El Paquete Económico 2026 perfila la ruta del gobierno de Claudia Sheinbaum: programas sociales como eje central, integración productiva mediante el Plan México y disciplina fiscal como escudo frente a la deuda heredada. La Pensión Mujeres Bienestar ilustra el giro redistributivo, pero también anticipa tensiones: el pago de intereses consume un presupuesto anual completo, lo que obliga a equilibrar gasto social con sostenibilidad financiera.

En paralelo, Argentina ofrece un espejo incómodo. El salvavidas de 20 mil millones de dólares a Milei recuerda el ajuste de los noventa en México: préstamos condicionados a reformas impopulares y vulnerabilidad política. La dolarización fallida reitera que los atajos económicos suelen amplificar las crisis, dejando a los gobiernos sin margen de maniobra ante sus votantes y acreedores.

En el frente doméstico, la compra de Fernando Chico Pardo de una participación en Banamex introduce otra interrogante: ¿qué destino tendrá la colección de arte vinculada al banco? La preocupación trasciende lo financiero: se trata de preservar un patrimonio cultural que simboliza continuidad histórica en medio de transformaciones corporativas y luchas de poder económico.

Por último, la denuncia sobre el presupuesto del IPN reaviva un debate incómodo: la desigualdad educativa en la asignación de recursos públicos. Que una institución con matrícula mayor reciba menos de la mitad del presupuesto de la UNAM exhibe un sesgo que erosiona oportunidades. La política redistributiva no puede omitir que también en la educación persisten deudas estructurales.

México adoptó en 2020 una Política Exterior Feminista con pilares de paridad, interseccionalidad y no violencia institucional. Su andamiaje se sostiene en décadas de compromiso multilateral, desde México 1975 hasta Beijing 1995, CEDAW y foros recientes. El objetivo: transversalizar género dentro y fuera de la SRE sin perder continuidad.

El expediente de avances es tangible: gabinete y cámaras paritarias, protocolos contra acoso, ventanillas consulares para víctimas y paridad en puestos del SEM. Liderazgos como Rosario Green, Patricia Espinosa, Claudia Ruiz Massieu, Alicia Bárcena, Socorro Flores y otras, profesionalizaron políticas, negociaciones y agendas con impactos medibles.

Sin embargo, la consolidación como política de Estado exige blindajes presupuestales, métricas públicas y mecanismos disciplinarios eficaces. También demanda coherencia entre discurso externo y realidades internas: violencia de género, barreras laborales y brechas regionales. Sin continuidad, la PEF queda vulnerable a vaivenes políticos o capturas burocráticas.

De cara a 2026, el reto es pasar del “deber ser” a resultados verificables: presupuesto etiquetado, datos abiertos, evaluación independiente y sanción oportuna. Igual de clave será tejer alianzas con sociedad civil, academia y organismos internacionales. Así, México puede mantener liderazgo regional creíble y evitar retrocesos que desacrediten su propia narrativa.

El costo financiero de la deuda alcanzará en 2026 un nivel no visto desde 1991. Según el Paquete Económico, se destinarán 1.57 billones de pesos al servicio de la deuda, lo que equivale a 15.6 de cada 100 pesos del gasto público. Este monto supera lo previsto para educación y salud, evidenciando un desequilibrio preocupante en las prioridades presupuestales.

México Evalúa advirtió que esta tendencia equivale a “sacar una tarjeta de crédito para pagar otra”. El techo de endeudamiento solicitado al Congreso asciende a 1.8 billones de pesos, cifra que rebasa lo asignado a inversión física. Con ello se incumple nuevamente la regla de oro, ya que por cada peso de deuda solo se invertirán 61 centavos.

La creciente presión por intereses limita recursos para áreas estratégicas del desarrollo humano. Aunque la deuda es una herramienta legítima, su uso orientado al gasto corriente compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas. La crítica recae en si este camino construye bienestar o hipotecará el futuro económico del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este jueves al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la puerta de honor de Palacio Nacional, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba. Entre gritos aislados de protesta en el Zócalo, ambos mandatarios encabezaron la ceremonia protocolaria con la entonación de los himnos nacionales y la presentación de sus comitivas.

El encuentro tiene como eje fortalecer la relación bilateral más allá del marco del TMEC. En su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que México buscará ampliar el intercambio comercial y profundizar el programa de visas de trabajo para que más connacionales laboren legalmente en Canadá.

La visita ocurre en un contexto de revisión del tratado comercial y de interés mutuo por diversificar cadenas de suministro. Se espera que al finalizar la jornada ambos líderes detallen los acuerdos alcanzados, en un momento clave para redefinir la integración de Norteamérica.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su decisión de modificar la forma en que se menciona a Josefa Ortiz durante el Grito de Independencia, al llamarla por su nombre original, Josefa Ortiz Téllez Girón. Argumentó que las mujeres no deben ser identificadas a través de sus esposos, como ocurría con el título de “la Corregidora”.

En su conferencia matutina, explicó que incluyó también a Leona Vicario, Manuela Molina y a las heroínas anónimas en la arenga, con el objetivo de recuperar la memoria femenina en la historia nacional. Señaló que en su infancia solo se enseñaba a Ortiz de Domínguez como figura aislada, reflejando un sesgo machista en los relatos escolares.

El gesto marca un cambio simbólico en la narrativa oficial de la Independencia. No obstante, el reto será transformar estos reconocimientos en políticas concretas que garanticen igualdad sustantiva, más allá de la evocación en fechas patrias.

Desde el 15 de septiembre comenzó el registro digital de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundarias públicas de nuevo ingreso y para quienes cursan primero o segundo y aún no la reciben. El trámite es gratuito y se realiza en becaritacetina.gob.mx con la Llave MX, que debe crear o usar la madre, el padre o tutor. El apoyo asciende a 1,900 pesos bimestrales y contempla 700 pesos extra en hogares con más de dos hijos en secundaria.

Para inscribirse, se validan CURP y datos de contacto, se suben identificación oficial y comprobante de domicilio, y luego se registra al estudiante con su CURP y la CCT de la escuela. El sistema precarga información y solicita nivel, turno, grado y parentesco; al final se genera un comprobante de registro.

Aunque el proceso es simple, exige conectividad, documentos digitalizados y seguimiento puntual. Conviene evitar gestores, revisar diariamente el calendario de septiembre y conservar el comprobante para futuras verificaciones.

A partir del 1 de octubre entrará en vigor la disposición oficial que obliga a todos los usuarios de banca electrónica a establecer un Monto Transaccional del Usuario (MTU), es decir, el límite máximo de dinero que podrá transferirse mediante operaciones SPEI, CoDi o Dimo. La medida busca reforzar la seguridad y prevenir delitos financieros como el lavado de dinero.

El monto será definido por cada cliente, de acuerdo con sus necesidades. Sin embargo, en caso de no hacerlo, el sistema fijará de manera automática un máximo de 12 mil 360 pesos por transacción. Autoridades precisaron que el límite dependerá del tipo de cuenta, el historial transaccional y el perfil del usuario, lo que implica que cuentas básicas tendrán un tope menor en comparación con cuentas corporativas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México señalaron que este mecanismo permitirá mayor control en el sistema financiero. No obstante, especialistas advierten que el cambio puede representar un reto para quienes acostumbran transferencias de mayor monto, obligando a usuarios y empresas a redefinir su planeación financiera. La discusión sobre si el MTU será una barrera o una garantía de seguridad apenas comienza.

México, Estados Unidos y Canadá iniciaron el proceso de consultas previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), programada para julio de 2026. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que los sectores involucrados en el país tendrán 60 días para enviar comentarios y propuestas a través de un mecanismo digital publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En paralelo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó que además de recabar opiniones, celebrará una audiencia en noviembre para definir los capítulos a revisar. Canadá, por su parte, acompaña el inicio de este proceso con la visita oficial de su primer ministro, Mark Carney, quien se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir comercio, energía y seguridad como ejes de integración regional.

El TMEC, vigente desde 2020, representa el 29% del PIB mundial y ha permitido a México un crecimiento sostenido de exportaciones, con aumentos de hasta 38% hacia Estados Unidos y 32% hacia Canadá. Sin embargo, la revisión abre interrogantes: ¿logrará México defender los beneficios alcanzados y, al mismo tiempo, negociar nuevas condiciones en un escenario global marcado por el proteccionismo y la competencia de otros bloques económicos?”

Durante la ceremonia previa al desfile militar por el 215 aniversario de la Independencia, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que la institución dio un “golpe de timón” contra la corrupción y la impunidad. Reconoció que altos mandos navales estuvieron involucrados en el robo y tráfico de combustible, pero subrayó que “hubiera sido imperdonable callarlo”, al recalcar que la Marina actuó con honestidad y transparencia.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, representantes del gabinete y delegaciones extranjeras, Morales aseguró que cualquier desafío será enfrentado con honor, lealtad y deber. Sin mencionar directamente a los implicados en la red de huachicol fiscal, sostuvo que la decisión de exponer los hechos fue un ejercicio de congruencia y compromiso con el pueblo, al reiterar que “la verdad nos fortalece y la justicia nos determina”.

El almirante destacó que con la Cuarta Transformación no hay marcha atrás en el combate a la corrupción y que la Marina seguirá siendo una de las instituciones más confiables del país. Sin embargo, el reto pendiente es profundo: más allá de los discursos, el verdadero desafío será evitar que estos esquemas ilícitos vuelvan a enquistarse en estructuras de poder, lo que pondría a prueba la credibilidad del Estado mexicano.

El Gobierno de México, a través de Conagua, impulsa una política de justicia social para garantizar que el agua sea un derecho y no una mercancía. Mediante el programa Proagua, en 2025 se construyeron y ampliaron 161 obras de agua potable y 79 de alcantarillado, beneficiando a 240 mil habitantes, además de rehabilitar 270 sistemas de agua potable y 62 de drenaje para más de 4 millones de personas.

También se invirtieron 926 millones de pesos en infraestructura de saneamiento con Prosanear, lo que incluyó 12 nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales y la rehabilitación de otras siete. Tras el paso del huracán John, se destinaron más de 100 millones de pesos para reparar sistemas de agua en Guerrero, garantizando continuidad del servicio en Acapulco y Técpan de Galeana.

Con convenios en 29 entidades, el gobierno federal programó 230 nuevas acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento, junto con 16 plantas de tratamiento adicionales. A 11 meses de gestión, la presidenta Claudia Sheinbaum refrenda su compromiso de hacer del acceso al agua un derecho humano, priorizando a las comunidades más vulnerables.