El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Nicolás Maduro es un dictador por la concentración de poderes en Venezuela, pero negó que exista evidencia de que sea un narcotraficante. Sostuvo que esa acusación forma parte de una narrativa impulsada por Estados Unidos y no cuenta con sustento en información de las autoridades colombianas.

Petro respondió así a cuestionamientos sobre su postura frente al mandatario venezolano, luego de que Washington señalara a Maduro como líder del llamado Cártel de los Soles. El gobierno venezolano ha rechazado de manera reiterada esa acusación, mientras Estados Unidos la utiliza como base para sanciones y presiones diplomáticas.

El mandatario colombiano reiteró su oposición a una intervención extranjera en Venezuela y defendió una salida política negociada a la crisis. Sus declaraciones contrastan con la política de la administración de Donald Trump, que ha intensificado medidas contra Caracas bajo el argumento del combate al narcotráfico.

La Casa Blanca advirtió que el presidente Donald Trump “no tolerará más” al gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó de “régimen ilegítimo e involucrado en el narcotráfico hacia Estados Unidos”. La vocera presidencial, Karoline Leavitt, reiteró que Washington mantiene “todas las opciones sobre la mesa” frente a Venezuela.

La declaración coincidió con un nuevo ataque de fuerzas estadounidenses contra una presunta embarcación de narcotraficantes en el Caribe, el sexto desde agosto, con saldo de 27 muertos, según fuentes citadas por Reuters. Los operativos forman parte del despliegue militar que incluye buques, aviones furtivos y vigilancia del Comando Sur.

El gobierno venezolano denunció ante la ONU los ataques como “ilegales y extrajudiciales”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a Washington de poner en riesgo la estabilidad del Caribe, mientras Estados Unidos defiende sus acciones como parte de su estrategia para frenar el tráfico de drogas en la región.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se alista un decreto de conmoción exterior para enfrentar la amenaza de una posible agresión de Estados Unidos. La medida, prevista en el artículo 388 de la Constitución, habilita acciones extraordinarias en caso de conflicto externo que ponga en riesgo la seguridad nacional. El Consejo de Estado permanece en sesión permanente y evalúa nuevas disposiciones.

Durante una movilización en Caracas, miles de milicianos y efectivos militares marcharon en respaldo al mandatario. Autoridades como la alcaldesa Carmen Meléndez y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, destacaron que el pueblo armado se encuentra preparado para resistir cualquier intento de incursión extranjera, asegurando que la capital será defendida “a toda costa”.

La tensión se incrementa tras el despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe sur. En este escenario, la confrontación entre Washington y Caracas abre un nuevo capítulo de incertidumbre regional, donde el riesgo de escalada bélica amenaza con alterar la frágil estabilidad latinoamericana. El dilema persiste: ¿defensa soberana o pretexto para profundizar la polarización?

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no cuenta con pruebas que relacionen al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Cártel de Sinaloa, como sostiene el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Señaló que es la primera vez que escucha sobre el tema.

En su conferencia matutina, invitó a las autoridades estadounidenses a presentar evidencia y aclaró que en México no existe ninguna investigación abierta al respecto. La declaración se da luego de que Washington duplicara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve al arresto de Maduro.

El pronunciamiento refleja la postura oficial de priorizar la cooperación internacional bajo criterios de prueba y legalidad. El desafío será mantener el equilibrio diplomático ante acusaciones externas que, sin respaldo sólido, pueden tensar las relaciones bilaterales y afectar la agenda regional.