La nueva CURP biométrica va mucho más allá de una simple clave de identidad. Con huellas, fotografía, escaneo de iris, nacionalidad y datos personales, el registro se convertirá en una ficha digital completa y centralizada. Lo más alarmante: será obligatoria para todo tipo de trámite, público y privado.

La reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados con 324 votos a favor. Según la ley, la CURP biométrica será indispensable para acceder a servicios de salud, bancos, transporte, registros telefónicos o vehiculares. Esto implica que ningún ciudadano podrá vivir fuera del sistema sin quedar bloqueado.

Toda esta información será almacenada y monitoreada en tiempo real por el CNI (antes CISEN), a través de la Plataforma Única de Identidad. Gobernación, la SSPC y la Guardia Nacional podrán acceder sin previo aviso. Tú no sabrás si alguien te está buscando: todo queda reservado como asunto de “seguridad nacional”.

El gobierno asegura que esta medida es para agilizar trámites y mejorar la seguridad. Pero el riesgo es evidente: vigilancia sin transparencia, acceso sin controles y privacidad anulada. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a entregar todos nuestros datos para poder existir legalmente?

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció la suspensión del impuesto del 3% a las grandes tecnológicas estadounidenses, como Amazon, Apple y Google, que iba a entrar en vigor el 30 de junio. La decisión se produce tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles y suspender las negociaciones comerciales con Canadá.

Trump calificó la tasa digital como un “ataque directo y flagrante” a Estados Unidos y advirtió que anunciaría medidas arancelarias en los próximos días si Ottawa no reconsideraba su postura. La presión llevó al gobierno canadiense a retirar la medida y buscar reanudar las conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo comercial antes del 21 de julio.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha adoptado una política comercial agresiva, imponiendo aranceles al acero, aluminio y automóviles, lo que ha generado tensiones con socios tradicionales como Canadá. La retirada de la tasa digital por parte de Ottawa refleja la influencia de Washington en las decisiones económicas de sus aliados.
elpais.com

Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad de los países para implementar políticas fiscales soberanas frente a presiones externas. ¿Hasta qué punto puede un aliado estratégico mantener su autonomía económica cuando enfrenta amenazas comerciales de su principal socio? La respuesta, por ahora, parece depender del equilibrio entre intereses nacionales y relaciones bilaterales.

Elon Musk lanzó una dura crítica al megaproyecto presupuestal promovido por Donald Trump, calificándolo como un “desastre” para la economía de EE.UU. Según el magnate, las propuestas del presidente —basadas en recortes fiscales agresivos y aranceles elevados— podrían destruir empleos e inhibir la innovación, especialmente en sectores estratégicos como energía y tecnología.

Para Musk, aumentar impuestos a las importaciones encarecería insumos esenciales y debilitaría las cadenas productivas. “No podemos competir globalmente si ahogamos nuestras propias industrias”, afirmó el CEO de Tesla y SpaceX. La postura rompe con el vínculo pragmático que ambos empresarios mantuvieron en el pasado, y reconfigura la narrativa política del sector tecnológico.

Las declaraciones del empresario llegan en un momento clave, cuando Trump busca consolidar apoyo en el ala empresarial. Musk, que ha ganado influencia en debates sobre inteligencia artificial y transición energética, urgió a diseñar políticas públicas basadas en evidencia científica, eficiencia y sostenibilidad, no en agendas ideológicas o populistas.

Analistas señalan que este desencuentro podría anticipar un realineamiento de intereses entre la élite tecnológica y el poder político en EE.UU. La disputa Musk-Trump no solo refleja diferencias de visión económica, sino también el creciente rol que empresarios de alto perfil juegan en la arena electoral rumbo a 2026. ¿Quién definirá el futuro económico: la política tradicional o el capital innovador?

El gobierno de Estados Unidos ha puesto a tres instituciones financieras mexicanas en la mira por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. Las sanciones del Departamento del Tesoro a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa buscan frenar el flujo financiero que alimenta el comercio ilegal con China. La advertencia llega en un tono de cooperación, pero con un trasfondo contundente.

Aunque Hacienda respondió con revisiones administrativas y sin confirmar delitos, el mensaje es claro: el sistema financiero mexicano debe cerrar filas frente a operaciones sospechosas. Las transferencias hacia empresas chinas no son pruebas definitivas, pero sí señales de alerta que podrían derivar en consecuencias legales, económicas y reputacionales mayores.

Expertos señalan que muchas empresas colaboran involuntariamente en esquemas de lavado. Sin embargo, los señalamientos obligan a la banca mexicana a revisar sus controles y mecanismos de supervisión. Este episodio, más que castigo, busca prevenir y presionar desde la diplomacia financiera. Y no es la primera vez que sucede.

La estrategia estadounidense es clara: cortar el suministro económico al crimen organizado en todos los niveles. El fentanilo, con miles de muertes a cuestas, justifica estas acciones en el discurso oficial. Lo preocupante es si México solo reacciona ante presiones externas o si asumirá el liderazgo de una fiscalización efectiva. ¿Podemos confiar en que se investigue a fondo y no quede solo en advertencias? La ciudadanía también debe vigilar qué se hace —o se deja de hacer— tras estos señalamientos.

La reciente reforma a la Guardia Nacional, aprobada por Morena y aliados, transforma su estructura al alinearla con la del Ejército. Entre los cambios destacan la autorización para realizar operaciones encubiertas, el uso de identidades simuladas y la posibilidad de intervenir comunicaciones, bajo orden judicial. La promesa original de un mando civil parece desdibujarse.

Los partidos de oposición alertaron sobre un riesgo de militarización, recordando que la Suprema Corte ya había restringido estas funciones en 2023 por posibles violaciones a derechos humanos. La reforma también permite que miembros de la Guardia compitan por cargos públicos, lo que abre el debate sobre la politización de fuerzas armadas.

Aunque Morena insiste en que la estrategia responde a un modelo civil, el mando operativo quedará en manos de Sedena, y el comandante será propuesto por su titular. A esto se suma que la nueva ley permite a la Guardia intervenir en delitos ambientales, ampliar sus tareas e integrar formación con enfoque de género y derechos humanos.

Más allá de los detalles técnicos, el fondo de esta reforma exige una discusión amplia. ¿Qué implica darle atribuciones militares a una institución con tareas civiles? ¿Cómo se equilibra seguridad con libertades? La participación ciudadana y el seguimiento crítico a estas decisiones son indispensables para evitar que el control se normalice sin transparencia ni consenso social.

Durante 2024, los gobiernos estatales redujeron en conjunto más de 8 mil millones de pesos al sector salud, uno de los más críticos para la población. Paradójicamente, en el mismo año duplicaron el gasto en comunicación y promoción oficial. La diferencia en prioridades públicas es clara, y también alarmante.

Con un presupuesto global que superó los 3 billones de pesos, los estados tuvieron margen para decidir. Sin embargo, se destinó más dinero a campañas de imagen que al mantenimiento o mejora de hospitales. En al menos cinco entidades, el aumento en propaganda fue superior al mil por ciento respecto a lo aprobado originalmente.

Además, el pago de deuda superó a la inversión en obra pública, con más de 160 mil millones de pesos destinados al servicio de pasivos. Mientras tanto, las promesas de infraestructura se diluyen entre compromisos financieros crecientes y decisiones opacas que poco responden a necesidades ciudadanas urgentes.

Hoy la pregunta no es cuánto gastan los gobiernos, sino en qué y por qué. La salud quedó rezagada, y no por falta de recursos, sino por decisiones políticas. Como ciudadanía, urge mirar de cerca los presupuestos estatales, exigir prioridades claras y participar en la discusión sobre lo que realmente necesitamos.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a una reforma electoral que, según dijo, se presentará “en su momento”. La propuesta surge luego de acusar al INE de “extralimitarse” por opinar sobre votos presuntamente inválidos en la reciente elección judicial, atribución que, subrayó, corresponde al Tribunal Electoral.

Además del conflicto de atribuciones, la mandataria cuestionó el actuar político de algunos consejeros, al considerar que no buscan defender la voluntad popular, sino frenar decisiones de la llamada Cuarta Transformación. Según Sheinbaum, hay una actitud sistemática de rechazo a toda acción gubernamental por parte de ciertos integrantes del órgano electoral.

La presidenta adelantó que la reforma también abordaría el gasto del INE y de los partidos políticos. Criticó el modelo de representación proporcional, es decir, los llamados “pluris”, al considerar que distorsionan la voluntad popular y alimentan una élite política desconectada de la ciudadanía. Esto, dijo, dará tema a los “comentócratas”.

Este nuevo intento de modificar las reglas del juego político reactiva un debate de alto voltaje: ¿debe el árbitro electoral ser reformado por quien ostenta el poder? La sociedad civil, los partidos y especialistas ya anticipan una discusión intensa. En este escenario, la participación pública será clave para legitimar —o frenar— cualquier cambio. ¿Reforma necesaria o ataque a la autonomía? El debate apenas comienza.

El año 2025 ha sido especialmente intenso en materia económica y política internacional. Entre los principales protagonistas figuran el nuevo presidente de Estados Unidos, China, Ucrania, Israel, Irán, Rusia y, por supuesto, el sistema financiero global.

Una lección que este año ha dejado clara —aunque ya lo intuíamos— es la profunda dependencia de la economía mundial respecto a las decisiones de política económica de Estados Unidos. Esto incluye, en particular, su política monetaria, que afecta directamente la inflación y el crecimiento tanto de su propia economía como de la global.

(Tip: tasas altas implican menor crecimiento y menor inflación; tasas bajas estimulan el crecimiento, pero presionan al alza los precios).

Este nuevo panorama comenzó con la intensificación de la guerra comercial con China y, ahora, prácticamente con todos los países del mundo. Esta ofensiva amenaza con modificar los niveles de inflación en EE. UU., alterar flujos comerciales y desarticular las complejas cadenas globales de producción.

Las amenazas de nuevos aranceles —que van y vienen— han provocado inestabilidad económica global, afectando sectores profundamente integrados, como la industria automotriz. Esta estrategia ha puesto en entredicho las que parecían reglas estables del sistema económico global liderado por Estados Unidos.

Pero detrás de esta aparente irracionalidad hay un problema estructural: la gigantesca deuda pública de EE. UU., que depende del financiamiento a través de bonos. De ahí la insistente —casi desesperada— presión de Trump sobre la Reserva Federal para que baje las tasas de interés, en un intento por aliviar la carga financiera del gobierno.

Este conflicto ha desatado una batalla interna entre las grandes corporaciones financieras y las políticas nacionalistas que buscan frenar una globalización que ha empobrecido a la clase media blanca estadounidense. Y es ahí donde se libra la verdadera disputa.

Mantener tasas altas es una forma de advertencia: los inversionistas no comprarán deuda si no se estabiliza la política económica, hoy marcada por aranceles y proteccionismo. Las estrategias en juego —reducir el déficit comercial, abaratar el financiamiento e incluso inducir una recesión— buscan contener el creciente déficit fiscal.
Pero no es lo mismo imponer condiciones políticas y comerciales a un país como México que negociar con Wall Street o con las propias empresas estadounidenses. La economía de EE. UU. está profundamente entrelazada con el mundo, producto de los principios fundacionales del capitalismo: eficiencia y reducción de costos.

Esto se logra ya sea mediante tecnología, bajos salarios o relocalización (off-shoring) en zonas con menos regulación o mejor infraestructura logística. Obligar al regreso de las fábricas a suelo estadounidense implicaría transformar el capitalismo en una especie de economía planificada.

Más cercana al socialismo de Estado. Pedirle a un capitalista que renuncie a la eficiencia es como pedirle a un tiburón que se vuelva vegetariano: simplemente no va a ocurrir. Como decía el pensador Mark Fisher, si el capitalismo colapsa, será por una crisis ecológica… o por la locura desatada de una nueva guerra entre potencias.

Y mientras tanto, el panorama global se complica aún más: tensiones entre EE. UU. y Europa, con Ucrania y la OTAN como telón de fondo; una guerra económica e ideológica con China y su creciente poder; el conflicto persistente con Rusia.

El genocidio en Gaza, bombardeos en Líbano y Siria por parte de Israel con apoyo incondicional occidental; y ahora un nuevo foco de tensión con Irán. A esto se suma el impacto incierto de la inteligencia artificial: mayor productividad, sí, pero también despidos masivos y desempleo estructural.

En resumen, los recientes giros políticos y económicos en EE. UU. no han traído estabilidad global, ni beneficios tangibles para su propia población. El escenario es tan incierto que resulta imposible anticipar cómo se resolverá.

Entre los escenarios más preocupantes están una crisis de deuda del gobierno estadounidense, el estallido de la burbuja financiera internacional —con mercados claramente sobrevalorados— y sus inevitables consecuencias sociales. En fin, una guerra fría en el corazón del capitalismo: un monstruo que se congela a sí mismo.

Desde hace mucho sabemos que no hay poder sin su revestimiento estético, incluso en la guerra: uniformes, banderas, máquinas de guerra (aquellas que tanto le gustaba diseñar a Leonardo da Vinci). Sin embargo, a lo largo del siglo XX, hemos presenciado un claro desplazamiento de la estética del poder, antaño ligada a la identidad y la nación (de las cuales los estados eran máximos representantes y depositarios), hacia una estética de la mercancía, del consumo.

Y para ello ya no necesitamos Miguel Ángeles o Caravaggios que esteticen el poder; ahora necesitamos marketing, diseñadores, medios masivos de comunicación y programadores de redes sociales. Este desplazamiento redefine no solo cómo consumimos, sino también cómo percibimos el poder y la realidad misma. Esta nueva estética no es una mera extensión de la antigua estética del poder; por el contrario, está intrínsecamente ligada a la técnica y, más aún, a la fragmentación y el cálculo.

Pero, ¿por qué el capitalismo requiere esta nueva forma estética? Porque, a diferencia de la vieja estética —arraigada en lo único, la tradición y lo que perdura—, el núcleo del capitalismo es lo efímero transformado en un flujo interminable, una estética de la banda sin fin propia del sistema fordista de producción en masa. Hoy, no solo autos o planchas desfilan en esa banda sin fin; también lo hacen imágenes, textos cortos y audios mínimos.

Sin embargo, a diferencia de la vieja repetición capitalista, la nueva tecnología informática posibilita la producción en masa y sin repetición de mercancías estéticas. En la fila no hay dos cosas idénticas, sino el último reducto de la novedad: la fragmentación. La imagen o el audio que hace cola en el flujo digital es diferente al anterior. Y con cada fragmento diariamente recibimos minúsculas inyecciones de novedad, adrenalina, terror, miedo, amor, gatos, playas paradisíacas, lugares exóticos, odios y desastres de todo tipo.

La estética, convertida en mercancía, se consume de igual manera que un helado o un celular. Pero esta estética, como bien lo advirtieron los pensadores de la Escuela de Frankfurt, Benjamin y Adorno-Horkheimer, al mismo tiempo que nos seduce, nos adiestra pulsional y socialmente a la parte física del consumo y a su correspondiente correlato laboral: el sacrificio de horas de trabajo para pagar los imparables flujos de mercancías físicas e intangibles.

En ese salto estético, perdimos conexión con lo singular que es una experiencia sensible y corporal con los otros; perdimos la capacidad de crear comunidades estéticas y, por tanto, de pensamiento. La sociedad está alienada de sí misma, nos dicen Adorno y Horkheimer, vertida en la seducción del flujo que produce nuestra tecnología. ¿Y el arte? Pues después de un siglo de estrategias estéticas para despertar a los sujetos y hacerlos sentir la necesidad de hacer política, se encuentra perdido y atrapado en el mundo del mercado del arte (galerías, museos, ferias) y en las instituciones estatales.

Los cuales son espacios regulados y literalmente marginales dentro del campo cultural. El poder estético que despliegan las viejas estéticas ideológicas como el cine y la televisión son ahora solo una parte del inmenso repertorio estético del poder del dato y la tecnología digital, cuyo fin es avasallar estéticamente a los sujetos, convirtiéndolos en sujetos homogéneos globales a quienes pronto, por cierto, también les quitará su trabajo.

La grieta de la esperanza
Pero no todo está perdido, pues el arte y las expresiones críticas pueden infiltrar lo que Bernard Stiegler denomina “miseria simbólica”, generando nuevos símbolos complejos y dinámicos que posibiliten salir del aislamiento, que creen una estética netamente política que empodere a los sujetos. Son obras que entienden que estamos en medio de una guerra simbólica y que la estética no es algo que producen los artistas a través de sus obras, sino que es parte insustituible de nuestro ser, de nuestro cuerpo y de la sociedad.

Un ejemplo contemporáneo en el campo del arte es la obra de Doris Salcedo, Shibboleth, con la cual abrió literalmente una grieta en el símbolo del arte contemporáneo imperial londinense. Una grieta falsa, y por ello simbólica, que busca representar la separación entre los civilizados y los “otros”, entre los que van adelante y los atrasados.

Esta grieta distingue y marginaliza todo lo que la cultura eurocéntrica ha considerado semi-humano, todo lo que dentro de la cultura occidental es considerado no-igual, no-homogéneo: desde cuerpos hasta género, razas e ideas. Hoy su obra fue tapada, pero no totalmente invisibilizada; una huella, una cicatriz simbólica ha quedado, algo que no puede ser borrado y, por tanto, puede ser comunicado como posibilidad de cambio de conciencia. Ese es el poder liberador del arte.

En solo ocho semanas, Américo Villarreal realizó 25 vuelos privados, con un costo mínimo que rebasa los 790 mil pesos. Aunque dice vivir de su sueldo de servidor público, su ritmo de viaje sugiere acceso a recursos y redes que no aparecen en su declaración patrimonial. La incongruencia es evidente: predican austeridad, pero practican privilegio.

El uso de un avión privado propiedad de una empresa que oficialmente “no renta aeronaves” pone en entredicho no solo la ética, sino también la legalidad del vínculo. Mientras la cúpula de Morena rechaza públicamente el uso de helicópteros y escoltas, Villarreal opera en el aire y en tierra con lógica de funcionario blindado.

La narrativa del “gobierno que no roba y vive como el pueblo” se estrella al comparar bitácoras de vuelo con publicaciones en redes sociales: actos oficiales, encuentros familiares, y hasta asambleas partidistas son parte del itinerario del Cessna 340A. Todo, mientras se niega su uso desde las oficinas locales.

El contraste es brutal: mientras los programas sociales se operan con recursos limitados, su principal delegado vuela como alto ejecutivo. A este ritmo, no es la pobreza lo que se erradica desde Bienestar, sino el pudor de quienes repiten un discurso que no pisan ni en la pista de aterrizaje.