El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al gobierno de Venezuela como “organización terrorista extranjera” y anunció un bloqueo total a los petroleros que entren o salgan del país. Acusó al régimen de Nicolás Maduro de financiar actividades criminales con petróleo “robado” y advirtió que la medida se mantendrá hasta que, dijo, se devuelvan a Estados Unidos activos supuestamente sustraídos.

El mandatario no precisó cómo se aplicará el bloqueo ni a qué activos concretos se refiere, aunque funcionarios de su administración defendieron la ofensiva como parte de una campaña antidrogas en el Caribe. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificaron la estrategia como exitosa, sin presentar pruebas públicas de sus resultados.

En respuesta, el gobierno venezolano rechazó las acusaciones y denunció ante la ONU una amenaza a su soberanía. La cancillería afirmó que Washington busca apropiarse de recursos energéticos y reiteró que las sanciones han provocado graves pérdidas económicas. Caracas aseguró que mantendrá la defensa de su territorio y de sus activos frente a lo que calificó como una escalada de presión externa.

Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela, anunció el presidente Donald Trump, al afirmar que se trató del “más grande jamás confiscado”. Sin detallar razones, indicó que Washington podría quedarse con el crudo. La operación elevó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en medio de tensiones crecientes.

Según funcionarios estadunidenses, la acción fue ejecutada por la Guardia Costera con apoyo de la Marina bajo leyes federales, luego de un despliegue desde el portaviones Gerald Ford. El petrolero Skipper transportaba alrededor de dos millones de barriles y presuntamente se dirigía a Cuba. Videos difundidos por el Departamento de Justicia mostraron el abordaje armado de las fuerzas federales.

El caso se inscribe en la ofensiva marítima de Washington, que suma más de 80 muertes desde septiembre y enfrenta escrutinio legislativo por su legalidad. Autoridades marítimas de Guyana denunciaron el uso falso de su bandera, mientras la ONU pidió desescalar el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

El presidente Donald Trump reunió a su gabinete de seguridad para discutir los próximos movimientos de su campaña para propiciar un cambio de régimen en Venezuela, mientras aliados conservadores expresan inquietud por la legalidad y alcance de las operaciones militares en el Caribe. La Casa Blanca insistió en que el despliegue busca frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, crecieron las dudas tras revelarse un segundo ataque ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra sobrevivientes de una embarcación interceptada en septiembre, hecho que legisladores calificaron como posible crimen de guerra. La portavoz Karoline Leavitt negó violaciones al derecho internacional y sostuvo que la acción fue legal. Críticas adicionales emergieron luego del reciente indulto de Trump al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández.

El debate también se intensifica en torno al futuro de Nicolás Maduro. Mientras sectores conservadores presionan por acciones más firmes, otros advierten sobre los riesgos de una intervención directa. Las deliberaciones del gabinete no se hicieron públicas y persiste la incertidumbre sobre la estrategia final que adoptará la administración.

La decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) de catalogar el espacio aéreo venezolano como “zona de riesgo” incrementó la tensión en un Caribe marcado por el despliegue militar estadounidense. La medida, vigente hasta febrero de 2026, atribuye la advertencia a supuesta “actividad militar” en la región, aunque los movimientos recientes provienen de embarcaciones y aeronaves de Washington. Gobiernos latinoamericanos cuestionaron la decisión por su impacto en la conectividad regional y por el precedente político que establece.

El anuncio provocó suspensiones de vuelos por parte de aerolíneas internacionales, afectando a miles de pasajeros en plena temporada de fin de año. En contraste, operadores regionales como Satena, Wingo y Láser Airlines mantuvieron sus rutas, respaldados por lineamientos internacionales que obligan a garantizar la seguridad aérea sin convertir advertencias en bloqueos encubiertos. Autoridades aeronáuticas subrayaron que Venezuela no ha realizado maniobras que comprometan la navegación y que la advertencia estadounidense genera efectos económicos más allá de sus fronteras.

Diversas voces del Caribe interpretaron la medida como un instrumento de presión política disfrazado de protocolo técnico. Señalan que, al limitar operaciones comerciales y sembrar incertidumbre entre líneas internacionales, la alerta opera como una “zona de exclusión de facto” sin fundamento legal. La lectura coincide con un contexto de creciente presencia marítima y aérea de Estados Unidos en la región, que no tiene precedentes recientes bajo el argumento de lucha antidrogas.

En el trasfondo aparece una disputa geopolítica más amplia. La medida se inscribe en un escenario donde Washington busca influir sobre corredores estratégicos y contener alianzas energéticas del sur global. El resultado es un clima de tensión que afecta movilidad, economía y diplomacia, reconfigurando el equilibrio político del Caribe.

La difusión del llamado Manifiesto de Libertad en The Washington Post confirmó la orientación de un sector opositor venezolano alineado con la agenda geopolítica de Estados Unidos. Para investigadores consultados, el documento no es una propuesta de transición democrática, sino un programa que abriría la puerta a la privatización total de recursos estratégicos y al desmantelamiento del Estado social venezolano. Su publicación coincide con el despliegue militar estadounidense más agresivo en el Caribe en años recientes.

Analistas como Víctor Hugo Majano y Romain Migus advierten que el texto plantea un modelo de entrega soberana que afectaría no sólo a la industria petrolera, sino al control territorial y a las alianzas con países del bloque BRICS. La propuesta de “garantía plena de derechos de propiedad” sobre tierra, subsuelo y yacimientos implicaría la venta íntegra de los recursos nacionales. Para ambos especialistas, se trata de un esquema neocolonial que convertiría a las élites locales en administradoras de intereses externos.

El documento también propone reconfigurar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A corto plazo, señalan los expertos, busca fracturar la institución y facilitar operaciones encubiertas o golpes de fuerza. En un eventual nuevo orden, su rol se reduciría a proteger corredores de extracción y activos corporativos. Esta redefinición militar sería parte de una estrategia más amplia destinada a preparar el terreno para privatizaciones masivas y una economía orientada al capital transnacional.

La disputa trasciende las fronteras venezolanas. Para los analistas, la operación política, diplomática y militar forma parte de un intento de Washington por frenar la expansión de China, Rusia y los BRICS en la región. La promesa de “libertad” encubre, sostienen, un modelo que busca quebrar la cohesión social venezolana, manipular a la diáspora y reinstalar un orden económico dependiente del poder estadounidense.

La Casa Blanca advirtió que el presidente Donald Trump “no tolerará más” al gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó de “régimen ilegítimo e involucrado en el narcotráfico hacia Estados Unidos”. La vocera presidencial, Karoline Leavitt, reiteró que Washington mantiene “todas las opciones sobre la mesa” frente a Venezuela.

La declaración coincidió con un nuevo ataque de fuerzas estadounidenses contra una presunta embarcación de narcotraficantes en el Caribe, el sexto desde agosto, con saldo de 27 muertos, según fuentes citadas por Reuters. Los operativos forman parte del despliegue militar que incluye buques, aviones furtivos y vigilancia del Comando Sur.

El gobierno venezolano denunció ante la ONU los ataques como “ilegales y extrajudiciales”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a Washington de poner en riesgo la estabilidad del Caribe, mientras Estados Unidos defiende sus acciones como parte de su estrategia para frenar el tráfico de drogas en la región.

En Venezuela, el gobierno y amplios sectores populares avanzan en la consolidación de un modelo político basado en el poder comunal, concebido como la columna vertebral del proyecto socialista bolivariano. Frente a las presiones externas y los bloqueos internacionales, las comunas emergen como espacios de resistencia, producción y autogobierno donde la defensa del país se entrelaza con la organización comunitaria.

Durante la Conferencia Internacional sobre Colonialismo y Neocolonialismo, realizada en Caracas, colectivos de base presentaron avances de su modelo participativo. En el 23 de Enero, la Comuna El Panal ejemplifica este proceso: mujeres trabajadoras y jóvenes dirigen proyectos de producción textil, economía social y educación popular. Su taller, Las Abejitas del Panal, confeccionó miles de uniformes escolares gratuitos, una muestra de cómo la autogestión busca reemplazar la dependencia del Estado o del mercado.

Las comunas también han transformado el espacio urbano a través del arte y la memoria política. Murales en apoyo a Palestina e Irán, o alusivos a la lucha de movimientos latinoamericanos, reflejan una visión internacionalista que conecta al chavismo con otras causas de emancipación. La recuperación de barrios antes controlados por la violencia o el narcotráfico se ha logrado, dicen sus integrantes, “con cultura, deporte y conciencia”.

El proceso comunal se extiende a universidades como la Simón Rodríguez, donde se promueve la formación técnica y política de miles de estudiantes. Con una mezcla de idealismo y disciplina, el chavismo impulsa así su apuesta por un socialismo territorial y participativo, bajo una consigna que sintetiza el proyecto bolivariano: “Comuna o nada”.

Estados Unidos evalúa desplegar un “plan antinarcóticos” dentro de Venezuela, en un movimiento que eleva la tensión entre ambos países. La iniciativa se presenta como parte de la lucha contra el narcotráfico, pero detrás también se percibe la intención de aumentar la presión política y militar sobre el gobierno de Nicolás Maduro, acusado por Washington de encabezar una red de tráfico de drogas.

En un encuentro con más de 800 altos mandos militares, Donald Trump defendió la destrucción de embarcaciones venezolanas por parte de su marina, asegurando que transportaban drogas, aunque no ofreció pruebas. Paralelamente, asesores y funcionarios de su administración impulsan medidas que apuntan a la salida de Maduro mediante un mayor aislamiento internacional y la amenaza de operaciones dentro del país.

Analistas advierten que la estrategia marca un regreso a una política de intervención más agresiva en América Latina. Señalan que Washington concibe la región como un espacio estratégico bajo su influencia histórica.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se alista un decreto de conmoción exterior para enfrentar la amenaza de una posible agresión de Estados Unidos. La medida, prevista en el artículo 388 de la Constitución, habilita acciones extraordinarias en caso de conflicto externo que ponga en riesgo la seguridad nacional. El Consejo de Estado permanece en sesión permanente y evalúa nuevas disposiciones.

Durante una movilización en Caracas, miles de milicianos y efectivos militares marcharon en respaldo al mandatario. Autoridades como la alcaldesa Carmen Meléndez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacaron que el pueblo armado se encuentra preparado para resistir cualquier intento de incursión extranjera, asegurando que la capital será defendida “a toda costa”.

La tensión se incrementa tras el despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe sur. En este escenario, la confrontación entre Washington y Caracas abre un nuevo capítulo de incertidumbre regional, donde el riesgo de escalada bélica amenaza con alterar la frágil estabilidad latinoamericana. El dilema persiste: ¿defensa soberana o pretexto para profundizar la polarización?

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela escalaron luego de que Donald Trump confirmara un segundo ataque en aguas internacionales contra supuestos “narcoterroristas venezolanos”. El republicano aseguró que la operación dejó tres muertos y mostró un video del bombardeo como prueba. Minutos antes, Nicolás Maduro acusaba a Washington de preparar una “agresión militar” y anunciaba la ruptura de comunicaciones bilaterales.

Caracas denunció que estas acciones forman parte de un plan de desestabilización bajo el pretexto de la lucha antidrogas. El Gobierno venezolano desplegó más de dos millones de militares y milicianos dentro del llamado Plan Independencia 200, mientras acusa a países vecinos como Trinidad y Tobago de colaborar con Washington. La oposición interna observa con cautela los movimientos militares.

La escalada revive temores de un enfrentamiento abierto en el Caribe. Si la ofensiva estadounidense se amplía y la respuesta venezolana se endurece, la región podría entrar en una dinámica peligrosa que ponga a prueba la estabilidad continental.