El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se alista un decreto de conmoción exterior para enfrentar la amenaza de una posible agresión de Estados Unidos. La medida, prevista en el artículo 388 de la Constitución, habilita acciones extraordinarias en caso de conflicto externo que ponga en riesgo la seguridad nacional. El Consejo de Estado permanece en sesión permanente y evalúa nuevas disposiciones.

Durante una movilización en Caracas, miles de milicianos y efectivos militares marcharon en respaldo al mandatario. Autoridades como la alcaldesa Carmen Meléndez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacaron que el pueblo armado se encuentra preparado para resistir cualquier intento de incursión extranjera, asegurando que la capital será defendida “a toda costa”.

La tensión se incrementa tras el despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe sur. En este escenario, la confrontación entre Washington y Caracas abre un nuevo capítulo de incertidumbre regional, donde el riesgo de escalada bélica amenaza con alterar la frágil estabilidad latinoamericana. El dilema persiste: ¿defensa soberana o pretexto para profundizar la polarización?

El Estadio State Farm de Arizona se llenó con más de 73 mil asistentes para despedir a Charlie Kirk, activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre. La ceremonia, organizada como un gran homenaje, incluyó música evangélica, gaiteros y un escenario monumental con la imagen del líder de Turning Point, cuya influencia en el conservadurismo estadounidense creció desde muy joven.

Donald Trump encabezó la ceremonia acompañado de miembros de su gabinete, calificando a Kirk como “un gran hombre” y asegurando que el tributo buscaba celebrar su vida. El Departamento de Seguridad Nacional elevó al máximo las medidas de seguridad, ante la expectativa de que más de 100 mil personas se sumaran al acto.

La despedida reflejó la fuerza simbólica de un movimiento conservador que moviliza multitudes, pero también la persistente polarización en Estados Unidos. En torno a su figura, se reavivan debates sobre la radicalización de discursos y el futuro político del país.

La Casa Blanca anunció que iniciará investigaciones contra grupos y personas de izquierda, a quienes acusa de incitar violencia tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Donald Trump, junto con sus asesores más cercanos, prometió usar al Departamento de Justicia y al de Seguridad Interna para “desmantelar” estas redes, e incluso mencionó como objetivos a fundaciones como Open Society y Ford.

Aunque el atacante de Kirk no pertenece a movimientos progresistas, la administración republicana ha impulsado una narrativa que responsabiliza a la izquierda radical. Expertos advierten que se trata de un retorno al macartismo y a la represión de los años 50 y 60, cuando se criminalizó a voces críticas y académicas vinculadas a derechos civiles.

Universidades, medios y organizaciones filantrópicas ya denuncian intimidación y listas negras. El riesgo es que, bajo la bandera de la seguridad, se erosione la libertad de expresión y se asiente un precedente de persecución política en Estados Unidos.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela escalaron luego de que Donald Trump confirmara un segundo ataque en aguas internacionales contra supuestos “narcoterroristas venezolanos”. El republicano aseguró que la operación dejó tres muertos y mostró un video del bombardeo como prueba. Minutos antes, Nicolás Maduro acusaba a Washington de preparar una “agresión militar” y anunciaba la ruptura de comunicaciones bilaterales.

Caracas denunció que estas acciones forman parte de un plan de desestabilización bajo el pretexto de la lucha antidrogas. El Gobierno venezolano desplegó más de dos millones de militares y milicianos dentro del llamado Plan Independencia 200, mientras acusa a países vecinos como Trinidad y Tobago de colaborar con Washington. La oposición interna observa con cautela los movimientos militares.

La escalada revive temores de un enfrentamiento abierto en el Caribe. Si la ofensiva estadounidense se amplía y la respuesta venezolana se endurece, la región podría entrar en una dinámica peligrosa que ponga a prueba la estabilidad continental.

Un inmigrante mexicano indocumentado murió tras recibir un disparo de un agente de ICE durante un operativo en Franklin Park, suburbio latino de Chicago. La víctima, Silverio Villegas González, de 38 años y originario de Michoacán, fue alcanzada cuando intentaba huir en auto y arrastró a un oficial que resultó herido. El consulado mexicano confirmó su identidad y pidió esclarecer el caso.

El gobierno federal defendió la actuación del agente, enmarcada en la “Operación Midway Blitz” impulsada por Donald Trump contra inmigrantes en Illinois. Sin embargo, autoridades locales y defensores de migrantes denunciaron un uso excesivo de fuerza y exigieron transparencia. “Estas tácticas han hecho que uno de los miembros de nuestra comunidad pierda la vida”, señaló la representante Norma Hernández.

El incidente se da en un contexto de tensiones por la política migratoria en Estados Unidos. La militarización de los operativos no solo erosiona la confianza de comunidades enteras, también cuestiona hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad.

Corea del Sur alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para liberar a cientos de sus ciudadanos detenidos en la redada migratoria realizada en una planta de baterías de Hyundai y LG en Georgia. El operativo dejó 475 detenidos, de los cuales alrededor de 300 eran surcoreanos, lo que generó tensiones diplomáticas entre ambos aliados.

El jefe de gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik, confirmó que, una vez concluidos los trámites administrativos, se enviará un avión chárter para repatriar a los trabajadores. El gobierno de Seúl también anunció que revisará el sistema de visados para viajes de negocios y proyectos de inversión, con el fin de evitar incidentes similares.

Aunque la redada paralizó la construcción de la planta, Corea del Sur reafirmó su compromiso de concluir el proyecto. El caso refleja las contradicciones de la política estadounidense: alentar inversiones extranjeras, pero restringir la entrada de trabajadores especializados que hacen posibles esas mismas inversiones.

Los viajes internacionales hacia Estados Unidos han caído un 3.9 % en lo que va de 2025, según Tourism Economics, con una fuerte caída de canadienses, cuyo turismo descendió más del 20 % en lo que va de año. La retórica antimigrante, las tensiones comerciales y las restricciones de viaje han generado un clima de desconfianza que afecta a la industria.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo advirtió que EE.UU. podría perder hasta 12 mil 500 millones de dólares en gasto internacional, mientras las reservas futuras muestran descensos de hasta 43 %. La ocupación hotelera también bajó ligeramente, reflejando un efecto dominó en toda la cadena de valor.

La política dura de Trump busca proyectar fuerza, pero genera costos colaterales: la percepción de un país menos acogedor para turistas. Si la tendencia se mantiene, la economía estadounidense enfrentará pérdidas que abren un debate sobre hasta dónde llega el costo de gobernar con muros, sanciones y amenazas.

Claudia Sheinbaum presentó su primer balance de Gobierno con un nivel de aprobación de 79%, de acuerdo con una encuesta nacional de Enkoll. A casi un año de haber asumido la presidencia, solo el 18% de la población desaprueba su gestión, lo que confirma un respaldo sostenido hacia su administración en amplios sectores sociales.

El estudio, realizado a finales de agosto, muestra que la inseguridad se mantiene como la principal preocupación ciudadana. Sin embargo, la población valora positivamente las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, aunque rechaza con claridad la presencia y operaciones de agentes extranjeros en territorio nacional, lo que refleja un nacionalismo en torno a la seguridad.

El reto para el Gobierno será transformar ese amplio apoyo en resultados concretos en materia de seguridad y justicia. De lo contrario, la popularidad podría erosionarse y abrir un desgaste temprano en el sexenio.

En su primer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que México vive un “momento estelar” frente a las expectativas negativas de organismos internacionales. Desde Palacio Nacional, la mandataria reivindicó su política económica al destacar que el país registra una de las menores tasas de desigualdad en América, con inflación controlada y niveles récord de inversión extranjera. Al mismo tiempo, presumió el fortalecimiento del peso y la estabilidad de la deuda pública.

El discurso también giró hacia el terreno internacional. Anunció encuentros con Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., para construir un marco de seguridad compartida, y con líderes como Mark Carney y Emmanuel Macron para reforzar cooperación comercial y política. La presidenta subrayó que México mantiene el menor promedio arancelario del mundo y que el T-MEC puede renegociarse bajo mejores condiciones. En materia migratoria, destacó el programa “México te abraza”, que ha atendido a 86 mil deportados con servicios de salud, vivienda y empleo.

Sheinbaum hizo un recuento de 19 reformas constitucionales y 40 leyes aprobadas en los primeros meses de su mandato, entre ellas la elección popular de jueces y magistrados, la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena y el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos. Presentó estos cambios como una “actuación patriótica” que blinda la soberanía nacional, limita al neoliberalismo y refuerza derechos sociales.

El informe proyecta una narrativa de fortaleza política y económica, pero también deja abiertas interrogantes: ¿hasta dónde el discurso de estabilidad puede sostenerse frente a la presión de Washington por seguridad y comercio?, ¿qué tan profundas son las transformaciones institucionales más allá de la retórica? La gestión se juega en equilibrar logros internos con un contexto externo cada vez más desafiante.

La historia mexicana está marcada por la pérdida de la mitad de su territorio en 1848 frente a Estados Unidos. Esa memoria colectiva explica la hipersensibilidad nacional a cualquier sugerencia de intervención militar extranjera. Para los mexicanos, cualquier operación unilateral de Washington sería percibida como traición y provocaría un rechazo casi unánime en la sociedad.

El reciente reportaje de The New York Times sobre una orden firmada por Donald Trump para autorizar operaciones militares contra cárteles en América Latina encendió alarmas. La propia presidenta Claudia Sheinbaum respondió con contundencia: “Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Eso está absolutamente descartado”. La defensa de la soberanía es condición de supervivencia política para cualquier mandatario.

El contraste es evidente. Mientras Trump presume de que México hace lo que “se le dice” y destaca la reducción de cruces fronterizos, el gobierno mexicano marca una línea roja infranqueable: la presencia de tropas extranjeras en suelo nacional. La cooperación bilateral se limita al control migratorio, pero no se extiende al terreno militar.

El verdadero reto, sin embargo, sigue siendo interno. Zonas dominadas por cárteles, policías debilitadas y la herencia de la política de “abrazos, no balazos” complican el panorama. La soberanía es irrenunciable, pero también lo es la urgencia de una estrategia eficaz contra el crimen organizado. La pregunta persiste: ¿puede México sostener solo esta batalla sin ceder soberanía ni capacidad frente a los cárteles?