El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, anunció la cancelación de 13 rutas aéreas operadas por Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, además de suspender temporalmente los vuelos de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia ese país. La medida llega a días del inicio de la temporada vacacional de fin de año.

El Departamento de Transporte estadounidense argumentó que la decisión responde a las restricciones impuestas por México desde 2023, cuando se ordenó trasladar los vuelos de carga al AIFA y reducir operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Consideró que esas acciones afectaron los derechos de aerolíneas estadounidenses para competir en igualdad de condiciones.

La línea más afectada es VivaAerobus, que perderá nueve rutas desde el AIFA. Analistas señalaron que la medida impactará la conectividad aérea y el empleo, y podría tensar la relación bilateral en materia comercial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el aplazamiento de los nuevos aranceles de 30 por ciento a las importaciones procedentes de México. Desde el Air Force One, el mandatario destacó su buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que el comercio bilateral “va muy bien”. Las tarifas estaban programadas para aplicarse a partir del 1º de noviembre.

Trump explicó que la decisión se tomó tras una llamada telefónica con Sheinbaum el fin de semana. El aplazamiento permitirá continuar las negociaciones sobre 54 barreras no arancelarias que México busca eliminar para equilibrar el intercambio comercial. “Nos está yendo bien con México; están pagando mucho dinero en aranceles”, reiteró el presidente estadounidense.

Por su parte, Sheinbaum confirmó que las conversaciones con Washington también abarcan temas migratorios y de seguridad. La mandataria señaló que los avances en la agenda bilateral permitirán cerrar un acuerdo comercial “en las próximas semanas”.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisar con el gobierno de Estados Unidos los protocolos de operación en aguas internacionales cercanas a México, luego de los recientes ataques de autoridades estadounidenses a presuntas “narcolanchas”.

Sheinbaum instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a reunirse con el embajador estadounidense para establecer nuevas reglas de cooperación marítima, que eviten incidentes y posibles violaciones a la soberanía nacional. La propuesta mexicana busca mejorar la coordinación bilateral en el combate al crimen organizado.

El planteamiento del gobierno federal consiste en que, cuando las presuntas embarcaciones del narcotráfico se encuentren cerca del límite marítimo mexicano, se implemente una operación conjunta entre la Marina de México y autoridades estadounidenses, permitiendo la detención directa de tripulantes en lugar de ataques unilaterales.

Productores de maíz del Bajío retomaron anoche el diálogo con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación, tras varios días de bloqueos carreteros en distintos estados. En la reunión con el titular de Sader, Julio Berdegué, y el subsecretario César Yáñez, plantearon cuatro demandas centrales para definir un precio justo del grano.

Los agricultores piden que el gobierno no oficialice el precio base de 5 mil 200 pesos por tonelada, planteado por la Sader, y solicitan fungir como intermediario con la industria para garantizar una tarifa equitativa. También exigen elevar el apoyo gubernamental de 850 a mil pesos por tonelada y establecer mesas permanentes de trabajo sobre las reglas de operación.

Como muestra de buena voluntad, liberaron parcialmente algunos bloqueos carreteros y anunciaron una tregua temporal. Sin embargo, advirtieron que, si no hay acuerdos en los próximos días, reanudarán las movilizaciones y podrían escalar las protestas a nivel nacional.

El bloqueo de más de 30 carreteras por productores agrícolas encendió una alarma que lleva años sonando en silencio. El maíz, base alimentaria y cultural de México, enfrenta un deterioro profundo: caída en la producción, aumento de importaciones y precios que ya no cubren los costos de siembra. Los agricultores no sólo protestan por el dinero, sino por un sistema que los deja fuera del futuro rural.

Desde 2015, la producción nacional de maíz se redujo 3.7%, mientras las importaciones crecieron 78%. En 2025, México comprará más maíz que nunca: 16.8 millones de toneladas, casi todo proveniente de Estados Unidos y en su mayoría transgénico. El precio al productor cayó de 7,000 a 5,200 pesos por tonelada, mientras los costos subieron 50%. La ecuación es insostenible y el campo lo está gritando en las carreteras.

El Gobierno ofreció un apoyo de 850 pesos por tonelada; los productores exigen al menos 1,000 más. No es solo una disputa económica: el conflicto expone el desajuste entre un mercado global que dicta precios desde Chicago y una economía rural que se ahoga entre deudas, sequías e inseguridad. La protesta es el síntoma de un modelo agotado.

Detener las importaciones de maíz estadounidense sería un error comercial, pero mantener la dependencia actual también lo es. En el fondo, el país enfrenta una pregunta incómoda: ¿quién va a sembrar nuestro futuro cuando el campo deje de ser viable? El bloqueo terminó, pero el problema apenas comienza.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prepara una ofensiva sin precedentes contra las principales plataformas digitales que operan en México. De acuerdo con sus propias revisiones, Netflix, Disney+, Uber y Airbnb habrían reportado ingresos menores a los reales en sus declaraciones mensuales. Si no corrigen las discrepancias antes de 2026, el organismo no descarta llevar los casos a juicio por evasión fiscal.

El administrador general de Recaudación, Gari Flores, explicó que las auditorías han detectado diferencias de hasta 50% entre las operaciones declaradas y las efectivamente realizadas. “En algunos casos reportan 30 transacciones por un millón de pesos, cuando en realidad fueron 50 y sumaron un millón y medio”, señaló. Para el próximo año, el SAT tendrá la facultad de fiscalizar directamente las bases de datos de las plataformas mediante el nuevo artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación.

El objetivo, según el SAT, es “cerrar los huecos de evasión” y asegurar que las tecnológicas extranjeras paguen impuestos acordes con sus ganancias reales. Sin embargo, la Asociación de Internet MX (AIMX) advierte que el acceso en tiempo real del fisco a la información digital podría vulnerar la privacidad de usuarios y prestadores de servicios.

En medio del debate, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una reconfiguración fiscal digital que busca hacer frente al modelo global de negocios en línea. El mensaje del SAT es claro: los gigantes del streaming y las apps de transporte deberán rendir cuentas ante el Estado mexicano o enfrentar los tribunales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, exhortó a las y los legisladores a cumplir con su responsabilidad de asistir a las comisiones y sesiones del Pleno, subrayando que “ser diputado es un honor y un privilegio que exige compromiso y presencia”.

A través de un mensaje en redes sociales, Monreal llamó a “cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum” para avanzar en la construcción de un nuevo sistema jurídico que “proteja, defienda y garantice justicia para todos los mexicanos”.

El legislador recordó que su primera diputación fue en 1988 y destacó que el trabajo parlamentario requiere seriedad, eficacia y lealtad hacia la ciudadanía. “Nos debemos a la población y tenemos que responder con responsabilidad”, afirmó al convocar a fortalecer la unidad y el compromiso dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

Autoridades de México y Estados Unidos identificaron a varias empresas químicas y agroindustriales con presuntos vínculos con grupos del narcotráfico, dedicadas a la compra e importación de precursores químicos usados en la fabricación de drogas sintéticas. Las investigaciones apuntan a que estas compañías operan como fachadas dentro del comercio legal.

Fuentes del gabinete de seguridad confirmaron que al menos cuatro firmas mexicanas están bajo revisión: Agrícola Santa Fernanda, Agropecuaria Alfa y Omega, Grupo Pochteca y Globe Chemicals. De ellas, Grupo Pochteca ya enfrenta una investigación formal por posibles nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con los reportes, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación habrían establecido relaciones con estas empresas para obtener químicos inocuos —como los usados en perfumería o alimentos— y desviarlos hacia la producción de metanfetaminas. Los operativos conjuntos buscan sancionar tanto a los grupos criminales como a sus proveedores industriales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “México está gobernado por los cárteles”, durante una reunión en la Casa Blanca con su gabinete de seguridad. Aunque elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum como “una mujer valiente y extraordinaria”, afirmó que el poder real en el país está en manos del narcotráfico y que Washington “debe defenderse” de esa amenaza.

Trump advirtió que la política antidrogas estadounidense cambiará de enfoque: ya no se centrará en el decomiso de cargamentos, sino en la confrontación militar directa contra los cárteles. El mandatario insinuó posibles operaciones terrestres en América Latina, similares a los bombardeos ejecutados por el Pentágono en altamar.

El republicano insistió en que muchos líderes mexicanos “viven con miedo” ante el control criminal. Sus declaraciones, vistas como un desafío diplomático, tensan nuevamente la relación entre Washington y Ciudad de México en materia de seguridad y cooperación antidroga.

La secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que el Gobierno mexicano mantiene un juicio en Londres para recuperar 41 millones de dólares pagados a la empresa inglesa Viva Enterprise Ltd., la cual incumplió la entrega de mil ventiladores adquiridos durante la pandemia de COVID-19.

El contrato, firmado en abril de 2020 bajo jurisdicción inglesa, fue pagado por completo. Sin embargo, la compañía solo devolvió el equivalente a 300 ventiladores y entregó 50, por lo que la FGR presentó una denuncia penal en 2021. El juicio civil avanza en Reino Unido y se prevé que concluya en enero de 2026.

Buenrostro también alertó sobre los ventiladores Philips, que desde 2021 están bajo revisión por fallas detectadas por la FDA. Explicó que su permiso de uso expiró en 2023 y que, pese a ello, se detectó su venta ilegal, lo que derivó en una investigación administrativa.