La resolución de la Suprema Corte dejó a Ricardo Salinas Pliego sin vías efectivas para frenar el cobro de unos 50 mil millones de pesos en créditos fiscales. La reforma al amparo, diseñada para limitar estrategias dilatorias de grandes deudores, eliminó la posibilidad de impugnar actos administrativos que exigen pagos firmes y restringió el uso de recursos intermedios. Con ello, el margen legal del magnate quedó prácticamente agotado.

La nueva legislación ordena que todos los argumentos se concentren en un único amparo antes del remate de bienes, lo que implica un proceso acelerado con plazos estrictos de resolución. Especialistas consultados advierten que el empresario ya se encuentra en la fase final: Hacienda puede evaluar activos y avanzar hacia embargos si no existe pago inmediato. La prescripción del crédito, antes un recurso clásico para alargar litigios, también fue descartada por la reforma.

Aunque Salinas Pliego anunció que acudirá al sistema interamericano, expertos consideran que esta vía no detendrá la ejecución del SAT. La Corte Interamericana rara vez admite disputas fiscales y, aun en un escenario favorable, cualquier resolución tardaría años y no tendría efecto para frenar el cobro. La ley mexicana obliga a continuar el procedimiento sin atender fallos supranacionales en materia tributaria.

Con los tres poderes del Estado cerrando filas —el Ejecutivo presionando por el pago, el Congreso reformando el marco legal y el Poder Judicial resolviendo litigios pendientes—, el grupo empresarial enfrenta un riesgo patrimonial severo. A ello se suma el procedimiento en Nueva York por una deuda de 580 millones de dólares, que agrava un panorama financiero que podría redefinir el futuro del consorcio.

A lo largo de la historia, distintos regímenes han entendido que influir en las juventudes es una vía rápida para moldear el rumbo político. Hoy no se necesitan adoctrinamientos escolares ni grandes aparatos propagandísticos: basta con estrategias digitales afinadas, una narrativa convincente y un grupo dispuesto a apropiarse de causas legítimas para fines particulares.

En México, la irrupción del supuesto movimiento “Generación Z” ilustra bien ese fenómeno. La protesta presentada como espontánea y juvenil ha sido vinculada, según una investigación reciente del periodista Áyax, con operadores del PRI. Las piezas de propaganda, coordinadas desde cuentas afines a la derecha, hablan de jóvenes, pero rara vez incluyen a uno frente a cámara. La identidad generacional se utiliza como disfraz, no como representación real.

El homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, permitió a estos grupos capitalizar una demanda justa —el rechazo a la violencia— para empujar un mensaje político dirigido contra los gobiernos de la 4T. La estrategia es simple: tomar un reclamo legítimo, vaciarlo de contexto y usarlo como punta de lanza emocional.

Protestar forma parte del desarrollo político de cualquier juventud. Lo preocupante es cuando la inconformidad se manipula desde fuera para fabricar un movimiento que aparenta autenticidad, pero responde a intereses ajenos a quienes dice representar.

La verdadera Generación Z —la que estudia, trabaja, protesta y participa sin consignas prestadas— merece algo mejor que una identidad usurpada para hacer politiquería.

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, se define como socialista democrático e identifica al senador Bernie Sanders como su principal influencia. Su victoria representa un giro histórico: la izquierda socialista, marginada durante décadas, ha vuelto al centro del debate político en Estados Unidos.

Mamdani forma parte de los Democratic Socialists of America (DSA), una organización que, desde los años setenta, busca influir en el Partido Demócrata. Aunque no es un partido formal, la DSA se ha convertido en la fuerza socialista más numerosa del país, con cerca de 80 000 miembros y una presencia creciente en gobiernos locales y en el Congreso.

El término “socialista”, antes usado como insulto político, hoy tiene una aceptación inédita. Según encuestas de Gallup y del Cato Institute, el 66 % de los votantes demócratas y el 62 % de los estadounidenses menores de 30 años tienen una percepción favorable del socialismo, mientras la confianza en el capitalismo disminuye.

El impulso actual proviene del legado de Sanders, quien en 2016 y 2020 combinó el discurso del movimiento altermundista y de Occupy Wall Street con la tradición socialista democrática del siglo XX. Esa ola renovó el progresismo estadounidense y abrió espacio a nuevos liderazgos locales, sindicales e inmigrantes.

Aunque la elección de Mamdani destaca por su simbolismo —un socialista al frente de la capital financiera del mundo—, no es un hecho aislado. En Estados Unidos ya gobiernan al menos ocho alcaldes con filiación socialista. Paradójicamente, lo que antes se consideraba una amenaza hoy parece revitalizar la democracia estadounidense.

La electrificación de las economías avanza a un ritmo imparable. Centros de datos, transporte eléctrico, aire acondicionado y calefacción impulsan una demanda creciente de energía que los sistemas actuales difícilmente pueden sostener. En ese contexto, la energía nuclear emerge como la opción más eficiente y confiable para garantizar el suministro eléctrico del futuro.

El sector energético requiere inversiones de largo plazo —superiores a 50 años— que solo el Estado puede planificar. La experiencia histórica demuestra que los países con participación pública han logrado avances tecnológicos más sólidos, y la energía nuclear es el ejemplo más claro: reactores construidos hace medio siglo siguen operando y pueden alcanzar hasta 100 años de vida útil.

El principal argumento en contra de la energía nuclear —su alto costo inicial— se debilita frente a la evidencia. En China, el costo por kilowatt instalado es de 1,670 dólares, contra los 6,700 que implica generar la misma energía con paneles solares y baterías. Además, cada dólar invertido en energía nuclear genera cuatro en la economía, frente al 1.1 de las tecnologías intermitentes, según el Fondo Monetario Internacional.

Más allá de la comparación económica, la energía nuclear ofrece independencia tecnológica, empleos especializados y seguridad energética. México cuenta con experiencia operativa y técnica para desarrollarla. Apostar por esta fuente no solo es una decisión energética, sino estratégica: implica recuperar soberanía, fomentar innovación y garantizar energía limpia y constante. El futuro eléctrico del país dependerá de reconocerlo a tiempo.

En México, las grandes rupturas políticas suelen venir de dentro del poder. Morena nació del PRD, que a su vez emergió del PRI, heredero institucional de la Revolución Mexicana. Por eso, la llamada Cuarta Transformación no puede entenderse sin mirar la continuidad de ese linaje político. Más que una nueva etapa histórica, representa un efecto tardío de la tercera transformación: la Revolución.

El gobierno de López Obrador no rompió con las estructuras militares heredadas del siglo XX; al contrario, las fortaleció. El Ejército —actor central del periodo neoliberal— ha recibido más presupuesto, más funciones y más reconocimiento simbólico. La promesa de desmilitarizar la vida pública terminó por convertirse en su expansión. En México sigue vigente el mismo aparato armado de la Guerra Sucia, ahora con legitimidad renovada.

Tampoco hubo un cambio constitucional de fondo. Las reformas impulsadas desde 2018 han sido parciales y no equivalen a una nueva Carta Magna como la de 1917. La reforma indígena se diluyó en el Congreso y el tema de la tierra quedó pendiente. Aunque el gobierno redujo las concesiones mineras, no revirtió la contrarreforma agraria de los años noventa ni prohibió prácticas como el fracking.

Más que una transformación, la 4T es una actualización del viejo sistema con nuevos símbolos. Las revoluciones no se decretan: surgen desde abajo. Ningún partido puede monopolizar el impulso popular ni institucionalizar por completo las resistencias sociales. Lo que hoy vivimos, más que una cuarta transformación, es la larga resaca de la tercera.

México vive una anemia económica que lleva más de una década gestándose: el estancamiento de la inversión. Sin capital público ni privado suficiente, el país se ha condenado a crecer a un ritmo inferior al 2% anual. De 2012 a 2024, el PIB per cápita apenas avanzó 1% en promedio. El nearshoring dio oxígeno temporal, pero sin inversión sostenida no habrá expansión duradera ni mejoras en productividad.

El país invierte solo el 22% de su PIB, muy lejos del 25% mínimo que requiere una economía dinámica. China destina 41%, Corea del Sur 32% e India 33%. Pero el deterioro más grave está en la inversión pública: cayó de 7% del PIB en los noventa a poco más del 2% hoy. El resultado es visible: carreteras inconclusas, hospitales sin equipo, puertos saturados y una infraestructura que envejece.

Revertir la tendencia exige dos rutas complementarias: una reforma fiscal profunda y un cambio regulatorio que atraiga capital privado. La primera implica ampliar la base tributaria, cerrar exenciones y reasignar gasto hacia inversión productiva. La segunda, dar certeza jurídica: reglas estables, respeto a contratos y marcos regulatorios autónomos.

La inversión pública y privada no deben competir, sino complementarse. El nearshoring requiere energía limpia, agua suficiente, carreteras, ferrocarriles y telecomunicaciones modernas. Sin ello, las oportunidades se irán a otros países. Apostar por la inversión no es un lujo tecnocrático, sino una decisión política de futuro. Lo contrario —seguir creciendo al 2%— es aceptar el estancamiento como destino nacional.

Donald Trump defendió los ataques del ejército estadounidense en el Caribe asegurando que las embarcaciones destruidas transportaban “narcoterroristas”. Pero una investigación de The Associated Press revela una historia distinta: entre los más de 60 muertos hay pescadores, obreros y jóvenes sin experiencia en el mar, reclutados por necesidad.

En la península venezolana de Paria, una de las zonas más pobres del país, hombres como Robert Sánchez —pescador y padre de cuatro hijos— aceptaron trabajos de transporte marítimo a cambio de 500 dólares por viaje. Buscaban sobrevivir. Sánchez, que ganaba apenas 100 dólares al mes, murió en una lancha alcanzada por misiles estadounidenses. Otros, como Juan Carlos Fuentes, un chofer desempleado, o Dushak Milovcic, ex cadete militar, también cayeron en ataques recientes.

Washington justifica la ofensiva declarando que los cárteles son “combatientes ilegales” y que Estados Unidos está en “guerra” contra ellos. Sin embargo, las embarcaciones hundidas transportaban cocaína —no opioides, los responsables de las sobredosis que Trump dice querer evitar—. En total, el ejército ha realizado 18 ataques, con cerca de 70 muertos.

Familiares denuncian que sus seres queridos fueron ejecutados sin juicio ni aviso, mientras las autoridades venezolanas callan. En Güiria, las madres reconocen a sus hijos por relojes o tatuajes en cuerpos mutilados que arriban a las costas de Trinidad. Las muertes, aseguran los pobladores, no fueron una batalla contra el narcotráfico: fueron una masacre de pobres que eligieron el mar como último recurso para vivir.

Donald Trump ha iniciado su segundo mandato con un mensaje claro: la era del imperio estadounidense no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Su proyecto ya no busca proteger, sino expandirse. Desde su llegada a la Casa Blanca, ha reivindicado el discurso de la “restitución de Estados Unidos”, renombrando la Secretaría de Defensa como “Secretaría de Guerra” y nombrando a un veterano de Irak al frente.

Trump entiende el poder como velocidad: imponer una dinámica que impida reflexionar o rectificar. Su estrategia es mantener a la sociedad en movimiento constante, entre crisis mediáticas y decisiones inmediatas. En esa lógica, busca desmantelar los contrapesos institucionales, sembrar dudas en los jueces y convertir el caos en herramienta política.

Sin embargo, las recientes elecciones del 4 de noviembre mostraron grietas. Estados como Virginia, Nueva Jersey y California votaron en su contra, y Nueva York eligió como alcalde a Zohran Mamdani, musulmán y socialista de 34 años, símbolo de una nueva generación que desafía el poder financiero y la desigualdad.

Aun así, la “América profunda”, armada y radicalizada, sigue siendo su base más fiel. Trump apuesta por redibujar los condados para asegurarse el control del Congreso y garantizar un poder estructural que resista cualquier alternancia.

Mientras el país se divide entre costas liberales y un interior cada vez más autoritario, una verdad persiste: los cimientos republicanos de Estados Unidos siguen de pie, aunque sometidos a una prueba histórica. El imperio no muere; solo cambia de forma y de dueño.

El episodio de acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum no solo conmociona por dirigirse a la jefa del Estado mexicano, sino porque refleja una realidad cotidiana: la violencia sexual que enfrentan millones de mujeres en el país. Un hombre de 33 años intentó abrazarla, besarla y tocar su pecho sin consentimiento. La escena, ocurrida a plena luz del día y frente a cámaras, resume una verdad incómoda: casi ninguna mujer en México ha escapado de una situación similar.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 45% de las mexicanas ha sufrido acoso en espacios públicos; son 23 millones de mujeres. El 94% no denuncia. Lo que para los agresores “no tiene importancia”, para las víctimas representa miedo, indignación y resignación aprendida. La falta de pedagogía sobre el consentimiento mantiene viva una cultura donde muchos hombres aún creen que tienen derecho sobre los cuerpos ajenos.

A diferencia de la mayoría, Sheinbaum decidió denunciar. Su acción la coloca entre el 4% de mujeres que enfrentan judicialmente a su agresor. Lo hizo desde su investidura, pero también como ciudadana, enviando un mensaje de cero tolerancia. Su respuesta marca un precedente político y simbólico en un país donde el acoso es tan común como la impunidad.

El reto ahora es convertir el caso en política pública. La presidenta ha anunciado una campaña nacional contra el acoso callejero, pero el cambio profundo exigirá tiempo, educación y una revolución cultural. Porque no fue un gesto aislado: fue el espejo de México.

En Michoacán, la violencia no solo se mide por los asesinatos, sino por la forma en que el crimen organizado recluta y utiliza a niños y adolescentes como herramienta de guerra. Los cárteles han convertido a los jóvenes en carne de cañón: los emplean como halcones, cobradores de cuotas o asaltantes, fogueándolos para tareas mayores, como el sicariato. El miedo y la falta de oportunidades son el terreno fértil de este ejército silencioso.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana, los delitos menores —robos, extorsiones o cobros— son la puerta de entrada al crimen. Los muchachos que asaltan tiendas o roban motocicletas son, en realidad, piezas de un sistema criminal que los entrena para operaciones más violentas. En Apatzingán, exintegrantes de la Mesa de Seguridad confirman que los cárteles los usan como desechables: los más jóvenes son los primeros en morir o ser capturados.

El fiscal estatal reconoció que el asesino del alcalde de Uruapan podría tener entre 17 y 19 años. No es excepción, sino reflejo de una práctica extendida. En Jalisco, el Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza engaños laborales para atraer a jóvenes desempleados: publica ofertas falsas en redes, los cita en restaurantes y los desaparece tras recogerlos en vehículos de aplicación.

La combinación de pobreza, impunidad y reclutamiento forzado sostiene una maquinaria criminal que se renueva constantemente. En Michoacán, los adolescentes ya no sueñan con escapar del miedo: se ven obligados a servirlo.