El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió a la población de Ciudad de Gaza abandonar la zona de inmediato, en medio de una ofensiva militar que ya derribó cincuenta edificios considerados “torres terroristas”. Según el mandatario, se trata apenas del inicio de una maniobra terrestre de gran escala.

El Ejército de Israel concentra fuerzas alrededor de la ciudad, mientras la comunidad internacional advierte sobre las consecuencias humanitarias de la operación. La decisión se enmarca en un plan aprobado en agosto para ocupar la localidad y trasladar a sus habitantes hacia el sur del enclave palestino.

Con cerca de un millón de personas refugiadas en Gaza, muchas de ellas desplazadas previamente por la guerra, la advertencia profundiza la crisis humanitaria. El dilema para la región es claro: seguridad frente a derechos humanos, una tensión que podría definir el futuro político de Medio Oriente.

El ejército israelí inició una ofensiva terrestre para ocupar la Ciudad de Gaza, donde viven más de un millón de personas. Tras varios días de intensos bombardeos y artillería, tropas se establecieron en las afueras de la urbe, obligando a cientos de palestinos de barrios como Zeitoun y Sabra a huir hacia zonas del noroeste.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró su llamado a un alto el fuego inmediato, advirtiendo que la operación causará “inevitablemente” más muertes y destrucción. Sin embargo, Israel insiste en avanzar con su plan de control total pese a la presión internacional y las críticas a la magnitud de la ofensiva.

El éxodo de familias palestinas refleja la crudeza de un conflicto que parece no tener freno. La tensión entre los objetivos militares de Tel Aviv y la necesidad humanitaria de proteger civiles revela, otra vez, la distancia entre la política de guerra y el derecho a la vida.

Un millón de personas se manifestaron en Israel para exigir el fin de la guerra en Gaza y la liberación de rehenes, en la protesta más grande desde el inicio del conflicto. Las marchas se extendieron por todo el país, desde Tel Aviv hasta Jerusalén, con familias de cautivos denunciando la negativa del gobierno a negociar con Hamas.

La presión social se intensificó con bloqueos de carreteras y concentraciones frente a residencias oficiales. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que detener la guerra sin derrotar a Hamas fortalecería al grupo islamista. Ministros de su gabinete calificaron las protestas de “perjudiciales” y acusaron a los manifestantes de debilitar al país frente a sus enemigos.

El contraste entre las demandas ciudadanas y la línea dura del gobierno refleja una fractura interna. Mientras la población exige vida y acuerdos, el liderazgo insiste en la fuerza militar. La pregunta que queda abierta es cuántas vidas más deberán sacrificarse antes de que prevalezca el diálogo sobre la violencia.

La embajadora de Palestina en México denunció que la ofensiva israelí contra Gaza constituye un genocidio, agravado por un bloqueo que impide la entrada de ayuda humanitaria. Señaló que la población civil enfrenta hambre, falta de medicinas y desplazamientos forzados.

En conferencia, acusó que Israel utiliza la guerra como herramienta de castigo colectivo y pidió a la comunidad internacional pronunciarse con acciones más firmes para detener la violencia. Subrayó que la crisis no es solo militar, sino también humanitaria y de derechos humanos.

El llamado refleja la urgencia de atender una tragedia que acumula miles de víctimas y mantiene a Gaza aislada del mundo. La pregunta es si los gobiernos seguirán observando desde lejos o asumirán un papel más activo frente a la catástrofe.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que su gobierno “autorizará” a los palestinos de Gaza a abandonar el territorio, en medio de preparativos para una ofensiva militar más amplia. Aseguró que no se trata de una expulsión, sino de ofrecer la opción de marcharse de zonas de combate y, en general, del enclave, comparando la medida con desplazamientos ocurridos en Siria, Ucrania y Afganistán.

La declaración se produce tras el anuncio de Egipto de reactivar las negociaciones para una tregua de 60 días entre Israel y Hamás. Para muchos palestinos, cualquier medida de este tipo evoca la “Nakba” de 1948, cuando cientos de miles fueron desplazados. Netanyahu respaldó previamente la propuesta de Donald Trump de reubicar a la población gazatí en Egipto y Jordania.

En paralelo, una delegación de Hamás viajó a El Cairo para reunirse con mediadores de Egipto, Catar y Estados Unidos. Desde el inicio del conflicto en 2023, los ataques han dejado miles de muertos, en su mayoría civiles, y los esfuerzos diplomáticos no han logrado consolidar una paz duradera.

El gabinete de seguridad de Israel aprobó este viernes el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para ocupar militarmente la Ciudad de Gaza y, con ello, la totalidad de la Franja. El comunicado oficial indica que las Fuerzas de Defensa de Israel se prepararán para tomar control del área mientras proveen ayuda humanitaria a la población fuera de las zonas de combate.

La ONU reaccionó con rechazo inmediato, advirtiendo que la expansión de las operaciones militares podría tener consecuencias catastróficas para civiles palestinos y rehenes israelíes. El plan contempla el desarme de Hamás, la devolución de todos los rehenes, la desmilitarización de Gaza, el control de seguridad israelí y la instauración de un gobierno civil ajeno tanto a Hamás como a la Autoridad Palestina.

Esta decisión, discutida durante horas en el gabinete de seguridad, confirma lo anticipado por Netanyahu y abre un nuevo capítulo de tensión en el prolongado conflicto.

El Ministerio de Salud local reportó 175 muertes por inanición en Gaza, la mayoría en niños, desde que inició la guerra. La ONU advirtió que el enclave palestino se enfrenta a una hambruna inminente, con más de un millón de personas en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria. La escasez extrema es resultado directo del bloqueo y los constantes bombardeos.

Pese a las alertas internacionales, la entrada de ayuda humanitaria sigue restringida. Las rutas están bloqueadas o funcionan con severas limitaciones, y los sistemas de distribución han colapsado. Organismos de salud denuncian que los hospitales no cuentan con insumos suficientes para atender la desnutrición aguda en niñas y niños, que aumenta día a día.

La muerte por hambre es lenta, evitable y profundamente política. Mientras los líderes del mundo discuten, la población civil de Gaza muere en silencio. El costo de la indiferencia ya es irreversible.

Aunque Israel anunció una “pausa humanitaria”, al menos 63 palestinos fueron asesinados en 24 horas, muchos mientras buscaban alimentos. Tel Aviv aseguró que permitiría el ingreso de ayuda y que suspendería operaciones militares por 10 horas diarias. Sin embargo, los ataques continuaron.

Cientos de personas recorren Gaza entre ruinas, cargando sacos de ayuda como si llevaran esperanza en la espalda. Jordania y Emiratos lanzaron 25 toneladas de suministros, pero la hambruna persiste. Desde octubre de 2023, más de 59 mil personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños.

ONGs denuncian un colapso total del sistema de salud. Naciones Unidas advirtió que un tercio de la población no ha comido en días. Mientras tanto, el ministro israelí Itamar Ben-Gvir exige expulsiones masivas. Hamas acusa a Netanyahu de manipular la ayuda como estrategia de imagen internacional. La ayuda llega tarde. El sufrimiento no se detiene.

El Reino Unido y Jordania enviarán ayuda humanitaria vía aérea a Gaza y evacuarán a menores que requieran atención médica urgente, según anunció el primer ministro británico, Keir Starmer. El anuncio se dio tras una conversación con Emmanuel Macron y Friedrich Merz, en la que los líderes del grupo E3 urgieron a un alto el fuego inmediato en la Franja.

Los tres mandatarios se comprometieron a trabajar en un plan para transformar la tregua en una solución de paz duradera, basada en la fórmula de dos Estados. También abordaron la guerra en Ucrania —insistiendo en mantener la presión sobre Moscú— y la situación nuclear de Irán, advirtiendo sobre posibles sanciones si no regresa a la vía diplomática.

Aunque Francia reconocerá al Estado palestino en la ONU este septiembre, el Reino Unido pospone esa decisión. Starmer afirmó que ese paso solo será útil si forma parte de una estrategia global de paz.

En su informe más reciente, la ONU denunció a Orbia Advance Corporation como una de las empresas que lucran con el genocidio en Gaza. La firma mexicana, antes conocida como Mexichem y controlada por la familia Del Valle, aparece vinculada a operaciones que benefician directamente la expansión territorial israelí a través de su filial Netafim.

Netafim, especializada en sistemas de riego, opera en Cisjordania bajo una imagen de sostenibilidad, pero según la relatora Francesca Albanese, su tecnología ha sido usada para agotar recursos naturales palestinos y desplazar comunidades. En el Valle del Jordán, 93% de las tierras agrícolas palestinas no tienen acceso a irrigación, mientras los cultivos israelíes crecen con apoyo técnico y político.

Orbia presume presencia en más de 100 países y centros estratégicos en Tel Aviv, Ciudad de México y Boston. La empresa forma parte de Kaluz, uno de los conglomerados más poderosos del país. Su consejo está liderado por Juan Pablo del Valle y respaldado por una red empresarial que incluye banco, cementeras, aseguradoras y fondos de inversión.

El señalamiento internacional llega en un contexto de creciente escrutinio hacia empresas que operan en territorios ocupados. La ONU sostiene que colaborar con la ocupación no es neutralidad, sino complicidad. Hasta ahora, Orbia no ha respondido. El silencio empresarial contrasta con la evidencia: infraestructura, lucro y presencia activa donde se comete un crimen contra la humanidad.