La Suprema Corte de Estados Unidos bloqueó la demanda presentada por el gobierno mexicano contra los mayores fabricantes de armas, a quienes acusaba de facilitar el tráfico ilegal hacia cárteles. El fallo fue unánime y se basó en leyes que protegen ampliamente a estas empresas.
México argumentó que firmas como Smith & Wesson y Glock eran conscientes de que sus armas terminaban en manos del crimen organizado. Sin embargo, los jueces determinaron que no se cumplía con los requisitos legales para continuar el proceso judicial.
El revés jurídico evidencia los límites internacionales para combatir el tráfico ilegal de armas. También plantea una interrogante mayor: ¿cómo proteger a la población mexicana mientras Estados Unidos se niega a responsabilizar a su industria armamentista?