Durante años, los gobiernos prometieron que las Fuerzas Armadas regresarían a sus cuarteles. Pero eso nunca ocurrió. Ni con Calderón, ni con Peña Nieto, ni con López Obrador. Y hoy, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el modelo se consolida: militares en las calles, en aduanas, aeropuertos, hospitales, farmacias, trenes, puertos, construcciones y sistemas de vigilancia digital.

Expertos advierten que las reformas legales recientes han reforzado el poder del Ejército y la Guardia Nacional sin mecanismos reales de control civil. La presidenta ya puede usar a las Fuerzas Armadas sin declarar emergencia, sin filtros del Congreso ni supervisión judicial. Además, se legaliza el rastreo de celulares, el monitoreo de redes y el acceso a datos personales sin orden judicial.

“Pasamos de la militarización fáctica a una legalización total”, advierten especialistas en seguridad. La Guardia Nacional, supuestamente civil, ha operado desde su creación como una extensión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con 67 mil 500 millones de pesos en transferencias civiles durante el sexenio de AMLO, las Fuerzas Armadas nunca fueron auditadas a fondo ni llamadas a rendir cuentas.

A 50 años de la Guerra Sucia, México no tuvo dictaduras como en el Cono Sur, pero hoy se legaliza un nuevo orden: uno en el que el Ejército actúa sin cuarteles y sin límites. La pregunta ya no es si regresarán a los cuarteles. Es si alguna vez tuvieron la intención de hacerlo.

La historia comenzó en 2022, cuando medios nacionales publicaron filtraciones de inteligencia que señalaban a Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad de Tabasco, como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”. La respuesta del entonces presidente López Obrador y su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue descalificar los hallazgos, tachándolos de “chismes” y “fantasías”.

Los informes, provenientes del Centro de Fusión de Inteligencia Sureste —que agrupa a Sedena, Semar, FGR, CNI y otras agencias—, llevaban años advirtiendo sobre vínculos criminales en la cúpula de seguridad tabasqueña. Aun así, Bermúdez fue nombrado por Adán Augusto al frente de la policía estatal en 2019 y se mantuvo en el cargo durante más de cuatro años, pese a la acumulación de evidencias.

La semana pasada, el Ejército confirmó que Bermúdez está prófugo y que pesa sobre él una orden de aprehensión emitida en febrero. Otros colaboradores cercanos también están acusados, incluyendo al presunto líder de “La Barredora”, Daniel Hernández Montejo. Los reportes filtrados revelan incluso audios de criminales que aseguran haber recibido pagos del entonces gobernador por trabajos ilícitos.

Adán Augusto, hoy presidente de la Jucopo en el Senado, no se ha pronunciado sobre el caso. Su silencio contrasta con su defensa vehemente en 2022, cuando calificó las acusaciones como ataques políticos. Lo cierto es que los datos existen, las órdenes judiciales también, y las explicaciones siguen pendientes.

La nueva composición de la Suprema Corte no es un simple relevo institucional. Representa una transformación profunda en el papel del derecho constitucional frente al poder. Hoy, más que nunca, el país necesita una Corte que no responda a redes cerradas, sino a la ciudadanía y a la Constitución.

Críticas recientes han sugerido que la nueva Corte carece de “excelencia técnica”, pero este argumento se apoya en la nostalgia de privilegios pasados. La técnica jurídica no pertenece a élites o despachos influyentes. Se construye en juzgados, con ética, trayectoria y compromiso. La independencia no se mide en salarios, sino en carácter.

Durante décadas, el “prestigio académico” sirvió para excluir y concentrar poder. Democratizar la Corte es abrir espacios a jueces de carrera, defensores públicos y voces regionales. Una Corte plural no debilita la justicia: la enriquece. El desafío está en romper el círculo cerrado de lealtades y recuperar su función pública.

Finalmente, la Corte debe dejar de hablar solo para expertos. El acceso a la justicia también es entenderla. Cada sentencia debe ser clara, transparente y comprensible. Porque solo una justicia que se explica puede aspirar a ser respetada. La legitimidad no se hereda, se construye. Y el reto de esta nueva SCJN apenas comienza.

En respuesta al anuncio de una nueva reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, exconsejeros del IFE e INE, junto a académicos y periodistas, hicieron un llamado a diseñar “reglas del juego democrático” construidas por consenso y con legitimidad de origen. Rechazan cualquier intento de imposición legislativa.

En un pronunciamiento público, señalaron que la actual mayoría en el Congreso se consolidó mediante una “doble maniobra”: sobrerrepresentación en Diputados y presión política en el Senado. Advierten que reformar las leyes electorales en ese contexto compromete la normalidad constitucional y la confianza en las instituciones.

Entre las propuestas, destacan un Congreso más proporcional, con 250 diputados electos por mayoría y 250 por representación proporcional. En el Senado, plantean que todos los escaños se asignen por sistema proporcional. Además, exigen autonomía real, profesionalismo y financiamiento público equitativo, libre de recursos privados o criminales.

Los firmantes —como Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés— insisten en que ninguna reforma debe ser unilateral. La legitimidad del voto, afirman, no nace sólo de las urnas, sino también de las reglas justas, compartidas y aceptadas por todas las fuerzas políticas. Una reforma impuesta, advierten, fracturaría esa legitimidad.En respuesta al anuncio de una nueva reforma electoral por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, exconsejeros del IFE e INE, junto a académicos y periodistas, hicieron un llamado a diseñar “reglas del juego democrático” construidas por consenso y con legitimidad de origen. Rechazan cualquier intento de imposición legislativa.

En un pronunciamiento público, señalaron que la actual mayoría en el Congreso se consolidó mediante una “doble maniobra”: sobrerrepresentación en Diputados y presión política en el Senado. Advierten que reformar las leyes electorales en ese contexto compromete la normalidad constitucional y la confianza en las instituciones.

Entre las propuestas, destacan un Congreso más proporcional, con 250 diputados electos por mayoría y 250 por representación proporcional. En el Senado, plantean que todos los escaños se asignen por sistema proporcional. Además, exigen autonomía real, profesionalismo y financiamiento público equitativo, libre de recursos privados o criminales.

Los firmantes —como Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Leonardo Valdés— insisten en que ninguna reforma debe ser unilateral. La legitimidad del voto, afirman, no nace sólo de las urnas, sino también de las reglas justas, compartidas y aceptadas por todas las fuerzas políticas. Una reforma impuesta, advierten, fracturaría esa legitimidad.

El conflicto entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego ha escalado. La presidenta exige el pago de 74 mil millones de pesos que Grupo Salinas adeuda al SAT, y condena las expresiones misóginas del empresario. “No se puede tratar así a ninguna mujer”, declaró tras ataques a periodistas y funcionarias.

Mientras Sheinbaum respalda a voces como Sabina Berman, Vanessa Romero y Denise Dresser —aunque no coincida con ellas políticamente—, el dueño de TV Azteca insiste en que lo usan como “distractor”. La mandataria ha respondido con claridad: ningún tribunal le ha dado la razón, sólo ha postergado el pago desde hace más de 16 años.

El conflicto tiene historia. Inició en tiempos de AMLO, cuando Salinas Pliego pasó de aliado a adversario. Pese a intentos del expresidente por llegar a un acuerdo fiscal con quitas legales, el empresario rechazó todo pacto. Hoy, la deuda sigue viva y el empresario redobla su campaña mediática y legal contra el gobierno.

Pero Sheinbaum no solo exige cuentas fiscales, también impone un límite ético. “Es mi deber como primera mujer presidenta defender a las mujeres”, dijo. El caso ha reabierto debates sobre evasión fiscal, privilegios empresariales y violencia digital. La pregunta de fondo sigue en el aire: ¿Puede el poder económico estar por encima del Estado y del respeto?

En su informe más reciente, la ONU denunció a Orbia Advance Corporation como una de las empresas que lucran con el genocidio en Gaza. La firma mexicana, antes conocida como Mexichem y controlada por la familia Del Valle, aparece vinculada a operaciones que benefician directamente la expansión territorial israelí a través de su filial Netafim.

Netafim, especializada en sistemas de riego, opera en Cisjordania bajo una imagen de sostenibilidad, pero según la relatora Francesca Albanese, su tecnología ha sido usada para agotar recursos naturales palestinos y desplazar comunidades. En el Valle del Jordán, 93% de las tierras agrícolas palestinas no tienen acceso a irrigación, mientras los cultivos israelíes crecen con apoyo técnico y político.

Orbia presume presencia en más de 100 países y centros estratégicos en Tel Aviv, Ciudad de México y Boston. La empresa forma parte de Kaluz, uno de los conglomerados más poderosos del país. Su consejo está liderado por Juan Pablo del Valle y respaldado por una red empresarial que incluye banco, cementeras, aseguradoras y fondos de inversión.

El señalamiento internacional llega en un contexto de creciente escrutinio hacia empresas que operan en territorios ocupados. La ONU sostiene que colaborar con la ocupación no es neutralidad, sino complicidad. Hasta ahora, Orbia no ha respondido. El silencio empresarial contrasta con la evidencia: infraestructura, lucro y presencia activa donde se comete un crimen contra la humanidad.

Un juez federal de Nueva Hampshire emitió una orden preliminar para suspender temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca negar la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas migrantes en situación irregular o temporal. La decisión abre una ventana crítica mientras avanza el litigio.

La demanda colectiva, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones, representa a bebés nacidos en EE.UU. y a sus familias, quienes advierten que la orden viola la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.

Aunque el gobierno argumenta que los hijos de personas “no sujetas a jurisdicción” pueden ser excluidos, el juez Joseph LaPlante consideró esta postura poco convincente. Señaló que negar la ciudadanía constituye un daño irreparable y que la Constitución protege claramente a los nacidos en el país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Organizaciones como CASA y ACLU han reiterado que seguirán luchando en tribunales para impedir que esta medida entre en vigor. En palabras de una demandante: “No quiero que mi hijo viva con miedo ni sea un objetivo de la política migratoria”. La decisión judicial frena, por ahora, uno de los intentos más agresivos del trumpismo por redefinir el derecho a pertenecer.

La red de corrupción revelada por el caso Pegasus confirma una verdad que incomoda: el Estado mexicano ha utilizado tecnologías de espionaje para vigilar a quienes denuncian abusos del poder. Durante el sexenio de Peña Nieto y bajo su supuesta dirección, el malware Pegasus fue empleado para intervenir comunicaciones de periodistas, activistas e incluso funcionarios.

Organizaciones como ARTICLE 19, R3D y SocialTIC han exigido una investigación independiente, exhaustiva y pública sobre estos hechos. Señalan que el software espía fue utilizado no solo en el gobierno de Peña Nieto, sino también durante el actual sexenio por el Ejército mexicano. Denuncian que se espió a defensoras de derechos humanos y periodistas, y que estas prácticas han sido normalizadas y encubiertas por instituciones civiles y militares. Exigen justicia, transparencia y garantías de no repetición.

El escándalo no se limita al pasado. Investigaciones recientes documentan que el Ejército mexicano continuó usando Pegasus en 2019 para espiar a voces críticas, mientras las empresas implicadas seguían operando bajo la misma lógica: control, silencio y beneficio privado. Hoy, con nuevas leyes que amplían la vigilancia estatal sin controles efectivos, el riesgo democrático se profundiza.

Pero el espionaje no es un fenómeno aislado. Se inserta en una estructura más amplia de poder: la del narco como extensión informal del Estado y del capitalismo. Bajo una estética de rebeldía y cultura popular, el narcotráfico opera como una fuerza de control empresarial, necropolítica y extractiva. No libera territorios, los monetiza. No desafía al poder, lo imita y lo sirve.

Confundir folclore con resistencia es funcional al sistema. El narco, como el espionaje ilegal, no es enemigo del orden: es su reflejo más brutal. Donde el Estado no quiere aparecer, subcontrata violencia. Donde la ley se retira, manda la lógica del capital armado. Lo llamamos crimen, pero es estructura. Y el silencio institucional es parte del guion.

Nos vendieron al narco como identidad del pueblo, como resistencia desde la pobreza. Pero no es ni folclore ni rebeldía: es capitalismo armado. Opera como un modelo de acumulación por despojo, con estética popular y lógica empresarial. Su objetivo no es liberar territorios, sino monetizarlos, y su violencia no es justicia, es disciplina.

El corrido tumbado, la troca blindada y la santa muerte no son símbolos de emancipación. Son la máscara de una maquinaria extractiva, necropolítica y profundamente colonial. El narco no es antiestado: es su prolongación informal, su brazo sucio. Donde el Estado no quiere ensuciarse, subcontrata la muerte.

En muchos territorios, el patrón es quien impone reglas. El narco reproduce el poder que aparenta desafiar: aspira a mandar, poseer y matar. No es enemigo del sistema, es su espejo más brutal. Su cultura de lujo, armas y sometimiento no es identidad popular, es el deseo del poder hecho espectáculo.

Confundir violencia con justicia es funcional al orden. Confundir corridos con resistencia, también. El narco no es lo otro del sistema: es su fantasía sucia, operando con estética de pueblo y objetivos de élite. Desarmar su discurso es un paso urgente para desactivar la cultura que normaliza el control por medio del miedo.

Con más de 120 mil millones de dólares en pasivos acumulados, Pemex se mantiene como la petrolera más endeudada del mundo. La administración de Claudia Sheinbaum ha anunciado un plan urgente para refinanciar parte de esa carga mediante créditos internacionales y esquemas de factoraje. El objetivo inmediato es cubrir adeudos con proveedores, estimados en 20 mil millones de dólares.

La estrategia incluye negociaciones con el Banco Mundial, bancos comerciales y organismos multilaterales, además de una reestructura operativa interna. Esto contempla la reducción de filiales, ajustes administrativos y la implementación de un nuevo régimen fiscal, con el que se busca ahorrar hasta 50 mil millones de pesos. El gobierno busca, además, evitar un colapso de flujo en la cadena de suministro de Pemex.

Esta intervención financiera se perfila como el primer paso de una hoja de ruta más amplia que se extiende hasta 2040. La meta, según la presidencia, es transformar a Pemex en una empresa eficiente, viable y alineada con los nuevos modelos energéticos. Sin embargo, especialistas advierten que el tiempo juega en contra y que el respaldo gubernamental no puede ser indefinido.

Pemex ha sido históricamente una empresa clave para las finanzas públicas mexicanas, pero su peso también ha sido una carga. Esta nueva etapa de rescate no solo es una maniobra económica: es una apuesta política de largo plazo que definirá buena parte del sexenio entrante.