Una iniciativa en Massachusetts desató controversia al plantear que personas presas pudieran reducir su condena si aceptaban donar órganos o médula ósea. Aunque fue descartada, evidenció cómo el sistema penal estadounidense busca soluciones desesperadas para una crisis de salud pública. La posibilidad de intercambiar tiempo de libertad por partes del cuerpo generó rechazo inmediato entre organizaciones médicas y de derechos humanos.

Los defensores argumentaban que la propuesta era voluntaria y beneficiaba tanto a los donantes como a los pacientes en lista de espera. Sin embargo, expertos señalaron que el consentimiento en prisión está viciado por la coerción del encierro. Además, el acceso desigual a atención médica complica aún más la capacidad real de decidir libremente dentro de una celda.

El caso expuso una lógica preocupante: en lugar de reformar el sistema de salud o incentivar donaciones de manera ética, se recurre a la población más marginada para resolver un problema estructural. El riesgo de explotación y de institucionalizar un “mercado carcelario” de órganos no es menor.

Este debate no solo interpela a Estados Unidos, sino a todos los países donde el sistema penitenciario se entrelaza con desigualdad, racismo y precariedad. ¿Es ético ofrecer beneficios legales a cambio de un órgano? ¿O estamos normalizando una forma de trueque biológico que deshumaniza? La discusión apenas comienza.

Entre 2015 y 2024, la masa salarial de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos aumentó de 226 mil 842 millones de dólares a 373 mil 726 millones, es decir, un incremento del 64.8%. De acuerdo con el Foro de Remesas de América Latina, el alza se explica principalmente por mejores remuneraciones, no por un aumento en el número de migrantes. De hecho, la mayoría del crecimiento se originó por salarios más altos y solo una décima parte por mayor empleo.

A pesar de la caída en el número de migrantes mexicanos en Estados Unidos —que desde 2014 se ha reducido en más de 796 mil personas—, las remesas han crecido significativamente. Según el Banco de México, entre 2014 y 2024, el envío de dinero a México aumentó un 155%, al pasar de 25 mil a 64 mil millones de dólares anuales.

Los datos del Cemla indican que actualmente hay 7.3 millones de trabajadores mexicanos en Estados Unidos, apenas 186 mil más que en 2007. Sin embargo, se observa una transformación en la composición por género: mientras que el número de hombres ha bajado ligeramente, el de mujeres trabajadoras ha crecido casi 9% en una década.

Esta tendencia refleja un mercado laboral más cerrado para los mexicanos, pero con salarios más altos. Aunque la migración neta se ha desacelerado, las remesas continúan creciendo como fuente vital de ingreso para millones de familias en México.

México y Estados Unidos firmaron un memorando para remediar la crisis ambiental del río Tijuana-San Diego. La secretaria Alicia Bárcena y la Agencia de Protección Ambiental acordaron rehabilitar colectores, plantas y tuberías colapsadas que durante años han vertido aguas negras en la frontera.

El pacto binacional busca culminar las obras entre 2025 y 2027, bajo la vigilancia de ambas administraciones. Incluye ampliar la planta de South Bay en California y sanear instalaciones clave como Arturo Herrera y La Morita, severamente deterioradas por falta de inversión.

Aunque se celebra el compromiso, persisten dudas sobre su cumplimiento. No es la primera vez que se promete una solución. Las comunidades locales, afectadas por olores, enfermedades y contaminación, exigen transparencia, vigilancia y resultados. ¿Será este acuerdo un verdadero inicio de reparación o sólo un gesto diplomático frente a la presión binacional?

La SRE y la Agencia Nacional de Aduanas anunciaron un nuevo mecanismo que permitirá a connacionales regresar de EUA con sus pertenencias y herramientas de trabajo, sin trámites complejos ni pago de impuestos. La medida responde a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El canciller Juan Ramón de la Fuente y Rafael Marín, titular de Aduanas, detallaron que se ha elaborado una lista clara de bienes permitidos, como muebles, libros y equipo de trabajo. Las aduanas recibirán lineamientos para garantizar el apoyo inmediato a quienes regresen.

La iniciativa busca reducir trabas burocráticas y brindar certidumbre a quienes dejaron el país por motivos laborales. “Queremos que vuelvan con dignidad y sin obstáculos”, dijo Marín. El gobierno también anunció la apertura de un canal de atención directa para evitar abusos o retrasos en las aduanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el tráfico de fentanilo hacia EUA. se redujo 50% desde octubre, cuando inició su mandato. Aseguró que esta baja es reconocida incluso por autoridades estadounidenses, y se debe al despliegue nacional de operativos, destrucción de laboratorios y decomisos.

Hasta hoy, se han desmantelado 1,193 laboratorios de metanfetaminas, con un impacto estimado de 43 mil millones de pesos contra el crimen organizado. Sheinbaum insistió en que este esfuerzo debe tener reflejo del otro lado de la frontera: “ellos también deben combatir la venta y distribución en sus ciudades”, afirmó.

Sobre la sustracción de Ismael “El Mayo” Zambada —presuntamente ocurrido en EE.UU.— Sheinbaum reiteró que México sigue sin recibir información del caso. Pidió una relación bilateral basada en confianza y respeto a la soberanía, sin subordinación, pero con compromiso compartido en la lucha contra el narcotráfico.

El gobierno de Estados Unidos alertó que cárteles mexicanos están enviando crudo robado a Texas, donde empresas estadounidenses lo refinan para luego reimportarlo a México como combustible aparentemente legal. Esta red, según la embajada en México, constituye una sofisticada forma de evasión fiscal que fortalece financieramente al crimen organizado.

El esquema inicia con el robo y traslado del petróleo a EU, seguido de su legalización mediante intermediarios y empresas fachada. Tras ser refinado, regresa al país mediante aduanas, documentos falsos y redes corruptas, hasta llegar al consumidor final, muchas veces sin conocimiento del origen ilícito del producto.

La embajada subrayó que esta operación ilegal no solo implica evasión de impuestos, sino que también alimenta la violencia y la corrupción en ambos países. Washington y Ciudad de México trabajan coordinadamente para frenar el llamado “huachicol fiscal”, una industria que ya mueve miles de millones de pesos.

Ante las recientes amenazas de Donald Trump contra la aviación mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la apertura de una mesa de diálogo con aerolíneas estadounidenses. Estas empresas se han quejado por el traslado de vuelos de carga al AIFA. Sheinbaum informó de una primera reunión y garantizó una solución.

La mandataria señaló que algunas solicitudes son “atendibles”, otras se revisarán o ya operan en el AIFA. El secretario de Transporte de EUA, Sean Duffy, anunció posibles sanciones por el traslado de operaciones de carga en 2023.

Las aerolíneas estadounidenses apoyan las posibles sanciones. Sheinbaum afirmó que se revisan sus peticiones “muy particulares” para encontrar alternativas. El gobierno busca mantener el diálogo y evitar una escalada de tensiones para proteger la aviación nacional.

El director del ICE, Todd Lyons, anunció que la agencia intensificará sus acciones contra empresas que contraten migrantes en situación irregular, alegando que muchas de ellas los explotan laboralmente. Según Lyons, estos empleos no son un “delito sin víctimas” y con frecuencia están ligados a trabajo forzado o trata de menores.

Las declaraciones llegan tras un operativo en granjas de cannabis en California, donde se detuvo a más de 300 personas, incluidos diez menores. Lyons aseguró que ICE buscará cumplir la meta de un millón de deportaciones en 2025, impulsada por la administración Trump, pese a que hasta ahora solo se han realizado menos de 150 mil.

El funcionario también criticó a las ciudades santuario que limitan la cooperación con ICE, lo que obliga a la agencia a realizar detenciones directamente en las comunidades. “Nos gustaría enfocarnos en criminales detenidos, pero nos lo impiden”, afirmó Lyons.

El tráfico de combustible ilegal entre México y Estados Unidos no es un delito aislado, sino una red transnacional que involucra a autoridades, empresas y crimen organizado. Cada año se pierden más de 60 mil millones de pesos por el robo físico de gasolina en México, y otros miles por el llamado “huachicol fiscal”, que opera mediante papeles falsos y contrabando técnico desde Texas.

En marzo, un barco proveniente de ese estado con más de 10 millones de litros de diésel de contrabando fue interceptado en el puerto de Tampico. El modus operandi: robar combustible en México, refinarlo en EE.UU. y devolverlo disfrazado de aditivos. Según la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, hay una red compleja de funcionarios, agentes aduanales y empresarios involucrados en este negocio de doble vía.

La DEA ha identificado a los grandes cárteles mexicanos como actores clave en este esquema: CJNG, Sinaloa y el Cártel del Golfo operan del lado mexicano. Del otro lado, no se ha informado de investigaciones o detenciones relevantes, pese a las alertas del Departamento del Tesoro estadounidense. La empresa Vitol, con historial de corrupción en varios países, figura entre las principales beneficiadas, pero hasta ahora ninguna cúpula empresarial ha sido sancionada.

El huachicol, en su versión física o fiscal, es hoy una de las industrias ilegales más rentables, y uno de los rostros más impunes del crimen organizado binacional.

Financiera para el Bienestar (Finabien) distribuirá 100 mil tarjetas en Estados Unidos antes de enero de 2026, cuando entrará en vigor un impuesto del 1% a las remesas. Con esta tarjeta, los migrantes mexicanos podrán enviar dinero a sus familias en México de forma más económica y segura, con comisiones que bajarán de 3.99 a 2.99 dólares por envío, frente a los 7 dólares que cobran otras remesadoras.

La titular de Finabien, Rocío Mejía, aseguró que esta opción también protege a los migrantes de operativos migratorios, pues evita que tengan que acudir a casas de cambio o consulados donde podrían encontrarse con agentes del ICE. El trámite es gratuito y se puede realizar en línea o en los 53 consulados de México en EE.UU.

En México, los beneficiarios pueden obtener la tarjeta en cualquiera de las mil 700 sucursales de Finabien. El sistema permite almacenar hasta 20 mil dólares y realizar compras sin necesidad de efectivo.