El periodista Jesús Esquivel reveló que la entrega de 26 capos a Estados Unidos no fue por extradición, sino mediante “expulsión”, una figura legal que les permitiría negociar beneficios judiciales a cambio de información sobre redes de narcotráfico y corrupción en México.

Entre los entregados destacan Abigael González Valencia, “El Cuini”, considerado uno de los criminales más ricos por la DEA; Servando Gómez, “La Tuta”, exlíder templario y exinformante de la agencia; y Juan Carlos Félix Gastélum, yerno de “El Mayo” Zambada.

Esquivel advirtió que las investigaciones son confidenciales y podrían tardar en derivar en acciones visibles. Recordó que, aunque existen casos como los de Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos, persiste la frustración ciudadana ante la falta de sanciones inmediatas contra funcionarios y políticos implicados.

El gobierno de Estados Unidos devolvió a México una página original de un manuscrito firmado por Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527, robada entre 1985 y 1993 del Archivo General de la Nación. El documento describe gastos para la exploración de nuevas tierras, aportando detalles logísticos de la época.

La recuperación fue resultado de la colaboración entre el FBI, la policía de Nueva York, el Departamento de Justicia estadounidense y autoridades mexicanas. La página, parte de una colección de 15 documentos desaparecidos, fue localizada en territorio estadounidense gracias a investigaciones de código abierto.

Aunque el manuscrito cambió de manos varias veces, no habrá procesados. Es la segunda pieza devuelta a México, tras una carta recuperada en 2023. El FBI mantiene la búsqueda de las páginas faltantes e instó a reportar cualquier información sobre su paradero.

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que México es un país soberano e independiente, en rechazo a cualquier intervención militar extranjera. Su declaración responde a las amenazas del gobierno de Estados Unidos, que contempla ataques a cárteles del narcotráfico en territorio nacional.

La mandataria subrayó que no permitirá la presencia de tropas estadounidenses y que la cooperación en seguridad debe darse con respeto irrestricto a la soberanía y a las leyes mexicanas. Recalcó que combatir al crimen organizado es responsabilidad exclusiva de las autoridades nacionales.

Sheinbaum recordó que se trabaja en un acuerdo de seguridad con Washington basado en colaboración, diálogo y corresponsabilidad. Aseguró que cualquier estrategia conjunta deberá enfocarse en atender las causas estructurales de la violencia y reforzar el respeto mutuo entre ambos países.

Una disputa verbal derivó en violencia la madrugada del 9 de agosto en Times Square, cuando un adolescente de 17 años disparó cerca de la calle 44 Oeste y Séptima Avenida. El ataque dejó tres heridos: una joven de 18 años con un rozón en el cuello, un hombre de 19 con lesión en el pie y un hombre de 65 con herida en la pierna. Todos fueron trasladados al hospital Bellevue y se reportan estables.

Testigos registraron escenas de pánico mientras turistas y transeúntes huían, en medio de un rápido despliegue policial que permitió arrestar al sospechoso y recuperar el arma. Las autoridades indicaron que aún no se han presentado cargos formales contra el menor detenido.

Aunque la violencia armada ha mostrado una tendencia a la baja en Nueva York, el hecho demuestra que incluso las zonas más concurridas no están exentas de riesgos. La comunidad exige medidas preventivas más efectivas para evitar que se repitan situaciones similares.

Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los exlíderes del Cártel de Sinaloa, no enfrentará la pena de muerte en Estados Unidos. El fiscal Joseph Nocella Jr. informó que el Departamento de Justicia ha decidido no solicitar dicha sanción. La decisión se comunicó oficialmente a través de un documento judicial publicado este 5 de agosto.

El abogado del acusado, Frank Pérez, celebró la medida como un paso hacia una resolución justa del caso. La defensa había pedido una prórroga para evaluar escenarios legales y Zambada, por su parte, ya había solicitado repatriación a México, alegando que su captura fue producto de un secuestro en territorio estadounidense.

La Fiscalía también habría descartado la pena de muerte para Rafael Caro Quintero. Estos casos reflejan un cambio de estrategia judicial que favorece condenas largas sobre castigos extremos. ¿Humanismo jurídico o pragmatismo político frente al narcotráfico?

A medida que crece la posibilidad del regreso de Trump, migrantes centroamericanos y venezolanos comienzan a considerar seriamente quedarse en México. Aunque muchos partieron con la esperanza de cruzar a EE.UU., la realidad en la frontera, sumada al endurecimiento de políticas migratorias, ha provocado un cambio de planes forzado. El miedo a nuevas restricciones ha comenzado a transformar al país en destino final más que en zona de tránsito.

En ciudades como Ciudad Juárez, cientos han decidido establecerse temporal o indefinidamente. La incertidumbre política en Estados Unidos, las listas de espera y los riesgos del cruce han desalentado el intento de avanzar. El “sueño americano” comienza a mutar hacia una búsqueda más realista de estabilidad, empleo y refugio en territorio mexicano, aunque los recursos y las oportunidades sean limitados.

Diversas organizaciones en la frontera han alertado sobre el aumento de población migrante que opta por permanecer. Sin políticas claras de integración ni apoyos estatales sostenidos, la tensión crece en albergues, calles y centros de atención. Además, los flujos migratorios siguen activos, creando un panorama doble: quienes llegan con esperanza y quienes se resignan a no cruzar.

¿Está México preparado para ser país receptor? El fenómeno, empujado por un clima geopolítico hostil, exige respuestas más allá de la contención. La narrativa oficial no alcanza a dimensionar lo que ya ocurre en los márgenes: México dejó de ser puente para convertirse, por agotamiento, en refugio.

Frente a nuevas restricciones migratorias y una espera indefinida, cientos de personas varadas en Ciudad de México están renunciando al sueño americano. Provenientes de Venezuela, Honduras y Haití, muchos consideran regresar a sus países, pues cruzar a Estados Unidos ya no parece viable ni seguro. La capital mexicana se ha convertido en un limbo sin salida clara ni apoyos suficientes.

De acuerdo con organizaciones civiles, crece el número de migrantes que acuden a consulados para pedir ayuda y volver. Las redadas, las deportaciones exprés y la violencia en el trayecto han debilitado la esperanza. Quienes llegaron con la promesa de un futuro mejor, hoy enfrentan el desgaste físico y emocional de la espera.

Esta situación pone en evidencia no solo la política migratoria fallida de EE.UU., sino también la falta de un sistema regional que garantice movilidad humana con dignidad, derechos y opciones reales.

Legisladores de oposición exigieron al gobierno federal concretar un acuerdo con Estados Unidos ante la inminente imposición de aranceles al acero y al aluminio. Señalaron que es urgente evitar afectaciones a exportadores mexicanos, ya que aún no hay claridad sobre los alcances del entendimiento técnico alcanzado en julio entre ambos países. Pidieron mayor transparencia y definiciones inmediatas.

Desde el PAN y el PRI, acusaron opacidad en las negociaciones y falta de resultados concretos. Además, advirtieron que una mala estrategia podría repercutir en empleos, cadenas productivas y competitividad. Aunque la Secretaría de Economía aseguró que se mantiene el diálogo bilateral, no se ha dado a conocer una postura oficial sobre cómo se protegerán los intereses nacionales.

El riesgo de nuevos aranceles exhibe una fragilidad en la relación comercial con EE. UU. que el gobierno minimiza. ¿Se está priorizando el discurso diplomático por encima de la protección efectiva al sector industrial?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostendrá una llamada con Donald Trump antes del 1 de septiembre, fecha en que podrían entrar en vigor nuevos aranceles a productos mexicanos. La conversación fue solicitada por el propio Trump, quien busca imponer condiciones comerciales anticipándose a un eventual regreso a la Casa Blanca.

Aunque aún no existe una medida formal, el anuncio ha encendido alertas entre sectores industriales y exportadores, especialmente en el norte del país. Voces empresariales temen un nuevo ciclo de incertidumbre y renegociaciones como las vividas durante el T-MEC. El tema podría condicionar la relación entre ambos países desde antes del cambio de gobierno en Estados Unidos.

Frente a un interlocutor impredecible y proteccionista, México necesita claridad estratégica, no sólo cortesía diplomática. Si el diálogo no se basa en firmeza, el país podría quedar rehén de campañas electorales ajenas.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que México cumplió su parte en la negociación con Estados Unidos sobre posibles aranceles del 30% a mercancías mexicanas. Indicó que solo resta esperar el resultado antes del 1 de agosto y se mostró optimista, señalando que la posición de México es “bastante buena” globalmente. Subrayó que el 84% de las exportaciones mexicanas no se verán afectadas por estar cubiertas por el T-MEC.

Ebrard describió las negociaciones como complejas, pero afirmó que el acuerdo de enero es de los mejores. Confía en que México “pase la prueba” y pronto se sabrá el impacto en los costos del mercado. Este proceso es crucial para la estabilidad comercial entre ambos países.

Empresarios mexicanos, aunque cautelosos, son optimistas. Francisco Cervantes del CCE, advirtió sobre 41 sectores en riesgo, pero descartó una “catástrofe”. Max Elman, del CCE, aseguró que México ha negociado eficazmente y no espera que los aranceles afecten las inversiones destinadas al mercado interno, confiando en que el T-MEC se siga respetando.