Hace apenas un año, América Latina parecía teñida de rojo. Gobiernos de izquierda ocupaban el poder en México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y otros países. Hoy, la oleada se despinta. En Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia, el péndulo gira hacia la derecha; en Colombia y Chile, Gustavo Petro y Gabriel Boric cierran su mandato con índices de aprobación críticos. Solo López Obrador conserva fuerza al final de su ciclo.

El desgaste tiene explicación económica y emocional. Los gobiernos progresistas lograron redistribuir riqueza, pero no expandirla. Mejoraron la vida de millones, pero con un “pastel” que dejó de crecer. Los límites fiscales, la inflación y la fuga de capitales minaron los logros iniciales. Aun con subsidios y aumentos salariales, el estancamiento económico y la inseguridad cotidiana erosionaron la confianza popular.

El gran dilema de la izquierda regional sigue siendo reconciliar justicia social con crecimiento sostenido. Sin inversión ni empleo, la redistribución se vuelve insostenible. Esa fatiga económica y simbólica ha abierto espacio para nuevos populismos “inversos”: líderes de derecha que capitalizan la frustración y la rabia, apropiándose del lenguaje del descontento que antes pertenecía a la izquierda.

La paradoja es que los votantes que exigieron igualdad ahora buscan estabilidad, aunque venga envuelta en autoritarismo. La oleada roja no ha desaparecido, pero enfrenta su límite más profundo: el de las expectativas que no logró cumplir, y la urgencia de reinventarse para no volverse parte del desencanto que prometió transformar.

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la “guerra contra el narcotráfico” implementada por Felipe Calderón “fue lo que llevó la violencia a Michoacán”. Durante su conferencia matutina, defendió su estrategia de seguridad y descartó cualquier intento de militarización como respuesta a la crisis.

Sheinbaum subrayó que su gobierno combate la violencia con atención a las causas, inteligencia y justicia, no con “guerra ni ejecuciones extrajudiciales”. Aseguró que reforzará la presencia federal en Michoacán y otros estados, con cero impunidad y sin replicar los errores del pasado. “Esa guerra no funcionó; solo generó más sangre”, enfatizó.

Sobre la relación con Estados Unidos, la mandataria dijo que México acepta cooperación en información e inteligencia, pero no intervención extranjera. “La paz se construye con justicia social y un sistema judicial fuerte”, sostuvo, al destacar los cambios recientes en el Poder Judicial.

Durante octubre, México registró la creación de 198 mil 454 empleos formales, alcanzando un total de 22 millones 639 mil 50 trabajadores afiliados al IMSS, informó el director del instituto, Zoé Robledo Aburto. La cifra representa el segundo mejor desempeño en una década, destacó el funcionario durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Robledo señaló que, en lo que va del año, se han generado 400 mil 671 nuevos puestos laborales, lo que equivale a un crecimiento del 1.8 por ciento. Además, indicó que las estadísticas aún no contemplan empleos creados a través de plataformas digitales, por lo que el aumento real podría ser mayor.

El titular del IMSS subrayó que 9 millones 195 mil 810 trabajadoras representan el 40.6 por ciento del total de afiliaciones. En 2025, este sector ha ocupado más de 100 mil nuevos puestos. El salario base promedio alcanzó 623.5 pesos diarios, un incremento anual del 7.4 por ciento.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo fracturó el relato de control que el Gobierno federal había tejido en materia de seguridad. En Michoacán, la violencia no se mide ya en balas, sino en la captura silenciosa de economías locales por parte del crimen organizado. Los cárteles han mutado: del narcotráfico pasaron a la extorsión, y de ahí a un modelo económico que sustituye al Estado.

Los grupos criminales como Los Viagra cobran cuotas, controlan los días de cosecha y se presentan como “proveedores” de insumos agrícolas. En regiones como Tierra Caliente, ya no solo imponen miedo: regulan mercados, fijan precios y definen quién puede trabajar. Las víctimas rara vez denuncian; la autoridad, sin información, presume estabilidad. Pero esa “tranquilidad” estadística esconde sometimiento.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que los delitos de alto impacto disminuyen, aunque el fenómeno extorsivo crece en silencio. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha construido su discurso sobre datos favorables, pero Michoacán desmonta esa narrativa: los criminales han suplantado al Estado en sus funciones básicas, cobrando impuestos y aplicando su propia fuerza pública.

La crisis exhibe la fragilidad del modelo que privilegia las cifras sobre el control territorial. Mientras el Ejecutivo celebra la baja de homicidios, los grupos armados avanzan en la economía cotidiana. En Michoacán, las estadísticas son irrelevantes: la violencia ya no se libra en las calles, sino en los precios del limón, en las cuotas, en el miedo.

El veto de Donald Trump al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el encarecimiento de la deuda pública y la caída del PIB en 0.3% encendieron las alarmas económicas y ofrecieron a la oposición una inesperada ventana de desgaste para el Gobierno. En una misma semana, los nubarrones financieros se acumularon y revivieron el debate sobre los costos del modelo económico de la 4T.

El golpe al AIFA es simbólico: el proyecto emblema de López Obrador y bandera de continuidad de Claudia Sheinbaum enfrenta su primer veto internacional. Washington canceló 13 rutas aéreas hacia Estados Unidos por presuntas violaciones al acuerdo bilateral de 2015. La medida afecta a Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, y frena la expansión del aeropuerto que, de los 20 millones de pasajeros prometidos, apenas mueve seis millones al año.

Al mismo tiempo, el costo financiero de la deuda pública alcanzó su nivel más alto en casi una década: 1.6 billones de pesos solo en intereses, más que el presupuesto conjunto de salud, educación e infraestructura. Desde Hacienda, Édgar Amador insiste en que la deuda total se mantiene estable, pero reconoce que los mayores tipos de interés y la caída del peso han encarecido su servicio.

El retroceso del PIB refuerza la sensación de estancamiento. Aunque el Gobierno sostiene que el impacto está “focalizado”, los analistas advierten una pérdida de impulso en manufactura, inversión y empleo formal. Si la economía no rebota en diciembre, el relato de “resiliencia” podría ser el primer frente de vulnerabilidad política para el sexenio.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que Estados Unidos suspendió indefinidamente las solicitudes para nuevas rutas y frecuencias de vuelo desde el AIFA y el AICM, como parte de las restricciones emitidas por el Departamento de Transporte.

La dependencia explicó que el gobierno estadounidense abrió un periodo de comentarios hasta el 11 de noviembre, y siete días más para réplicas. Si la medida se confirma, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles después. Mientras tanto, continuarán las mesas de trabajo con aerolíneas y organismos del sector.

El Frente por la Defensa de la Aviación Nacional y asociaciones de pilotos, sobrecargos y controladores advirtieron que la decisión pone en riesgo la conectividad aérea y estabilidad de la industria nacional. En tanto, Volaris y VivaAerobus buscan alternativas para pasajeros afectados, mientras sus acciones en bolsa registraron caídas tras el anuncio.

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, anunció la cancelación de 13 rutas aéreas operadas por Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, además de suspender temporalmente los vuelos de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia ese país. La medida llega a días del inicio de la temporada vacacional de fin de año.

El Departamento de Transporte estadounidense argumentó que la decisión responde a las restricciones impuestas por México desde 2023, cuando se ordenó trasladar los vuelos de carga al AIFA y reducir operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Consideró que esas acciones afectaron los derechos de aerolíneas estadounidenses para competir en igualdad de condiciones.

La línea más afectada es VivaAerobus, que perderá nueve rutas desde el AIFA. Analistas señalaron que la medida impactará la conectividad aérea y el empleo, y podría tensar la relación bilateral en materia comercial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el aplazamiento de los nuevos aranceles de 30 por ciento a las importaciones procedentes de México. Desde el Air Force One, el mandatario destacó su buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que el comercio bilateral “va muy bien”. Las tarifas estaban programadas para aplicarse a partir del 1º de noviembre.

Trump explicó que la decisión se tomó tras una llamada telefónica con Sheinbaum el fin de semana. El aplazamiento permitirá continuar las negociaciones sobre 54 barreras no arancelarias que México busca eliminar para equilibrar el intercambio comercial. “Nos está yendo bien con México; están pagando mucho dinero en aranceles”, reiteró el presidente estadounidense.

Por su parte, Sheinbaum confirmó que las conversaciones con Washington también abarcan temas migratorios y de seguridad. La mandataria señaló que los avances en la agenda bilateral permitirán cerrar un acuerdo comercial “en las próximas semanas”.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisar con el gobierno de Estados Unidos los protocolos de operación en aguas internacionales cercanas a México, luego de los recientes ataques de autoridades estadounidenses a presuntas “narcolanchas”.

Sheinbaum instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a reunirse con el embajador estadounidense para establecer nuevas reglas de cooperación marítima, que eviten incidentes y posibles violaciones a la soberanía nacional. La propuesta mexicana busca mejorar la coordinación bilateral en el combate al crimen organizado.

El planteamiento del gobierno federal consiste en que, cuando las presuntas embarcaciones del narcotráfico se encuentren cerca del límite marítimo mexicano, se implemente una operación conjunta entre la Marina de México y autoridades estadounidenses, permitiendo la detención directa de tripulantes en lugar de ataques unilaterales.

Productores de maíz del Bajío retomaron anoche el diálogo con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación, tras varios días de bloqueos carreteros en distintos estados. En la reunión con el titular de Sader, Julio Berdegué, y el subsecretario César Yáñez, plantearon cuatro demandas centrales para definir un precio justo del grano.

Los agricultores piden que el gobierno no oficialice el precio base de 5 mil 200 pesos por tonelada, planteado por la Sader, y solicitan fungir como intermediario con la industria para garantizar una tarifa equitativa. También exigen elevar el apoyo gubernamental de 850 a mil pesos por tonelada y establecer mesas permanentes de trabajo sobre las reglas de operación.

Como muestra de buena voluntad, liberaron parcialmente algunos bloqueos carreteros y anunciaron una tregua temporal. Sin embargo, advirtieron que, si no hay acuerdos en los próximos días, reanudarán las movilizaciones y podrían escalar las protestas a nivel nacional.