Louis Vuitton presentó su nueva colección de charms Vivienne Fashionista y Louis Bear, con un enfoque en el diseño detallado y materiales de alta gama. Fabricados en piel, incorporan perlas, pedrería, flores Monogram y accesorios en miniatura como bolsos, gafas o raquetas.

La línea Vivienne ofrece ocho estilos únicos en distintos colores, mientras que Louis Bear presenta cuatro versiones con sombreros, joyas o bates de béisbol. Cada pieza transmite una identidad juguetona y lujosa, pensada para destacar en cualquier bolso o conjunto.

Estos accesorios, más allá de su función decorativa, se convierten en una forma expresiva de estilo personal. La colección estará disponible globalmente el 10 de julio, aunque ya puede preordenarse desde la app oficial. Con precios de $1,270 a $1,390 USD, Louis Vuitton convierte lo adorable en exclusivo, y lo exclusivo, en un objeto de deseo que fusiona moda y arte portátil.

Sergio “Checo” Pérez habló con franqueza sobre su salida de Red Bull Racing al final de la temporada 2024. En entrevista con el pódcast Desde el Paddock, aseguró que la escudería se arrepiente de haberlo dejado ir. “Lo sé de muy buena fuente”, afirmó el piloto mexicano.

También bromeó sobre su contrato: “Les cobré por seis años y solo corrí cuatro”, dijo entre risas. Aunque no exige disculpas, considera que las decisiones se tomaron bajo presión interna. A sus 35 años, Checo aún se muestra agradecido por su paso por el equipo austriaco.

En cuanto a su futuro, confirmó que desea regresar a la Fórmula 1, pero solo con un proyecto sólido. “No volveré como tercer piloto”, aseguró. Aunque 2025 lo tomará fuera de las pistas, se mantiene abierto a nuevas oportunidades. “No tengo prisa. Veremos qué pasa para el siguiente año”, concluyó, dejando claro que su carrera aún no ha terminado.

La reciente reforma a la Guardia Nacional, aprobada por Morena y aliados, transforma su estructura al alinearla con la del Ejército. Entre los cambios destacan la autorización para realizar operaciones encubiertas, el uso de identidades simuladas y la posibilidad de intervenir comunicaciones, bajo orden judicial. La promesa original de un mando civil parece desdibujarse.

Los partidos de oposición alertaron sobre un riesgo de militarización, recordando que la Suprema Corte ya había restringido estas funciones en 2023 por posibles violaciones a derechos humanos. La reforma también permite que miembros de la Guardia compitan por cargos públicos, lo que abre el debate sobre la politización de fuerzas armadas.

Aunque Morena insiste en que la estrategia responde a un modelo civil, el mando operativo quedará en manos de Sedena, y el comandante será propuesto por su titular. A esto se suma que la nueva ley permite a la Guardia intervenir en delitos ambientales, ampliar sus tareas e integrar formación con enfoque de género y derechos humanos.

Más allá de los detalles técnicos, el fondo de esta reforma exige una discusión amplia. ¿Qué implica darle atribuciones militares a una institución con tareas civiles? ¿Cómo se equilibra seguridad con libertades? La participación ciudadana y el seguimiento crítico a estas decisiones son indispensables para evitar que el control se normalice sin transparencia ni consenso social.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha presentado pruebas contundentes de lavado de dinero contra CIBanco, Intercam y Vector. Explicó que sólo se recibieron reportes generales sobre transferencias legales entre empresas chinas y mexicanas.

Aclaró que, pese a la falta de evidencia, la Secretaría de Hacienda, la CNBV y la UIF han iniciado investigaciones internas. Hasta el momento, únicamente se han detectado faltas administrativas, sin elementos que confirmen delitos financieros por parte de las instituciones involucradas.

Sheinbaum insistió en que si se presentan pruebas reales se actuará sin importar quién esté implicado. Subrayó que México no se subordina a ningún país y que la relación con Estados Unidos es de iguales. Aseguró que el sistema financiero mexicano es sólido y seguirá fortaleciéndose frente a cualquier señalamiento externo.

Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, la fiscal Pam Bondi calificó a México como “adversario extranjero”, aludiendo a la crisis del fentanilo. En respuesta a una pregunta del senador republicano Lindsey Graham, la funcionaria incluyó a México junto a Irán, Rusia y China como amenazas a la seguridad nacional.

Bondi responsabilizó al Cártel de Sinaloa por el aumento de muertes por sobredosis y advirtió que su país actuará con o sin la colaboración mexicana. Sin embargo, el debate escaló cuando el senador Jack Reed señaló la falta de control sobre las armas estadounidenses que terminan en manos de cárteles mexicanos.

La fiscal aseguró que las fronteras están cerradas y negó que salgan armas desde Estados Unidos. Reed, no conforme, denunció la responsabilidad estadounidense en el fortalecimiento militar de los grupos criminales. Esta tensión revela un doble discurso en Washington y expone una estrategia más política que efectiva para combatir el crimen transnacional.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó a México entregar información sobre posibles prácticas sistemáticas o generalizadas de desapariciones forzadas. El Estado mexicano deberá responder antes del 18 de septiembre, previo al 29º periodo de sesiones del Comité.

El organismo internacional reconoció avances recientes, pero señaló que ha recibido información creíble que justificaría presentar el caso ante la Asamblea General. Documentos de organizaciones civiles apuntan a patrones de desaparición en estados como Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz, con posible participación de autoridades.

El Comité subraya que hay más de 28 mil desapariciones reportadas entre 2023 y abril de 2025, así como fosas comunes y un contexto de violencia organizada. La gravedad de los hallazgos plantea cuestionamientos directos sobre la actuación estatal y el combate a la impunidad. La respuesta de México será clave para definir si el caso escala al máximo órgano de Naciones Unidas.

La Comisión Permanente recibió dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la reforma judicial. Una de ellas propone proteger la identidad de jueces, magistrados y ministros que atiendan casos vinculados con delincuencia organizada, mediante un nuevo marco normativo.

Se plantean cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que permitirán establecer mecanismos de resguardo y revisión periódica de dichas medidas. También se crean criterios objetivos para su aplicación, como amenazas previas o capacidad de daño de los grupos criminales.

Además, se reconoce el principio de justicia pronta y expedita, con modificaciones que limitan la discrecionalidad judicial y reorganizan los plazos del proceso penal. La propuesta integra las nuevas figuras del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Fiscal, en un intento por reducir el rezago y fortalecer la seguridad del sistema de justicia federal.

Con 324 votos a favor y 117 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública. La nueva legislación busca regular la política de inteligencia aplicada a la prevención de delitos de alto impacto.

La norma establece lineamientos para coordinar instancias federales, estatales y municipales en la recopilación de información estratégica. También incluye mecanismos de resguardo de datos sensibles, protección de derechos humanos y supervisión institucional en tareas de inteligencia.

El dictamen, que será turnado al Senado para su revisión, forma parte de un paquete legislativo para reorganizar la seguridad pública nacional. Aunque fue cuestionado por la oposición por su alcance y rapidez en la discusión, la mayoría parlamentaria argumentó que se trata de un paso necesario para enfrentar con mayor eficacia los desafíos del crimen organizado y la violencia estructural en el país.

Un tribunal federal ordenó a Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, pagar 2 mil millones de pesos por omitir el pago del ISR correspondiente a 2010. La sentencia fue unánime y el empresario aún puede recurrir a la Suprema Corte para impugnar el fallo.

Es el segundo golpe fiscal que recibe en menos de una semana. A la fecha, Elektra enfrenta ocho litigios con el SAT por un monto acumulado cercano a los 30 mil millones de pesos. Intentos recientes de frenar la resolución fueron desechados por considerarse tácticas dilatorias.

Mientras Salinas se proyecta como voz crítica del poder, sus empresas acumulan sentencias por millonarios adeudos fiscales. El Estado ha comenzado a cerrar filas: la austeridad no puede exigirse a todos, menos a los más ricos. La verdadera justicia fiscal se mide… cuando llega a las cúpulas.

La detención violenta de Narciso Barranco, mexicano con 31 años en EE.UU., provocó indignación en California. El jardinero, sin antecedentes penales y padre de tres militares estadounidenses, fue golpeado y rociado con gas pimienta por agentes del ICE en Santa Ana.

El consulado mexicano en Los Ángeles ya solicitó explicaciones formales y atención médica para el connacional, quien sufrió una dislocación de hombro. Además, se canalizó el caso a un programa legal de defensa y se mantiene contacto con la familia, informó la SRE.

Golpear a un hombre por “su aspecto”, como denunció su hijo, no es sólo abuso policial, es desprecio institucional. Mientras sus hijos protegen a Estados Unidos, su padre es tratado como amenaza. ¿Quién defiende a los que ya pertenecen, pero nunca terminan de ser reconocidos?