Cuando Estados Unidos elevó la voz en 2020 por el avance del fentanilo en su territorio, la Casa Blanca identificó a los carteles mexicanos como el eslabón clave de la crisis. Cinco años después, con Donald Trump nuevamente en la presidencia y bajo una presión inédita sobre su vecino del sur, los datos cuentan una historia distinta: la campaña mexicana contra los opioides sintéticos no solo se ha intensificado, sino que ha comenzado a alterar la tendencia que durante años parecía irreversible. Tras una década en ascenso, el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense se ha reducido de forma drástica y las muertes por sobredosis muestran un retroceso que no se veía en mucho tiempo.

Desde la transición entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, el Gobierno mexicano apostó por una estrategia que rompiera con el paradigma de contención y patrullaje. Con la llamada Operación Frontera Norte —impulsada como respuesta a las exigencias de Trump de mostrar “resultados verificables”—, México dio paso a una ofensiva centrada en inteligencia, destrucción de laboratorios, incautaciones masivas y golpes quirúrgicos contra la estructura de los carteles. El movimiento incluyó un componente político delicado: aceptar una cooperación más estrecha en seguridad a cambio de moderar las amenazas arancelarias que la nueva Administración estadounidense colocó sobre la mesa desde su primer día.

El cambio fue inmediato. En el primer año de Gobierno de Sheinbaum, las fuerzas federales mexicanas aseguraron 1,8 toneladas de fentanilo, desmantelaron cerca de 1.900 laboratorios y detuvieron a más de 40.000 personas vinculadas con el crimen organizado. Entre los capturados figuran operadores centrales de los dos grupos que dominan el tráfico de drogas sintéticas: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Paralelamente, México extraditó a Estados Unidos a figuras de alto perfil cuyas operaciones mantenían redes activas incluso desde prisión.

Las cifras militares son contundentes. El Ejército decomisó en 2025 alrededor de 560 kilos de fentanilo, un aumento de más del 60% respecto al año anterior. Los aseguramientos de metanfetamina, heroína y goma de opio crecieron en proporciones todavía mayores. La Marina protagonizó uno de los golpes más significativos: la incautación de 1,5 toneladas de fentanilo a finales de 2024, el mayor cargamento interceptado en la historia reciente.

En Estados Unidos, los efectos comenzaron a sentirse del otro lado de la frontera. La CBP reportó una caída del 52% en las incautaciones de fentanilo en 2025 en comparación con el año previo. Aunque aún es una cifra considerable, representa el desplome más pronunciado desde que el opioide se instaló como la mayor amenaza sanitaria del país. También disminuyeron las confiscaciones de cocaína, mientras que las de metanfetamina registraron un leve repunte. La tendencia más significativa, sin embargo, está en los datos de salud pública: en 2024 murieron por sobredosis de fentanilo 47.735 personas, casi un 35% menos que en 2022, el peor año de la crisis. Esa reducción interanual no se veía desde 2019.

La política migratoria mexicana también experimentó un giro decisivo. Bajo la lógica del acuerdo con la Casa Blanca, Sheinbaum ordenó desplegar a 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la franja fronteriza para cortar el paso tanto a drogas como a migrantes irregulares. El resultado fue una caída del 95% en las detenciones dentro de territorio mexicano. Los registros estadounidenses reflejan un fenómeno similar: los arrestos en la frontera pasaron de casi 38.000 en 2024 a apenas 4.300 en 2025.

El descenso de la violencia en México acompaña estos cambios. Tras años de cifras que parecían haberse estancado en niveles críticos, 2025 cerró con 22.415 homicidios dolosos, la cifra más baja desde 2015. Aunque múltiples factores inciden en el fenómeno, el Gobierno atribuye buena parte de la disminución al desmantelamiento de estructuras criminales enfocadas en la producción y distribución de drogas sintéticas.

Este giro contrasta con la estrategia de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior. Mientras López Obrador privilegiaba la contención para evitar confrontaciones directas con los carteles, Sheinbaum ha apostado por la fuerza selectiva guiada por inteligencia. La coordinación entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía —bajo el liderazgo operativo de Omar García Harfuch— ha permitido cerrar circuitos que antes permanecían intactos. Cada operación se comunica al detalle en conferencias diarias, un intento deliberado de construir narrativa pública y posicionarse frente a Washington.

Aun así, la respuesta del Gobierno estadounidense ha sido ambivalente. La Casa Blanca reconoció “avances”, pero calificó los progresos como “insuficientes”. Trump insiste en que la raíz del problema está en México, mientras que la presidenta mexicana le ha recordado públicamente que Estados Unidos no ha atacado con la misma contundencia a las redes de distribución, lavado de dinero y adicción que alimentan su propia crisis. Tanto en privado como en público, Sheinbaum ha subrayado que ningún esfuerzo será sostenible si el país consumidor no atiende el corazón del problema dentro de sus fronteras.

Con el tráfico de fentanilo a la baja, la migración reducida y la violencia replanteada, México llega a 2026 con indicadores que, por primera vez en mucho tiempo, dibujan un horizonte distinto. Pero el entorno político bilateral sigue cargado de tensiones. Mientras Trump hace del combate al narcotráfico un eje de su narrativa electoral, México insiste en que la cooperación, y no la intervención, debe ser la lógica dominante. La pregunta central es si estos resultados —que objetivamente favorecen a ambos países— bastarán para contener las presiones de la Casa Blanca en un año que promete más confrontación que calma.

Los acontecimientos en torno al futuro de Groenlandia y la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela han revelado una alarmante lentitud de respuesta en la Unión Europea, así como la ausencia de una postura común. La crisis ha puesto en evidencia fisuras internas que comienzan a manifestarse públicamente en Bruselas, donde incluso altos mandos de la Comisión Europea expresan desacuerdo sobre el rumbo estratégico del bloque. La vicepresidenta Teresa Ribera pidió “no seguir en silencio” y urgió a “plantar cara” ante la escalada de presiones estadounidenses, un mensaje leído como advertencia a la inacción de Ursula von der Leyen, cada vez más ausente del debate público.

Algunas capitales europeas también han marcado distancia. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, exigió la destitución de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, por la falta de reacción ante los acontecimientos en Venezuela. A ello se suman nuevas tensiones por el millonario paquete de préstamos para Ucrania, donde Hungría, Chequia y Eslovaquia se negaron a aportar recursos, evidenciando el desgaste del consenso europeo y la creciente fatiga frente a la prolongada guerra en el este.

En medio de esta fragmentación, Bruselas intenta proyectar apoyo a Dinamarca, que enfrenta un escenario inédito: un territorio OTAN amenazado por Washington sin que la Alianza Atlántica pueda activar mecanismos de defensa. Alemania, Francia, Suecia y otros países han enviado efectivos militares a Groenlandia, aunque de manera limitada y sin capacidad de disuasión real. Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha propuesto destinar 200 millones de euros en apoyo a este territorio ártico, un gesto insuficiente ante la magnitud de la crisis.

Para diversos analistas europeos, el problema no radica en una agresión reciente, sino en un patrón prolongado: la UE se encuentra debilitada tras décadas de subordinación estratégica a Estados Unidos y sin una política de defensa propia capaz de equilibrar la relación. La ruptura del diálogo con Rusia, que históricamente funcionó como contrapeso, dejó al bloque sin alternativas reales para diversificar alianzas o reforzar su autonomía. La consecuencia es una Europa que debe responder a desafíos geopolíticos crecientes con herramientas limitadas y sin una visión común.

A estas tensiones se suma el impacto del conflicto en Ucrania, que ha dejado a varios países europeos con arsenales exhaustos. Dinamarca, por ejemplo, figura entre los mayores donadores de armamento a Kiev, comprometiendo su capacidad defensiva en un momento crítico. La paradoja es evidente: un continente que se definía como potencia normativa enfrenta ahora una crisis de seguridad sin precedentes y con recursos mermados por decisiones alineadas al interés estadounidense.

En Bruselas se reconoce que el vínculo transatlántico atraviesa su momento más frágil en décadas. La expectativa gira ahora hacia las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde podría definirse si la relación se recompone o si la fractura se profundiza. Entretanto, la UE enfrenta el reto de reconstruir liderazgo, cohesión interna y credibilidad estratégica antes de que la crisis la rebase por completo.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad ha sido contundente. Señaló que el trabajo conjunto se basa en respeto mutuo y responsabilidad compartida, lo que ha permitido avanzar en el combate al narcotráfico y en la reducción de la violencia en México.

Destacó que datos recientes reflejan avances significativos, como la reducción de cincuenta por ciento en el tráfico de fentanilo entre 2024 y 2025. Añadió que en México se han incautado cientos de toneladas de drogas, resultado de operativos coordinados entre autoridades federales y fuerzas armadas durante acciones conjuntas de seguridad.

Sheinbaum subrayó que otro indicador relevante es la disminución de homicidios dolosos. Afirmó que desde el inicio de su gobierno y hasta diciembre de 2025, este delito registró una reducción de cuarenta y un por ciento, lo que confirma la efectividad de la estrategia implementada en materia de seguridad nacional.

La operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro volvió a colocar en el centro del debate una constante histórica que Estados Unidos jamás ha abandonado del todo: su impulso imperial en América Latina. Aunque en ocasiones su presidencia parece caótica, el segundo mandato de Donald Trump ha demostrado una fidelidad sorprendente a esa tradición. Al invocar explícitamente la Doctrina Monroe para justificar la intervención en Venezuela, el mandatario no solo habló claro sobre sus intenciones; también reactivó una lógica que ha guiado a Washington desde el siglo XIX.

Trump suele mentir con facilidad, pero a veces —y de manera estridente— dice la verdad. Cuando repite que lo único que le interesa de Venezuela es su petróleo, cuando anuncia sin ambages planes neoimperialistas o cuando amenazó con convertir a México y Canadá en estados de la Unión, no se trata de desvaríos improvisados. Su administración ha buscado deliberadamente reabrir los marcos ideológicos que legitimaron las intervenciones estadounidenses entre 1898 y 1933, periodo durante el cual la Doctrina Monroe evolucionó de mecanismo defensivo a justificación colonial.

La operación en Caracas, comparable solo con la captura de Manuel Noriega en 1989, marca un punto de inflexión. A diferencia de su gobierno anterior, más errático y reactivo, Trump ha logrado insertarse sin pudor en los patrones más clásicos del intervencionismo estadounidense. Su reciente Estrategia de Seguridad Nacional formaliza esta visión: un documento que declara la intención de “reafirmar y aplicar” la doctrina monroísta y que algunos analistas ya llaman el “Corolario Trump”. El presidente, siempre deseoso de sellar su marca, bautizó incluso su propia doctrina, la “Donroe”, que en esencia libera al imperialismo estadounidense de las limitaciones jurídicas y normativas de la posguerra.

El paralelismo con los presidentes William McKinley y Theodore Roosevelt es evidente. McKinley inauguró la expansión global de Estados Unidos tras derrotar a España; Roosevelt, con su famoso corolario, convirtió la intervención en el Caribe y Centroamérica en rutina. La amenaza reciente de extender la presión militar a Cuba confirma que Trump se inscribe en esa genealogía. Lejos de representar una ruptura, su administración actualiza una tradición centenaria de control hemisférico.

La narrativa que presenta a Trump como una anomalía —como un paréntesis fascistoide en la historia estadounidense— pierde fuerza a la luz de estos hechos. Lo que el episodio venezolano revela es que el magnate neoyorquino no opera fuera de la historia, sino desde su continuidad más cruda. Trump no inventó el intervencionismo: lo despojó de sus filtros diplomáticos y lo devolvió a su forma original, sin disimulos y sin pretensiones moralizantes.

El secuestro de Maduro exhibe, en suma, la verdadera naturaleza del trumpismo en política exterior. No es aislamiento ni excepcionalidad, sino una versión explícita, acelerada y orgullosa del viejo impulso imperial de Estados Unidos. Una doctrina personal que, al final, no es tan nueva: solo más honesta respecto a lo que siempre ha sido el poder estadounidense en la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó ante embajadores y cónsules que México rechaza la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Durante un encuentro en Palacio Nacional, afirmó que la política exterior mexicana se apega a la Constitución, al derecho internacional y a la defensa irrestricta de la soberanía nacional actual permanente.

De acuerdo con asistentes, la mandataria explicó a los diplomáticos la compleja relación con Donald Trump y subrayó que la postura mexicana no busca confrontación. Señaló que el país privilegiará siempre el diálogo entre naciones y la solución pacífica de conflictos sin injerencias externas soberanas legítimas multilaterales vigentes actuales hoy.

Sheinbaum también destacó resultados económicos de 2025 y pidió fortalecer la promoción internacional de México. Funcionarios de la cancillería coincidieron en mantener cooperación con Estados Unidos sin subordinación, reiterando que la defensa de la autodeterminación y la soberanía seguirá guiando la acción diplomática del gobierno mexicano actual nacional permanente soberana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró al gobierno de Venezuela como “organización terrorista extranjera” y anunció un bloqueo total a los petroleros que entren o salgan del país. Acusó al régimen de Nicolás Maduro de financiar actividades criminales con petróleo “robado” y advirtió que la medida se mantendrá hasta que, dijo, se devuelvan a Estados Unidos activos supuestamente sustraídos.

El mandatario no precisó cómo se aplicará el bloqueo ni a qué activos concretos se refiere, aunque funcionarios de su administración defendieron la ofensiva como parte de una campaña antidrogas en el Caribe. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificaron la estrategia como exitosa, sin presentar pruebas públicas de sus resultados.

En respuesta, el gobierno venezolano rechazó las acusaciones y denunció ante la ONU una amenaza a su soberanía. La cancillería afirmó que Washington busca apropiarse de recursos energéticos y reiteró que las sanciones han provocado graves pérdidas económicas. Caracas aseguró que mantendrá la defensa de su territorio y de sus activos frente a lo que calificó como una escalada de presión externa.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la postura histórica de México de no intervención ante el incremento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump calificara al gobierno de Nicolás Maduro como “organización terrorista extranjera”, lo que elevó el riesgo de un conflicto regional.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que, más allá de cualquier valoración sobre el régimen venezolano, la política exterior mexicana debe regirse por la Constitución, privilegiando la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía y la solución pacífica de las controversias internacionales.

Asimismo, cuestionó la falta de una actuación visible de la Organización de las Naciones Unidas frente a este escenario y llamó al organismo a asumir un papel activo para evitar una intervención extranjera y un posible derramamiento de sangre, insistiendo en que el diálogo debe ser siempre la vía.

El presidente Donald Trump firmó un decreto que clasifica al fentanilo ilícito como un “arma de destrucción masiva”, al considerar que su impacto letal supera al de ataques convencionales. Durante un acto en la Casa Blanca, afirmó que esta droga causa entre 200 mil y 300 mil muertes anuales en Estados Unidos y representa una amenaza directa a la seguridad nacional.

La orden equipara al fentanilo con un arma química y ordena a la Fiscalía General iniciar investigaciones inmediatas contra su tráfico, con agravantes penales. Además, instruye a los departamentos de Estado y del Tesoro a sancionar activos e instituciones vinculadas a su producción y distribución, principalmente por redes criminales y cárteles.

El decreto también abre la puerta a una mayor participación del Departamento de Guerra en tareas de apoyo al combate antidrogas y actualiza protocolos militares ante incidentes químicos. Trump reiteró que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas y no descartó acciones directas fuera de territorio estadounidense.

El primer encuentro presencial entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump llega no por cauces diplomáticos tradicionales, sino al amparo del sorteo del Mundial. La presidenta mexicana viaja a Washington para una breve reunión trilateral junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, en un momento en que la relación bilateral atraviesa uno de sus periodos más frágiles desde el retorno de Trump a la Casa Blanca. La retórica del mandatario estadounidense, que insiste en justificar intervenciones militares contra cárteles en territorio extranjero, mantiene a México en estado de alerta.

Sheinbaum ha respondido con firmeza ante las insinuaciones de Trump. Defiende el intercambio de inteligencia, pero rechaza cualquier despliegue de fuerzas estadounidenses en suelo mexicano y recuerda que la historia del país obliga a blindar la soberanía. La mandataria insiste en que “cooperación no implica subordinación”, aun cuando el propio Trump ha declarado a los cárteles como organizaciones terroristas y presume prerrogativas para actuar más allá de sus fronteras.

El TMEC ocupa otro punto sensible de la agenda. Desde su regreso al poder, Trump ha sacudido la relación comercial con nuevos aranceles, mientras insinúa la posibilidad de abandonar el acuerdo trilateral para sustituirlo por pactos bilaterales. México enfrenta así una negociación compleja con un socio que usa tarifas y presiones en seguridad como fichas del mismo tablero. La revisión del tratado, obligatoria en 2026, aumenta la urgencia del encuentro.

En paralelo, el clima político mexicano suma ruido. Sectores ultraconservadores próximos al movimiento MAGA buscan amplificar la narrativa de inestabilidad, mientras Washington presiona por nuevas extradiciones de capos del narcotráfico. Con el telón de fondo deportivo, Sheinbaum y Trump medirán distancias en una relación que combina cooperación forzada, tensiones persistentes y un equilibrio diplomático cada vez más delicado.

El presidente Donald Trump reiteró que ordenará ataques militares contra países que “envíen drogas” a Estados Unidos y defendió los bombardeos a embarcaciones en el Caribe, pese a no presentar evidencia de su eficacia. Durante una extensa reunión de gabinete convertida en espectáculo mediático, afirmó que la ofensiva ahora incluirá acciones en tierra porque “sabemos todo” sobre las rutas y los grupos criminales. También volvió a insinuar que Nicolás Maduro dejará pronto Venezuela.

En su intervención, Trump respondió a cuestionamientos por un ataque repetido contra una embarcación ya destruida, señalado por legisladores como posible crimen de guerra. Aun así, atribuyó la decisión a un almirante y respaldó la operación. El mandatario insistió en cifras sin sustento sobre muertes por sobredosis y migración, mientras su gabinete lo calificaba como “el presidente más inteligente”.

La sesión derivó en declaraciones racistas y ataques contra inmigrantes somalíes, así como en nuevas críticas a la prensa. Posteriormente, Trump anunció la creación de “cuentas Trump” con mil dólares para niños nacidos entre 2025 y 2028, financiadas parcialmente por donaciones privadas, sin aclarar el manejo o propósito financiero del programa.