El presidente Donald Trump reunió a su gabinete de seguridad para discutir los próximos movimientos de su campaña para propiciar un cambio de régimen en Venezuela, mientras aliados conservadores expresan inquietud por la legalidad y alcance de las operaciones militares en el Caribe. La Casa Blanca insistió en que el despliegue busca frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, crecieron las dudas tras revelarse un segundo ataque ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, contra sobrevivientes de una embarcación interceptada en septiembre, hecho que legisladores calificaron como posible crimen de guerra. La portavoz Karoline Leavitt negó violaciones al derecho internacional y sostuvo que la acción fue legal. Críticas adicionales emergieron luego del reciente indulto de Trump al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández.

El debate también se intensifica en torno al futuro de Nicolás Maduro. Mientras sectores conservadores presionan por acciones más firmes, otros advierten sobre los riesgos de una intervención directa. Las deliberaciones del gabinete no se hicieron públicas y persiste la incertidumbre sobre la estrategia final que adoptará la administración.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos iniciará “muy pronto” acciones por tierra contra presuntos narcotraficantes venezolanos, tras los bombardeos a lanchas en el Caribe y el Pacífico. Aseguró que la ofensiva redujo el tráfico marítimo y que buscan cerrar también rutas terrestres.

El mandatario dijo que aún no decide atacar infraestructura en Venezuela y que podría dialogar con Nicolás Maduro. Caracas rechazó sus acusaciones y calificó como infundada la designación del supuesto cartel de Los Soles como grupo terrorista por parte de Washington.

El anuncio ocurrió mientras continúa el despliegue militar estadounidense en la región. En paralelo, una operación conjunta en Costa Rica decomisó más de cuatro toneladas de cocaína, hecho que autoridades consideraron un golpe relevante al narcotráfico.

Dos miembros de la Guardia Nacional resultaron heridos de gravedad tras un ataque armado a dos cuadras de la Casa Blanca, hecho que el presidente Donald Trump calificó como “un crimen contra la humanidad”. El mandatario anunció el envío de 500 efectivos adicionales a Washington y advirtió que expulsará a “cualquier extranjero que no aporte nada” al país.

Las autoridades señalaron que el agresor, un migrante afgano detenido en el lugar, abrió fuego de forma repentina contra los guardias, quienes se mantienen en condición crítica. Según la alcaldesa Muriel Bowser, se trató de un “ataque directo”, mientras que el FBI confirmó que ambos sobrevivieron. Trump afirmó que revisará el estatus de todos los extranjeros provenientes de Afganistán.

El incidente ocurre mientras la capital permanece fuertemente resguardada por 2 mil 188 efectivos federales, desplegados como parte de la estrategia de seguridad del gobierno. Aunque circularon versiones sobre la muerte de los guardias, las autoridades las desmintieron y aseguraron que continúan hospitalizados. El sospechoso también resultó herido, pero sin riesgo vital.

El presidente Donald Trump anunció que su reunión con el alcalde electo de Nueva York,
Zohran Mamdani, se llevará a cabo este viernes en la Oficina Oval. El encuentro marcará
el primer acercamiento directo entre ambos después de meses de enfrentamientos públicos
y declaraciones cruzadas durante la campaña electoral neoyorquina.

Trump señaló en redes sociales que Mamdani solicitó la reunión, destacando que abordarán
temas de seguridad pública, economía y asequibilidad. La oficina del alcalde electo confirmó
que estos asuntos serán centrales, pues representan las prioridades votadas por más de
un millón de neoyorquinos. El presidente había atacado previamente a Mamdani con calificativos.

La reunión ocurre tras los comicios recientes, en los que los republicanos perdieron en
varios estados clave y Trump adoptó un discurso más centrado en la asequibilidad. Mamdani,
quien asumirá en enero, ha dicho que colaborará con el gobierno federal cuando beneficie
a la ciudad, aunque mantiene críticas sobre la agenda presidencial.

La figura pública de Marco Rubio funciona como engranaje discursivo de una estrategia más amplia: traducir el intervencionismo estadounidense en un lenguaje que parezca sentido común. Su narrativa, construida sobre advertencias veladas y señalamientos moralizantes, busca fijar un marco donde la sanción, la presión diplomática y la amenaza militar se justifiquen como actos de “responsabilidad”. Más que argumentar, su retórica pretende disciplinar, instalando la idea de que ciertos gobiernos latinoamericanos deben ser corregidos.

Este dispositivo opera mediante la fabricación constante de enemigos. Cada declaración suya convierte a un país, líder o movimiento social en amenaza inminente. Esa absolutización del otro, propia de la propaganda clásica, habilita la legitimidad de medidas punitivas presentadas como necesarias para preservar el orden. El mensaje es nítido: Estados Unidos interviene porque “no tiene opción”. Rubio encarna la vocalización de esa coartada imperial que exige obediencia bajo la apariencia de preocupación democrática.

Su eficacia radica en producir un clima perceptivo específico: incertidumbre, miedo administrado y sensación de vigilancia continua. La pedagogía del castigo no se expresa solamente en sanciones concretas, sino en la instalación simbólica de que cualquier desobediencia puede ser castigada. El personaje funciona así como figura teatral del poder, un intérprete que dramatiza la idea de un imperio paciente, pero dispuesto a actuar si sus advertencias no son atendidas.

Desmontar esta retórica implica observar la maquinaria que la sostiene. Rubio no es la causa, sino el síntoma de una estructura que necesita voceros capaces de traducir violencia en moralidad. Sus intervenciones no deben leerse como excentricidades individuales, sino como parte de una gramática imperial que busca naturalizar la injerencia y despolitizar el castigo. Comprender esa lógica es fundamental para discutir, desde América Latina, los límites y riesgos de un orden que intenta imponerse bajo el disfraz de advertencia responsable.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el flujo de drogas provenientes de Venezuela se ha reducido “considerablemente” gracias a los bombardeos en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, señaló que su gobierno enfrenta “un problema con México y otro con Colombia”.

Durante el vuelo en el Air Force One hacia Florida, Trump aseguró que su administración ha logrado “mucho progreso” en frenar el tráfico de drogas desde Venezuela, aunque evitó detallar las acciones previstas contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que considera “ilegítimo”. Dijo haber tomado una decisión al respecto, pero no la reveló.

Las declaraciones contrastan con lo dicho por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien destacó la “excelente cooperación” con el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia antinarcóticos y descartó cualquier intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano.

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, se define como socialista democrático e identifica al senador Bernie Sanders como su principal influencia. Su victoria representa un giro histórico: la izquierda socialista, marginada durante décadas, ha vuelto al centro del debate político en Estados Unidos.

Mamdani forma parte de los Democratic Socialists of America (DSA), una organización que, desde los años setenta, busca influir en el Partido Demócrata. Aunque no es un partido formal, la DSA se ha convertido en la fuerza socialista más numerosa del país, con cerca de 80 000 miembros y una presencia creciente en gobiernos locales y en el Congreso.

El término “socialista”, antes usado como insulto político, hoy tiene una aceptación inédita. Según encuestas de Gallup y del Cato Institute, el 66 % de los votantes demócratas y el 62 % de los estadounidenses menores de 30 años tienen una percepción favorable del socialismo, mientras la confianza en el capitalismo disminuye.

El impulso actual proviene del legado de Sanders, quien en 2016 y 2020 combinó el discurso del movimiento altermundista y de Occupy Wall Street con la tradición socialista democrática del siglo XX. Esa ola renovó el progresismo estadounidense y abrió espacio a nuevos liderazgos locales, sindicales e inmigrantes.

Aunque la elección de Mamdani destaca por su simbolismo —un socialista al frente de la capital financiera del mundo—, no es un hecho aislado. En Estados Unidos ya gobiernan al menos ocho alcaldes con filiación socialista. Paradójicamente, lo que antes se consideraba una amenaza hoy parece revitalizar la democracia estadounidense.

El Senado de Estados Unidos aprobó una ley para reabrir el gobierno federal, poniendo fin al cierre más largo en la historia del país, que ya suma 41 días. Con una votación de 60 a 40, un pequeño grupo de senadores demócratas rompió filas con su partido y respaldó el acuerdo con los republicanos para destrabar la parálisis presupuestaria.

El presidente Donald Trump expresó su apoyo a la medida y aseguró que “el país volverá a funcionar muy pronto”. El cierre había dejado sin salario a cientos de miles de empleados públicos y provocado retrasos en aeropuertos, además de frenar programas sociales y ayudas federales.

La iniciativa ahora deberá ser aprobada por la Cámara de Representantes, que regresa de su receso esta semana. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, pidió a los legisladores acelerar el proceso para restablecer la operatividad del gobierno “lo antes posible”.

El Senado de Estados Unidos aprobó una medida bipartidista para poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país. Ocho senadores demócratas votaron junto con los republicanos para avanzar una ley de gasto que permitiría reabrir las agencias federales y financiar al gobierno hasta enero.

El proyecto, que deberá ser avalado por la Cámara de Representantes y firmado por el presidente Donald Trump, busca poner fin a más de 40 días de parálisis administrativa que han dejado a cientos de miles de empleados federales sin salario. Durante la crisis, la Casa Blanca congeló 26 mil millones de dólares destinados a estados gobernados por demócratas.

El cierre también ha afectado gravemente al sistema aéreo: cerca de 5 mil vuelos fueron cancelados el último fin de semana. Autoridades advirtieron que, si el bloqueo continúa, podría colapsar el tráfico aéreo durante la temporada de Acción de Gracias.

Donald Trump ha iniciado su segundo mandato con un mensaje claro: la era del imperio estadounidense no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Su proyecto ya no busca proteger, sino expandirse. Desde su llegada a la Casa Blanca, ha reivindicado el discurso de la “restitución de Estados Unidos”, renombrando la Secretaría de Defensa como “Secretaría de Guerra” y nombrando a un veterano de Irak al frente.

Trump entiende el poder como velocidad: imponer una dinámica que impida reflexionar o rectificar. Su estrategia es mantener a la sociedad en movimiento constante, entre crisis mediáticas y decisiones inmediatas. En esa lógica, busca desmantelar los contrapesos institucionales, sembrar dudas en los jueces y convertir el caos en herramienta política.

Sin embargo, las recientes elecciones del 4 de noviembre mostraron grietas. Estados como Virginia, Nueva Jersey y California votaron en su contra, y Nueva York eligió como alcalde a Zohran Mamdani, musulmán y socialista de 34 años, símbolo de una nueva generación que desafía el poder financiero y la desigualdad.

Aun así, la “América profunda”, armada y radicalizada, sigue siendo su base más fiel. Trump apuesta por redibujar los condados para asegurarse el control del Congreso y garantizar un poder estructural que resista cualquier alternancia.

Mientras el país se divide entre costas liberales y un interior cada vez más autoritario, una verdad persiste: los cimientos republicanos de Estados Unidos siguen de pie, aunque sometidos a una prueba histórica. El imperio no muere; solo cambia de forma y de dueño.