El primer encuentro presencial entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump llega no por cauces diplomáticos tradicionales, sino al amparo del sorteo del Mundial. La presidenta mexicana viaja a Washington para una breve reunión trilateral junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, en un momento en que la relación bilateral atraviesa uno de sus periodos más frágiles desde el retorno de Trump a la Casa Blanca. La retórica del mandatario estadounidense, que insiste en justificar intervenciones militares contra cárteles en territorio extranjero, mantiene a México en estado de alerta.

Sheinbaum ha respondido con firmeza ante las insinuaciones de Trump. Defiende el intercambio de inteligencia, pero rechaza cualquier despliegue de fuerzas estadounidenses en suelo mexicano y recuerda que la historia del país obliga a blindar la soberanía. La mandataria insiste en que “cooperación no implica subordinación”, aun cuando el propio Trump ha declarado a los cárteles como organizaciones terroristas y presume prerrogativas para actuar más allá de sus fronteras.

El TMEC ocupa otro punto sensible de la agenda. Desde su regreso al poder, Trump ha sacudido la relación comercial con nuevos aranceles, mientras insinúa la posibilidad de abandonar el acuerdo trilateral para sustituirlo por pactos bilaterales. México enfrenta así una negociación compleja con un socio que usa tarifas y presiones en seguridad como fichas del mismo tablero. La revisión del tratado, obligatoria en 2026, aumenta la urgencia del encuentro.

En paralelo, el clima político mexicano suma ruido. Sectores ultraconservadores próximos al movimiento MAGA buscan amplificar la narrativa de inestabilidad, mientras Washington presiona por nuevas extradiciones de capos del narcotráfico. Con el telón de fondo deportivo, Sheinbaum y Trump medirán distancias en una relación que combina cooperación forzada, tensiones persistentes y un equilibrio diplomático cada vez más delicado.

La actual movilización de productores rurales marca una ruptura histórica: es la primera revuelta del campo mexicano en la era postneoliberal. A diferencia de las insurrecciones campesinas de los años noventa y dos mil, centradas en el rechazo al libre mercado y al despojo, esta protesta es más diversa y contradictoria. Agricultores medianos y grandes marchan no solo contra los rezagos heredados, sino también contra nuevas políticas estatales que buscan regular sectores estratégicos como el agua.

El detonante inicial fue el pago pendiente por granos básicos, pero pronto la reforma hídrica tomó el centro del descontento. La iniciativa, diseñada para frenar décadas de depredación y ordenar el uso del agua, fue comunicada de forma deficiente. En ese vacío avanzaron acaparadores, políticos opositores y gestores del negocio del agua, sembrando la idea —falsa, pero eficaz— de que peligraban concesiones y derechos de trasmisión. Este clima alimentó una movilización emocional más que racional, impulsada por la sensación de pérdida inminente.

La presión surtió efecto: Ejecutivo y Legislativo instalaron mesas para atender pagos atrasados, revisar precios de garantía y ajustar la iniciativa hídrica para disipar incertidumbres. El acuerdo más relevante será una revisión profunda del modelo agroalimentario, una oportunidad para debatir el mosaico de agriculturas del país y el rezago histórico que arrastran. Las políticas previas privilegiaron a grandes productores, mientras que la 4T se enfocó en los más pequeños, dejando a sectores intermedios en un limbo que hoy se expresa en las calles.

El desafío es monumental. La migración rural, el envejecimiento del campo, el dominio transnacional de alimentos e insumos, el cambio climático y la violencia exigen repensar integralmente el rumbo agrícola. Un nuevo pacto rural deberá incluir a agriculturas indígenas, campesinas, familiares y comerciales, ordenar mercados, ampliar financiamiento y garantizar derechos laborales. Solo así podrá construirse un pluralismo agrícola sostenible, justo y productivo.

La advertencia del presidente Donald Trump de iniciar operaciones terrestres contra supuestos narcotraficantes en América Latina marca una escalada inédita en su política de seguridad. Hasta ahora, la campaña letal de Washington se había concentrado en ataques marítimos que han dejado más de 80 muertos. Con su anuncio de que “cualquier país donde se produzcan drogas está sujeto a ataques”, el presidente abrió la posibilidad de incursiones en múltiples territorios, mencionando expresamente a Colombia y Venezuela.

El mensaje llega en un momento de fuerte presión interna para la Casa Blanca. En Washington crece el escrutinio sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, luego de revelaciones periodísticas que lo vinculan con órdenes para rematar sobrevivientes tras un ataque naval en el Caribe. Aunque Hegseth lo niega, calificando los reportes como “historias falsas”, legisladores demócratas han solicitado una supervisión estricta de las operaciones militares y han denunciado posibles violaciones graves al derecho internacional.

La reunión convocada por Trump con figuras de línea dura como Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, sugiere que la Administración busca cohesionar su narrativa y medir los costos de profundizar la militarización regional. Una intervención más agresiva podría imponer un enorme desgaste político en Estados Unidos, donde el rechazo ciudadano a una guerra con Venezuela supera el 70%, y donde republicanos y demócratas temen las implicaciones económicas y humanitarias de un conflicto de gran escala.

Mientras la Casa Blanca ensaya mensajes y evalúa escenarios, el resto del continente observa con inquietud la posibilidad de que la lucha antidrogas se utilice como pretexto para operaciones más amplias. Si ataques terrestres se normalizan como acciones “técnicas” o de “seguridad”, advierten especialistas, la región podría entrar en una etapa de inestabilidad sostenida con consecuencias profundas para su soberanía y su equilibrio político.

A siete años del ascenso de Morena, México vive un reacomodo estructural que difícilmente puede describirse como continuidad pura. La llegada de López Obrador en 2018 marcó una ruptura con el modelo neoliberal, mientras que la presidencia de Claudia Sheinbaum consolidó un proyecto que hoy controla buena parte del mapa político. El meteórico avance electoral del partido —de no existir a gobernar 24 estados— explica parte del nuevo escenario, pero no agota las preguntas que surgen en torno a sus resultados.

En materia económica, los gobiernos de Morena impulsaron aumentos sostenidos al salario mínimo y expandieron la política social, lo que redujo la pobreza según cifras del Inegi y la Cepal. Sin embargo, el crecimiento económico no ha acompañado al ritmo de esa mejora y persisten dudas sobre la dependencia comercial con Estados Unidos y los retos que implica el Plan México, la apuesta de Sheinbaum por reindustrializar al país. La discusión técnica, coinciden especialistas, sigue atrapada entre lecturas ideológicas y diagnósticos parciales.

En seguridad, el contraste entre discurso y realidad continúa siendo uno de los puntos más sensibles. López Obrador prometió una estrategia distinta, pero heredó a Sheinbaum un país con más homicidios y desaparecidos que en 2018. El viraje operado por la actual mandataria, con Omar García Harfuch al frente, apunta a un énfasis en inteligencia y coordinación, aunque los problemas estructurales —corrupción, impunidad, cuerpos policiales débiles— siguen sin resolverse de fondo.

La política exterior muestra un equilibrio complejo entre defensa de la soberanía y pragmatismo frente a Washington, especialmente con el regreso de Donald Trump. El cambio más profundo, no obstante, ocurrió en casa: la reforma que sometió al voto popular al Poder Judicial. Con ello, Morena completó un ciclo de transformación institucional cuyo alcance, beneficios y riesgos apenas empiezan a perfilarse en el México que viene.

El anuncio del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador reactivó de inmediato el pulso político nacional. Desde su finca en Chiapas, el expresidente reapareció en un momento cargado de tensiones: la caída de Alejandro Gertz Manero, el avance de Donald Trump en Centroamérica, la presión militar sobre Venezuela y la ofensiva discursiva de la ultraderecha mexicana contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Su mensaje pareció reposado, pero llevó una advertencia: podría regresar si la democracia o la soberanía se vieran amenazadas.

Esa sola posibilidad desató reacciones destempladas entre los adversarios de la 4T, que buscaron presentar la publicación como un síntoma de debilidad del actual Gobierno. El argumento, sin embargo, se sostiene con dificultad: desde hace meses se sabía que López Obrador preparaba un libro y una eventual gira de presentación. La oposición, atrapada en su propia narrativa alarmista, leyó la aparición como una sombra sobre Sheinbaum, pese a que la presidenta agradeció públicamente el respaldo.

La reaparición también reposicionó al tabasqueño dentro del tablero político. Aunque insistió en que no pretende ejercer un cacicazgo, su figura continúa siendo un factor de contención interna en Morena. En la antesala de definiciones rumbo a diputaciones, gubernaturas y cargos locales, su silencio o intervención pueden inclinar equilibrios entre bloques que hoy compiten por influencia. La “unidad” que él demanda se vuelve una condición tácita para evitar tensiones mayores.

El peso simbólico de López Obrador, incluso desde el retiro, persiste. Su anuncio literario confirma que, aunque su fuerza quizá esté menguada por desgastes y señalamientos, conserva una capacidad de movilización que pocos actores poseen. Desde Palenque, se mantiene como vigilante del rumbo político y como eventual muro de contención ante cualquier intento de alterar la continuidad del proyecto que encabezó.

Las declaraciones de la congresista María Elvira Salazar, quien describió a Venezuela como un “día de campo” para las petroleras estadounidenses, destaparon el verdadero trasfondo económico del despliegue militar y la presión política que Washington mantiene en el Caribe. Más allá del discurso sobre narcotráfico o “restauración democrática”, la idea de un botín de más de un trillón de dólares confirma un patrón histórico: el interés por controlar recursos estratégicos cuando la vía comercial deja de ser rentable.

Especialistas en derecho internacional y política venezolana sostienen que la franqueza de Salazar evidencia la continuidad de una lógica imperial aplicada ya en Irak, Libia o Siria. Coinciden en que la narrativa antidrogas funciona como fachada para justificar presiones que responden, en realidad, a la necesidad energética de un país que enfrenta su propio declive productivo. Señalan también que el lobby del sur de Florida, con fuerte peso cubano y venezolano, opera como motor ideológico de esta ofensiva.

Si bien dentro del Partido Republicano existen tensiones sobre política exterior, la hostilidad hacia Caracas aparece como un punto de cohesión. Para analistas consultados, esto permite entender por qué el discurso más crudo proviene de legisladores de Florida: representan a comunidades que impulsan una agenda abiertamente intervencionista en América Latina. La referencia al “festín” petrolero, lejos de ser un desliz retórico, encaja con esa presión interna.

El escenario que imagina Salazar, sin embargo, luce improbable. Venezuela mantiene alianzas petroleras consolidadas —incluidos acuerdos con socios BRICS y operaciones con Chevron— que hacen inviable una apropiación rápida de recursos. Los expertos advierten que cualquier intento militar desataría un caos regional con impacto directo en comercio, seguridad y rutas energéticas. Más que un plan ejecutable, señalan, la promesa de un saqueo petrolero funciona como pieza de propaganda para consumo doméstico en Estados Unidos.

La salida anticipada de Alejandro Gertz Manero convirtió a la Fiscalía General de la República en una nueva pieza del andamiaje político de Claudia Sheinbaum. Con un mensaje breve —“le ofrecí una embajada y aceptó”— la presidenta dejó claro que la decisión fue suya y que el reacomodo forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer su margen de maniobra institucional. En paralelo, sumó a Ernestina Godoy, su colaboradora más cercana en temas jurídicos, como fiscal interina.

El movimiento se inscribe en un contexto de tensiones políticas acumuladas. La coordinación entre Sheinbaum y Adán Augusto López, jefe de la bancada de Morena en el Senado, sugiere que el relevo fue calculado para cerrar discrepancias internas, especialmente las derivadas de investigaciones sensibles dentro de la FGR. La oposición, en contraste, quedó desarticulada: llegó con ausencias a la votación, no articuló un diagnóstico del desempeño de Gertz y evitó cuestionar a fondo el impacto de la maniobra en la autonomía del Ministerio Público.

El ascenso de Godoy, arquitecta de investigaciones emblemáticas cuando encabezó la Fiscalía capitalina, refuerza el círculo de confianza presidencial. Su nombramiento como fiscal especial de Control Competencial, que la dejó como encargada de despacho, muestra un camino diseñado para asegurar continuidad política en una Fiscalía que nació bajo la promesa de independencia. Morena celebró el cambio; la oposición se limitó a advertir un retroceso institucional sin presentar alternativas.

El episodio cierra semanas de desgaste para el Gobierno, tras la crisis por el asesinato del alcalde de Uruapan y la movilización del 15-N. Con este golpe de autoridad, Sheinbaum recupera iniciativa, exhibe cohesión interna y coloca a la FGR dentro de un tablero donde el oficialismo ya controla Congreso, Poder Judicial renovado y la mayoría de los estados. El desafío será demostrar que esta concentración de poder no erosiona la justicia, sino que la fortalece.

El balance de la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República expone una institución con avances mínimos frente a los mayores casos de corrupción y una efectividad reducida en el combate al crimen organizado. Entre 2018 y 2024 la FGR abrió casi 500 mil carpetas de investigación, pero sólo judicializó 15 mil en el último año y obtuvo 7,742 sentencias condenatorias, ninguna vinculada a escándalos como Odebrecht, Segalmex, Estafa Maestra o el huachicol, lo que refleja el limitado alcance de su actuación frente a delitos de alto impacto.

Los datos oficiales muestran que buena parte de las carpetas se resolvieron mediante mecanismos alternativos y acuerdos reparatorios, estrategia útil para conflictos menores pero insuficiente como política anticorrupción. Mientras tanto, la FEMDO —encargada de delincuencia organizada— obtuvo apenas 65 órdenes de aprehensión y 273 sentencias condenatorias en 2024, cifras bajas frente al tamaño de la operación criminal en el país. En algunos casos, la fiscalía enfrentó reveses judiciales, como la orden de archivar investigaciones contra la familia Jenkins por considerar inválida la reapertura del caso.

En materias electoral y anticorrupción, la actuación tampoco logró avances contundentes. La Fisel sólo judicializó 52 carpetas en año electoral y dejó pendientes investigaciones relevantes, incluidas denuncias cruzadas entre actores políticos. La Fiscalía Anticorrupción inició más de 800 carpetas, pero determinó que en 233 no había mérito para ejercer acción penal, registrando pocos casos llevados ante juez y un número reducido de criterios de oportunidad o acuerdos reparatorios efectivos.

Además de los pobres resultados, la FGR vivió conflictos internos, como la separación del titular del Órgano Interno de Control por presunta corrupción. Casos emblemáticos como el de Lozoya quedaron en acuerdos incompletos, mientras procesos como el de Rosario Robles se desmoronaron en tribunales. El saldo que deja Gertz Manero es una fiscalía debilitada, sin logros estructurales y con un desempeño insuficiente frente a los delitos que más afectan al país.

México registró en 2025 su mayor volumen histórico de importaciones de granos, con 40.7 millones de toneladas entre enero y octubre, según datos de la ANAM. El aumento, impulsado por un récord de compras de maíz amarillo y blanco, revela un fenómeno complejo que combina presión de la demanda interna, efectos de la sequía y distorsiones del mercado internacional. Aunque la Secretaría de Agricultura afirma que no hubo caída productiva significativa, expertos señalan que la sequía en estados clave como Sinaloa redujo rendimientos y elevó la dependencia del exterior.

El incremento del consumo de proteína animal —vinculado al alza del salario mínimo y a la salida de millones de personas de la pobreza— también elevó el uso de granos para forraje. A ello se suma la política de exención de aranceles del Pacic, que incentivó a grandes empresas a importar a menor costo. Analistas destacan que el maíz estadounidense, subsidiado y mayoritariamente transgénico, entra al país a precios más bajos que la producción nacional, creando una brecha que impacta a agricultores mexicanos y refuerza la dependencia de insumos externos.

Aunque México es autosuficiente en maíz blanco para consumo humano, la producción de maíz amarillo —clave para la industria alimentaria y pecuaria— no cubre la demanda. La falta de tecnificación y el bajo rendimiento por hectárea agravan este rezago: mientras Estados Unidos obtiene más de 11 toneladas por hectárea, México promedia menos de cuatro, con excepciones como Sinaloa. La vulnerabilidad hídrica también pesa: la escasez de agua para riego y el deterioro ambiental limitan la capacidad de expansión agrícola.

Especialistas coinciden en que, sin una estrategia de largo plazo que combine inversión en tecnificación, manejo sustentable del agua y fortalecimiento de pequeños y medianos productores, México seguirá expuesto a variaciones externas. El récord de importaciones, más que un dato aislado, es un síntoma de una dependencia estructural que el país aún no logra revertir.

El debate sobre el “fin del petróleo” ha estado marcado por proyecciones optimistas que no siempre coinciden con la realidad. Durante años, organismos internacionales insistieron en que la adopción de vehículos eléctricos reduciría de manera drástica la demanda de hidrocarburos. Sin embargo, el consumo absoluto de petróleo y gas ha seguido creciendo. La Agencia Internacional de la Energía, que hasta hace poco repetía escenarios basados en promesas y no en hechos, publicó en 2025 un escenario basado en políticas actuales: en él, la demanda global de petróleo no cae, sino que aumenta más allá de 2050.

La diferencia entre proporción y volumen total es clave para entender el fenómeno. Aunque el porcentaje del petróleo dentro del consumo mundial se ha reducido ligeramente, su uso absoluto creció 44% entre 2000 y 2024. Este aumento desmiente el discurso importado del Norte global que promovía abandonar la inversión en petróleo bajo el argumento de una supuesta inminente obsolescencia. Muchos países desarrollados continuaron expandiendo su producción mientras presionaban a economías en desarrollo para abandonar su sector energético, lo que hoy se interpreta como un intento de limitar su crecimiento y mantener control sobre las fuentes de energía.

El error central de aquella narrativa fue asumir que el futuro del petróleo dependía únicamente del transporte. Ignoró los usos estratégicos de mayor valor agregado: fertilizantes indispensables para la agricultura global y petroquímicos esenciales en plásticos, medicinas, fibras, detergentes y cauchos. Estos sectores seguirán impulsando la demanda global incluso con la expansión de los vehículos eléctricos, reflejando un mercado más complejo y menos predecible de lo que afirmaban los discursos oficialistas.

En este contexto, la política energética mexicana adquiere nueva relevancia. La consolidación de Pemex, la recuperación de la refinación y el relanzamiento de la producción de fertilizantes como áreas de seguridad nacional se alinean con un escenario energético donde el petróleo mantiene un papel estructural. Más que nostalgia por el pasado, la estrategia mexicana parece anticiparse a una realidad que la evidencia internacional confirma: el petróleo no desaparecerá pronto, y su control seguirá definiendo soberanía y desarrollo.