La Fiscalía General de la República documentó que Manuel y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, encabezan una red de servidores públicos, empresarios y civiles implicados en lavado de dinero, defraudación fiscal y corrupción vinculados al llamado huachicol fiscal. Según la causa penal 325/2025, los hermanos utilizaron su posición dentro de la Marina para simular operaciones, mover efectivo y adquirir inmuebles y vehículos de lujo sin justificación legal.

Las pesquisas revelan que ambos realizaron miles de operaciones financieras en efectivo, con gastos que superan con creces sus ingresos por nómina. Entre 2020 y 2024, Manuel Farías recibió poco más de 12 millones de pesos como marino activo, pero adquirió propiedades por más de 9 millones y depósitos millonarios en aseguradoras privadas. Fernando, por su parte, gastó más de lo que declaró en un 300%, además de emitir cheques y comprar terrenos, autos y pólizas de vida con dinero no declarado.

La FGR también rastreó comunicaciones telefónicas georreferenciadas cerca de zonas y aduanas navales clave —Dos Bocas, Guaymas, Manzanillo y Ensenada—, puntos señalados como estratégicos en la red de contrabando de combustibles. Manuel Farías fue detenido en septiembre y permanece en el penal del Altiplano; su hermano Fernando está prófugo desde el 2 de octubre, acusado de delincuencia organizada con fines de robo y tráfico de hidrocarburos.

El caso sacude a la Marina, una de las instituciones más blindadas del país, y pone nuevamente en entredicho el discurso de “cero impunidad” del gobierno federal. La investigación revela cómo la corrupción se incrustó dentro de la estructura militar encargada de combatir el contrabando que ahora parece haber aprovechado.

A dos años del ataque de Hamas contra Israel, la Franja de Gaza vive uno de los capítulos más devastadores de su historia. Tanques, aviones y barcos israelíes bombardearon nuevamente la ciudad de Gaza, Jan Yunis y Rafah, mientras las autoridades locales denuncian que la ofensiva ha dejado más de 67 mil palestinos asesinados. Según el Ministerio de Salud de Gaza, la situación ha dejado de ser una crisis humanitaria para convertirse en un “colapso total y deliberado de la existencia humana”.

Israel mantiene los ataques pese a los llamados internacionales al cese al fuego. La ONU advierte que el sistema sanitario está colapsado: hospitales sin electricidad ni medicinas, incubadoras destruidas y recién nacidos que deben compartir oxígeno. “Estamos ante un genocidio sanitario”, señaló un funcionario de Unicef. La mayoría de los refugios del sur están desbordados y miles de familias viven ahora entre los escombros o en campamentos improvisados.

Desde su exilio en Jan Yunis, la escritora gazatí Saeda Hamdona describe un dolor cotidiano: “Nos vimos obligados a vender nuestros sueños, nuestro oro y nuestros recuerdos. Vendí mi anillo de compromiso para alimentar a mi hijo hambriento”. Su testimonio retrata el colapso emocional y material de una población que ha sido desplazada múltiples veces en solo dos años de guerra.

Hamas, por su parte, reafirma que la ofensiva del 7 de octubre de 2023 —que dejó 1,200 israelíes muertos y 250 secuestrados— fue una “respuesta histórica” a la ocupación. Pero en el terreno, la “respuesta” israelí se traduce en ruinas, hambre y desplazamiento masivo. Gaza se ha convertido en una herida abierta del siglo XXI: un territorio donde la esperanza apenas sobrevive entre las cenizas.

Durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, las cifras oficiales muestran un contraste inquietante: los homicidios bajaron 23%, pero las desapariciones aumentaron 54% respecto al promedio anual del sexenio anterior. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se reportaron 14,761 personas desaparecidas, la cifra más alta desde que existen registros.

Mientras tanto, los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública señalan 25,504 homicidios en el mismo periodo, siete mil menos que en el último año de Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades celebran esta baja, destacando que septiembre registró el menor número de asesinatos en nueve años. Sin embargo, especialistas advierten que la disminución de homicidios podría estar enmascarando otras formas de violencia letal.

El Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana advierte que los homicidios dolosos ya no bastan para medir la magnitud real de la violencia. Su estudio plantea que muchos crímenes se ocultan bajo categorías ambiguas como “homicidios culposos”, “fallecidos sin identificar” o directamente como desapariciones forzadas. Así, el supuesto descenso en asesinatos podría reflejar una transformación en los métodos de eliminación y ocultamiento de víctimas.

En promedio, 40 personas desaparecen cada día en México, frente a las 26 diarias del sexenio anterior. Para los colectivos de búsqueda, el fenómeno revela una continuidad de impunidad y descomposición institucional. En palabras de una madre buscadora: “Ya no matan para asustar, desaparecen para borrar”. El país vive menos asesinatos visibles, pero más ausencias que nadie explica.

A un año de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum enfrenta su primer gran escrutinio público. Durante su discurso en el Zócalo, la mandataria afirmó que el Estado no reprime, que Dos Bocas produce 270 mil barriles diarios y que México es el segundo país menos desigual del continente. Sin embargo, un análisis de El Sabueso y organismos independientes revela que varias de sus declaraciones son falsas o engañosas, reflejo de un gobierno que combina avances sociales con opacidad y control institucional.

El caso más evidente es la refinería Olmeca, en Dos Bocas. Lejos de la cifra presidencial, Pemex reporta una producción promedio de 102 mil barriles diarios, apenas 30 % de su capacidad. También resultó falso que “no se use la fuerza del Estado contra el pueblo”: el 2 de octubre, policías de la Ciudad de México agredieron a manifestantes y periodistas, mientras Artículo 19 y RSF documentaron siete asesinatos de periodistas durante su administración.

En materia económica, Sheinbaum sostuvo que México redujo la desigualdad y que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; lo segundo es cierto, pero el avance en equidad se matiza: la mayor parte de esa mejora ocurrió antes de su gobierno, y México no es el segundo país menos desigual del continente. La brecha de ingresos sigue siendo de las más amplias de la región.

En temas de seguridad y derechos de las mujeres, el panorama tampoco respalda el optimismo presidencial. Entre octubre de 2024 y agosto de 2025 se registraron más de 16 mil homicidios y 645 feminicidios. Aunque Sheinbaum promete “un gobierno sin represión y con justicia social”, los datos muestran un país donde la violencia, la censura y las carencias estructurales aún marcan la realidad.

El crimen organizado ha encontrado en los influencers un nuevo canal para lavar dinero. A través de fiestas, contratos digitales, facturas infladas y donaciones opacas, los cárteles mueven recursos ilícitos disfrazados de ingresos legítimos. Expertos en finanzas digitales advierten que la falta de regulación y la opacidad del mercado de creadores de contenido han convertido a las redes sociales en un terreno fértil para el blanqueo.

De acuerdo con investigadores consultados, los métodos van desde pagos en efectivo por eventos y menciones “infladas” hasta transferencias en criptomonedas o bienes de lujo. Los contratos simulados con marcas ficticias y servicios intangibles como “consultorías creativas” permiten justificar ingresos imposibles de auditar. Plataformas como YouTube y Twitch, donde se manejan grandes volúmenes de donaciones, también son utilizadas para canalizar fondos criminales con apariencia de propinas o regalías.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya investiga casos de “narcoinfluencers” ligados a grupos como Los Chapitos. En México, la violencia ha alcanzado a creadores de contenido: seis han sido asesinados tras ser acusados públicamente de colaborar con el crimen organizado. A la par, el Tesoro estadounidense congeló cuentas de artistas vinculados al lavado, como el “narco-rapero” Makabelico.

La industria digital crece más rápido que las leyes que intentan regularla. Mientras Meta y YouTube aseguran colaborar con autoridades, especialistas alertan que los mecanismos de control son mínimos. La popularidad, las métricas falsas y las donaciones anónimas se han convertido en el nuevo rostro financiero del narco. El reto es urgente: frenar una economía criminal que, detrás de likes y patrocinios, sigue lavando millones.

Nuevos documentos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) señalan que personal naval bajo el mando de Rafael Ojeda Durán —entonces jefe de la Octava Región Naval— participó en la alteración del basurero de Cocula y del río San Juan en octubre de 2014. Según el informe, los marinos manipularon bolsas y encendieron hogueras dos días antes de que aparecieran restos atribuidos a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

La participación de la Marina en esas operaciones fue clave para cimentar la llamada “verdad histórica” presentada por la PGR de Jesús Murillo Karam y la AIC de Tomás Zerón. Esa versión oficial, hoy desacreditada, aseguró que los estudiantes fueron incinerados en Cocula y que no había pruebas de su paradero. La CoVAJ sostiene que se sembraron evidencias para sostener un relato que buscaba cerrar el caso con rapidez y deslindar al Ejército.

Un video entregado en 2021 muestra cómo marinos descargaron bultos en el basurero, los incineraron y después trasladaron restos al río San Juan. Pese a ello, la Secretaría de Marina respondió en 2020 que solo había dado seguridad perimetral a la PGR. Para los investigadores, la institución no solo vigiló, sino que intervino directamente en la manipulación del escenario del crimen.

Las revelaciones reavivan las dudas sobre la complicidad de mandos militares en el ocultamiento de la verdad. Aunque López Obrador defendió públicamente a Ojeda Durán en 2022, la CoVAJ advierte que la Marina aún guarda información crucial sobre lo ocurrido. A once años de la tragedia, la impunidad persiste y la exigencia de verdad y justicia sigue siendo una herida abierta para las familias y la sociedad mexicana.

Hoy se cumplen 57 años de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. La represión ordenada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz dejó una herida abierta en la memoria colectiva, marcada por el sonido de las balas y los gritos de estudiantes que buscaban refugio. Aquel día, la fuerza pública convirtió una protesta pacífica en uno de los episodios más oscuros de la historia moderna de México.

El movimiento estudiantil surgió en un clima de represión y autoritarismo, en el que las demandas de libertad política y fin a la violencia estatal fueron respondidas con persecuciones, detenciones y asesinatos. La matanza no se limitó a Tlatelolco: también la Ciudadela, el Casco de Santo Tomás, Ciudad Universitaria y el Zócalo capitalino fueron escenarios de choques y agresiones contra jóvenes que exigían derechos democráticos básicos.

Los testimonios de sobrevivientes relatan el terror de aquella tarde en la que militares dispararon contra miles de civiles. Los departamentos del edificio Chihuahua fueron cateados sin orden judicial y los manifestantes perseguidos en sus escondites. Hasta hoy, las cifras exactas de muertos y desaparecidos siguen siendo inciertas, pues el Estado mexicano nunca reconoció la magnitud real de la masacre.

A más de cinco décadas, la exigencia de justicia sigue vigente. Ningún responsable político o militar fue condenado, y la impunidad prevaleció. Recordar el 2 de octubre no es un acto ceremonial, sino un deber ciudadano: mantener viva la memoria de los estudiantes y sus luchas significa también defender la democracia y exigir que los crímenes del Estado nunca más se repitan.

Pablo González Casanova escribió en 1969 un ensayo titulado “Colonialismo interno” que aparece dentro de su libro “Sociología de la explotación”. Ahí se desarrolla un poderoso análisis que nos permite vislumbrar los orígenes de la dualidad cultural y económica a la que son sometidas las colonias por los imperios europeos (y ahora por EUA). La colonia se suele definir como un asentamiento de ciudadanos de un país o sociedad extranjera que ha tomado posesión, casi siempre por la fuerza, de un territorio y dicen que lo han “conquistado”. Dicho territorio es, en otras palabras, invadido, sometido, dominado y administrado por unos ciudadanos en representación de una potencia extranjera.

Esta dominación y control tiene como fin explotar en exclusividad las riquezas materiales y humanas con el fin de establecer una ventaja competitiva dentro del mercado europeo. Así es que surge este primer esquema dual: una sociedad dominante y explotadora que se beneficia de materias primas, mercancías y mano de obra a muy bajo costo de un país explotado convirtiendo a estos en muy competitivos en el mercado europeo (menores costos = mayores ganancias). De este hecho se deriva también el enriquecimiento de dicha nación que se convierte por dicha expansión y acumulación de riqueza en imperio (palabra cuya etimología es la de imponer, poder de ordenar).

La utilidad de conquistar, invadir es que dicho territorio los hará competitivos en la economía europea y se generará y acumulará riqueza. Parte de la famosa “acumulación originaria” de Marx que surge no por el trabajo y esfuerzo, sino por la violencia, despojo y expropiación.

El otro lado de la moneda, o como dice Walter Mignolo, el lado oscuro del renacimiento, es el surgimiento de otra dualidad: una economía fragmentada dentro de la nación dominada. Una parte de la producción económica de la colonia estará basada en la explotación de la mano de obra y en la extracción de materias primas y mercancías con muy bajo costo con fines de exportación exclusiva al imperio y otra, de importación, (sin condiciones y de manera exclusiva) de las mercancías producidas por el imperio. La producción que se desarrolla en la colonia es la que es complementaria a la producción en Europa. El imperio no toma en cuenta el desarrollo de la economía del país invadido lo cual distorsiona la economía hiperdesarrollando ciertos sectores (como la minería) e impidiendo que otros sectores económicos crezcan. Esto impide también la posibilidad de competencia de la producción colonial en el mercado europeo.

Estas dualidades económicas determinan a su vez una dualidad cultural. El imperio no expande su cultura, sino que diseña una cultura subsidiaria destinada al control, dominio y subordinación de la población conquistada. Es decir, no somos parte de la “cultura occidental” sino de un proyecto ideológico-cultural occidental de sometimiento cultural de las colonias. Este proyecto es, en esencia, pensar en dos mundos separados: uno civilizado, superior moral, económica y socialmente y un “otro mundo” incivilizado, atrasado moral, económica y socialmente. Estas características de la “otredad” además han servido y sirven de justificación dentro de la cultura imperial para ejercer todo tipo de violencias sobre los sometidos.

El diferendo entre Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego reaviva un viejo dilema mexicano: ¿la ley es norma general o herramienta selectiva del poder? La Presidenta, al insistir en “la ley es la ley”, busca marcar distancia con el estilo de López Obrador, quien relativizó esa fórmula. Sin embargo, el contraste revela más continuidad que ruptura: la legalidad se invoca para adversarios, no para el propio poder.

El caso Salinas Pliego simboliza una disputa fiscal convertida en espectáculo político. El populacherismo de “toma chocolate, paga lo que debes” seduce a la opinión pública, pero deja intacto el fondo: la capacidad de Hacienda para cobrar con eficacia sin mediatizar el proceso. El énfasis retórico puede opacar la necesidad de aplicar reglas claras y consistentes para todos.

El problema de fondo es estructural: la misma administración que exige cumplimiento arrastra ilegalidades propias, como el cuestionado proceso de elección en el Poder Judicial. Ahí la máxima presidencial se vuelve impronunciable. La legalidad aparece como herramienta política, no como principio rector.

La pregunta es incómoda: ¿puede un gobierno erigido sobre excepciones sostener un discurso de legalidad absoluta? El riesgo es que el dictum “la ley es la ley” se vacíe de sentido, se convierta en arma retórica y erosione más la confianza ciudadana. La legitimidad no se construye en frases, sino en el ejemplo.

El discurso de Benjamín Netanyahu en la ONU expuso la contradicción central de Israel: buscar legitimidad internacional mientras acumula denuncias de genocidio en Gaza. La Asamblea casi vacía simbolizó el aislamiento diplomático del primer ministro, que insiste en equiparar las críticas a Israel con ataques a Estados Unidos y a Donald Trump, un intento de blindaje político frente a una base conservadora fragmentada.

El asesinato del propagandista Charlie Kirk reveló grietas inesperadas: sectores del movimiento MAGA, tradicional sostén de Israel, ahora lo acusan de operar con métodos encubiertos. La guerra híbrida, como la describe Max Blumenthal, ya no es sólo externa, sino también interna: controlar narrativas en EE.UU. es vital para Tel Aviv, pero cada vez más difícil.

En paralelo, países europeos como Francia y Reino Unido reconocieron al Estado palestino, un gesto simbólico que desafía la estrategia israelí de borrar la identidad palestina. Aunque críticos como Ilan Pappé advierten que puede ser un “cáliz envenenado”, el reconocimiento refleja un cambio político: Occidente empieza a confrontar a Israel y, por extensión, a Washington.

La estrategia de Netanyahu enfrenta un dilema: mantener la represión militar y el respaldo de EE.UU., o aceptar que la narrativa global cambió. La Corte Penal Internacional y los nuevos equilibrios diplomáticos anticipan más presiones. No es sólo si Israel podrá sostener su ofensiva, sino si podrá seguir moldeando el relato mundial de la guerra.