que lo más importante es la salud y bienestar de su hijo.

El comunicado cierra con una petición de privacidad. Mientras tanto, se espera que las autoridades estadounidenses definan si Chávez Jr. será deportado a México, donde tiene una orden de aprehensión vigente por delitos relacionados con crimen organizado y tráfico de armas.

En las últimas semanas, se han reportado múltiples casos de ciudadanos estadounidenses de origen latino detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estos arrestos, basados en perfiles raciales, han generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles y la comunidad latina.

Andrea Vélez, diseñadora de marketing de 32 años, fue detenida en Los Ángeles mientras se dirigía a su trabajo. A pesar de identificarse como ciudadana estadounidense, fue liberada tres días después bajo una fianza de 5,000 dólares y enfrenta cargos por interferir en una operación del ICE. Casos similares incluyen a Brian Gavidia en Montebello, California, y Elzon Lemus en Nassau, Nueva York, quienes también fueron arrestados sin justificación legal.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha denunciado que estas detenciones violan la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de registros y arrestos sin causa probable. Naureen Shah, directora de Asuntos Gubernamentales de la ACLU, señaló que “incluso cuando las personas demuestran ser ciudadanos estadounidenses, todavía hemos visto casos en los que se encuentran detenidos”.

El Departamento de Seguridad Nacional ha negado las acusaciones de discriminación racial, calificándolas de “repugnantes y categóricamente falsas”. Sin embargo, la creciente cantidad de incidentes ha generado temor e indignación en la comunidad latina, que exige una revisión de las políticas y prácticas del ICE para garantizar el respeto a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.

El gobierno federal anunció un nuevo plan para fortalecer la producción nacional de medicamentos genéricos y así reducir costos, dependencia del exterior y combatir el desabasto. La estrategia incluye la modernización de plantas estatales, la adquisición de tecnología y la colaboración con universidades y centros de investigación para fabricar tratamientos accesibles y eficaces.

Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, aseguró que esta política busca garantizar el acceso universal a fármacos esenciales, especialmente en comunidades marginadas. La medida forma parte del rediseño del sistema de salud promovido por la administración de Claudia Sheinbaum, que apuesta por la autosuficiencia y el control estatal en sectores clave.

Expertos del sector salud advierten que el éxito de esta iniciativa dependerá de la inversión sostenida, la eficiencia en la distribución y el cumplimiento de estándares de calidad. Mientras tanto, el gobierno asegura que el primer lote de medicamentos estatales podría distribuirse en 2026.

Donald Trump firmó su ambicioso paquete fiscal tras una votación cerrada en la Cámara de Representantes (218-214), celebrando el logro durante el 4 de julio. La reforma extiende recortes de impuestos, elimina tributos sobre propinas y horas extra, y aumenta el gasto en defensa y seguridad fronteriza. A cambio, reduce el presupuesto de Medicaid en casi un billón de dólares y eleva el techo de deuda en cinco billones.

La ley generó divisiones profundas. Demócratas y activistas sociales denuncian que afecta a los trabajadores y al sistema de salud. Hakeem Jeffries, líder demócrata, habló por casi nueve horas intentando frenar su aprobación. Incluso algunos republicanos expresaron reservas por el impacto en el déficit, pero cedieron ante la presión presidencial.

Elon Musk, principal donante republicano, calificó la ley de “insana” y amenazó con financiar rivales internos. Ahora Trump deberá convencer a un electorado escéptico en plena campaña por el control del Congreso.

Tras las sanciones de Estados Unidos por presunto lavado de dinero en Cibanco, la Secretaría de Hacienda analiza mecanismos para proteger a los inversionistas del banco, uno de los principales operadores de fondos de inversión en México. El secretario Rogelio Ramírez de la O aseguró que se busca evitar afectaciones al sistema financiero local y mantener la estabilidad del sector, mientras continúa la investigación iniciada por autoridades estadounidenses.

El gobierno federal evalúa posibles alternativas legales y financieras para garantizar la seguridad de los recursos de miles de ahorradores e inversionistas vinculados al banco. En paralelo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mantiene bajo vigilancia las operaciones de la institución. Aunque la sanción es externa, preocupa el posible impacto reputacional y la confianza en los intermediarios financieros mexicanos.

Este caso se suma a una creciente tensión entre medidas internacionales contra el crimen financiero y la necesidad de preservar la confianza en el sistema bancario nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este viernes la política exterior de Estados Unidos, al señalar que el gobierno de ese país “sí pacta con terroristas”, en referencia a las negociaciones con grupos armados en Medio Oriente. La declaración fue hecha durante su conferencia matutina, donde defendió la soberanía de México ante críticas internacionales.

Sheinbaum subrayó que su administración no permitirá injerencias externas y que, a diferencia de otras potencias, México apuesta por el diálogo con respeto a los derechos humanos. Reiteró que el país no tiene vínculos con organizaciones ilegales y que mantendrá su política de no intervención y neutralidad activa en conflictos internacionales.

La declaración ocurre en un contexto de creciente tensión por las acusaciones de vínculos entre cárteles mexicanos y conflictos globales. Analistas advierten que este tipo de declaraciones podrían tensar aún más la relación bilateral entre México y EE.UU., justo cuando se renegocian acuerdos clave de cooperación.

La ONU acusó a más de 60 empresas, incluidas entidades financieras, tecnológicas y armamentistas, de beneficiarse directa o indirectamente de las operaciones militares de Israel en Gaza. El informe, presentado por expertos en derechos humanos, señala que estas firmas habrían facilitado o sostenido actividades que podrían constituir crímenes de guerra.

Entre las empresas señaladas están gigantes de la tecnología y la industria militar que habrían provisto herramientas de vigilancia, inteligencia o armas utilizadas en el enclave palestino. El organismo subraya que este tipo de vínculos comerciales comprometen la responsabilidad internacional de los actores privados.

La denuncia surge en un contexto de presión creciente sobre el gobierno israelí y sus aliados, mientras la comunidad internacional exige el cese de las hostilidades. Aunque el informe no impone sanciones, marca un precedente importante para futuras acciones legales y éticas contra quienes lucran con la violencia.