El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, tras perder el respaldo de los partidos que la habían sostenido. Con 118 votos a favor, el Parlamento declaró la vacancia del cargo y juramentó al titular del Legislativo, José Jerí, del partido Somos Perú, como nuevo jefe de Estado.

Jerí, quien asumió un “gobierno de transición”, prometió combatir la delincuencia y convocar al diálogo nacional. La decisión se tomó en medio de una creciente ola de violencia y descontento social por el manejo del orden público y denuncias de corrupción, incluyendo el uso de relojes de lujo.

Frente al Congreso, cientos de manifestantes celebraron la destitución de Boluarte, quien no acudió a la sesión por considerar vulnerado su derecho a defensa. Su salida ocurre a seis meses de las elecciones generales previstas para abril de 2026, en un país marcado por la inestabilidad política.

La Fiscalía de Perú abrió una nueva investigación contra la presidenta Dina Boluarte por presunto financiamiento ilegal durante su campaña de 2021, cuando fue electa vicepresidenta. Según medios locales, Boluarte habría solicitado 150 mil soles (unos 42 mil dólares) a un empresario para financiar actividades proselitistas como batucadas, en el marco de su candidatura con el partido Perú Libre.

El empresario Eduvigis Beltrán negó en 2023 haber entregado ese dinero, pero un testimonio clave —de una colaboradora fallecida— asegura que la reunión sí ocurrió. La presidenta deberá declarar el próximo 14 de octubre, como parte de las diligencias del Ministerio Público, que también investiga si el dinero provino del patrimonio del empresario o de sus empresas.

Este caso se suma a otras acusaciones contra Boluarte: represión en protestas, uso de relojes de lujo, abandono del cargo por cirugías estéticas y encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón. Su presidencia enfrenta un creciente cerco judicial.