El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó a México entregar información sobre posibles prácticas sistemáticas o generalizadas de desapariciones forzadas. El Estado mexicano deberá responder antes del 18 de septiembre, previo al 29º periodo de sesiones del Comité.

El organismo internacional reconoció avances recientes, pero señaló que ha recibido información creíble que justificaría presentar el caso ante la Asamblea General. Documentos de organizaciones civiles apuntan a patrones de desaparición en estados como Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz, con posible participación de autoridades.

El Comité subraya que hay más de 28 mil desapariciones reportadas entre 2023 y abril de 2025, así como fosas comunes y un contexto de violencia organizada. La gravedad de los hallazgos plantea cuestionamientos directos sobre la actuación estatal y el combate a la impunidad. La respuesta de México será clave para definir si el caso escala al máximo órgano de Naciones Unidas.

La Comisión Permanente recibió dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la reforma judicial. Una de ellas propone proteger la identidad de jueces, magistrados y ministros que atiendan casos vinculados con delincuencia organizada, mediante un nuevo marco normativo.

Se plantean cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que permitirán establecer mecanismos de resguardo y revisión periódica de dichas medidas. También se crean criterios objetivos para su aplicación, como amenazas previas o capacidad de daño de los grupos criminales.

Además, se reconoce el principio de justicia pronta y expedita, con modificaciones que limitan la discrecionalidad judicial y reorganizan los plazos del proceso penal. La propuesta integra las nuevas figuras del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Fiscal, en un intento por reducir el rezago y fortalecer la seguridad del sistema de justicia federal.

Con 324 votos a favor y 117 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública. La nueva legislación busca regular la política de inteligencia aplicada a la prevención de delitos de alto impacto.

La norma establece lineamientos para coordinar instancias federales, estatales y municipales en la recopilación de información estratégica. También incluye mecanismos de resguardo de datos sensibles, protección de derechos humanos y supervisión institucional en tareas de inteligencia.

El dictamen, que será turnado al Senado para su revisión, forma parte de un paquete legislativo para reorganizar la seguridad pública nacional. Aunque fue cuestionado por la oposición por su alcance y rapidez en la discusión, la mayoría parlamentaria argumentó que se trata de un paso necesario para enfrentar con mayor eficacia los desafíos del crimen organizado y la violencia estructural en el país.

Un tribunal federal ordenó a Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, pagar 2 mil millones de pesos por omitir el pago del ISR correspondiente a 2010. La sentencia fue unánime y el empresario aún puede recurrir a la Suprema Corte para impugnar el fallo.

Es el segundo golpe fiscal que recibe en menos de una semana. A la fecha, Elektra enfrenta ocho litigios con el SAT por un monto acumulado cercano a los 30 mil millones de pesos. Intentos recientes de frenar la resolución fueron desechados por considerarse tácticas dilatorias.

Mientras Salinas se proyecta como voz crítica del poder, sus empresas acumulan sentencias por millonarios adeudos fiscales. El Estado ha comenzado a cerrar filas: la austeridad no puede exigirse a todos, menos a los más ricos. La verdadera justicia fiscal se mide… cuando llega a las cúpulas.

La detención violenta de Narciso Barranco, mexicano con 31 años en EE.UU., provocó indignación en California. El jardinero, sin antecedentes penales y padre de tres militares estadounidenses, fue golpeado y rociado con gas pimienta por agentes del ICE en Santa Ana.

El consulado mexicano en Los Ángeles ya solicitó explicaciones formales y atención médica para el connacional, quien sufrió una dislocación de hombro. Además, se canalizó el caso a un programa legal de defensa y se mantiene contacto con la familia, informó la SRE.

Golpear a un hombre por “su aspecto”, como denunció su hijo, no es sólo abuso policial, es desprecio institucional. Mientras sus hijos protegen a Estados Unidos, su padre es tratado como amenaza. ¿Quién defiende a los que ya pertenecen, pero nunca terminan de ser reconocidos?

La DEA denunció que integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación espiaron a sus agentes durante el juicio de Rubén Oseguera “El Menchito”, en 2024. La revelación fue hecha por Matthew Allen, jefe de operaciones en Los Ángeles, ante el Senado estadounidense.

Según Allen, los criminales vigilaron a personal e informantes en Washington, y calificó la amenaza como “terrorismo”. Relató que el cártel respondió con asesinatos: la hija de un informante fue ejecutada, al igual que un militar mexicano. CNN intenta verificar estos hechos con autoridades mexicanas.

La expansión del crimen organizado fuera de México confirma una mutación preocupante: de estructura delictiva a red paramilitar internacional. El vacío entre justicia y diplomacia crece, mientras las víctimas multiplican silencios. El combate al narco ya no puede ser local… ni discreto.

El museo LACMA recibió como donación una escultura de Jeff Koons titulada Split-Rocker, cortesía de los filántropos Lynda y Stewart Resnick. La obra mide 37 pies de alto y será instalada cerca de las nuevas galerías financiadas por David Geffen. Su superficie integra 50 mil flores vivas.

Split-Rocker combina la forma de un caballito de juguete con la de un dinosaurio, montado sobre una estructura metálica. La pieza ya ha sido exhibida en Versalles y Rockefeller Center. Aunque el valor no fue confirmado, registros fiscales de 2023 la estiman en 9.6 millones de dólares.

Con esta adquisición, LACMA consolida su apuesta por el arte monumental, sumando la pieza a obras icónicas como Urban Light. Para Koons, esta instalación representa una de sus esculturas más exuberantes; para el museo, es un nuevo gesto de poder cultural. Más allá de la polémica, el arte sigue siendo la vitrina de las grandes fortunas.

La firma danesa FRAMA presentó en el festival 3daysofdesign su nueva serie de asientos Petit Rond. Diseñada por Troels Grum-Schwensen, la colección incluye sillas y bancos de acero inoxidable, ligeros y ultradelgados. Destaca por su equilibrio entre forma ergonómica y estética funcional.

El nombre —“pequeño círculo”— alude a la forma del asiento, inspirado en un diseño original para un café-galería en la isla de Møn. Cada pieza se ofrece también con asientos tapizados en piel, sumando calidez orgánica al acabado metálico. El diseño conserva una silueta sutil y refinada.

La colección expande la línea metálica de FRAMA, conocida por su minimalismo escultórico. La serie Petit Rond no solo aporta comodidad, sino que eleva cualquier espacio con su presencia discreta. Así, FRAMA demuestra que el diseño contemporáneo puede ser ligero, funcional y poético sin renunciar a la sofisticación escandinava.

LeBron James elogió el talento de Cooper Flagg, quien se perfila como la primera selección del Draft 2025 rumbo a los Mavericks. En su pódcast con Steve Nash, destacó su versatilidad y su gran temporada en Duke, donde promedió 19.2 puntos y 7.5 rebotes.

Flagg, de 17 años, impresionó también durante los entrenamientos del Team USA en París. Fue el primer universitario en una década en unirse al Select Team, y mostró carácter frente a figuras de la NBA. LeBron subrayó que ese tipo de experiencia lo fortalece rumbo al profesionalismo.

Con leyendas como Anthony Davis, Kyrie Irving, Klay Thompson y Jason Kidd guiándolo, Flagg tendrá un entorno ideal para crecer sin presión inmediata. James, quien debutó en la NBA a los 18 años, aseguró que “le darán todo el plan maestro”. Ese respaldo y estructura podrían convertir a Flagg en el nuevo rostro de la franquicia texana a mediano plazo.

Durante 2024, los gobiernos estatales redujeron en conjunto más de 8 mil millones de pesos al sector salud, uno de los más críticos para la población. Paradójicamente, en el mismo año duplicaron el gasto en comunicación y promoción oficial. La diferencia en prioridades públicas es clara, y también alarmante.

Con un presupuesto global que superó los 3 billones de pesos, los estados tuvieron margen para decidir. Sin embargo, se destinó más dinero a campañas de imagen que al mantenimiento o mejora de hospitales. En al menos cinco entidades, el aumento en propaganda fue superior al mil por ciento respecto a lo aprobado originalmente.

Además, el pago de deuda superó a la inversión en obra pública, con más de 160 mil millones de pesos destinados al servicio de pasivos. Mientras tanto, las promesas de infraestructura se diluyen entre compromisos financieros crecientes y decisiones opacas que poco responden a necesidades ciudadanas urgentes.

Hoy la pregunta no es cuánto gastan los gobiernos, sino en qué y por qué. La salud quedó rezagada, y no por falta de recursos, sino por decisiones políticas. Como ciudadanía, urge mirar de cerca los presupuestos estatales, exigir prioridades claras y participar en la discusión sobre lo que realmente necesitamos.