Hace apenas un año, América Latina parecía teñida de rojo. Gobiernos de izquierda ocupaban el poder en México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y otros países. Hoy, la oleada se despinta. En Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia, el péndulo gira hacia la derecha; en Colombia y Chile, Gustavo Petro y Gabriel Boric cierran su mandato con índices de aprobación críticos. Solo López Obrador conserva fuerza al final de su ciclo.

El desgaste tiene explicación económica y emocional. Los gobiernos progresistas lograron redistribuir riqueza, pero no expandirla. Mejoraron la vida de millones, pero con un “pastel” que dejó de crecer. Los límites fiscales, la inflación y la fuga de capitales minaron los logros iniciales. Aun con subsidios y aumentos salariales, el estancamiento económico y la inseguridad cotidiana erosionaron la confianza popular.

El gran dilema de la izquierda regional sigue siendo reconciliar justicia social con crecimiento sostenido. Sin inversión ni empleo, la redistribución se vuelve insostenible. Esa fatiga económica y simbólica ha abierto espacio para nuevos populismos “inversos”: líderes de derecha que capitalizan la frustración y la rabia, apropiándose del lenguaje del descontento que antes pertenecía a la izquierda.

La paradoja es que los votantes que exigieron igualdad ahora buscan estabilidad, aunque venga envuelta en autoritarismo. La oleada roja no ha desaparecido, pero enfrenta su límite más profundo: el de las expectativas que no logró cumplir, y la urgencia de reinventarse para no volverse parte del desencanto que prometió transformar.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo fracturó el relato de control que el Gobierno federal había tejido en materia de seguridad. En Michoacán, la violencia no se mide ya en balas, sino en la captura silenciosa de economías locales por parte del crimen organizado. Los cárteles han mutado: del narcotráfico pasaron a la extorsión, y de ahí a un modelo económico que sustituye al Estado.

Los grupos criminales como Los Viagra cobran cuotas, controlan los días de cosecha y se presentan como “proveedores” de insumos agrícolas. En regiones como Tierra Caliente, ya no solo imponen miedo: regulan mercados, fijan precios y definen quién puede trabajar. Las víctimas rara vez denuncian; la autoridad, sin información, presume estabilidad. Pero esa “tranquilidad” estadística esconde sometimiento.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que los delitos de alto impacto disminuyen, aunque el fenómeno extorsivo crece en silencio. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha construido su discurso sobre datos favorables, pero Michoacán desmonta esa narrativa: los criminales han suplantado al Estado en sus funciones básicas, cobrando impuestos y aplicando su propia fuerza pública.

La crisis exhibe la fragilidad del modelo que privilegia las cifras sobre el control territorial. Mientras el Ejecutivo celebra la baja de homicidios, los grupos armados avanzan en la economía cotidiana. En Michoacán, las estadísticas son irrelevantes: la violencia ya no se libra en las calles, sino en los precios del limón, en las cuotas, en el miedo.

El veto de Donald Trump al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el encarecimiento de la deuda pública y la caída del PIB en 0.3% encendieron las alarmas económicas y ofrecieron a la oposición una inesperada ventana de desgaste para el Gobierno. En una misma semana, los nubarrones financieros se acumularon y revivieron el debate sobre los costos del modelo económico de la 4T.

El golpe al AIFA es simbólico: el proyecto emblema de López Obrador y bandera de continuidad de Claudia Sheinbaum enfrenta su primer veto internacional. Washington canceló 13 rutas aéreas hacia Estados Unidos por presuntas violaciones al acuerdo bilateral de 2015. La medida afecta a Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, y frena la expansión del aeropuerto que, de los 20 millones de pasajeros prometidos, apenas mueve seis millones al año.

Al mismo tiempo, el costo financiero de la deuda pública alcanzó su nivel más alto en casi una década: 1.6 billones de pesos solo en intereses, más que el presupuesto conjunto de salud, educación e infraestructura. Desde Hacienda, Édgar Amador insiste en que la deuda total se mantiene estable, pero reconoce que los mayores tipos de interés y la caída del peso han encarecido su servicio.

El retroceso del PIB refuerza la sensación de estancamiento. Aunque el Gobierno sostiene que el impacto está “focalizado”, los analistas advierten una pérdida de impulso en manufactura, inversión y empleo formal. Si la economía no rebota en diciembre, el relato de “resiliencia” podría ser el primer frente de vulnerabilidad política para el sexenio.

Entre los escombros de Damasco, Ahmad y Basel, dos niños sirios, recogen chatarra para sobrevivir. Lo que extraen con sus manos termina, quizá, convertido en varillas que levantarán edificios en Estambul o estadios en Europa. Su trabajo infantil es el primer eslabón de una cadena global que transforma la devastación en negocio: la industria del acero que se alimenta de guerras.

Durante un año de seguimiento, diversas fuentes, imágenes satelitales y datos comerciales revelan cómo toneladas de metal extraído de Siria, Libia o Ucrania acaban en fundiciones turcas. Milicias, regímenes y empresarios sancionados financian sus operaciones saqueando el hierro de los países en conflicto. De allí, la chatarra viaja en barco a Turquía, donde se funde y se vende al mundo.

El acero reciclado representa hasta el 85% de la producción turca. Europa y Oriente Próximo compran sin preguntar por su origen. No existe un sistema que certifique la procedencia ética de la chatarra, ni siquiera en el marco de las políticas climáticas de la Unión Europea. Los compradores finales —constructoras, gobiernos, fabricantes— desconocen si el material proviene de la destrucción de un hospital en Alepo o de un tanque ruso en Ucrania.

En el nuevo mapa del capitalismo del hierro, las guerras son minas abiertas. Cada edificio demolido se convierte en materia prima, cada proyectil en oportunidad de negocio. Ahmad y Basel no lo saben, pero su jornada bajo el polvo mantiene encendidos los hornos del mundo.

El bloqueo de más de 30 carreteras por productores agrícolas encendió una alarma que lleva años sonando en silencio. El maíz, base alimentaria y cultural de México, enfrenta un deterioro profundo: caída en la producción, aumento de importaciones y precios que ya no cubren los costos de siembra. Los agricultores no sólo protestan por el dinero, sino por un sistema que los deja fuera del futuro rural.

Desde 2015, la producción nacional de maíz se redujo 3.7%, mientras las importaciones crecieron 78%. En 2025, México comprará más maíz que nunca: 16.8 millones de toneladas, casi todo proveniente de Estados Unidos y en su mayoría transgénico. El precio al productor cayó de 7,000 a 5,200 pesos por tonelada, mientras los costos subieron 50%. La ecuación es insostenible y el campo lo está gritando en las carreteras.

El Gobierno ofreció un apoyo de 850 pesos por tonelada; los productores exigen al menos 1,000 más. No es solo una disputa económica: el conflicto expone el desajuste entre un mercado global que dicta precios desde Chicago y una economía rural que se ahoga entre deudas, sequías e inseguridad. La protesta es el síntoma de un modelo agotado.

Detener las importaciones de maíz estadounidense sería un error comercial, pero mantener la dependencia actual también lo es. En el fondo, el país enfrenta una pregunta incómoda: ¿quién va a sembrar nuestro futuro cuando el campo deje de ser viable? El bloqueo terminó, pero el problema apenas comienza.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prepara una ofensiva sin precedentes contra las principales plataformas digitales que operan en México. De acuerdo con sus propias revisiones, Netflix, Disney+, Uber y Airbnb habrían reportado ingresos menores a los reales en sus declaraciones mensuales. Si no corrigen las discrepancias antes de 2026, el organismo no descarta llevar los casos a juicio por evasión fiscal.

El administrador general de Recaudación, Gari Flores, explicó que las auditorías han detectado diferencias de hasta 50% entre las operaciones declaradas y las efectivamente realizadas. “En algunos casos reportan 30 transacciones por un millón de pesos, cuando en realidad fueron 50 y sumaron un millón y medio”, señaló. Para el próximo año, el SAT tendrá la facultad de fiscalizar directamente las bases de datos de las plataformas mediante el nuevo artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación.

El objetivo, según el SAT, es “cerrar los huecos de evasión” y asegurar que las tecnológicas extranjeras paguen impuestos acordes con sus ganancias reales. Sin embargo, la Asociación de Internet MX (AIMX) advierte que el acceso en tiempo real del fisco a la información digital podría vulnerar la privacidad de usuarios y prestadores de servicios.

En medio del debate, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una reconfiguración fiscal digital que busca hacer frente al modelo global de negocios en línea. El mensaje del SAT es claro: los gigantes del streaming y las apps de transporte deberán rendir cuentas ante el Estado mexicano o enfrentar los tribunales.

El magnate Ricardo Salinas Pliego enfrenta su momento más crítico en tres décadas de poder empresarial. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha cerrado la llave de contratos y frenado las estrategias legales con las que el presidente de Grupo Salinas evitó durante años el pago de sus deudas fiscales, que hoy superan 74 mil millones de pesos. La confrontación, iniciada en 2024 tras su ruptura con López Obrador, ha escalado hasta aislarlo políticamente y debilitar sus negocios.

La 4T ha retirado a sus empresas —TV Azteca, Total Play y Seguros Azteca— de las listas de proveedores estratégicos del Estado. Pemex suspendió pagos por casi mil millones de dólares a Typhoon Offshore, su compañía petrolera, mientras el Poder Judicial revocó una suspensión clave que favorecía a TV Azteca en un litigio internacional. Paralelamente, la reforma a la Ley de Amparo busca impedir que sus compañías sigan postergando juicios fiscales.

Salinas Pliego, que durante cinco sexenios acumuló fortunas al amparo de concesiones públicas, ha respondido con una ofensiva política. Desde su nuevo Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, acusa persecución del gobierno y asegura que sus deudas son “fabricadas” para castigarlo por disentir. Cercano a Fox, Calderón y Peña Nieto, el empresario ahora intenta reinventarse como opositor, aunque sin los privilegios que lo protegieron por décadas.

La estrategia es riesgosa. Despojado del poder político que lo blindó y cercado por tribunales en México y Estados Unidos, Salinas Pliego se enfrenta al Estado sin aliados ni contratos, en un escenario que podría redefinir el vínculo entre el poder económico y el político en la era post-AMLO.

Estados Unidos enfrenta un nuevo orden global: su hegemonía económica se erosiona frente al ascenso tecnológico y financiero de China. Las tensiones comerciales y militares reconfiguran el tablero de la geopolítica imperial, dejando a países como México atrapados entre bloques rivales y sin una estrategia clara ante el cambio del modelo global.
El antiguo paradigma de la globalización, en el que los acuerdos de libre comercio como el TLCAN (hoy T-MEC) fungían como eje de la integración económica, se ve cuestionado y rebasado por la lógica de la seguridad nacional y la relocalización estratégica de las cadenas de suministro (nearshoring). Para Washington, la cercanía geográfica de México se convierte en un activo geopolítico vital, impulsando la integración productiva en Norteamérica con el objetivo explícito de reducir la dependencia de insumos y tecnología de origen chino. Esta presión busca convertir a México en un instrumento de su estrategia continental.

Sin embargo, México es, a la vez, el principal socio comercial de EE. UU. y un punto clave de la inversión y el comercio chino en América Latina. Esta dualidad coloca al país ante una “espada comercial y una pared geopolítica”. Las empresas chinas han intensificado su presencia en territorio mexicano, aprovechando la cercanía con el mercado estadounidense y las ventajas logísticas que el T-MEC ofrece para establecer plataformas de exportación. Este fenómeno genera fricciones directas, pues EE. UU. percibe estos flujos de inversión como un intento de eludir las barreras arancelarias y tecnológicas impuestas a Beijing.

En este complejo escenario, el gobierno mexicano se encuentra navegando entre la necesidad de mantener su relación comercial estratégica con Norteamérica y la oportunidad que representa la inversión china. La ausencia de una estrategia de Estado coherente corre el riesgo de convertir a México de un “país pivote” a un mero campo de batalla de la rivalidad entre potencias, limitando su margen de maniobra y la capacidad de obtener beneficios reales para su desarrollo económico y tecnológico. La decisión de alinearse o no con las demandas de EE. UU. para restringir la tecnología y la inversión china definirá el futuro de la integración regional y la soberanía económica del país.

Entre los siglos XVI y XIX el lugar de estudio y desarrollo de las mujeres era en la casa, el convento y, en algunos casos, en colegios para señoritas. Esta situación las dejaba en clara desventaja, ya que su preparación nunca podía ser semejante a la de los hombres. Por ejemplo, una artista de la talla de Artemisia Gentileschi no podía acceder a estudiar en la academia de arte por ser mujer. Esta situación social colocaba a los hombres en el ámbito de lo exterior y a las mujeres en el interior, y determinaba la diferente manera de ver a unos y a otras. Una manera de percibir estas diferencias es cuando las artistas pintan sus propios rostros mostrándonos la manera en la que ellas se ven y también como querían ser vistas.

En este periodo las artistas comienzan a pintar sus rostros en las protagonistas de sus obras, por un lado, porque eran los que tenían a la mano en su privado mundo, y, por el otro, como catarsis y denuncia de los hechos de sus vidas. Para ello resultaba importante la idea de sobreponer sus propios rostros en los personajes que actúan como ellas desearían actuar.

Pongamos como ejemplo el cuadro de “Judith decapitando a Holofernes” pintado por Gentileschi donde su rostro aparece como el de Judith, una mujer que no es consumida por la venganza, sino que arriesga su vida por la libertad de su pueblo; con este cuadro muchas veces catalogado como excesivamente violento, Artemisia reclama justicia ante la violación que sufrió en manos de su maestro Agostino Tassi.

Ver los rostros de estas artistas nos da entrada a visualizar cómo se veían a sí mismas, plasmándose en sus obras encontraron un medio para demostrar su existencia, al mismo tiempo que resulta un mecanismo de auto observación. Al hacer un análisis de su papel social como mujeres se daban cuenta de que necesitaban cambiar, así como demostrar a través de imágenes que eran capaces de posicionarse y desarrollarse de diferentes maneras y en todo tipo de espacios. De ello resulta un proceso para expresar y marcar un cambio en la forma de verse y ser vistas. Estas obras son huellas del arduo camino de la transformación de los paradigmas que han relegado a la mujer en la búsqueda de un mundo con mayor equidad.

No solo Gentileschi ha dejado su rostro plasmado para la posteridad, artistas como Clara Peeters (una de las iniciadoras del género del bodegón), Dora Maar, Frida Kahlo, María Izquierdo, Remedios Varo entre otras tantas han dejado cuadros con sus rostros y con sus denuncias y han contribuido para ir transformando la idea del eterno femenino.

Dora Maar una fotógrafa innovadora y creativa, principalmente conocida por su relación con Picasso, fue una mujer que se dio a la tarea de desafiar la idea de la mujer moderna fotografiándose a ella misma en diferentes espacios y situaciones mismos que no eran usuales para las mujeres, también nos deja autorretratos cargados de emociones que reflejan la problemática de las mujeres de su época, todo esto llevó a la gente a su alrededor, incluido Picasso, a tratarla desafortunadamente como a una mujer desequilibrada.

La llamada “apertura del sector energético”, impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no solo fragmentó el monopolio estatal: también abrió la puerta al huachicol fiscal, una red de contrabando y evasión que floreció al amparo de la liberalización petrolera. Tras la reforma de 2013, cientos de terminales privadas comenzaron a operar sin controles eficaces, mezclando combustible legal con gasolina robada o de contrabando.

La Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía autorizaron más de mil permisos entre 2015 y 2018 sin mecanismos de verificación sólidos. A partir de entonces, surgieron importaciones simuladas, exportaciones ficticias y un mercado negro que drenó miles de millones de pesos al erario. “El Estado perdió control efectivo sobre un sector estratégico”, resume el diagnóstico elaborado en 2018 por el nuevo gobierno federal.

Desde 2019, la estrategia para combatir el huachicol cerró ductos, canceló permisos irregulares y auditó operaciones. Sin embargo, el daño estructural persiste: la privatización desordenada debilitó la soberanía energética y fortaleció al crimen organizado, que encontró en las terminales privadas una nueva ruta de extracción y lavado.

Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se intenta revertir ese legado. Un grupo interinstitucional y un sistema digital de trazabilidad buscan seguir, en tiempo real, cada litro de combustible importado o vendido. El gobierno reporta 200 mil millones de pesos recuperados en ingresos fiscales, aunque el desafío es mayúsculo: desmantelar el negocio ilegal que nació de una reforma pensada, irónicamente, para “modernizar” al país.