La construcción mexicana llega al cierre de 2025 con uno de sus golpes más duros en una década. La caída simultánea de obra pública, megaproyectos concluidos y altos costos de insumos debilitó un sector que funciona como motor transversal de la economía. Las cifras del segundo semestre muestran un deterioro acelerado: desplomes superiores al 19% en producción y retrocesos laborales marcados, mientras regiones dependientes del gasto federal enfrentan contracciones históricas.
El ajuste más severo proviene de la obra pública. Estados como Quintana Roo, Tabasco o Campeche muestran retrocesos de dos dígitos tras la conclusión del Tren Maya y Dos Bocas. En contraste, entidades con dinamismo industrial o metropolitano registran avances notables, resaltando Ciudad de México, Tlaxcala y zonas del norte y Bajío. Esta polarización evidencia que la crisis no es homogénea y que la inversión privada, aunque debilitada, muestra mayor resiliencia que la federal.
El nearshoring aparece como la apuesta estratégica para 2026. Proyecciones apuntan a un crecimiento cercano al 25% en construcción industrial, impulsado por la relocalización manufacturera y una Inversión Extranjera Directa histórica. Estados como Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato concentran nuevas plantas automotrices y desarrollos logísticos. Sin embargo, advertencias de especialistas subrayan riesgos persistentes: altos costos derivados de aranceles, tasas todavía restrictivas, y déficits estructurales en energía y mano de obra calificada.
El presupuesto federal propone un repunte de inversión pública y un ambicioso programa de vivienda para fortalecer el piso del sector. Aun así, la recuperación dependerá de la capacidad de mitigar incertidumbres externas, atender cuellos de infraestructura y estabilizar costos. Si la construcción no recupera tracción pronto, difícilmente la economía mexicana podrá sostener un crecimiento robusto en 2026.
