A un año de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum enfrenta su primer gran escrutinio público. Durante su discurso en el Zócalo, la mandataria afirmó que el Estado no reprime, que Dos Bocas produce 270 mil barriles diarios y que México es el segundo país menos desigual del continente. Sin embargo, un análisis de El Sabueso y organismos independientes revela que varias de sus declaraciones son falsas o engañosas, reflejo de un gobierno que combina avances sociales con opacidad y control institucional.

El caso más evidente es la refinería Olmeca, en Dos Bocas. Lejos de la cifra presidencial, Pemex reporta una producción promedio de 102 mil barriles diarios, apenas 30 % de su capacidad. También resultó falso que “no se use la fuerza del Estado contra el pueblo”: el 2 de octubre, policías de la Ciudad de México agredieron a manifestantes y periodistas, mientras Artículo 19 y RSF documentaron siete asesinatos de periodistas durante su administración.

En materia económica, Sheinbaum sostuvo que México redujo la desigualdad y que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; lo segundo es cierto, pero el avance en equidad se matiza: la mayor parte de esa mejora ocurrió antes de su gobierno, y México no es el segundo país menos desigual del continente. La brecha de ingresos sigue siendo de las más amplias de la región.

En temas de seguridad y derechos de las mujeres, el panorama tampoco respalda el optimismo presidencial. Entre octubre de 2024 y agosto de 2025 se registraron más de 16 mil homicidios y 645 feminicidios. Aunque Sheinbaum promete “un gobierno sin represión y con justicia social”, los datos muestran un país donde la violencia, la censura y las carencias estructurales aún marcan la realidad.

El crimen organizado ha encontrado en los influencers un nuevo canal para lavar dinero. A través de fiestas, contratos digitales, facturas infladas y donaciones opacas, los cárteles mueven recursos ilícitos disfrazados de ingresos legítimos. Expertos en finanzas digitales advierten que la falta de regulación y la opacidad del mercado de creadores de contenido han convertido a las redes sociales en un terreno fértil para el blanqueo.

De acuerdo con investigadores consultados, los métodos van desde pagos en efectivo por eventos y menciones “infladas” hasta transferencias en criptomonedas o bienes de lujo. Los contratos simulados con marcas ficticias y servicios intangibles como “consultorías creativas” permiten justificar ingresos imposibles de auditar. Plataformas como YouTube y Twitch, donde se manejan grandes volúmenes de donaciones, también son utilizadas para canalizar fondos criminales con apariencia de propinas o regalías.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya investiga casos de “narcoinfluencers” ligados a grupos como Los Chapitos. En México, la violencia ha alcanzado a creadores de contenido: seis han sido asesinados tras ser acusados públicamente de colaborar con el crimen organizado. A la par, el Tesoro estadounidense congeló cuentas de artistas vinculados al lavado, como el “narco-rapero” Makabelico.

La industria digital crece más rápido que las leyes que intentan regularla. Mientras Meta y YouTube aseguran colaborar con autoridades, especialistas alertan que los mecanismos de control son mínimos. La popularidad, las métricas falsas y las donaciones anónimas se han convertido en el nuevo rostro financiero del narco. El reto es urgente: frenar una economía criminal que, detrás de likes y patrocinios, sigue lavando millones.

Nuevos documentos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) señalan que personal naval bajo el mando de Rafael Ojeda Durán —entonces jefe de la Octava Región Naval— participó en la alteración del basurero de Cocula y del río San Juan en octubre de 2014. Según el informe, los marinos manipularon bolsas y encendieron hogueras dos días antes de que aparecieran restos atribuidos a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

La participación de la Marina en esas operaciones fue clave para cimentar la llamada “verdad histórica” presentada por la PGR de Jesús Murillo Karam y la AIC de Tomás Zerón. Esa versión oficial, hoy desacreditada, aseguró que los estudiantes fueron incinerados en Cocula y que no había pruebas de su paradero. La CoVAJ sostiene que se sembraron evidencias para sostener un relato que buscaba cerrar el caso con rapidez y deslindar al Ejército.

Un video entregado en 2021 muestra cómo marinos descargaron bultos en el basurero, los incineraron y después trasladaron restos al río San Juan. Pese a ello, la Secretaría de Marina respondió en 2020 que solo había dado seguridad perimetral a la PGR. Para los investigadores, la institución no solo vigiló, sino que intervino directamente en la manipulación del escenario del crimen.

Las revelaciones reavivan las dudas sobre la complicidad de mandos militares en el ocultamiento de la verdad. Aunque López Obrador defendió públicamente a Ojeda Durán en 2022, la CoVAJ advierte que la Marina aún guarda información crucial sobre lo ocurrido. A once años de la tragedia, la impunidad persiste y la exigencia de verdad y justicia sigue siendo una herida abierta para las familias y la sociedad mexicana.

Hoy se cumplen 57 años de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. La represión ordenada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz dejó una herida abierta en la memoria colectiva, marcada por el sonido de las balas y los gritos de estudiantes que buscaban refugio. Aquel día, la fuerza pública convirtió una protesta pacífica en uno de los episodios más oscuros de la historia moderna de México.

El movimiento estudiantil surgió en un clima de represión y autoritarismo, en el que las demandas de libertad política y fin a la violencia estatal fueron respondidas con persecuciones, detenciones y asesinatos. La matanza no se limitó a Tlatelolco: también la Ciudadela, el Casco de Santo Tomás, Ciudad Universitaria y el Zócalo capitalino fueron escenarios de choques y agresiones contra jóvenes que exigían derechos democráticos básicos.

Los testimonios de sobrevivientes relatan el terror de aquella tarde en la que militares dispararon contra miles de civiles. Los departamentos del edificio Chihuahua fueron cateados sin orden judicial y los manifestantes perseguidos en sus escondites. Hasta hoy, las cifras exactas de muertos y desaparecidos siguen siendo inciertas, pues el Estado mexicano nunca reconoció la magnitud real de la masacre.

A más de cinco décadas, la exigencia de justicia sigue vigente. Ningún responsable político o militar fue condenado, y la impunidad prevaleció. Recordar el 2 de octubre no es un acto ceremonial, sino un deber ciudadano: mantener viva la memoria de los estudiantes y sus luchas significa también defender la democracia y exigir que los crímenes del Estado nunca más se repitan.

Pablo González Casanova escribió en 1969 un ensayo titulado “Colonialismo interno” que aparece dentro de su libro “Sociología de la explotación”. Ahí se desarrolla un poderoso análisis que nos permite vislumbrar los orígenes de la dualidad cultural y económica a la que son sometidas las colonias por los imperios europeos (y ahora por EUA). La colonia se suele definir como un asentamiento de ciudadanos de un país o sociedad extranjera que ha tomado posesión, casi siempre por la fuerza, de un territorio y dicen que lo han “conquistado”. Dicho territorio es, en otras palabras, invadido, sometido, dominado y administrado por unos ciudadanos en representación de una potencia extranjera.

Esta dominación y control tiene como fin explotar en exclusividad las riquezas materiales y humanas con el fin de establecer una ventaja competitiva dentro del mercado europeo. Así es que surge este primer esquema dual: una sociedad dominante y explotadora que se beneficia de materias primas, mercancías y mano de obra a muy bajo costo de un país explotado convirtiendo a estos en muy competitivos en el mercado europeo (menores costos = mayores ganancias). De este hecho se deriva también el enriquecimiento de dicha nación que se convierte por dicha expansión y acumulación de riqueza en imperio (palabra cuya etimología es la de imponer, poder de ordenar).

La utilidad de conquistar, invadir es que dicho territorio los hará competitivos en la economía europea y se generará y acumulará riqueza. Parte de la famosa “acumulación originaria” de Marx que surge no por el trabajo y esfuerzo, sino por la violencia, despojo y expropiación.

El otro lado de la moneda, o como dice Walter Mignolo, el lado oscuro del renacimiento, es el surgimiento de otra dualidad: una economía fragmentada dentro de la nación dominada. Una parte de la producción económica de la colonia estará basada en la explotación de la mano de obra y en la extracción de materias primas y mercancías con muy bajo costo con fines de exportación exclusiva al imperio y otra, de importación, (sin condiciones y de manera exclusiva) de las mercancías producidas por el imperio. La producción que se desarrolla en la colonia es la que es complementaria a la producción en Europa. El imperio no toma en cuenta el desarrollo de la economía del país invadido lo cual distorsiona la economía hiperdesarrollando ciertos sectores (como la minería) e impidiendo que otros sectores económicos crezcan. Esto impide también la posibilidad de competencia de la producción colonial en el mercado europeo.

Estas dualidades económicas determinan a su vez una dualidad cultural. El imperio no expande su cultura, sino que diseña una cultura subsidiaria destinada al control, dominio y subordinación de la población conquistada. Es decir, no somos parte de la “cultura occidental” sino de un proyecto ideológico-cultural occidental de sometimiento cultural de las colonias. Este proyecto es, en esencia, pensar en dos mundos separados: uno civilizado, superior moral, económica y socialmente y un “otro mundo” incivilizado, atrasado moral, económica y socialmente. Estas características de la “otredad” además han servido y sirven de justificación dentro de la cultura imperial para ejercer todo tipo de violencias sobre los sometidos.

El diferendo entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego reaviva un viejo dilema mexicano: ¿la ley es norma general o herramienta selectiva del poder? La Presidenta, al insistir en “la ley es la ley”, busca marcar distancia con el estilo de López Obrador, quien relativizó esa fórmula. Sin embargo, el contraste revela más continuidad que ruptura: la legalidad se invoca para adversarios, no para el propio poder.

El caso Salinas Pliego simboliza una disputa fiscal convertida en espectáculo político. El populacherismo de “toma chocolate, paga lo que debes” seduce a la opinión pública, pero deja intacto el fondo: la capacidad de Hacienda para cobrar con eficacia sin mediatizar el proceso. El énfasis retórico puede opacar la necesidad de aplicar reglas claras y consistentes para todos.

El problema de fondo es estructural: la misma administración que exige cumplimiento arrastra ilegalidades propias, como el cuestionado proceso de elección en el Poder Judicial. Ahí la máxima presidencial se vuelve impronunciable. La legalidad aparece como herramienta política, no como principio rector.

La pregunta es incómoda: ¿puede un gobierno erigido sobre excepciones sostener un discurso de legalidad absoluta? El riesgo es que el dictum “la ley es la ley” se vacíe de sentido, se convierta en arma retórica y erosione más la confianza ciudadana. La legitimidad no se construye en frases, sino en el ejemplo.

El discurso de Benjamín Netanyahu en la ONU expuso la contradicción central de Israel: buscar legitimidad internacional mientras acumula denuncias de genocidio en Gaza. La Asamblea casi vacía simbolizó el aislamiento diplomático del primer ministro, que insiste en equiparar las críticas a Israel con ataques a Estados Unidos y a Donald Trump, un intento de blindaje político frente a una base conservadora fragmentada.

El asesinato del propagandista Charlie Kirk reveló grietas inesperadas: sectores del movimiento MAGA, tradicional sostén de Israel, ahora lo acusan de operar con métodos encubiertos. La guerra híbrida, como la describe Max Blumenthal, ya no es sólo externa, sino también interna: controlar narrativas en EE.UU. es vital para Tel Aviv, pero cada vez más difícil.

En paralelo, países europeos como Francia y Reino Unido reconocieron al Estado palestino, un gesto simbólico que desafía la estrategia israelí de borrar la identidad palestina. Aunque críticos como Ilan Pappé advierten que puede ser un “cáliz envenenado”, el reconocimiento refleja un cambio político: Occidente empieza a confrontar a Israel y, por extensión, a Washington.

La estrategia de Netanyahu enfrenta un dilema: mantener la represión militar y el respaldo de EE.UU., o aceptar que la narrativa global cambió. La Corte Penal Internacional y los nuevos equilibrios diplomáticos anticipan más presiones. No es sólo si Israel podrá sostener su ofensiva, sino si podrá seguir moldeando el relato mundial de la guerra.

Preguntarse si hoy tenemos la mejor Suprema Corte de Justicia de la historia obliga a reconocer claroscuros. Desde 1994, con la reforma que la convirtió en tribunal constitucional, y tras el giro de 2011 hacia un modelo garantista de derechos humanos, la SCJN alcanzó avances inéditos: matrimonio igualitario, aborto y no discriminación. Sin embargo, también ha emitido fallos que revelan tensiones entre técnica jurídica y cálculos políticos.

El presente muestra una institución fragmentada. La ideología de los ministros pesa más que su formación judicial, y el protagonismo en redes sociales sustituye a la solidez argumentativa. La base técnica que daba sustento a las ponencias se erosiona con despidos masivos, afectando la estructura que sostiene al Poder Judicial más que a los ministros visibles en los reflectores.

Los riesgos son claros: frivolidad, nepotismo y discursos antiderechos disfrazados de interpretación constitucional. Declaraciones simplistas sobre controversias o sobre la “vida como derecho absoluto” exhiben desconocimiento jurídico y retrocesos preocupantes. La Corte parece debatirse entre ser tribunal moderno o replegarse hacia el formalismo subordinado de épocas pasadas.

Más que preguntarse si es la mejor Corte, la urgencia es evitar que deje de aspirar a serlo. En una democracia en crisis de confianza, un tribunal constitucional debe ser contrapeso efectivo, no escenario de cálculo político. El verdadero peligro es la pérdida de legitimidad ciudadana, justo cuando más se necesita un árbitro independiente y técnico.

La Global Sumud Flotilla busca llevar ayuda humanitaria a Gaza pese a bloqueos y ataques. Misión crucial, mas de 500 voluntarios y 40 barcos navegan para abrir un corredor humanitario seguro hacia Gaza. Bloqueo Israelí, Israel advierte que no permitirá la entrada de la flotilla y responsabilidad a los participantes. Ataques Repetidos , drones y explosiones han dañando barcos; la flotilla denuncia intimidación y terrorismo psicológico. Protección internacional, España e Italia buques de rescate; mas gobiernos deben garantizar seguridad.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, ratificó que no habrá reforma fiscal en el corto plazo. El mensaje tranquiliza políticamente, pero abre interrogantes financieros: con un PIB que apenas crecería 0.7% en 2025 y 1% en 2026, la recaudación no despegará sola. BBVA ya advirtió que México podría perder grado de inversión, lo que elevaría el costo del crédito y presionaría el tipo de cambio.

El problema estructural es el gasto rígido. Pensiones, programas sociales y deuda absorben casi todo el presupuesto, reduciendo al mínimo la flexibilidad para inversión pública. Sin ajustes, el crecimiento potencial se erosiona y la consolidación fiscal se vuelve inviable. El reto, entonces, no está en inventar nuevos impuestos, sino en usar con inteligencia los recursos ya disponibles.

La vía intermedia sería un “paquete mínimo creíble”: disciplina en el déficit, blindaje de inversión y mantenimiento, fortalecimiento del cumplimiento tributario y gestión activa de activos públicos. Auditorías masivas, control de facturación falsa y fiscalización aduanera podrían sumar hasta 1.5% del PIB. Con ello se ganarían años de oxígeno sin reforma estructural.

Pero los márgenes son estrechos. Si la recaudación no llega o el entorno global se complica, el dilema regresará: emprender una reforma fiscal impopular o enfrentar una crisis. El costo de la evasión y de los proyectos con baja rentabilidad ya no puede ser ignorado. La SHCP debe convencer con resultados, no con discursos.