La justicia peruana condenó a 11 años y cinco meses de prisión al ex presidente Pedro Castillo por rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público, tras su intento fallido de disolver el Congreso en diciembre de 2022. Castillo, recluido desde entonces, aseguró que “la verdad se impondrá”, mientras el fallo cierra un capítulo crítico de inestabilidad política.

El mismo castigo recayó sobre la ex primera ministra Betssy Chávez, señalada como coautora de conspiración para la rebelión y actualmente asilada en la embajada de México en Lima. El tribunal emitió una orden de detención nacional e internacional y recordó que Castillo intentó instaurar un gobierno de excepción e intervenir el Poder Judicial, acto calificado como quiebre constitucional.

La destitución del ex mandatario dio paso al ascenso de Dina Boluarte y a protestas que dejaron más de 50 muertos. Castillo permanece en una prisión para ex jefes de Estado, donde también se encuentran Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, todos condenados por diversos delitos.

El presidente de transición de Perú, José Jerí, confirmó que Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, no podrá viajar a México pese al asilo político que le concedió el gobierno mexicano. La medida se mantendrá hasta que Lima decida si otorga el salvoconducto que permitiría su salida del país.

Jerí señaló que el Ejecutivo “aún no se pronunciará” sobre el tema y que el gobierno “tomará el tiempo que considere pertinente” para definir su posición. Mientras tanto, Chávez deberá permanecer en territorio peruano. La exprimera ministra enfrenta un proceso judicial por presunta rebelión y conspiración en el fallido golpe de Estado de 2022.

La Cancillería peruana también anunció que propondrá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación a la Convención de Caracas de 1954, argumentando que se ha “tergiversado” el derecho de asilo al considerarse delitos comunes como persecución política.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó la moción para declarar persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, acusándola de injerencia por apoyar la excarcelación de Pedro Castillo. La iniciativa, impulsada por Fuerza Popular, obtuvo 12 votos a favor y 6 en contra y pasará ahora al pleno para su debate y votación en las próximas semanas.

Sheinbaum ha sostenido públicamente que Castillo está encarcelado injustamente tras el fallido autogolpe de 2022, lo que avivó tensiones bilaterales que ya habían escalado durante el mandato de López Obrador. El documento legislativo señala que la mandataria mexicana ha mostrado una “posición hostil” y “carente de mesura diplomática”.

El conflicto, marcado por la expulsión de embajadores, exigencias de visas y acusaciones cruzadas, se ha convertido en un símbolo del deterioro de las relaciones entre ambos países. El desenlace parlamentario en Lima definirá si esta crisis política se agrava aún más o si habrá espacio para recomponer el vínculo diplomático.