Las recientes acciones de Estados Unidos en Irak y Venezuela revelan un patrón cada vez más nítido: el uso del petróleo y de la arquitectura financiera global como instrumentos de coerción en la rivalidad estratégica con China e Irán. Lo ocurrido en Bagdad y en Caracas no responde a crisis aisladas, sino a una estrategia que emplea el control sobre los flujos petroleros y los mecanismos de pago en dólares para influir en gobiernos, alterar alianzas y condicionar la capacidad de maniobra de actores adversarios.

En Irak, Washington ha advertido que podría restringir el acceso del gobierno a sus ingresos petroleros, un recurso del que depende casi noventa por ciento del presupuesto nacional. Las amenazas surgieron tras el avance electoral de figuras vinculadas a milicias respaldadas por Irán, incluido Adnan Faihan, quien obtuvo la primera vicepresidencia del Parlamento. El origen de esta vulnerabilidad se remonta a 2003, cuando la Autoridad Provisional de la Coalición colocó los ingresos petroleros iraquíes bajo administración en la Reserva Federal de Nueva York. Lo que alguna vez fue un mecanismo de protección se ha convertido en un punto crítico de control que permite a Washington influir directamente en la formación de gobierno y en el equilibrio geopolítico entre Irak, Irán y Estados Unidos.

El caso venezolano muestra una dinámica aún más explícita. Tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención estadounidense sobre las exportaciones petroleras, Washington ha interrumpido los envíos de crudo destinados a pagar la deuda venezolana con China. Los ingresos se canalizan ahora hacia una cuenta en Qatar administrada bajo supervisión estadounidense, lo que reordena la prioridad de acreedores y limita la continuidad de los acuerdos de petróleo por deuda. Este movimiento no busca acceso energético, dado que Estados Unidos es hoy el mayor productor mundial de crudo; su objetivo es restringir la capacidad de Beijing para expandir su arquitectura crediticia en el Sur Global y, con ello, moderar la influencia económica y política china en América Latina.

Ambos casos comparten un elemento estructural: la centralidad del dólar como columna vertebral del comercio energético. La capacidad de Washington para redirigir pagos, bloquear transferencias y condicionar exportaciones le otorga una influencia que trasciende a los países involucrados. Para China, se trata de un recordatorio de que sus mecanismos de financiamiento respaldados por recursos naturales pueden verse vulnerados por decisiones tomadas fuera de su control. Para los países del Sur Global, es una señal de que la búsqueda de autonomía financiera y energética requiere nuevas redes de protección frente a formas sofisticadas de coerción económica.

La geoeconomía del petróleo confirma así que la competencia entre grandes potencias se libra menos en el terreno militar que en el control de flujos: de energía, de divisas, de deuda. Irak y Venezuela ilustran cómo esos flujos se han convertido en herramientas para moldear comportamientos estatales, disciplinar alianzas y sostener jerarquías monetarias en un sistema internacional crecientemente fragmentado.

Estados Unidos incautó en aguas internacionales dos petroleros sancionados presuntamente vinculados a Venezuela, en operaciones realizadas en el Atlántico Norte y el Caribe. Funcionarios señalaron que las acciones buscan reforzar el control sobre el crudo venezolano, en el marco del acuerdo anunciado por el presidente Donald Trump para canalizar exportaciones hacia Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que el petróleo decomisado se integrará al convenio que prevé la entrega de hasta 50 millones de barriles a Estados Unidos. Paralelamente, la Casa Blanca informó que se retiraron de forma selectiva algunas sanciones al sector petrolero venezolano para facilitar la venta del crudo bajo supervisión estadunidense.

Autoridades militares confirmaron que los buques interceptados se suman a otras incautaciones recientes. Reino Unido apoyó una de las operaciones, al considerar que las naves violaban sanciones internacionales. Analistas señalan que estas medidas refuerzan la presión de Washington sobre Caracas y buscan influir en el mercado energético global mediante el control de suministros petroleros estratégicos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que no existe agente externo que gobierne el país y rechazó declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una supuesta supervisión de Washington. Sostuvo que el gobierno venezolano rige plenamente y que su destino no será decidido fuera del territorio nacional.

Rodríguez defendió la inocencia de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, denunció la ruptura de la inmunidad presidencial y calificó su captura como violatoria del derecho internacional. Asimismo, decretó siete días de duelo nacional por las víctimas de los ataques y anunció medidas para garantizar producción y distribución de alimentos.

Autoridades venezolanas respaldaron a Rodríguez y exigieron la liberación inmediata de Maduro, al considerar ilegal su detención. El fiscal general denunció una agresión armada sin aval de la ONU y reclamó respeto a la inmunidad de jefes de Estado, mientras continúan movilizaciones y homenajes a fallecidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que controlará los ingresos derivados de la venta de hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano que, según dijo, serán entregados por el gobierno interino de ese país. Señaló que los recursos se administrarán para beneficiar tanto a Venezuela como a Estados Unidos.

Trump indicó que el acuerdo permitiría exportaciones por hasta 2 mil millones de dólares y ayudaría a desviar suministros que actualmente se dirigen a China. También sostuvo que esta negociación busca aliviar presiones sobre la producción de PDVSA, en un contexto marcado por sanciones y restricciones a las exportaciones impuestas por Washington.

El mandatario reiteró que espera un acceso amplio de empresas estadunidenses al sector petrolero venezolano. Funcionarios de su gobierno afirmaron que la producción podría incrementarse rápidamente si se flexibilizan sanciones. Mientras tanto, analistas observan movimientos positivos en los bonos venezolanos ante las expectativas generadas por el anuncio.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para condenar el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. En un mensaje en redes sociales dirigido a Donald Trump, advirtió que la autocomplacencia puede conducir a errores históricos y que la victoria inmediata podría transformarse en derrota futura. López Obrador sostuvo que ni Simón Bolívar ni Abraham Lincoln avalarían una política de imposición internacional y calificó la intervención como un atentado a la soberanía venezolana. Además, pidió al mandatario estadounidense actuar con juicio práctico, evitar posturas belicistas internas y recordar que la política no debe basarse en la fuerza. Asimismo, el exmandatario expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó su identidad latinoamericana. Recordó la máxima juarista de que el respeto al derecho ajeno es la paz y concluyó su mensaje subrayando que no puede guardar silencio ante actos que considera prepotentes y contrarios al derecho internacional vigente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al gobierno de Venezuela como “organización terrorista extranjera” y anunció un bloqueo total a los petroleros que entren o salgan del país. Acusó al régimen de Nicolás Maduro de financiar actividades criminales con petróleo “robado” y advirtió que la medida se mantendrá hasta que, dijo, se devuelvan a Estados Unidos activos supuestamente sustraídos.

El mandatario no precisó cómo se aplicará el bloqueo ni a qué activos concretos se refiere, aunque funcionarios de su administración defendieron la ofensiva como parte de una campaña antidrogas en el Caribe. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificaron la estrategia como exitosa, sin presentar pruebas públicas de sus resultados.

En respuesta, el gobierno venezolano rechazó las acusaciones y denunció ante la ONU una amenaza a su soberanía. La cancillería afirmó que Washington busca apropiarse de recursos energéticos y reiteró que las sanciones han provocado graves pérdidas económicas. Caracas aseguró que mantendrá la defensa de su territorio y de sus activos frente a lo que calificó como una escalada de presión externa.

Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela, anunció el presidente Donald Trump, al afirmar que se trató del “más grande jamás confiscado”. Sin detallar razones, indicó que Washington podría quedarse con el crudo. La operación elevó la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en medio de tensiones crecientes.

Según funcionarios estadunidenses, la acción fue ejecutada por la Guardia Costera con apoyo de la Marina bajo leyes federales, luego de un despliegue desde el portaviones Gerald Ford. El petrolero Skipper transportaba alrededor de dos millones de barriles y presuntamente se dirigía a Cuba. Videos difundidos por el Departamento de Justicia mostraron el abordaje armado de las fuerzas federales.

El caso se inscribe en la ofensiva marítima de Washington, que suma más de 80 muertes desde septiembre y enfrenta escrutinio legislativo por su legalidad. Autoridades marítimas de Guyana denunciaron el uso falso de su bandera, mientras la ONU pidió desescalar el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

El presidente Donald Trump reunió a su gabinete de seguridad para discutir los próximos movimientos de su campaña para propiciar un cambio de régimen en Venezuela, mientras aliados conservadores expresan inquietud por la legalidad y alcance de las operaciones militares en el Caribe. La Casa Blanca insistió en que el despliegue busca frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, crecieron las dudas tras revelarse un segundo ataque ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra sobrevivientes de una embarcación interceptada en septiembre, hecho que legisladores calificaron como posible crimen de guerra. La portavoz Karoline Leavitt negó violaciones al derecho internacional y sostuvo que la acción fue legal. Críticas adicionales emergieron luego del reciente indulto de Trump al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández.

El debate también se intensifica en torno al futuro de Nicolás Maduro. Mientras sectores conservadores presionan por acciones más firmes, otros advierten sobre los riesgos de una intervención directa. Las deliberaciones del gabinete no se hicieron públicas y persiste la incertidumbre sobre la estrategia final que adoptará la administración.

La decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) de catalogar el espacio aéreo venezolano como “zona de riesgo” incrementó la tensión en un Caribe marcado por el despliegue militar estadounidense. La medida, vigente hasta febrero de 2026, atribuye la advertencia a supuesta “actividad militar” en la región, aunque los movimientos recientes provienen de embarcaciones y aeronaves de Washington. Gobiernos latinoamericanos cuestionaron la decisión por su impacto en la conectividad regional y por el precedente político que establece.

El anuncio provocó suspensiones de vuelos por parte de aerolíneas internacionales, afectando a miles de pasajeros en plena temporada de fin de año. En contraste, operadores regionales como Satena, Wingo y Láser Airlines mantuvieron sus rutas, respaldados por lineamientos internacionales que obligan a garantizar la seguridad aérea sin convertir advertencias en bloqueos encubiertos. Autoridades aeronáuticas subrayaron que Venezuela no ha realizado maniobras que comprometan la navegación y que la advertencia estadounidense genera efectos económicos más allá de sus fronteras.

Diversas voces del Caribe interpretaron la medida como un instrumento de presión política disfrazado de protocolo técnico. Señalan que, al limitar operaciones comerciales y sembrar incertidumbre entre líneas internacionales, la alerta opera como una “zona de exclusión de facto” sin fundamento legal. La lectura coincide con un contexto de creciente presencia marítima y aérea de Estados Unidos en la región, que no tiene precedentes recientes bajo el argumento de lucha antidrogas.

En el trasfondo aparece una disputa geopolítica más amplia. La medida se inscribe en un escenario donde Washington busca influir sobre corredores estratégicos y contener alianzas energéticas del sur global. El resultado es un clima de tensión que afecta movilidad, economía y diplomacia, reconfigurando el equilibrio político del Caribe.

La difusión del llamado Manifiesto de Libertad en The Washington Post confirmó la orientación de un sector opositor venezolano alineado con la agenda geopolítica de Estados Unidos. Para investigadores consultados, el documento no es una propuesta de transición democrática, sino un programa que abriría la puerta a la privatización total de recursos estratégicos y al desmantelamiento del Estado social venezolano. Su publicación coincide con el despliegue militar estadounidense más agresivo en el Caribe en años recientes.

Analistas como Víctor Hugo Majano y Romain Migus advierten que el texto plantea un modelo de entrega soberana que afectaría no sólo a la industria petrolera, sino al control territorial y a las alianzas con países del bloque BRICS. La propuesta de “garantía plena de derechos de propiedad” sobre tierra, subsuelo y yacimientos implicaría la venta íntegra de los recursos nacionales. Para ambos especialistas, se trata de un esquema neocolonial que convertiría a las élites locales en administradoras de intereses externos.

El documento también propone reconfigurar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A corto plazo, señalan los expertos, busca fracturar la institución y facilitar operaciones encubiertas o golpes de fuerza. En un eventual nuevo orden, su rol se reduciría a proteger corredores de extracción y activos corporativos. Esta redefinición militar sería parte de una estrategia más amplia destinada a preparar el terreno para privatizaciones masivas y una economía orientada al capital transnacional.

La disputa trasciende las fronteras venezolanas. Para los analistas, la operación política, diplomática y militar forma parte de un intento de Washington por frenar la expansión de China, Rusia y los BRICS en la región. La promesa de “libertad” encubre, sostienen, un modelo que busca quebrar la cohesión social venezolana, manipular a la diáspora y reinstalar un orden económico dependiente del poder estadounidense.