Un juez de Nueva York resolvió que los herederos del marchante judío Oscar Stettiner también tienen derecho a recibir intereses previos al fallo en el litigio por Seated Man with a Cane, de Amedeo Modigliani. La decisión podría incrementar en millones de dólares la compensación que deberá afrontar el comerciante de arte David Nahmad.

El fallo llega semanas después de que el tribunal ordenara devolver la obra a los herederos, al concluir que fue abandonada durante la huida de Stettiner de París ante la ocupación nazi. Sin embargo, una corte de apelaciones permitió que Nahmad conserve temporalmente la pintura mientras se resuelve el recurso presentado por su defensa.

La disputa ahora se centra en el valor de la obra, ya que los herederos la estiman en 20 millones de dólares y la defensa en 6.5 millones. Una audiencia prevista para septiembre definirá esa cifra y, con ella, el monto final de los intereses que deberán pagarse.

World Boxing autorizó que los boxeadores rusos vuelvan a competir bajo la bandera y el himno de su país en todas sus competiciones internacionales, eliminando la restricción que los obligaba a participar como atletas neutrales. La decisión también mantiene una estricta supervisión sobre las delegaciones rusas para garantizar el cumplimiento de los protocolos antidopaje y las normas de conducta.

La federación, reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) como organismo rector del boxeo, había permitido desde abril la participación de púgiles rusos y bielorrusos como neutrales. En mayo levantó esa limitación para Bielorrusia y ahora extendió el mismo criterio a Rusia, devolviendo a sus representantes el uso de sus símbolos nacionales.

El ministro ruso de Deportes, Mijail Degtiariov, celebró la decisión y afirmó que el boxeo de su país regresa plenamente a la escena internacional. La medida se suma al proceso de reintegración gradual de atletas rusos impulsado por el COI rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las posibles sanciones contempladas en los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias no estarán relacionadas con el contenido que difundan los medios de comunicación, sino con el incumplimiento de obligaciones como no designar a un defensor de las audiencias. Rechazó que la medida represente un mecanismo de censura.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta permanece en consulta pública y que aún podrán realizarse precisiones para evitar interpretaciones erróneas. Insistió en que las disposiciones buscan garantizar el derecho de las audiencias a la información y no sancionar a periodistas o comunicadores por su trabajo.

La iniciativa establece que todas las concesionarias de radio y televisión, públicas y privadas, deberán nombrar a un defensor de las audiencias y contar con un código de ética. Sheinbaum subrayó que el nombramiento corresponde a cada medio de comunicación y no al gobierno federal, por lo que descartó cualquier intento de intervención en los contenidos informativos.

El Tribunal Constitucional de Perú anuló la sentencia de 15 años de prisión impuesta al expresidente Ollanta Humala por lavado de activos relacionado con presuntos aportes ilegales de Odebrecht y del gobierno de Venezuela. La resolución declaró nulo todo el proceso penal al considerar que durante el juicio se vulneraron principios de legalidad y el derecho al debido proceso, por lo que también ordenó su liberación.

La decisión respondió a un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del exmandatario, quien permanece recluido en una prisión especial para expresidentes. Su abogado, Wilfredo Pedraza, informó que entregará el fallo a la sala judicial encargada de la apelación para que cumpla la resolución y autorice la salida de Humala.

El expresidente había sido condenado en 2025 por recibir presuntos recursos ilícitos para sus campañas de 2006 y 2011. El caso forma parte del escándalo de corrupción de Odebrecht, que involucró a varios exmandatarios peruanos. Su esposa, Nadine Heredia, también fue condenada, aunque actualmente permanece asilada en Brasil.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, cuestionó la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de ordenar el retiro de nueve publicaciones en redes sociales por presunta calumnia. Afirmó que las autoridades electorales deben actuar como árbitros de la contienda y no como censores del debate público, al tiempo que reiteró su respeto por la autonomía del instituto.

La legisladora sostuvo que la libertad de expresión tiene límites constitucionales, pero enfatizó que cualquier restricción debe ser excepcional, estar plenamente justificada y cumplir con criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Añadió que la crítica política, aunque resulte incómoda, no debe ser motivo para silenciar opiniones ni limitar el escrutinio público sobre asuntos de interés nacional.

López Rabadán también expresó preocupación por los lineamientos en materia de derechos de las audiencias, al advertir que podrían propiciar censura o autocensura en los medios de comunicación. Consideró que México necesita una autoridad electoral fuerte e imparcial que garantice el debate democrático y la libre circulación de ideas, sin impedir la crítica política ni la investigación periodística.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Víctor Emmanuel Torres Leyva, quien murió durante una persecución policial ocurrida en agosto de 2005 en la Ciudad de México. El organismo concluyó que el Estado mexicano no investigó con la debida diligencia la ejecución extrajudicial, lo que derivó en un escenario de impunidad y afectaciones para la familia de la víctima.

De acuerdo con la CIDH, al menos siete patrullas participaron en la persecución iniciada luego de que Torres Leyva circulara en sentido contrario sobre Calzada de la Viga. El vehículo recibió diez impactos de bala y la investigación determinó que la víctima no disparó ningún arma antes de perder la vida. Aunque tres policías fueron condenados en 2006, dos obtuvieron su libertad tras recursos legales y la pena del tercero fue reducida.

El organismo internacional pidió a la Corte IDH ordenar una reparación integral, reabrir las investigaciones y sancionar a todos los responsables. Además, solicitó que México adecue su legislación y protocolos sobre el uso de la fuerza, así como reforzar las medidas para prevenir actos de tortura y abusos policiales en la Ciudad de México.