La muerte del reverendo Jesse L. Jackson a los 84 años cierra uno de los capítulos más influyentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Discípulo cercano de Martin Luther King Jr., Jackson se convirtió tras su asesinato en una de las voces más visibles en la lucha por la igualdad racial. Su trayectoria combinó activismo, diplomacia y participación electoral en un contexto marcado por profundas transformaciones sociales.

Jackson amplió la agenda de los derechos civiles más allá del voto y la segregación, incorporando demandas por empleo, acceso a educación y atención médica. Con la Operación PUSH y posteriormente la Coalición Rainbow, articuló presión política y económica sobre corporaciones y gobiernos. Su figura fue polémica: mientras para algunos representó coherencia y persistencia moral, otros lo acusaron de protagonismo excesivo y declaraciones controvertidas que generaron tensiones públicas.

Sus dos candidaturas presidenciales en la década de 1980 redefinieron el horizonte político para minorías raciales en Estados Unidos. Aunque no obtuvo la nominación demócrata, su desempeño electoral abrió espacios que décadas después capitalizarían otros liderazgos. También desempeñó un papel diplomático informal, interviniendo en liberaciones de rehenes y en conflictos internacionales, lo que consolidó su imagen como activista global.

El legado de Jackson no está exento de contradicciones, pero su influencia en la conversación pública sobre justicia racial es innegable. Su muerte invita a revisar el estado actual de la igualdad en Estados Unidos y a preguntarse cuánto de aquella agenda permanece pendiente. Más que una figura histórica, Jackson simboliza una etapa que aún interpela al presente político estadounidense.

A inicios del siglo XIX, la revolución haitiana envió un mensaje que estremeció al orden atlántico: los esclavos podían convertirse en ciudadanos libres. El eco de ese precedente influyó en la mirada estadounidense sobre Cuba, donde la economía esclavista y el interés geopolítico terminaron entrelazándose durante más de un siglo. Tras la independencia de la isla en 1902, Washington consolidó su influencia económica y política mediante acuerdos comerciales que facilitaron el control del sector azucarero y convirtieron a Cuba, en la práctica, en un enclave subordinado a sus intereses.

La revolución de 1959 alteró de raíz ese esquema. La nacionalización de empresas estadounidenses y la alianza con la Unión Soviética minaron una hegemonía que Estados Unidos daba por garantizada. Desde entonces, Washington desplegó una combinación de hostilidad política, intentos de invasión, operaciones encubiertas y un embargo económico que, hasta hoy, impacta directamente en la vida cotidiana de la población cubana. El bloqueo persiste a pesar de ser incompatible con los principios de soberanía y no injerencia de la Carta de la ONU.

El reciente decreto de Donald Trump, que declara a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” y sanciona a los países que suministren petróleo a la isla, intensifica ese legado de presión. México ha expresado su rechazo y advierte del riesgo de una crisis humanitaria, reafirmando una política histórica de apoyo a Cuba.

Detrás de la disputa diplomática permanece una memoria social poderosa. Para amplios sectores de la población cubana, la intervención estadounidense se asocia a un pasado marcado por desigualdad extrema, analfabetismo, falta de servicios básicos y concentración de riqueza en una élite estrecha. Esa experiencia alimenta una voluntad de resistencia que trasciende al propio régimen: un temor colectivo a regresar a un orden previo a 1959.

La crisis actual, sin embargo, vuelve a plantear una pregunta de fondo: cómo sostener la soberanía sin que la población pague el costo de un asedio prolongado. Cuba enfrenta, una vez más, la tensión entre sus desafíos internos y la presión externa que define buena parte de su historia moderna.

La advertencia del jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, sobre “el momento en que todo explote” sintetiza un clima político que avanza hacia un punto crítico. Cuatro derrumbes simultáneos alimentan esa sensación: el debilitamiento del orden internacional de posguerra, la erosión de la tranquilidad interna bajo operativos crecientemente abusivos del ICE, la degradación del orden democrático y, en el centro de todo, el deterioro mental y conductual del presidente Donald Trump.

Ese declive personal actúa como fuerza motriz. Los rasgos narcisistas se intensifican con el poder y la edad: más grandilocuencia, menos empatía, más reacciones violentas ante cualquier desafío. En 2025 Estados Unidos participó o ejecutó más de 600 misiones de bombardeo, una cifra coherente con un mandatario que recurre a la fuerza con rapidez creciente, dentro y fuera del país.

La historia clásica ilumina el proceso. Salustio, Tácito y más tarde Gibbon describieron cómo la tiranía distorsiona no solo la conducta de los gobernantes, sino también la moral de la sociedad que los rodea. La sed de dominación sustituye a la ambición pública y desata un ciclo de aislamiento, paranoia y exceso de poder. Los seguidores compiten por ofrecer una adulación cada vez más servil, mientras la población, expuesta a atrocidades constantes, se vuelve insensible. La democracia se vacía desde dentro: se debilita la confianza, se normaliza la corrupción, se abandona el hábito del compromiso.

Estados Unidos no es la Roma en decadencia. Sus instituciones siguen siendo sólidas y gran parte de la ciudadanía conserva valores democráticos. Pero estamos ante un peligro real: el curso de la tiranía raramente se revierte. La historia muestra que quienes caen en esta espiral no recuperan de pronto la moderación. Al contrario, profundizan en la arbitrariedad, la desconfianza y la confrontación.

Los fundadores lo entendieron bien: ninguna estructura institucional basta cuando un líder sin frenos internos decide probar los límites del poder. Hoy, gran parte del rumbo nacional está ligado a la psique deteriorada de un solo hombre, y ese es el núcleo del colapso que se aproxima.

Las recientes acciones de Estados Unidos en Irak y Venezuela revelan un patrón cada vez más nítido: el uso del petróleo y de la arquitectura financiera global como instrumentos de coerción en la rivalidad estratégica con China e Irán. Lo ocurrido en Bagdad y en Caracas no responde a crisis aisladas, sino a una estrategia que emplea el control sobre los flujos petroleros y los mecanismos de pago en dólares para influir en gobiernos, alterar alianzas y condicionar la capacidad de maniobra de actores adversarios.

En Irak, Washington ha advertido que podría restringir el acceso del gobierno a sus ingresos petroleros, un recurso del que depende casi noventa por ciento del presupuesto nacional. Las amenazas surgieron tras el avance electoral de figuras vinculadas a milicias respaldadas por Irán, incluido Adnan Faihan, quien obtuvo la primera vicepresidencia del Parlamento. El origen de esta vulnerabilidad se remonta a 2003, cuando la Autoridad Provisional de la Coalición colocó los ingresos petroleros iraquíes bajo administración en la Reserva Federal de Nueva York. Lo que alguna vez fue un mecanismo de protección se ha convertido en un punto crítico de control que permite a Washington influir directamente en la formación de gobierno y en el equilibrio geopolítico entre Irak, Irán y Estados Unidos.

El caso venezolano muestra una dinámica aún más explícita. Tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención estadounidense sobre las exportaciones petroleras, Washington ha interrumpido los envíos de crudo destinados a pagar la deuda venezolana con China. Los ingresos se canalizan ahora hacia una cuenta en Qatar administrada bajo supervisión estadounidense, lo que reordena la prioridad de acreedores y limita la continuidad de los acuerdos de petróleo por deuda. Este movimiento no busca acceso energético, dado que Estados Unidos es hoy el mayor productor mundial de crudo; su objetivo es restringir la capacidad de Beijing para expandir su arquitectura crediticia en el Sur Global y, con ello, moderar la influencia económica y política china en América Latina.

Ambos casos comparten un elemento estructural: la centralidad del dólar como columna vertebral del comercio energético. La capacidad de Washington para redirigir pagos, bloquear transferencias y condicionar exportaciones le otorga una influencia que trasciende a los países involucrados. Para China, se trata de un recordatorio de que sus mecanismos de financiamiento respaldados por recursos naturales pueden verse vulnerados por decisiones tomadas fuera de su control. Para los países del Sur Global, es una señal de que la búsqueda de autonomía financiera y energética requiere nuevas redes de protección frente a formas sofisticadas de coerción económica.

La geoeconomía del petróleo confirma así que la competencia entre grandes potencias se libra menos en el terreno militar que en el control de flujos: de energía, de divisas, de deuda. Irak y Venezuela ilustran cómo esos flujos se han convertido en herramientas para moldear comportamientos estatales, disciplinar alianzas y sostener jerarquías monetarias en un sistema internacional crecientemente fragmentado.

En Davos, el presidente estadounidense Donald Trump presentó su Junta de Paz, organismo con el que busca desempeñar un papel más amplio en Gaza y promover un ambicioso plan de reconstrucción. Propuso transformar el devastado territorio palestino en un complejo de rascacielos y turismo costero, lo que generó preocupación internacional. Afirmó que trabajará con Naciones Unidas para impulsar el proyecto.

Trump mostró diapositivas elaboradas por Jared Kushner que renuevan ciudades y dividen Gaza en zonas residenciales, industriales y turísticas. El plan incluye viviendas, hospitales, centros educativos y espacios deportivos. El mandatario argumentó que la ubicación costera ofrece un potencial inmobiliario extraordinario y comparó la iniciativa con programas de reconstrucción a gran escala.

Sin embargo, la propuesta generó críticas. Hamas cuestionó la participación de Benjamin Netanyahu y la ONU advirtió que cualquier alternativa a sus mecanismos no es adecuada. Francia sostuvo que la organización internacional debe conducir los procesos. Trump afirmó que decenas de países apoyan su iniciativa.

Davos vuelve a funcionar este año como un ritual global donde élites políticas y corporativas se exhiben en un paisaje alpino que pretende neutralidad, pero que opera como escenografía ideológica. Antes que un foro, Davos es un signo: un recordatorio visual de que las soluciones a la crisis global siguen discutiéndose lejos de quienes la padecen. Su lema de 2026, “A spirit of dialogue”, promete conversación franca en un mundo dividido, aunque el diálogo real sigue siendo un circuito cerrado entre poderosos.

El foro se describe como un encuentro “al borde del abismo”, pero ese abismo aparece deshistorizado, sin responsables. No se mencionan las guerras planificadas, los ciclos de saqueo financiero o las políticas que profundizan la desigualdad. Se habla de “riesgos” y “tensiones”, como si fueran fenómenos climáticos. Davos anestesia el conflicto de clase bajo una prosa tecnocrática que convierte la crisis del capitalismo en un problema de gestión y no en un resultado estructural.

En los salones alfombrados, los comerciantes de guerras no llevan botas, sino trajes oscuros y presentaciones impecables. Redefinen la destrucción como “estabilidad regional” y la muerte como “externalidad”. Donde la tragedia exige justicia, el foro detecta oportunidades de inversión. Junto a ellos actúan los intérpretes mediáticos del poder, encargados de traducir privilegio en liderazgo y desigualdad en reforma. El pluralismo que se exhibe es esencialmente decorativo; detrás de la diversidad de acentos opera una homogeneidad ideológica férrea.

Los magnates financieros completan el panorama. Su lenguaje son los mercados, que en Davos convierten países enteros en gráficas y poblaciones en variables descartables. Para ellos, la crisis no es un peligro, sino una oportunidad: cuanto más profundo el abismo, más barata la compra. El foro no emite decisiones formales, pero produce narrativas que ordenan prioridades globales: qué problema importa, cuál se posterga, quién habla con autoridad y quién queda fuera de cuadro.

Lo que Davos ofrece no son soluciones estructurales, sino relatos tranquilizadores. No justicia, sino filantropía cosmética. Observado críticamente, revela la distancia entre el poder global y la vida de los pueblos, y la importancia de disputar el lenguaje con el que se nombra el mundo. Porque Davos no evita el abismo: lo administra. Y vivir bajo su narrativa significa aceptarlo como destino.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, fue abucheado durante una cena privada en Davos tras criticar las políticas económicas y energéticas europeas. El funcionario afirmó que el mundo debería priorizar el uso del carbón sobre las energías renovables, lo que generó incomodidad entre inversionistas, funcionarios y líderes financieros presentes.

La cena, organizada por Larry Fink, presidente de BlackRock y copresidente del Foro Económico Mundial, terminó antes de lo previsto. Durante el discurso, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, abandonó el salón. Ante el ambiente tenso, los anfitriones suspendieron el acto sin servir los postres finales.

El incidente ocurre en un contexto de fricciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. El Foro Económico Mundial se celebra bajo el lema “Un espíritu de diálogo”, mientras persisten amenazas de nuevos aranceles estadounidenses. Lagarde advirtió que Europa enfrenta un nuevo orden internacional y debe responder con unidad y determinación colectiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la entrega de treinta y siete personas privadas de la libertad a Estados Unidos fue una decisión soberana del Estado mexicano. Explicó que, aunque respondió a una solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, la autorización se otorgó tras evaluar su conveniencia para la seguridad pública nacional.

Sheinbaum subrayó que México actúa con base en su política de seguridad y en la protección de la soberanía. Indicó que, si la extradición no beneficiara al país, no se habría autorizado. Aseguró que estas acciones forman parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambas naciones.

La mandataria negó que la entrega haya sido negociada durante una llamada con el presidente Donald Trump. Finalmente, reiteró que la decisión se tomó priorizando el bienestar de México y dentro del marco legal vigente, como parte del trabajo conjunto para combatir al crimen organizado transnacional.

El segundo mandato de Donald Trump cumple un año envuelto en una mezcla de vértigo político y agotamiento social. La sensación dominante, dentro y fuera de Estados Unidos, es la de haber transitado doce meses en los que las reglas que antes parecían inamovibles se deshicieron al ritmo de un presidente que gobierna desde el impulso, la confrontación y un afán personalista que ha permeado todas las instituciones. Lo que comenzó el 20 de enero de 2025, con un regreso improbable después de haber negado su derrota electoral cuatro años antes, terminó convirtiéndose en una prueba constante para el sistema democrático estadounidense y un foco de inestabilidad global.

La primera señal del rumbo que tomaría su gobierno llegó el mismo día de su investidura, cuando indultó a más de un millar de participantes en el asalto al Capitolio. Luego vinieron decisiones simbólicas —pero reveladoras del tono del nuevo mandato— y otras de profundo calado: despidos masivos en la burocracia federal, recortes abruptos a programas internacionales, presiones incesantes sobre la Reserva Federal y el uso de aranceles como arma política. Para un sector de la población, ese estilo representaba la promesa cumplida de “sacudir” Washington. Para el resto del país, significó la confirmación de que la presidencia se movía al ritmo de un líder empeñado en borrar límites institucionales.

En el frente interno, la tensión alcanzó un punto crítico con el asesinato de Renee Good en Minneapolis a manos de un agente federal. La respuesta de la Casa Blanca, minimizando el hecho como un acto “en defensa propia”, avivó el debate sobre la instrumentalización política de las fuerzas de seguridad. Simultáneamente, la política migratoria marcó un antes y un después: deportaciones masivas, detenciones indiscriminadas y redadas que llevaron a miles de ciudadanos a cargar su pasaporte para evitar ser confundidos con migrantes irregulares. Más de 600.000 personas fueron expulsadas en un año, mientras otras dos millones dejaron el país por miedo o agotamiento.

La escena internacional tampoco quedó al margen. Aunque Trump había prometido reducir el papel de Estados Unidos como gendarme global, su primer año estuvo marcado por decisiones que reforzaron la presencia militar. Ordenó bombardeos en Oriente Medio, tensó los vínculos con Europa y ejecutó la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro en Caracas, un movimiento que alteró por completo el equilibrio regional. La atención mundial se desplaza ahora hacia sus amenazas contra Irán y hacia la disputa por Groenlandia, convertida en un símbolo de su visión geopolítica: maximalista, impredecible y diseñada para mover la conversación pública lejos de sus frentes internos.

A lo largo del año, la Casa Blanca se transformó también en un escenario de extravagancias diplomáticas y maniobras de control narrativo. Trump ha recibido desde honores simbólicos hasta regalos que buscan congraciarse con su vanidad política. Ha impulsado la construcción de un salón de baile en la residencia presidencial, rebautizado espacios públicos y tratado con insistencia de ser considerado candidato al Nobel de la Paz. Cada episodio alimenta la sensación de que la política estadounidense opera, hoy más que nunca, bajo una lógica de espectáculo continuo.

El segundo año del mandato arranca con desafíos ineludibles. En noviembre se celebrarán las elecciones de medio término, decisivas para definir si el Congreso seguirá funcionando como un dique débil ante su agenda o si la oposición recuperará un espacio que le permita restablecer ciertos contrapesos. Trump ha insinuado que quizá esos comicios “no deberían celebrarse”, comentario que la Casa Blanca matizó como una broma, pero que se suma a un patrón inquietante en su relación con las normas democráticas.

Mientras el país se prepara para conmemorar los 250 años de su independencia, la pregunta que atraviesa cada conversación política es si la fractura social y la erosión institucional pueden revertirse o si este año ha marcado un punto de no retorno. Para una parte considerable de la ciudadanía, la democracia estadounidense ha entrado en territorio desconocido. Para otra, Trump encarna la única respuesta posible ante un sistema que consideran agotado. Lo que está claro es que, tras doce meses de sobresaltos, el mundo observa a Washington con una mezcla de desconcierto y cautela. Y que los meses por venir, lejos de ofrecer estabilidad, prometen ser igual de intensos.

El Pentágono ordenó a mil quinientos soldados en servicio activo prepararse para un posible despliegue en Minesota, ante las protestas contra operativos migratorios federales. La medida se da tras semanas de manifestaciones en Mineápolis y declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección federal.

Funcionarios de defensa indicaron que las tropas serían enviadas sólo si aumenta la violencia. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó la posibilidad como inconstitucional y pidió mantener protestas pacíficas. Señaló que la ciudad no responderá al caos federal con más confrontación interna y llamó al diálogo institucional permanente local.

Las protestas se intensificaron tras la muerte de Renee Nicole Good, abatida por un agente del ICE el 7 de enero. Organizaciones civiles denuncian uso excesivo de fuerza y temor comunitario. Mientras tanto, el Departamento de Justicia rechazó investigar al agente involucrado, alegando actuación en defensa propia, según versión oficial.