La figura pública de Marco Rubio funciona como engranaje discursivo de una estrategia más amplia: traducir el intervencionismo estadounidense en un lenguaje que parezca sentido común. Su narrativa, construida sobre advertencias veladas y señalamientos moralizantes, busca fijar un marco donde la sanción, la presión diplomática y la amenaza militar se justifiquen como actos de “responsabilidad”. Más que argumentar, su retórica pretende disciplinar, instalando la idea de que ciertos gobiernos latinoamericanos deben ser corregidos.

Este dispositivo opera mediante la fabricación constante de enemigos. Cada declaración suya convierte a un país, líder o movimiento social en amenaza inminente. Esa absolutización del otro, propia de la propaganda clásica, habilita la legitimidad de medidas punitivas presentadas como necesarias para preservar el orden. El mensaje es nítido: Estados Unidos interviene porque “no tiene opción”. Rubio encarna la vocalización de esa coartada imperial que exige obediencia bajo la apariencia de preocupación democrática.

Su eficacia radica en producir un clima perceptivo específico: incertidumbre, miedo administrado y sensación de vigilancia continua. La pedagogía del castigo no se expresa solamente en sanciones concretas, sino en la instalación simbólica de que cualquier desobediencia puede ser castigada. El personaje funciona así como figura teatral del poder, un intérprete que dramatiza la idea de un imperio paciente, pero dispuesto a actuar si sus advertencias no son atendidas.

Desmontar esta retórica implica observar la maquinaria que la sostiene. Rubio no es la causa, sino el síntoma de una estructura que necesita voceros capaces de traducir violencia en moralidad. Sus intervenciones no deben leerse como excentricidades individuales, sino como parte de una gramática imperial que busca naturalizar la injerencia y despolitizar el castigo. Comprender esa lógica es fundamental para discutir, desde América Latina, los límites y riesgos de un orden que intenta imponerse bajo el disfraz de advertencia responsable.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador del 2 al 4 de septiembre en su primera visita oficial al país desde que asumió el cargo. El Departamento de Estado informó que la gira busca impulsar acciones conjuntas para desmantelar cárteles, detener el tráfico de fentanilo y atender la migración irregular.

Rubio también abordará temas de comercio y seguridad regional, destacando la necesidad de reducir el déficit con México y de fortalecer la cooperación económica. Según el comunicado oficial, el gobierno de Donald Trump busca “neutralizar amenazas narcoterroristas” y garantizar igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses en la región.

La visita ocurre en un momento en que Washington intensifica su atención en América Latina. Para México, representa un reto inmediato: equilibrar la presión de Estados Unidos en materia de seguridad y migración con la defensa de su soberanía y sus prioridades nacionales.

Donald Trump anunció este 1 de mayo que Marco Rubio será su nuevo asesor interino de seguridad nacional, mientras mantiene su puesto como Secretario de Estado. También confirmó la nominación de Mike Waltz como embajador ante la ONU. Ambos perfiles han sido cercanos al presidente en temas de política exterior y defensa.

Waltz, excongresista y veterano de guerra, fue elogiado por Trump por su “compromiso con los intereses de la nación” desde distintos frentes, incluido su papel como asesor de seguridad nacional en años previos. Rubio, por su parte, sumará responsabilidades en un contexto internacional marcado por tensiones con Irán, Rusia y China.

Si bien estos nombramientos buscan proyectar continuidad y control, preocupan por el poder concentrado en figuras sin contrapesos claros. La politización de la seguridad nacional en momentos electorales podría priorizar los intereses partidistas sobre las necesidades globales.