Tras una noche de intensos bombardeos, las fuerzas israelíes iniciaron una incursión terrestre en Ciudad de Gaza con el objetivo de derrotar a Hamás y liberar rehenes. La operación, que involucra a tres divisiones, provocó un éxodo masivo de palestinos hacia el sur y dejó más de veinte muertos en las primeras horas, según autoridades locales.

Israel argumenta que la ofensiva busca impedir el reagrupamiento de militantes, aunque la ONU denunció posibles crímenes de genocidio. Hamás rechazó las acusaciones militares y advirtió que la incursión incrementará la catástrofe humanitaria. Mientras tanto, la comunidad internacional se muestra dividida: Reino Unido y Alemania condenaron el asalto, mientras familiares de rehenes en Israel protestan por el riesgo que implica para sus vidas.

La ofensiva refuerza la percepción de un conflicto prolongado, donde la seguridad de los rehenes, el sufrimiento civil y la legitimidad de los objetivos militares siguen en disputa. La guerra, lejos de resolverse, parece encaminarse a una nueva fase de devastación.

Más de mil 400 figuras del cine mundial, entre ellas Gael García Bernal, Javier Bardem, Tilda Swinton y Mark Ruffalo, anunciaron que no colaborarán con instituciones o empresas israelíes que consideren implicadas en “genocidio y apartheid” contra el pueblo palestino. El compromiso fue difundido por Film Workers for Palestine y recuerda la postura de cineastas que rechazaron el apartheid en Sudáfrica.

El texto subraya que la Corte Internacional de Justicia ha señalado un “riesgo plausible de genocidio” en Gaza, y pide a la industria cinematográfica asumir un rol activo frente a la crisis humanitaria. Entre los firmantes también figuran Olivia Colman, Ava DuVernay y Yorgos Lanthimos, quienes remarcan que el boicot es contra instituciones, no contra individuos israelíes.

La iniciativa refleja un punto de quiebre cultural: ¿puede el arte mantenerse neutral frente a violaciones de derechos humanos? Los firmantes sostienen que el cine es un vehículo de memoria y conciencia, y que callar equivale a normalizar la violencia. En tiempos de polarización, esta acción plantea una incómoda pregunta sobre hasta dónde llega la responsabilidad ética del creador frente a las tragedias colectivas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió a la población de Ciudad de Gaza abandonar la zona de inmediato, en medio de una ofensiva militar que ya derribó cincuenta edificios considerados “torres terroristas”. Según el mandatario, se trata apenas del inicio de una maniobra terrestre de gran escala.

El Ejército de Israel concentra fuerzas alrededor de la ciudad, mientras la comunidad internacional advierte sobre las consecuencias humanitarias de la operación. La decisión se enmarca en un plan aprobado en agosto para ocupar la localidad y trasladar a sus habitantes hacia el sur del enclave palestino.

Con cerca de un millón de personas refugiadas en Gaza, muchas de ellas desplazadas previamente por la guerra, la advertencia profundiza la crisis humanitaria. El dilema para la región es claro: seguridad frente a derechos humanos, una tensión que podría definir el futuro político de Medio Oriente.

El doble bombardeo israelí contra el hospital Naser, en el sur de Gaza, dejó al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas, y provocó una ola de condenas internacionales. La ONU y organizaciones humanitarias exigieron una investigación inmediata y recordaron que atacar instalaciones médicas y a rescatistas constituye una violación del derecho internacional humanitario.

Gobiernos europeos, como el de España, Francia y Reino Unido, calificaron el ataque de intolerable y exigieron un alto al fuego inmediato. Desde Bruselas, la Unión Europea pidió a Israel cesar la práctica de atacar a periodistas y personal sanitario, mientras que Reporteros Sin Fronteras solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Las críticas también apuntaron a la impunidad en que han quedado ataques similares en el pasado. Mientras Israel habló de un “trágico accidente”, la comunidad internacional insiste en que el respeto a los civiles y la protección de informadores y médicos son condiciones ineludibles para cualquier salida política al conflicto.

El ejército israelí inició una ofensiva terrestre para ocupar la Ciudad de Gaza, donde viven más de un millón de personas. Tras varios días de intensos bombardeos y artillería, tropas se establecieron en las afueras de la urbe, obligando a cientos de palestinos de barrios como Zeitoun y Sabra a huir hacia zonas del noroeste.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró su llamado a un alto el fuego inmediato, advirtiendo que la operación causará “inevitablemente” más muertes y destrucción. Sin embargo, Israel insiste en avanzar con su plan de control total pese a la presión internacional y las críticas a la magnitud de la ofensiva.

El éxodo de familias palestinas refleja la crudeza de un conflicto que parece no tener freno. La tensión entre los objetivos militares de Tel Aviv y la necesidad humanitaria de proteger civiles revela, otra vez, la distancia entre la política de guerra y el derecho a la vida.

Un millón de personas se manifestaron en Israel para exigir el fin de la guerra en Gaza y la liberación de rehenes, en la protesta más grande desde el inicio del conflicto. Las marchas se extendieron por todo el país, desde Tel Aviv hasta Jerusalén, con familias de cautivos denunciando la negativa del gobierno a negociar con Hamas.

La presión social se intensificó con bloqueos de carreteras y concentraciones frente a residencias oficiales. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que detener la guerra sin derrotar a Hamas fortalecería al grupo islamista. Ministros de su gabinete calificaron las protestas de “perjudiciales” y acusaron a los manifestantes de debilitar al país frente a sus enemigos.

El contraste entre las demandas ciudadanas y la línea dura del gobierno refleja una fractura interna. Mientras la población exige vida y acuerdos, el liderazgo insiste en la fuerza militar. La pregunta que queda abierta es cuántas vidas más deberán sacrificarse antes de que prevalezca el diálogo sobre la violencia.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que su gobierno “autorizará” a los palestinos de Gaza a abandonar el territorio, en medio de preparativos para una ofensiva militar más amplia. Aseguró que no se trata de una expulsión, sino de ofrecer la opción de marcharse de zonas de combate y, en general, del enclave, comparando la medida con desplazamientos ocurridos en Siria, Ucrania y Afganistán.

La declaración se produce tras el anuncio de Egipto de reactivar las negociaciones para una tregua de 60 días entre Israel y Hamás. Para muchos palestinos, cualquier medida de este tipo evoca la “Nakba” de 1948, cuando cientos de miles fueron desplazados. Netanyahu respaldó previamente la propuesta de Donald Trump de reubicar a la población gazatí en Egipto y Jordania.

En paralelo, una delegación de Hamás viajó a El Cairo para reunirse con mediadores de Egipto, Catar y Estados Unidos. Desde el inicio del conflicto en 2023, los ataques han dejado miles de muertos, en su mayoría civiles, y los esfuerzos diplomáticos no han logrado consolidar una paz duradera.

El gabinete de seguridad de Israel aprobó este viernes el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para ocupar militarmente la Ciudad de Gaza y, con ello, la totalidad de la Franja. El comunicado oficial indica que las Fuerzas de Defensa de Israel se prepararán para tomar control del área mientras proveen ayuda humanitaria a la población fuera de las zonas de combate.

La ONU reaccionó con rechazo inmediato, advirtiendo que la expansión de las operaciones militares podría tener consecuencias catastróficas para civiles palestinos y rehenes israelíes. El plan contempla el desarme de Hamás, la devolución de todos los rehenes, la desmilitarización de Gaza, el control de seguridad israelí y la instauración de un gobierno civil ajeno tanto a Hamás como a la Autoridad Palestina.

Esta decisión, discutida durante horas en el gabinete de seguridad, confirma lo anticipado por Netanyahu y abre un nuevo capítulo de tensión en el prolongado conflicto.

Aunque Israel anunció una “pausa humanitaria”, al menos 63 palestinos fueron asesinados en 24 horas, muchos mientras buscaban alimentos. Tel Aviv aseguró que permitiría el ingreso de ayuda y que suspendería operaciones militares por 10 horas diarias. Sin embargo, los ataques continuaron.

Cientos de personas recorren Gaza entre ruinas, cargando sacos de ayuda como si llevaran esperanza en la espalda. Jordania y Emiratos lanzaron 25 toneladas de suministros, pero la hambruna persiste. Desde octubre de 2023, más de 59 mil personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños.

ONGs denuncian un colapso total del sistema de salud. Naciones Unidas advirtió que un tercio de la población no ha comido en días. Mientras tanto, el ministro israelí Itamar Ben-Gvir exige expulsiones masivas. Hamas acusa a Netanyahu de manipular la ayuda como estrategia de imagen internacional. La ayuda llega tarde. El sufrimiento no se detiene.

En el sexto día de conflicto abierto con Israel, el ayatolá Ali Jamenei aseguró que Irán “nunca se rendirá” ni ante una guerra ni ante una paz impuesta. El mensaje fue transmitido en cadena nacional desde Teherán.

El líder iraní advirtió que cualquier intervención militar directa de Estados Unidos provocaría “daños irreparables”. La tensión aumenta mientras persisten los intercambios de misiles entre ambas naciones y el riesgo de expansión regional del conflicto crece.

El tono desafiante eleva el costo diplomático y militar de cualquier acción futura. En una zona marcada por décadas de violencia, la firmeza sin negociación sólo conduce a nuevos callejones sin salida.