El debate sobre la ofensiva de la ultraderecha ha ganado protagonismo en sectores cercanos a la Cuarta Transformación, que ven en ella una amenaza organizada y creciente. Sin embargo, atribuir cualquier protesta o expresión de malestar a una conspiración conservadora puede nublar un hecho esencial: el desgaste social también emerge desde dentro. La historia reciente de América Latina muestra que los gobiernos progresistas suelen caer menos por ataques externos que por la pérdida de entusiasmo entre quienes antes los apoyaban.

En México, la aprobación mayoritaria hacia el gobierno convive con demandas persistentes: seguridad deficiente, incertidumbre económica, servicios públicos frágiles. Transportistas, vecinos que exigen justicia o agricultores que protestan por precios injustos no necesariamente actúan bajo una bandera partidista. Reducir todas estas expresiones al “juego de la derecha” implica el riesgo de desconocer agravios reales y desatender el descontento que se acumula en amplias zonas del país. Es, además, una forma de trasladar la responsabilidad a factores externos.

El riesgo político no está únicamente en las campañas de desprestigio diseñadas por empresarios o consultores opositores, sino en que la narrativa gubernamental derive hacia el victimismo. La experiencia de los partidos que gobernaron México por décadas muestra que la externalización de la culpa –atribuir todo a enemigos o conspiraciones– conduce a la parálisis. También impide corregir rumbos y atender las expectativas de quienes dieron su voto esperando transformaciones concretas.

La 4T tiene ante sí un desafío estructural: sostener apoyo popular mediante resultados tangibles. Ello implica ampliar políticas redistributivas, robustecer la economía formal y responder a la inseguridad que afecta al país. Enfocarse demasiado en el adversario puede distraer de ese objetivo central. Cuando la inconformidad crece, el peligro no viene solo de fuera; surge, sobre todo, de la distancia entre las promesas y la vida cotidiana de la mayoría.

El Gobierno federal y los 32 estados firmaron un nuevo acuerdo para enfrentar la extorsión, delito que atraviesa al país desde el comercio ambulante hasta el sector agropecuario. La estrategia, presentada como un esfuerzo de coordinación inédita, busca elevar el delito a investigación de oficio, unificar criterios fiscales y fortalecer los mecanismos de denuncia. Sin embargo, la ceremonia en Palacio Nacional dejó más preguntas que respuestas sobre su alcance real.

Uno de los mayores retos es la falta de cifras confiables. La extorsión vive en la sombra: miles de casos no se denuncian por miedo a represalias, y episodios recientes —como el asesinato de un líder citrícola en Michoacán pese a tener resguardo— evidencian la vulnerabilidad de quienes se atreven a reportarla. Aunque el Gobierno presume un aumento del 23% en llamadas de denuncia desde julio, no se informó cuántas derivaron en acciones concretas.

También persisten dudas sobre recursos y capacidades. Varias fiscalías estatales operan con personal rebasado, con agentes que gestionan miles de carpetas donde deberían manejar cientos. La estrategia contempla crear unidades especializadas y fortalecer la línea 089, pero sin claridad presupuestal ni metas anuales resulta difícil prever si la centralización anunciada se traducirá en resultados sostenibles o quedará como un gesto político más.

La extorsión es ya un negocio transversal para distintos grupos criminales y afecta directamente el precio de los alimentos y la estabilidad local. Para que la nueva estrategia tenga impacto, deberá convertirse en un plan operativo verificable: con recursos definidos, responsabilidades precisas y sanciones ejemplares que envíen una señal inequívoca a las mafias. De lo contrario, México corre el riesgo de sumar otro anuncio sin consecuencias tangibles.

A 30 años del levantamiento indígena en Chiapas, el EZLN enfrenta un escenario marcado por viejas heridas y agravios acumulados. Las promesas estatales de reconocimiento y autonomía, encarnadas en los Acuerdos de San Andrés, quedaron truncas desde finales de los noventa, abriendo un ciclo de desconfianza que ninguna administración posterior logró revertir. La organización se replegó a la reconstrucción interna mientras la política nacional avanzaba sin ellos.

Los intentos de reconciliación han chocado una y otra vez con los hechos. Cambios de gobierno, nuevos partidos y discursos progresistas no alteraron la percepción zapatista de que el Estado mantiene un patrón de control y subordinación hacia los pueblos originarios. Las tensiones estallaron con fuerza durante los años recientes, en medio de proyectos federales que impactan territorios indígenas y la persistencia de grupos armados que operan en la región.

Mientras tanto, la violencia y el desplazamiento en zonas autónomas se han agravado. Comunidades enteras denuncian la presencia de actores armados, colusión institucional y la falta de medidas efectivas para contener la espiral de agresiones. En ese contexto, el EZLN sostiene que cualquier vía de diálogo requiere antes garantías mínimas de seguridad, algo que, desde su perspectiva, no existe en la actualidad.

La conmemoración del aniversario zapatista llega, así, envuelta en un clima de fractura profunda. El movimiento insiste en que su apuesta por la autodeterminación se mantiene intacta, pero advierte que el país atraviesa un momento crítico para la vida comunitaria. Tres décadas después, el tema pendiente sigue siendo el mismo: la deuda histórica con los pueblos indígenas y la incapacidad gubernamental para saldarla.

El nuevo esquema arancelario aprobado por México —con gravámenes de hasta 50% sobre textiles, acero, autopartes y otros bienes provenientes en su mayoría de Asia— trasciende la lógica económica. La medida se inscribe en un momento de repliegue global y presiones crecientes de Washington para contener la expansión industrial china en el hemisferio occidental. Al modificar el costo de entrada de productos asiáticos, México envía una señal que impacta más allá de sus fronteras.

Mientras el Gobierno argumenta que los aranceles buscan apuntalar la producción nacional y corregir un déficit comercial estructural con China, especialistas advierten que la decisión también acomoda intereses estratégicos de Estados Unidos. La Casa Blanca ha presionado para que sus socios reduzcan la triangulación de mercancías chinas y fortalezcan cadenas norteamericanas de suministro en sectores clave. Desde esa óptica, el viraje mexicano funciona como un muro comercial que coincide con las prioridades de Washington.

Las consecuencias geopolíticas no terminan ahí. La medida podría tensar la relación con Pekín, que ha consolidado presencia económica en América Latina durante dos décadas. La sustitución de importaciones asiáticas por bienes estadounidenses o canadienses reconfigura el equilibrio regional, en un momento en que China diversifica inversiones y busca rutas comerciales menos vulnerables a presiones políticas. México, por su parte, apuesta a convertirse en plataforma manufacturera privilegiada en la disputa hegemónica.

El reto central será convertir ese reposicionamiento en beneficios reales. Si los aranceles no van acompañados de inversión industrial y modernización tecnológica, México corre el riesgo de asumir costos inflacionarios sin obtener la influencia que pretende en el nuevo mapa geoeconómico. En un escenario global marcado por rivalidades crecientes, cada movimiento comercial adquiere un significado político de largo alcance.

La trayectoria de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, sintetiza uno de los casos más complejos de corrupción estructural en la política reciente. Con ascenso acelerado dentro del PRI y un gobierno marcado por irregularidades financieras, su administración dejó investigaciones abiertas por desvíos millonarios, adquisiciones de bienes presuntamente ilícitos y el funcionamiento de una red de pagos ilegales conocida como la “Nómina Secreta”. Las autoridades estatales y federales emitieron más de veinte órdenes de aprehensión en su contra antes de su detención inicial en Estados Unidos en 2020 y posterior extradición a México.

El expediente contra Duarte no describe únicamente presuntos desfalcos, sino la existencia de un ecosistema político sostenido en transferencias discretas de recursos a actores públicos y privados. Entre los beneficiarios señalados se encuentra la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, cuya relación con estos expedientes ha sido objeto de procesos judiciales y controversia política. Esta red de protección política y jurídica permitió que, pese a las acusaciones, Duarte mantuviera márgenes de operación durante años.

El reciente operativo federal que condujo a su nueva captura marca un punto de quiebre. Con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, el Gobierno federal ha asumido un papel central en un caso donde, argumenta, la justicia local mostró límites estructurales para proceder. El arresto coincidió con la ausencia de Campos del país, hecho que reavivó cuestionamientos sobre el papel de la autoridad estatal en los procesos contra el exmandatario.

La reaprehensión de Duarte reabre también escenarios para otros involucrados en la presunta red de desvíos, incluidos operadores de la llamada Operación Zafiro. Para analistas, el caso representa una prueba de estrés para el sistema judicial y político: si el Estado logra avanzar con eficacia en un expediente de esta magnitud, podría sentar un precedente para la rendición de cuentas en los niveles más altos del poder público.

La tensión en la frontera entre México y Guatemala volvió a escalar tras recientes enfrentamientos entre fuerzas guatemaltecas y grupos criminales mexicanos. El choque, que dejó un militar herido y un civil muerto, detonó la decisión de ambos Gobiernos de reforzar su coordinación operativa. México anunció “operaciones coincidentes” con Guatemala, una modalidad que implica despliegues paralelos en cada territorio para contener a los cárteles que dominan la región, particularmente facciones vinculadas al Cártel de Sinaloa y al llamado Cártel de Chiapas-Guatemala.

Aunque los dos países insisten en que estas acciones se realizarán sin intervención externa, el contexto regional complica la ecuación. Estados Unidos mantiene un despliegue militar creciente en el Caribe bajo el argumento de combatir al narcotráfico, y la narrativa de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha abierto la puerta a la expansión de sus facultades extraterritoriales. Para Washington, cualquier indicio de incapacidad estatal en Centroamérica adquiere valor estratégico: debilita resistencias diplomáticas y facilita negociaciones para extender su presencia militar.

La región ofrece precedentes. Países como Costa Rica, Ecuador, Guyana o Antigua y Barbuda han aceptado grados variables de cooperación militar estadounidense ante presiones internas y externas. En ese marco, la frontera sur de México aparece como un punto crítico, no solo por el trasiego de drogas, armas y migración irregular, sino porque históricamente nunca ha existido un acuerdo de seguridad bilateral sólido entre México y Guatemala. Esa ausencia deja espacio para interpretaciones y oportunidades para actores externos.

Los incidentes recientes —incluidos 12 ataques contra el Ejército guatemalteco en Agua Zarca y una incursión accidental de fuerzas mexicanas en junio— evidencian un deterioro que ambos Gobiernos buscan contener. Pero el riesgo mayor, advierten especialistas en seguridad regional, es que el escalamiento criminal termine alineando a países latinoamericanos con la agenda militar de Washington. Si eso ocurre, las “operaciones coincidentes” podrían convertirse en el primer eslabón de un reacomodo estratégico mucho más amplio en la región.

Estados Unidos presentó una actualización de su Estrategia de Seguridad Nacional que busca reposicionar su poder en un escenario internacional fragmentado. El documento endurece su visión del hemisferio occidental y revive, en términos contemporáneos, la lógica de la Doctrina Monroe, al plantear un control más estricto sobre migración, cadenas de suministro y presencia de potencias extrarregionales. La idea de un “dominio exclusivo” regional vuelve al centro del discurso estratégico de Washington.

La Casa Blanca afirma que “la era de las migraciones masivas ha terminado” y eleva la seguridad fronteriza a prioridad nacional. La paradoja, señalan especialistas, es que la política económica impulsada por Estados Unidos suele incentivar la expulsión de población en países dependientes de exportaciones primarias. A ello se suma el endurecimiento del combate transnacional al narcotráfico, que ahora se enmarca en una visión más abierta al uso extraterritorial de la fuerza.

El documento también marca distancias con Europa. Aunque exige al continente asumir la “responsabilidad primaria” de su defensa, impulsa una salida rápida al conflicto en Ucrania y un realineamiento estratégico hacia el Indo-Pacífico. La OTAN, se anticipa, deberá operar cada vez más como un instrumento de presión sobre China, a la par de la búsqueda de una “estabilidad estratégica” con Rusia que reduzca tensiones sin debilitar la primacía estadounidense.

Washington asegura que pretende “paz mediante fortaleza”, pero la práctica reciente —desde operaciones letales en el Caribe hasta amenazas de intervención en América Latina— contradice ese mensaje. La pregunta de fondo es si Estados Unidos puede sostener un orden global renovado sin recurrir al uso expansivo de la fuerza, o si esta estrategia es, más bien, un intento de reconstruir una unipolaridad que ya no corresponde al mundo actual.

El anuncio del Gobierno mexicano para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas desató una oleada de advertencias sobre presuntos daños a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, especialistas señalan que el temor responde más a percepciones arraigadas que a un análisis económico integral. La propuesta, planteada de forma gradual hasta 2030, busca amortiguar ajustes y evitar choques abruptos en los sectores más sensibles.

Aunque líderes empresariales aseguran que la medida elevará costos operativos entre 15% y 20%, los economistas matizan este diagnóstico. Una parte sustancial del universo mipyme opera en esquemas de informalidad que ya funcionan al margen de regulaciones laborales básicas. Esto diluye el impacto real de la reforma, mientras concentra el desafío en compañías formales de servicios y comercio que dependen de horarios extendidos y rotaciones rígidas.

La discusión, coinciden los expertos, no puede reducirse a la contabilidad inmediata del costo laboral. Estudios internacionales apuntan a que jornadas más cortas suelen incrementar la eficiencia, y México enfrenta una brecha histórica en productividad que no se resolverá prolongando horas de trabajo. La reforma introduce justamente un periodo de transición para incentivar mejoras tecnológicas, reorganización de flujos y profesionalización administrativa, factores que hace décadas quedaron rezagados bajo un modelo anclado en la sobreexplotación de la mano de obra.

En paralelo, el país reordena su mercado interno y confronta la informalidad, que distorsiona la competencia y limita el bienestar. En ese marco, la reducción de jornada abre una oportunidad para replantear la relación entre costos, eficiencia y derechos laborales. Más que un golpe a las mipymes, el reto —dicen los analistas— es convertir la transición en un impulso hacia una productividad sostenida.

La ofensiva retórica del PRI y del PAN contra el Gobierno de la Cuarta Transformación ha escalado a niveles que rozan la caricatura. Acusaciones de autoritarismo, corrupción o incluso vínculos criminales emergen ahora de quienes edificaron su poder histórico precisamente sobre esas prácticas. El fenómeno exhibe un viejo mecanismo psicológico –la proyección– trasladado directamente al terreno político: atribuir al adversario las propias miserias para evitar asumirlas y, de paso, erosionar su legitimidad ante el electorado.

La estrategia se sostiene en la desinformación, que permite reescribir la memoria pública y borrar responsabilidades históricas. Así, los priístas proclaman que “construyeron el país” que en realidad se desarrolló a pesar de ellos, mientras los panistas adjudican a Vicente Fox la paternidad de los programas sociales que hoy intentan desmantelar. Esta reapropiación de méritos acompaña la campaña de injurias que circula en redes y medios, donde los ataques buscan sustituir el debate por el escándalo y la discusión argumentada por insultos multiplicados.

En ese terreno se articula la influencia de la ultraderecha internacional, cuyos discursos misóginos, clasistas y xenófobos han sido acogidos con entusiasmo por la reacción local. Frases como “basura inmigrante” o “zurdos de mierda” ya forman parte del repertorio opositor, alimentado por figuras como Salinas Pliego, Lilly Téllez o Alejandro Moreno, que replican el estilo estridente de Trump y Milei para amplificar su presencia mediática.

La apuesta es clara: desplazar la política y colonizar el espacio público con odio, burla y desprecio. Su eficacia no reside en convencer, sino en contaminar, provocando que otros actores respondan en el mismo tono. Si la disputa pública se reduce al intercambio de improperios, la ultraderecha habrá logrado su objetivo: vaciar la política de contenido y convertirla en un espectáculo de violencia verbal.

La alianza entre Morena, PVEM y PT entra a una fase decisiva rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum logró, por ahora, contener el riesgo de ruptura, el bloque oficialista se mueve sobre un terreno marcado por recelos, cálculos de poder y tensiones por la reforma electoral. Las dirigencias han aceptado salir en enero con un mensaje de unidad, pero detrás del anuncio aún queda por resolverse la letra fina del acuerdo.

La discusión más sensible gira en torno al contenido de la reforma electoral que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso. La posible eliminación de plurinominales, la reducción del financiamiento partidista y la reconfiguración del INE generan resistencias en el Verde y el PT, que ven amenazadas sus actuales rutas de supervivencia. Entre exigencias y advertencias veladas, los aliados esperan conocer el proyecto final antes de comprometer su respaldo.

Mientras el PVEM apuesta por una coalición parcial que le permita competir solo en distritos estratégicos, el PT presiona por un acuerdo total, temeroso de repetir el escenario de 2021, cuando la división interna debilitó al bloque y frenó reformas clave. En Morena, la instrucción presidencial es clara: unidad, pero sin ceder a prácticas de nepotismo o arreglos que comprometan la narrativa de renovación política.

La negociación real comenzará en 2026, cuando se definan las candidaturas y el reparto de espacios en las 17 gubernaturas en disputa. Si bien el oficialismo insiste en mostrarse cohesionado, la reforma electoral, los intereses encontrados y los tiempos reducidos pondrán a prueba la capacidad de la coalición para mantenerse intacta. El mensaje de unidad llegará; su viabilidad, en cambio, sigue en construcción.